Nicaragua: Un país de niñas forzadas a ser madres

Matilde Córdoba

8 marzo 2021

Quince años atrás Nicaragua penalizó el aborto en cualquier circunstancia. Un artículo del Código Penal de 1837 fue eliminado en medio de una campaña electoral. El resultado: un país de niñas con maternidades impuestas por violación. Las autoridades de salud cuidan mucho que la gestación llegue a término sin complicaciones, sin importar las trastornos provocados en las menores de edad. Al día de hoy, no se avizora una despenalización del aborto, mientras las mujeres siguen en riesgo realizándose procedimientos inseguros.

 

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I

Ella no quería ni verlo

Mientras recuerda el caso, la psicóloga que la atendió durante un año en un albergue de Estelí confiesa sentirse triste. Ve una foto suya y cuenta cómo ese caso la marcó: “La situación de abuso comenzó a los siete años. Tengo las palabras de la niña grabadas: el abuelo la agarraba cuando quería y donde fuera porque la amenazaba con que le iba a cortar la cabeza y se la iba a echar a los perros si ella decía algo. Cuando nació el niño nosotras nos encargamos de él, ella no quería ni verlo”. 

Era 2014. Ocho años antes la Asamblea Nacional de Nicaragua había penalizado el aborto terapéutico, provocando así un aumento sustancial en la cantidad de embarazos en niñas menores de 14 años. En 2007, un año después de la penalización, datos del Ministerio de Salud (Minsa) contenidos en informes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) revelan que los embarazos en niñas menores de 14 años aumentaron un 9%. En 2012 el incremento ya era de 20%: 1,797 niñas se convirtieron en madres ese año. En la actualidad no se disponen de esas cifras porque el Minsa ya no desagrega los partos por edad en el Mapa Nacional de la Salud de Nicaragua. Ocultar datos es una práctica habitual del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Según investigaciones periodísticas lo han hecho con otras estadísticas relacionadas con la salud, como la cantidad de pruebas por covid-19 realizadas en 2020. 

Los primeros días de la niña de Waslala en el albergue fueron duros. Ella y su abuela huyeron del violador, quien se trasladó desde la comunidad rural ubicada a dos horas de Waslala en la que vivían, hasta la zona urbana de ese municipio adonde ellas estaban siendo acogidas por una organización feminista. Las buscaba y amenazaba con matarlas, así que dirigentes del albergue las trasladaron a otra ciudad, esta vez en el norte del país, en Estelí.

La niña lloraba todo el tiempo. Se cubría la cara con el cabello y tenía muchas heridas físicas por el trabajo del campo y por la violencia física que ejercía el abuelo, dice una de las especialistas que la atendió, quien prefiere no identificarse para este reportaje por seguridad personal.

“¿Cuántas niñas y adolescentes fueron salvadas de vivir esos dramas cuando estaba permitido interrumpir el embarazo en estos casos?”, se pregunta Martha Munguía, coordinadora de la Fundación Acción Ya, a la que pertenecía la red de albergues para mujeres víctimas de violencia que atendió a la niña de Waslala. 

Si bien el acceso a la interrupción del embarazo por razones terapéuticas no era del todo fácil antes de la penalización, el Movimiento Feminista de Nicaragua asegura que el incremento en la cantidad de partos en menores de 14 años post penalización es una muestra de que algunas niñas y adolescentes sí lograban practicarse abortos para salvar sus vidas y no llevar a término un embarazo forzoso. 

El Código Penal contemplaba que el aborto terapéutico no era punible cuando fuese aprobado por un comité médico. “Le dejaba la potestad a ese trío de médicos, quienes eran los que evaluaban y decidían en cada caso. Luego había normas y protocolos que eran establecidas por el Ministerio de Salud y tampoco eran tan claros, siempre dejaban un margen muy amplio de discrecionalidad”, explica por su parte la defensora feminista Marta María Blandón.

