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Foto: Los ogieks custodian el bosque Mau, en Kenia, desde mucho antes de que el Estado de Kenia existiera. Sin embargo, oleadas de usurpación y desahucios han llevado a la marginación de los ogieks y han dejado a este pueblo con cada vez menos tierras, mientras que el bosque se ha degradado debido a la explotación forestal y las actividades agrícolas.(Jason Taylor/International Land Coalition )
Fue un momento histórico. El 26 de mayo de 2017, después de ocho años de batalla judicial, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, con sede en Arusha (Tanzania), dictaminó que el Gobierno de Kenia había violado los derechos del pueblo ogiek expulsándolo repetidamente de sus tierras ancestrales situadas en el bosque Mau. En la sentencia, que fallaba que el Gobierno había violado siete de los 68 artículos de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, se le ordenaba adoptar medidas para corregir la situación.
Sin embargo, casi cuatro años después, los ogieks continúan esperando a que se ejecute la sentencia. Las leyes medioambientales y de conservación siguen negando a los ogieks el acceso al bosque para vivir o cazar y miles de pobladores de dentro y fuera de la comunidad ogiek han sido expulsados del bosque en los últimos años, incluso durante la pandemia.
Según un artículo publicado en junio de 2020 en el Washington Post, el Gobierno ha dicho que permitirá a los ogieks regresar al bosque cuando todos los pobladores no indígenas hayan sido expulsados, pero en el mismo artículo se cita a altos funcionarios diciendo explícitamente que nadie debería vivir en el bosque.
Como consecuencia, cada semana que pasa sin noticias de las autoridades, el pueblo ogiek está más preocupado ante la perspectiva de regresar al bosque sin obstáculos. “La demora en la ejecución de la sentencia de la Corte Africana está provocando más ansiedad a la comunidad”, dice Daniel Kobei, director ejecutivo del Programa para el desarrollo del pueblo ogiek (OPDP, por sus siglas en inglés), uno de los querellantes que presentaron la denuncia ante la Corte Africana (junto con el Grupo pro Derechos de las Minorías Internacional —Minority Rights Group International— y el Centro por el Desarrollo de los Derechos de las Minorías de Kenia). “Los ogieks necesitamos nuestras tierras para asentarnos, como el resto de los kenianos. Estamos cansados de que nos desalojen”.
En el caso más reciente, se derrumbaron o quemaron las casas de más de 300 familias de la comunidad ogiek que vivían en el bosque y sus granjas fueron destruidas por guardas forestales.
Según las investigaciones realizadas por Human Rights Watch, se han producido más de 50.000 expulsiones forzosas, a veces incluso violentas, en el bosque Mau desde 2018. Tanto la comunidad ogiek como otras comunidades asentadas, incluidas algunas con la escritura del terreno del que fueron expulsadas, se han visto afectadas y los desahucios han provocado numerosas muertes, la destrucción de propiedades y la indigencia de decenas de miles de personas que se han quedado sin hogar ni tierras.
¿Protección forestal o apropiación de tierras?
El pueblo ogiek (cuyo nombre significa “cuidador de todas las plantas y animales salvajes”) es una de las últimas comunidades de cazadores-recolectores de Kenia. Según el censo de 2019, el pueblo ogiek asciende a 52.000 personas, de las cuales entre 35.000 y 45.000 viven en el complejo de 400.000 hectáreas del bosque Mau, en el valle del Rift de Kenia.
Han sido víctimas de expulsiones brutales desde la época del régimen colonial británico, pero los desahucios han continuado desde 2004 bajo el pretexto de la protección ambiental. El bosque Mau alberga una de las mayores cuencas hidrográficas de Kenia, así como su mayor “depósito de agua” (montañas boscosas con manantiales y arroyos que desembocan en ríos más grandes). La versión oficial es que el Gobierno de Kenia está desalojando a todos los residentes del bosque Mau para frenar su degradación y proteger las reservas de agua vitales del país.
Sin embargo, los ogieks dicen que son ellos los que protegen el bosque. Atribuyen los daños causados en este a la asignación irregular de tierras a personas externas, así como a leñadores y otros pobladores que talan los árboles para vender su madera o utilizarlos como carbón. “No consideramos las tierras del bosque Mau como un factor de producción comercial, sino como un elemento central del bienestar cultural, los sitios religiosos, las tradiciones y las costumbres de nuestra comunidad”, dijo Kobei en el informe reciente del Grupo pro Derechos de las Minorías Internacional titulado Defending our future: overcoming the challenges of returning the Ogiek home (Defender nuestro futuro: superar las barreras para la devolución del hogar de los ogieks).
Otras partes del bosque se han convertido en tierras agrícolas, lo que ha llevado a los defensores de los derechos sobre las tierras a plantearse si la expulsión de los ogieks tiene que ver con la protección forestal o con la usurpación de tierras.
La sentencia de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos afirmaba que la expulsión de los ogieks de sus tierras ancestrales constituye una violación de siete artículos de la Carta Africana relacionados con la no discriminación, la vida, los recursos naturales, la propiedad, la religión, la cultura y el desarrollo.
Para ejecutar la sentencia, el Gobierno keniano ha de reconocer oficialmente como pueblo indígena a los ogieks, una de las comunidades más marginadas de Kenia, y ofrecer compensación e indemnizaciones por la pérdida y la destrucción de sus tierras. Los ogieks también piden el restablecimiento pleno del bosque.
Según el informe del Grupo pro Derechos de las Minorías Internacional, la ejecución marcaría “un nuevo capítulo en la protección de los derechos no solo del pueblo ogiek, sino también de todos los kenianos y otras comunidades indígenas del mundo. Cabe señalar que se trata del primer caso sobre derechos de los pueblos indígenas examinado desde el principio por la Corte Africana. Por lo tanto, sienta un precedente para el juicio de casos similares y tiene un gran valor desde el punto de vista de la jurisprudencia en materia de derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras”.
