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Actualmente estamos asistiendo a un movimiento social muy fuerte y valiente en sus formas de acción de desobediencia civil masiva noviolenta contra el golpe de estado militar en Myanmar, antes Birmania. Mucho que aprender, solidarizarse y reflexionar. Un pueblo y una mujer lo encabezan.
Actualmente estamos asistiendo a un movimiento social muy fuerte y valiente en sus formas de acción de desobediencia civil masiva noviolenta contra el golpe de estado militar en Myanmar, antes Birmania. Mucho que aprender, solidarizarse y reflexionar. Un pueblo y una mujer lo encabezan. El sur de Asia nos ha estado mostrando ejemplos recientes muy poderosos de resistencia civil radicalizada positivamente por la democracia y la justicia social. Hemos hablado ya en este espacio sobre la gran oleada de protestas en Hong Kong desde 2019 hasta hoy -con gran represión también- contra la ley de extradición a China, la ley de seguridad y por una apertura democrática china hacia ese territorio; y la campaña del Jai Jagat (“Un planeta para todas las personas”) encabezada por el enorme movimiento gandhiano Ekta Parishad de los adivasis y sin tierra de la India, que busca la alianza y solidaridad de las luchas sociales por la justicia en el mundo.
He seguido desde hace décadas la trayectoria de Aung San Suu Kyi (75 años), líder largamente encarcelada del partido en el poder en Myanmar, y premio nóbel de la paz en 1991 por ser “un ejemplo sobresaliente del poder de los que no tienen poder…en su lucha noviolenta por la democracia y los derechos humanos”. He respetado y admirado mucho su lucha -al lado de su pueblo- ejemplar y muy valiente, aunque desde hace tres años haya sido muy cuestionada su actuación en los hechos genocidas contra la población musulmana rohinyá. Sugiero para profundizar y comprender mejor a una parte de esta activista social y la lucha del pueblo birmano, la excelente película franco-inglesa de Luc Besson (2011) sobre su vida titulada “The Lady” – “La fuerza del amor”- y su autobiografía “Freedom from fear” (Libre de miedo).
Myanmar bautizado por los militares en 1989, antes Birmania, fue una posesión británica en el sudeste asiático independizada en 1948, con frontera hacia Bangladesh, China, Tailandia e India. Es una nación con 135 grupos étnicos reconocidos oficialmente -gran diversidad lingüística- y muchos existentes aún sin ese reconocimiento, con gran historia de divisiones, conflictos internos armados, exterminios y una dictadura militar brutal entre 1962 y 2011, que sigue detentando todos los hilos del poder aún actualmente como vemos. La riqueza económica se basa en petróleo, gas natural y distintas gemas.
Aung San Suu es hija de uno de los héroes de la independencia -el general Aung San- que fue asesinado 6 meses antes de lograrla, cuando ella tenía dos años. Su familia tuvo que exiliarse desde entonces. Ella estudió ciencias políticas en Oxford, Inglaterra, donde se casó con un catedrático inglés y tuvo dos hijos. El 8 de agosto de 1988 explotaron en Birmania unas fuertes protestas sobre todo estudiantiles contra el gobierno militar (Levantamiento 8888), por causas democráticas y económicas, que fueron sofocadas con una brutal represión, llevando a decretar la ley marcial, la junta militar cambió el nombre al país por Myanmar y a la antigua capital por Yangon. Aun San Suu decidió justo en ese año regresar a su país por la enfermedad de su madre, y se vio envuelta en medio de esa insurrección popular, donde rápidamente -por ella y también por el legado moral de su padre- adquirió un fuerte liderazgo masivo. Por ello estuvo en arresto domiciliario por un total de 15 años desde 1989, en periodos diferentes hasta 2010.
La Liga Nacional por la Democracia (LND), fundada por Aung San Suu, gobierna el país de 54 millones de habitantes desde 2015, donde en noviembre ganó en forma absoluta las primeras elecciones con oposición en 25 años, con el 85% de los votos. Sin embrago, la junta militar impuso una cláusula por la cual ellos tendrán siempre una cuarta parte de los escaños parlamentarios y el control de los ministerios de Defensa, Asuntos Internos y Asuntos Fronterizos. Aung San no puede tampoco ser presidenta por una ley constitucional -con especial dedicatoria- que prohíbe a alguien con hijos nacidos en el extranjero serlo. Ella se desempeñó en estos últimos 5 años como Consejera de Estado, pero detentando un enrome poder moral y político.
Aung San Suu Kyi, perteneciente a la mayoría étnica bamar y practicante budista, en los últimos años ha sido duramente criticada -incluso por otros premios nóbeles de la paz- por su falta de acción decidida y clara contra las prácticas genocidas de los militares hacia los rohinyá. Éstos son una etnia que profesa el islam, que llevan muchas generaciones viviendo en el país pero no son reconocidos oficialmente, por lo que son tratados como inmigrantes ilegales provenientes de Bangladesh, sin derechos de ningún tipo. En 2017-18 hubo una operación de limpieza étnica por parte del ejército, policía y civiles budistas contra los musulmanes rohinjá del estado de Rakáin, en el noroeste de Myanmar. La ONU habla de 700 mil desplazados hacia Bangladesh huyendo del genocidio y de 25 mil asesinados. La argumentación del gobierno de Myanmar es que no se trató de una política genocida, sino de una represión contra algunos miembros de grupos terroristas en la región pertenecientes a la organización armada ARSA (Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán), los cuales atacaron puestos policiales oficiales en octubre del 2016 y agosto del 2017. Como represalia se atacó exterminadoramente a este grupo étnico en forma generalizada, se quemaron aldeas y los cultivos, se violaron a las mujeres, y exterminaron a miles y miles. En la Corte Penal Internacional de La Haya en un juicio por genocidio en 2019, al que asistió en representación de su gobierno Aung San, ella afirmó que se trató “de un conflicto interno de lucha contra el terrorismo sin intención genocida…no se persigue a minorías”, aunque reconoció que pudieron existir abusos contra la población civil inocente.