Una de las causas por las que se realizaba el aborto terapéutico y había más consciencia era cuando una niña resultaba embarazada producto de una violación, pero siempre hubo limitaciones. “En algunos hospitales una niña embarazada producto de violación estaba considerada y en otros eran mucho más conservadores y la remitían a otro hospital o la rechazaban”, agrega Blandón. 

En zonas rurales donde no se podía conformar la junta médica a veces no se trasladaba a las mujeres a un hospital donde sí hubiese el personal especializado. “El acceso no era universal pero sí había un buen número de mujeres que accedía. Dependía de que te tocara un prestador de servicio informado y de que la propia mujer o su familia supieran reclamar su derecho”, dice Blandón.

“Rosita”

Las dificultades para practicar abortos terapéuticos en Nicaragua quedaron al descubierto en 2003, con el emblemático caso de “Rosita”, una niña nicaragüense de nueve años que resultó embarazada tras ser violada en Costa Rica, país adonde vivía junto a su mamá y su padrastro, quienes trabajaban como recolectores de café.

Debido a que en Costa Rica la interrupción del embarazo estaba permitida hasta la semana 12 y ya había pasado ese periodo, defensoras feministas viajaron hasta ese país y trasladaron a la niña y a sus padres a Nicaragua. Entonces el caso ya era mediático en los dos países. Opinaban la iglesia católica, las oenegés, los gobiernos, las feministas y los medios de comunicación. Unos a favor, otros en contra. 

—Háganle el aborto por favor —dijo la mamá a los medios apenas llegar a Managua.

Así ocurrió, pero no fue fácil. “La Sociedad Nicaragüense de Ginecología y Obstetricia decía: hay que hacer la interrupción del embarazo, esta niña se puede morir. La opinión pública estaba polarizada, la ley lo permitía, ¿y qué tuvo que hacerse? Un aborto clandestino legal, ni los médicos quisieron identificarse porque tenían terror que los fanáticos religiosos anti-derechos tomaran medidas y los estigmatizaran”, recuerda Marta María Blandón.

II

Un país dividido

El 52.5% de los nicaragüenses está a favor de la prohibición del aborto terapéutico, revela la Encuesta Socioeconómica de Propósitos Múltiples (ESPM) 2019 y 2020, cuyos resultados recoge la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) en el libro “¿Qué opinan los nicaragüenses? Un análisis sobre sus creencias, democracia y liderazgo”, publicado en enero de 2021.

No parece ser una situación nueva, pues eso lo sabían los políticos en 2006. En octubre de ese año, previo a las elecciones generales en las que Daniel Ortega regresó al poder tras permanecer 16 años en la oposición, la Asamblea Nacional aprobó una reforma al Código Penal en la que suprimió el artículo 165, que contemplaba la figura del aborto terapéutico, incluido en esa norma desde 1837. Con la reforma se impusieron penas de uno a dos años de prisión para la mujer que se lo practique y hasta de seis años para los médicos que lo hagan e inhabilitación especial de dos a cinco años para ejercer la medicina u oficio sanitario.

La penalización fue promovida por un sector muy conservador de la Iglesia Católica, recuerda Marta María Blandón. “Los partidos mayoritarios en la Asamblea Nacional vieron una oportunidad excelente de quedar bien con la Iglesia y con esos sectores, y entonces acogieron la demanda. Ahí tanto el Frente Sandinista, que era una fuerza importante, como todos los demás, jugaron un papel importante”. 

La demanda no era nueva, pero se dio tres años después del polémico caso de “Rosita”. Al ser unas elecciones muy reñidas —recuerda Amnistía Internacional en su informe titulado “La prohibición total del aborto en Nicaragua”— “los candidatos fueron muy receptivos a las exigencias de varios grupos de interés, y los dos principales partidos decidieron oír la petición de los miembros prominentes de la iglesia Católica de Nicaragua y de algunos otros grupos cristianos de imponer una prohibición total del aborto. La prohibición del aborto terapéutico se convirtió en un tema electoral clave. Los dos principales candidatos, Daniel Ortega y Eduardo Montealegre, candidato por la Alianza Liberal Nicaragüense, abogaron por una prohibición total del aborto”. 