Falta de representación y ejecución
En noviembre de 2017, el Gobierno keniano formó un grupo de trabajo para estudiar la ejecución de la sentencia. Sin embargo, este no incluía a miembros de la comunidad ogiek, ni se les ha consultado para realizar la labor. Estaba previsto que el grupo de trabajo presentara un informe a finales de su mandato (enero de 2020), pero hasta ahora no se ha publicado ningún informe. “Incluso hemos escrito al Gobierno para pedirle que haga público el informe para que el pueblo ogiek sepa su destino, pero no hemos recibido ninguna noticia”, indica Kobei, que dice que no se ha ofrecido ninguna explicación.
El secretario principal del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques de Kenia, Chris Kiptoo, cuenta a Equal Times que ha recibido el informe final del grupo de trabajo y que se hará público una vez haya sido aprobado por el Consejo de Ministros. Asimismo, reveló que “es posible que los ogieks solo obtengan acceso a una sección del bosque Mau”, a pesar de que exigen acceso a su totalidad.
No obstante, Kiptoo reitera que “para ello será necesaria la aprobación del consejo de ministros”, y a añade que: “la conservación del bosque Mau es fundamental y el Gobierno no permitirá que este importante depósito de agua sea destruido por leñadores y ocupantes que utilizan el nombre de los ogieks para eludir la ley”.
Asimismo, advierte que las personas que vivan en tierras que son propiedad del Estado, especialmente en áreas que merecen especial atención, no podrán eludir estas medidas, independientemente de su posición en el ámbito político, ya que el Gobierno está comprometido con la protección del medio ambiente para el progreso de futuras generaciones.
El Centro para la conservación y restauración del bosque Mau (CMFCR, por sus siglas en inglés) es uno de los numerosos grupos conservacionistas locales que presionan para que se ejecute la decisión judicial. El director del CMFCR, Patu Naikuni, explica a Equal Times que se debería permitir a los ogieks regresar al bosque Mau sin condiciones. “Mientras que no destruyan el bosque, los derechos de los ogieks deben respetarse sin ningún tipo de injerencias. Deberían permitirles llevar su modo tradicional de vida”.
Afirma que la destrucción malintencionada del bosque Mau no ha ocurrido a manos de los ogieks, sino que en realidad se ha producido como consecuencia de su expulsión. “Los ogieks son grandes conservacionistas. No talan árboles, como otras comunidades”, explica Naikuni. “Si el Gobierno permite a los ogieks regresar a sus tierras ancestrales, el bosque Mau volverá a ser lo que era hace 100 años”.
En julio, Naikuni envió una carta al Ministerio de Medio Ambiente y Bosques en la que denunciaba la invasión, en algunas partes del bosque Mau, de intrusos que fingen ser ogieks para llevar a cabo su actividad de explotación forestal. Los observadores dicen que la única forma de evitar que pase es que el Gobierno de Kenia colabore directamente con el OPDP y la comunidad ogiek.
En lo que los defensores de la comunidad ogiek describen como una maniobra para silenciarlos, el Gobierno había planeado asignar 10 acres de tierra a un número desconocido de la comunidad ogiek y otras comunidades en la parte este de Mau. “Nos oponemos a ello porque lo consideramos una forma de absorber a los ogieks para que nuestra comunidad desaparezca y así no tener que ejecutar la sentencia de la Corte Africana”, dice Kobei.
Sin embargo, la emisión de títulos de propiedad correspondientes a terrenos en el este de Mau fue suspendida a raíz de la demanda presentada en un tribunal local por el consejo de ancianos de los ogieks y el OPDP. La sentencia dictada por el juez John Mutungi declaraba que el plan del Gobierno de demarcación y titulación de las tierras comunitarias era una violación flagrante del fallo histórico de la Corte Africana.
“No nos rendiremos hasta que recuperemos nuestras tierras”
El Grupo pro Derechos de las Minorías Internacional describió la sentencia como “una gran victoria para la comunidad, que ha soportado meses de desahucios, violencia interétnica e incertidumbre en relación con sus tierras ancestrales durante la pandemia de covid-19”.
“Continuaremos apoyando al pueblo ogiek hasta que se respeten sus derechos. Nuestra prioridad es que regresen a sus tierras ancestrales”, asegura a este medio Lara Domínguez, encargada en funciones del área de litigio en el Grupo pro Derechos de las Minorías Internacional, que ha estado trabajando en la fase de reparaciones del caso de la comunidad ogiek.
“Seguiremos colaborando estrechamente con el OPDP y el Katiba Institute [una ONG que promueve la aplicación de la Constitución de Kenia] para apoyar a los ogieks mediante una labor de presión y procedimientos contenciosos nacionales a fin de parar los desahucios y la concesión de títulos de propiedad sobre las tierras ancestrales de los ogiek”, añade.
Sin embargo, la prioridad es garantizar que el Gobierno de Kenya ejecute la sentencia de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
“Es posible que se tarde más de lo que nos gustaría en ejecutarla totalmente, pero no pararemos hasta que se haya logrado. Es nuestro compromiso con el pueblo ogiek”, afirma.
Kobei dice que los ogieks comparten este objetivo. “No nos rendiremos hasta que recuperemos nuestras tierras. No importa cuánto tarde el Gobierno en ejecutar la sentencia. El pueblo ogiek necesita recuperar sus tierras”.
Este artículo ha sido traducido del inglés.
Publicado originalmente en Equal Times