Las grandes farmacéuticas están en pie de guerra. Han logrado ganancias absolutamente extraordinarias debido a la especulación con vacunas, medicamentos e insumos sanitarios relacionados con el Covid-19.

Ahora redoblan el control de sus patentes monopólicas para impedir que el sector público o empresas nacionales puedan acceder o fabricar vacunas o medicamentos sin pagar ingentes sumas. Cabildean agresivamente a sus gobiernos sede para impedir que la Organización Mundial de Comercio (OMC) apruebe una exención a las patentes farmacéuticas relacionadas con la pandemia.

Eso propusieron India y Sudáfrica ante el Comité ADPIC (Acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual relacionados al comercio) de la OMC, que se reunió este marzo en Ginebra. Contaron con apoyo de más de 100 países, pero los gobiernos de Suiza, EEUU, Unión Europea, Reino Unido, Australia, Canadá, Singapur, Japón y Brasil bloquearon cualquier avance de la discusión.

India y Sudáfrica plantean que se pueda acceder a vacunas, medicamentos e insumos para Covid-19 sin verse limitados por elevados costos y patentes que impiden manufacturarlos en países donde existe capacidad para ello. Eso multiplicaría enormemente la disponibilidad de vacunas e insumos en el mundo y fortalecería las capacidades nacionales en salud pública ante próximas debacles.

El ADPIC prevé el uso de licencias obligatorias y otras excepciones en caso de crisis de salud pública, pero cada vez que países han intentado usarlas, los cárteles de la industria farmacéutica han hecho campaña para castigarlos, como sucedió con Sudáfrica al intentar fabricar genéricos para la epidemia de sida, o Colombia, que buscaba producir genéricos de un medicamento para el cáncer, entre otros ejemplos. Por estos precedentes, ahora se busca que la OMC sancione la exención.

Una cruel paradoja es que la mayoría de los gobiernos que se oponen a la exención de patentes tienen ya comprometido el abasto de vacunas de Covid-19 para sus poblaciones, incluso muchas más de lo necesario, como Canadá que acaparó hasta cinco veces las dosis para inocular a toda su población. El gobierno de Bolsonaro también se opuso a la exención, pese a que Brasil tiene las peores cifras mundiales de muertes y el país tiene capacidad para manufactura nacional.

Entre otras acciones, las trasnacionales farmacéuticas enviaron una carta a Biden urgiendo a mantener el apoyo a la innovación farmacéutica ( ), oponiéndose a cualquier exención a los ADPIC. La firmaron directivos de Pfizer, AstraZeneca, Sanofi, Merck, Novartis, Bayer, Eli Lily, Bristol Myers Squibb, Gilead, Abbvie y otras, junto a la agrupación PhRMA, (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America). No obstante, la innovación de esas empresas es casi nula, y en gran porcentaje se basa en usar la investigación pública (https://tinyurl.com/hs6bkz28).

Varias de ellas han sido ampliamente subsidiadas por el público para desarrollar vacunas y con compras anticipadas por la pandemia (https://tinyurl.com/ykabcmw9) , pero han hecho contratos leoninos y ventas a precios secretos en cada país, incluso a doble y triple precio a países del Sur. Por ejemplo AstraZeneca vendió su vacuna para Covid-19 a Sudáfrica al doble del precio que la vendió en Europa. Pfizer exigió a varios gobiernos latinoamericanos (entre ellos Perú, Argentina y Brasil) que además de contratos secretos, respalden controversias con sus activos soberanos, o sea reservas públicas de los países. (https://tinyurl.com/3v8fpjm4). Sumado a la inmunidad ante cualquier efecto adverso de las vacunas, que en su caso son experimentales.

Por su lado, la Fundación Bill y Melinda Gates presionó a la Universidad de Oxford, para que su vacuna se fabricara con la trasnacional AstraZeneca, aunque la investigación estaba avanzada y podría haberse hecho con institutos públicos. El anuncio inicial de Oxford fue que la vacuna estaría disponible gratuita y abiertamente, pero resultó una vacuna patentada con precios secretos.

En el mismo sentido va el mecanismo Covax, formado inicialmente por CEPI y GAVI, dos alianzas para promover vacunaciones financiadas por la Fundación Gates, en el que participa la OMS y más de 180 gobiernos. Aunque figura como mecanismo facilitador del acceso equitativo a las vacunas, en realidad es otra forma de garantizar que el dinero público vaya a comprar las vacunas de las trasnacionales, quizá en términos que superficialmente parecen ventajosos, pero que en realidad son un doble pago del público, en lugar de exigir la cancelación de patentes y favorecer la manufactura nacional.

Oxfam denunció que los cuellos de botella de entregas, promovidos por las trasnacionales y la Fundación Gates para asegurar las ganancias privadas, significan que tomará como mínimo cinco años llegar a un 60 por ciento de población global vacunada y a esa altura los virus muy probablemente hayan mutado. Además, el tiempo de supuesta inmunidad de las vacunas es desconocido, y probablemente demande vacunación anual. Sin contar con el surgimiento de otras pandemias, ya que las causas para ello siguen sin tocarse.

Así las trasnacionales, con la filantrópica ayuda de Bill Gates, se han asegurado un estado permanente de escasez y demanda de vacunas –promovidas desde lo público para ganancias privadas– lo cual aparece como el negocio del siglo.