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Seis largas semanas después del golpe de Estado del 1 de febrero, el vasto movimiento de desobediencia civil, en Birmania, ha obtenido una primera e importante victoria: impedir que la junta militar se haga con el control del país.
El ejército responde recurriendo, en particular, a una política de terror multiforme. Se ha abierto una nueva etapa en la confrontación entre el orden militar y el movimiento democrático. Frente a la violencia de la agresión, la resistencia birmana prosigue su lucha en circunstancias muy difíciles. Debe poder contar con la solidaridad internacional.
A partir del 1 de febrero, la junta procedió a practicar detenciones cada vez más masivas: unas 2.000 personas han sido encarceladas (temporal o duraderamente). Los asesinatos comenzaron a cuentagotas a mediados de febrero, para después tornarse sistemáticos a partir del final del mes; a día de hoy, el diario digital The Irrawaddy cuenta más de 60 personas asesinadas y esta cifra no deja de aumentar. El espectro de las masacres de 1988, con sus 3.000 muertos, se cierne sobre el país, pero la situación ya no es la misma. En aquel entonces, el país estaba aislado del mundo por obra de la junta y hasta un año después no se conoció realmente la amplitud del baño de sangre. Ahora circulan las noticias del día y el ejército no ha logrado, pese a sus esfuerzos, imponer una censura efectiva. Se ha constituido un colectivo de fotoperiodistas, The Myanmar Project, y en el momento de escribir este artículo, numerosos periódicos siguen difundiendo información.
Impedir la normalización interna
El Movimiento de Desobediencia Civil ha obtenido una primera victoria, decisiva: gracias a su masividad, ha impedido a los golpistas imponer el hecho consumado. Nadie puede negar que se trata de un poder ilegítimo; los militares han perdido la batalla del relato. En el plano interior, no logran normalizar la situación. El funcionamiento de la administración está bloqueado por la huelga del personal. El sistema bancario público y privado está parado, las empresas (incluso las que están en manos del ejército) están paralizadas. El transporte ferroviario apenas funciona, del mismo modo que la producción de gas y el refino de petróleo, según la Confederación de Sindicatos CTUM. Los magnates están inquietos por las consecuencias económicas del golpe de Estado y apoyan discretamente la resistencia. Algunas personalidades organizan la recolecta de fondos para ayudar a los y las huelguistas que se han quedado sin ingresos. Unos 600 policías han desertado, refugiándose algunos en India. Un gran número de diplomáticos y las embajadas se niegan a reconocer a los golpistas, lo que limita los contactos internacionales de la junta.
En este país budista, en el que la orden monástica cuenta con medio millón de miembros, divididos en nueve sectas, el clero se ha mantenido hasta ahora callado, contrariamente a lo que ocurrió en 2017. Grupos de bhikkus (monjes) se han unido a las manifestaciones, incluso blandiendo pancartas, pero esto no ha dejado de ser anecdótico: eran menos numerosos que los monjes favorables al ejército que apoyaron públicamente el golpe algunos días antes de que se produjera. Se supone que las autoridades religiosas oficiales (la Sangha) no se meten en política, pero lo cierto es que no se privan de ello. Los movimientos que se reclaman del budismo pueden cubrir la totalidad del espectro político, hasta llegar a la extrema derecha fascistoide, como fue el caso de la Organización de Defensa de la Raza y de la Nación (Ma Ba Tha), que desempeñó un papel muy activo durante el genocidio de los rohinyás en 2014.
La Sangha suele mantenerse a la sombra del poder, sin hacer del carácter dictatorial de este una manzana de la discordia. Desde el momento del golpe, el ejército viene cortejando a la jerarquía de las órdenes. Hay monjes favorables a la democracia, probablemente más numerosos que lo que parece, pero esto no quiere decir que se reconozcan en la Liga Nacional por la Democracia (LND) de Aung San Suu Kyi (muy autoritaria), con la que han mantenido relaciones muy tensas. Un monje de Rangún le dijo a Bruno Philip, periodista de Le Monde: “¡Lástima que el muy respetado general Aung San [líder del movimiento anticolonial y padre de Suu Kyi] haya engendrado a semejante mujer!” 1/. Uno de los dirigentes budistas más influyentes, Sitagu Sayada, conocido por su estilo de vida hedonista y por su cercanía al general en jefe, ha recibido un alud de críticas en las redes sociales. Su secta, la Shwe Kyin, ha llamado finalmente a los militares a moderar la represión 2/.