El 1° de febrero pasado, antes de que comenzara la sesión del Parlamento que aprobaría el resultado final de las elecciones del 8 de noviembre del 2020, donde la LND volvió a ganar con el 83% de los votos, la cúpula militar dio un golpe de estado, bajo la absurda excusa y sin evidencias -léase Trump- que hubo fraude electoral y el gobierno no hizo lo suficiente para esclarecerlo en los tres meses siguientes. El golpe promulga un “estado de emergencia” por un año hasta nuevas elecciones y coloca de presidente al comandante en jefe Min Aung Hlaing. Asimismo, ese mismo día fueron puestos bajo arresto domiciliario Aung San Sui, el que era presidente Win Wyint, ministros y autoridades del gobierno, principalmente en las mayores ciudades del país: la actual capital Naipyidó y Yangon. A Aung San se le acusa y enjuicia por importar y utilizar ilegalmente para comunicación walkie-talkies en su casa, y de violar una ley sobre las catástrofes naturales en tiempos de pandemia.
La resistencia civil fue proclamada en un comunicado de Suu Kyi: “Insto a la gente a no aceptar esto, a responder y protestar a ultranza contra este golpe del ejército”. ¡Y vaya si ha sido acatada “a ultranza”! La magnitud de las movilizaciones casi diarias que se han dado desde el golpe ha sido extraordinaria, con una valentía personal y social enorme, tomando en cuenta el nivel de violencia, control social y antecedentes represivos exterminadores de la junta militar: en la última semana de febrero se habla ya de 56 muertos -según la ONU- en dos grandes marchas, asesinados a mansalva por los militares que dispararon fuego -ya no gases lacrimógenos- contra las multitudes sin previo aviso; también hay cientos de encarcelados y miles de heridos.
Pero la población desobedece, lucha y resiste en muchas ciudades del país -toda de rojo con los colores de la LND y con el saludo de los tres dedos del medio en alto como símbolos-, diariamente está inundando, bloqueando y creando un gran caos en las calles, paralizando toda la vida social con acciones masivas de desobediencia civil y no-cooperación encabezadas por jóvenes, estudiantes, maestros, comerciantes, obreros… Se han sumado también masivamente en la calle los monjes budistas, los cuales en la “revolución de azafrán” (por sus túnicas) de 2007 -el más reciente antecedente de este tipo de lucha social- tuvieron un papel central contra la junta militar en su lucha por más democracia, donde fueron brutalmente reprimidos.
Así, con tácticas noviolentas se simulan accidentes de tránsito, se arrojan en medio de las calles grandes pacas de arroz y cebollas, la gente se para en medio de los cruceros simulando atarse las agujetas de los zapatos…o despliegan centenares de metros de plásticos o pañuelos húmedos en sus cabezas como techos contra los chorros policiales de las tanquetas con agua y gases. Están habiendo huelgas laborales de sectores crecientes: sanitarios, educativos, administrativos; incluso hay en curso un boicot militar, encabezado por el movimiento “Stop buying Junta Business”, de no comprar productos ni servicios distribuidos por miembros del ejército: transporte, telecomunicaciones, alimentos…
Otro tipo de acciones noviolentas para disminuir la represión militar en la calle, se han basado en el uso de imágenes y símbolos culturales para frenar los avances armados o al menos ganar tiempo: se ha llenado el piso de las calles con fotos del líder de la junta militar suponiendo que los soldados no pisarán su rostro; se han colgado con altitud en las avenidas las típicas faldas birmanas “longyis” en cuerdas de lado a lado, ya que se considera tradicional y culturalmente de mala suerte o castración para los hombres pasar por debajo de ellas.
Como señala un joven activista que encabeza manifestaciones en una ciudad importante: “En Mandalay, toda la ciudad ahora está protestando contra el golpe militar, la dictadura. Pero nos estamos manifestando de manera muy pacífica, sin violencia…Estamos utilizando un liderazgo colectivo. Todos y cada uno de los ciudadanos son líderes en sí mismos” (BBC News).
Lo que se está disputando socialmente -interna e internacionalmente- es la fuerza moral entre la indignación social lanzada a la desobediencia civil contra un golpe de estado, y la junta militar con gran poder armado y económico, pero cada vez con menos legitimidad moral y política por su decisión de elevar el costo social represivo y de la muerte. Será muy importante ahora también que la comunidad internacional continúe reaccionando rápidamente con declaraciones y sanciones políticas y económicas contra la junta militar, como ha habido por parte de la ONU, la Unión Europea, los Estados Unidos, el Papa…
Es una lucha desafiante y muy valiente de desobediencia civil contra una feroz dictadura militar -en el poder desde hace 60 años-, que apenas lleva un mes y tendrá muchos fuertes hechos sociales de confrontación por el poder desde la acumulación de legitimidad social o de simple fuerza material violenta.