Propaganda anti-aborto iba y venía y el 6 de octubre de 2006, la Iglesia Católica encabezó una multitudinaria marcha hasta la Asamblea Nacional para pedir que eliminara las disposiciones del Código Penal que excluían el aborto terapéutico de la penalización.

La reforma al Código Penal provocó reacciones en todo el mundo. La Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR) expresaron su preocupación. 

El Ministerio de Salud hizo tímidos intentos de plantear justificaciones médicas del aborto terapéutico y en una comunicación conjunta publicada el 20 de octubre de 2006, 21 asociaciones médicas nicaragüenses, la academia, representantes de profesionales de la ginecología, la obstetricia, la enfermería, la psiquiatría, la salud pública y la cardiología condenaron la prohibición del aborto terapéutico, pero no lograron que se revirtiera. 

A finales de ese mes finalmente se aprobó la reforma, convirtiéndose Nicaragua en uno de los 16 países en el mundo, a la par de Irak, Congo y Egipto, que no contempla la interrupción del embarazo ni cuando la vida de la madre está en peligro. Desde 2006 las organizaciones feministas han presentado 38 recursos por inconstitucionalidad contra la ley que contempla la reforma, sin que hasta la fecha la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se pronuncie. 

“La prohibición no ha detenido los abortos, sino que los ha hecho más inseguros”, dijo en 2017 Human Right Watch. En Nicaragua siempre ha sido un crimen realizarse un aborto por elección. La diferencia hoy, sostiene Marta María Blandón, “es que estás amenazado de cárcel incluso cuando haces un aborto terapéutico”. 

Yanira Balladares, integrante de la Red de Mujeres contra la Violencia en Madriz, en el corredor seco del país, ha sabido de casos de mujeres que se han practicado abortos inseguros a quienes se les ha abierto un proceso investigativo cuando llegan a los hospitales a recibir atención especializada. Las investigaciones no han concluido en la judicialización de los casos, pero “sí ha habido una condena social, que es fuertísima, el pueblo lo rumora y viene el estigma y la discriminación”. 

Pese a eso, no se conocen de casos de mujeres ni de médicos que en Nicaragua hayan sido acusados penalmente por realizar un aborto.

III

Los traumas

La niña de Waslala permaneció un año en el albergue. A la par que se alfabetizaba, crecía el niño, quien era cuidado por las trabajadoras sociales, las psicólogas y la abuela. 

“La niña tenía muchas crisis de llanto y de enojo. Tenía también una fuerza descomunal cuando hacíamos ejercicios, y era por todo el trabajo de campo que estaba acostumbrada a hacer”, cuenta una de las psicólogas.

El convivir con otras jóvenes le ayudó mucho. El tener una maestra que le enseñara a escribir y a leer también. Nunca había tenido juguetes, así que se emocionaba mucho jugando. 

Las niñas y adolescentes con embarazos forzados producto de una violación suelen tener daños graves a su salud mental. No todas tienen la posibilidad de acceder a un albergue para mujeres víctimas de violencia machista, sobre todo porque la mayoría ha cerrado por falta de financiamiento y por presión estatal. De 11 que había hasta 2018, en la actualidad solo funcionan cuatro y no de forma permanente. El que acogió a la niña de Waslala cerró. 

“La maternidad coloca a las niñas víctimas de violación en un perenne conflicto interno porque en vez de expresar sus sentimientos de enojo, decepción o frustración por la maternidad impuesta, más bien se auto-recriminan por rechazar esa maternidad, es decir, revierten la agresividad hacia ellas mismas”, indica el informe “Embarazo impuesto por violación. Niñas-madres menores de 14 años”, realizado en 2016 por el Grupo Estratégico para la Despenalización del Aborto Terapéutico (GEDAT) e Ipas Centroamérica.