El Movimiento de Desobediencia Civil (MDC) sigue organizando jornadas de huelga general y una de sus componentes, la CTUM, ha lanzado un llamamiento urgente a la solidaridad, especialmente con el objetivo de que se aplique un amplio conjunto de sanciones que permitan acabar con el régimen y su estructura y poder reconstruir Birmania sobre nuevas bases, es decir, sin la interferencia de los militares 3/. La apuesta es clara: se trata de poner fin de una vez por todas al orden militar impuesto casi sin solución de continuidad desde 1962. Los pueblos de la Unión birmana necesitan para ello una enérgica acción internacional.
Aislar y sancionar a la junta
Probablemente, la junta pensaba que las previsibles condenas internacionales del golpe de Estado no tendrían muchas consecuencias. Gran error. El movimiento de desobediencia civil ha alterado las reglas de juego. Muchos poderes establecidos no pueden mirar simplemente a otro lado o contentarse con protestas formales. Al contrario, se han adoptado sanciones de peso. Cómo salir del impás, se pregunta la periodista de Mediapart Laure Siegel. Ella misma responde en un artículo notable, titulado: “Apoyo internacional, embargo, boicot, resistencia interna, alianzas ciudadanas transfronterizas” 4/. ¡Buen resumen!
El ejército trata de agotar el movimiento cívico, de aterrorizar a la población y dividir a la oposición. La resistencia democrática tiene una necesidad vital de solidaridad, es una cuestión de supervivencia; hoy es posible asestar a la junta golpes muy duros si se mantiene la presión política, del mismo modo que es posible prestar un apoyo concreto a las luchas populares. Los ejemplos que siguen lo demuestran.
El representante de Birmania en Naciones Unidas ha denunciado el golpe de Estado, lo que dificulta el reconocimiento de hecho de la junta. Algunas embajadas desertan, declarándose leales al gobierno (actualmente clandestino) de la LND. La junta no debe ser reconocida por las instancias internacionales, incluida la Asociación de Naciones de Asia del Sudeste (ASEAN). El presidente estadounidense, Joe Biden, ha bloqueado la transferencia de mil millones de dólares del Banco de la Reserva Federal de Nueva York al Banco Central de Myanmar. La congelación de los activos birmanos en el extranjero, por tanto, es posible. Es preciso generalizarla y además prohibir los viajes al extranjero de los capitostes del régimen golpista.
La Unión Europea suspende oficialmente toda ayuda que pudiera beneficiar al ejército. Hay que pasar de las declaraciones a los actos. Se crea una plataforma que denuncia a las empresas occidentales que suministran material sensible. Se declara la responsabilidad de las empresas extranjeras que equipan a las fuerzas represivas de la junta. Una empresa italiana le vende armamento ligero (que escapa al control del comercio de armas pesadas, pero que se adapta a la represión) 5/. Empresas suecas ofrecen medios para crackear teléfonos móviles, y otras, estadounidenses, programas de pirateo. Israel envía drones de vigilancia o que permiten rociar gases lacrimógenos sobre la población.
En materia de inversiones y de comercio, el encaje de la economía birmana es ante todo regional: Singapur, China, Tailandia, India… países poco inclinados a inmiscuirse en asuntos internos de su vecina. No obstante, ciertas empresas extranjeras dejan de tratar con la junta. Es el caso, por ejemplo, de Kirin, giganta japonesa de la elaboración de cerveza, que ha puesto fin a seis años de colaboración en una empresa conjunta con una sociedad de cartera del ejército birmano. La empresa australiana Woodside ha decidido cesar sus actividades en el sector del petróleo y del gas, un negocio que comportaba unos ingresos de 920 millones de euros al año para el país 6/.
El llamamiento al boicot internacional a los productos de la economía caqui se extiende, gracias asimismo a las plataformas de internet. La Federación General de Trabajadores de Myanmar (FGWN) ha lanzado un llamamiento a las marcas de la confección para que protejan a su personal en huelga frente a las represalias patronales o militares por su participación en el Movimiento de Desobediencia Civil (MDC). Negarse a hacerlo equivaldría a hacerse cómplices de los crímenes de la junta. LaborNotes ha publicado una lista de las marcas que fabrican en Birmania 7/.
Entre las multinacionales que hay que presionar al máximo se hallan, evidentemente, en el sector petrolero, Chevron (EE UU) y Total (Francia), que declara que en 2019 pagó cerca de 230 millones de euros de impuestos y acciones al gobierno birmano. Hoy, Total debe rendir cuentas al pueblo birmano. El doctor Sasa, personalidad de la LND, se dirige a Francia en una entrevista en Le Monde: “Pido al presidente Emmanuel Macron que nos conceda su ayuda, inclusive, en el futuro, el apoyo militar para nuestro futuro ejército federal. También pido a la compañía Total, presente en Birmania, que deje de colaborar económicamente con el régimen 8/.”
Resistencia
La resistencia se reorganiza para hacer frente al aumento cualitativo de la represión. Ensaya medidas de autodefensa no armada en barrios y aldeas, a fin de mantener a raya a los militares. Los y las activistas conocidas pasan a la clandestinidad. Se intensifican los contactos con la emigración birmana y los movimientos de solidaridad en los países limítrofes (fundamentalmente Tailandia). Esta última recibe una ayuda valiosa: se han enviado millones de kyats (la moneda local) desde Tailandia, donde se halla el 70 % de la emigración birmana. Existe un fuerte sentimiento de proximidad entre los y las activistas de ambos lados de la frontera.
En Birmania, el MDC constituye el primer marco de cooperación entre la generación Z (la juventud escolarizada), la federación sindical CTUM, que llamó el 8 de febrero a la huelga general, y los comités populares locales. A su vez, la LND ha reconstituido un gobierno que solicita ser reconocido por la ONU. El 11 de febrero se formó un “Comité de huelga general de las nacionalidades”, que representa a más de 24 grupos. La mitad de las organizaciones armadas étnicas han amenazado a la junta con responder en caso de ataque por parte del ejército o de la policía a manifestantes del MDC en su territorio, aunque no apoyan a Suu Kyi ni a la LND. El Estado de Karen, en particular, en el este del país, se ha comprometido a proteger y ofrecer comida a cualquier miembro de las fuerzas armadas que se ponga del lado del MDC.
En el bando del régimen no se ha informado de ninguna deserción de las filas del ejército, a diferencia de la policía. El ejército constituye un cuerpo muy homogéneo, en el que las familias de los soldados viven en circuito cerrado. Es un poder que duplica, de arriba abajo, el de la administración civil y utiliza, en cada nivel, su capacidad de influir en la sociedad. Controla dos grandes conglomerados de empresas, así como el comercio de piedras preciosas y madera, constituyendo la llamada economía caqui, un capitalismo clientelar, capaz de cooptar incluso a figuras de la oposición bamar (la etnia mayoritaria que vive en el delta del Irrawaddy). Se ha iniciado un pulso por atraer a los representantes de las minorías étnicas. Los militares tienen los medios para poner en práctica la política universal de divide y vencerás.
Se establecen campamentos militares en las escuelas (para vigilar a la generación Z), las universidades y los hospitales (cuyo personal está en la primera fila de la resistencia y cuida a las personas heridas). Han sido puestos en libertad más de 20.000 presos comunes para dejar sitio para los presos políticos y sembrar el caos a las manifestaciones. El ejército ejerce una vigilancia constante, obsesiva, sobre la población. La soldadesca alardea de su poder para matar y saquear a voluntad. La junta podría organizar incluso una hambruna para responsabilizar a la resistencia. Combinando terror, corrupción y empobrecimiento de una población ya duramente castigada por la pandemia, espera que se canse.
La revolución democrática en Birmania sabe que ha emprendido un combate que puede durar mucho tiempo. Se enfrenta a un enemigo temible que no conviene subestimar. Imparte una gran lección de valentía y compromiso. No está sola. La exigencia democrática adquiere una resonancia profunda en un tiempo en que crece el autoritarismo de los regímenes en Asia y Europa, en América… provocando en respuesta levantamientos civiles capaces de lograr victorias significativas. La Unión birmana, con sus poblaciones diversas, ha pasado a ser uno de los nuevos puntos calientes de una lucha de alcance universal.
Notas
1/ Bruno Philip, Le Monde del 24/02/2021.
2/ The Irrawaddy, 05/03/2021.
4/ Laure Siegel, Mediapart, 07/03/2021:
5/ Véase el artículo del 09/03/2021de Yeshua Moser-Puangsuwan, experto en el comercio de armas y de la corrupción militar: http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article57092.
6/ Laure Siegel, Mediapart, 07/03/2021, op. cit.
8/ Entrevista de Bruno Philip, Le Monde, 09/03/2021.