El informe antes citado revela que todas las niñas que participaron del estudio vivieron un proceso de “convencimiento” para aceptar el embarazo por parte de algunos miembros en la familia, de algunas personas en la comunidad y de algunos funcionarios/as de las instituciones públicas. Los argumentos fueron: “El aborto es pecado” y “los bebés productos de violación no tienen la culpa”. 

Ese convencimiento contrastaba con el deseo de las niñas-madres que participaron del estudio. Al momento de enterarse que estaban embarazadas todas expresaron que no querían continuar con la gestación. “En un solo caso una abuela se declaró a favor del deseo de la niña de no continuar con el embarazo y sugirió la búsqueda de pastillas para realizar la interrupción, pero la madre de la niña se opuso”, dice el estudio. 

“De repente cuando una piensa en los países que menos respetan los derechos de las mujeres, piensas que están en otras latitudes y no, es aquí, en nuestra propia América Latina tenemos países como El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Haití, que prohíben totalmente el aborto, es decir, aunque una mujer esté en peligro de muerte por un embarazo, o aun en los casos más dramáticos de violación, no se les permite interrumpir el embarazo”, dijo Ma. Antonieta Alcalde Castro, directora de Ipas CAM (Centroamérica y México).

Yanira Balladares conoce bien esto. En las zonas indígenas de Madriz “la situación es tan complicada que están saliendo menores de 14 años embarazadas por un vecino cercano, por un hombre adulto y ni siquiera hay conciencia de que ese es un delito. Está muy normalizado, entonces se cree que la chavala tiene que asumir ese embarazo y más aún si el violador ‘se hace cargo’ de ella y del hijo”.

Las autoridades de salud cuidan mucho que la gestación llegue a término sin complicaciones. En la mayoría de los casos no hay acusación. Nadie habla de la violación aunque el Código Penal de Nicaragua establece que toda relación sexual con una persona menor de 14 años, aún cuando ella alegue consentimiento, es considerado delito de violación y debe penarse con prisión de 12 a 15 años. 

“Al Minsa lo que le interesa es que esa niña o joven se controle, hay una vigilancia extrema de esa panza para que no lo pierda y tiene un montón de ojos para que vaya a los controles, se cuide y se tome su vitamina”, relata Balladares. 

¿Cuándo hay alarma? Cuando la niña sale embarazada y no suele salir de su casa. “En algunas ocasiones hemos sabido que la gente opta por remedios caseros, abortos inseguros que los hacen las mismas madres o abuelas de las chavalas más para evitar el escándalo porque al abusador es de la misma familia”, sostiene la defensora.

Algo parecido ocurrió con la niña de Waslala. Su abuela, quien había asumido la crianza debido a la muerte de su mamá, supo del embarazo cuando ya estaba muy avanzado. Tampoco podía interrumpirse, era un delito. 

“La señora también le tenía un gran terror al hombre. Lo engañaron diciéndole que se tenía que ir a atender y cuando huyen a la atención médica recurren a la Policía y ahí las remiten a otro departamento. Llegaron a dar a Bocay, otra comunidad rural, y luego en Waslala encontraron un albergue donde pidieron refugio, pero el hombre se dio cuenta, así que desde Waslala solicitaron el traslado a Estelí”, relata la psicóloga.

El proceso de sanación fue muy complicado. Para tratar las secuelas del abuso sexual fue atendida por una especialista, quien hacía planes de intervención diarios que incluían terapia individual y grupal.

 “Ya después, al año, era otra niña. Antes de irse nos pidió que le cortáramos el pelo”, recuerda la psicóloga. Con ese cambio quiso dejar atrás mucho de su sufrimiento. 

Al salir del albergue regresó a Waslala, esta vez al casco urbano, donde un tío materno que las acogió a las dos y al bebé. Regresaron hasta que estuvieron seguras que el abuelo violador ya no las buscaba más. Supieron que tenía otra pareja. Esa pareja tenía unas niñas…

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INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO, la deuda de Centroamérica con las mujeres es un trabajo regional colaborativo encabezado por DIVERGENTES.