El largometraje intitulado La Vocera (82 minutos), dirigido por Luciana Kaplan y producido por Carolina Coppel, Mónica Lozano y Eamon O’Farril, nos lleva en un recorrido de la activista y médica tradicional nahua María de Jesús Patricio Martínez, por distintas regiones de México, en su campaña para recabar firmas y obtener su registro como candidata independiente en las elecciones de 2018. Pero no es un documental sobre una campaña política, es más bien la historia de múltiples resistencias indígenas, tejidas con la sensibilidad y sororidad de las documentalistas y las mujeres indígenas que lo protagonizan.

Entre los múltiples hilos narrativos que se van tejiendo, están las historias de resistencias a gasoductos, a megaproyectos eólicos, mineros, porcícolas, así como la denuncia de despojos territoriales por parte de ganaderos y empresas transnacionales. La distopia del supuesto desarrollo es denunciada por Marichuy al inicio del documental, señalando: “Si la destrucción y muerte son el “progreso”,  pues estamos en contra… ¿El progreso para quién? ¿El desarrollo para quién?”

El largometraje expone también de manera velada los racismos de los medios de comunicación y de las instituciones electorales que enmarcan la travesía de la vocera. La brecha digital que excluye a un alto porcentaje de la población indígena del ciberespacio, dificultó la recolección de firmas, en un complicado proceso burocrático que solo permitió recabar el 32.5 por ciento de las rúbricas requeridas.[1] Pero lo importante no fue la meta, sino el trayecto. Siendo la primera mujer indígena en la historia de México en buscar la presidencia, su sola presencia, así como el tono y contenido de su discurso político, desestabilizaron los imaginarios racistas y patriarcales de los medios. Retando las formas de la política institucional, Marichuy se convirtió en la voz del Congreso Nacional Indígena (CNI) y apeló a la fuerza de lo comunitario para hacer su campaña. Podríamos decir que es este sujeto colectivo, el protagonista principal de La Vocera.

Al igual que Marichuy, el documental ha empezado a viajar por el país y el mundo, a través de festivales, webinarios y eventos culturales, creando espacios de reflexión crítica sobre las violencias y los despojos que están afectando los territorios indígenas y destruyendo a la madre tierra. Este testimonio audiovisual nos llega en un momento en el que las mujeres zapatistas y del CNI — junto con algunos de sus compañeros– se preparan para iniciar una nueva travesía, ahora cruzando el Atlántico, para articular sus luchas con mujeres de otros contextos que también enfrentan las violencias patriarcales, capitalistas y racistas (https://fb.watch/41-Dd13lk9/).

El mensaje que estas mujeres llevarán a los cinco continentes, es un llamado urgente a transformar un proyecto civilizatorio de muerte que está acabando con la tierra y sus habitantes. En la llamada Declaración por la Vida señalan: “hacemos nuestros los dolores de la tierra: la violencia contra las mujeres; la persecución y desprecio a los diferentes en su identidad afectiva, emocional, sexual; el aniquilamiento de la niñez; el genocidio contra los originarios; el racismo; el militarismo; la explotación; el despojo; la destrucción de la naturaleza.”[2]

Son estos dolores de la tierra, estos despojos, explotaciones y destrucciones de la naturaleza, los que nos ejemplifica el documental de La Vocera, que a la vez nos invita a conocer las luchas y estrategias de resistencia de los pueblos originarios de este rincón del mundo.

Respondiendo a la invitación del documental, me tomé la tarea de conocer más sobre algunos de los proyectos de resistencia que visita Marichuy en su recorrido por el país. Sirva este escrito para contextualizar el testimonio audiovisual, que se ha convertido desde ya en un documento histórico de las resistencias indígenas en México.

 

Caracol Resistencia y Rebeldía de la Humanidad: el inicio

            La travesía se inicia en una asamblea en la que el CNI y las bases de apoyo zapatistas anuncian la elección de María de Jesús Patricio Martínez como vocera del Concejo Indígena del Gobierno, para contender en las elecciones del 2018. Al aceptar el cargo, Marichuy   señala: “Nosotros como pueblo hemos analizado que vamos peleando por la vida y la vida incluye la tierra, el agua, el territorio, los árboles y se los están acabando. Queremos dar este paso y es difícil, pero es necesario darlo si queremos que nuestros pueblos sigan existiendo…”.

En este inicio podemos ver la fuerza de las mujeres zapatistas, milicianas y bases de apoyo, que con pasamontañas o sin él, escoltan a Marichuy en su visita a la comunidad tsotsil de Oventik, centro del Caracol Resistencia y Rebeldía de la Humanidad.  Se trata de una división regional que incluye a los municipios autónomos zapatistas de San Andrés Sacamch’en de los Pobres, San Juan de la Libertad, San Pedro Polhó, Santa Catarina, Magdalena de la Paz, 16 de febrero y San Juan Apóstol Cancuc.  Aquí las mujeres zapatistas han logrado reconstituir sus espacios de justicia, a partir de la Ley Revolucionaria de Mujeres, confrontando las “malas costumbres” que excluyen e inferiorizan a las mujeres, herencia colonial que han rechazado en sus nuevas estructuras de gobierno.

Las milicianas a caballo escoltando a Marichuy, o las bases de apoyo participando activamente en las asambleas, nos hablan de una nueva forma de ser mujer indígena, que se ha ido conformando en 27 años de autonomía zapatista. Sin embargo, estas experiencias societales se encuentran ahora amenazadas por las violencias paramilitarizadas, que con el apoyo o la aquiescencia de las autoridades locales, han quemado cosechas, allanado escuelas, destruido bodegas, como fue el caso de las comunidades de Aldama, en las inmediaciones de Oventik, que tan solo el 20 de marzo pasado fueron víctimas de 40 ataques por parte de grupos paramilitares de Santa Martha y San Pedro Chenalhó (https://frayba.org.mx/se-registraron-mas-de-40-ataques-hacia-las-comunidades-de-aldama/).

En este mismo recorrido por Chiapas, Marichuy visitó también el ejido tojolabal “24 de diciembre”, creado a partir del levantamiento zapatista mediante la expropiación de la finca El Momón, que pertenecía al exgobernador Absalón Castellanos, quien encabezó uno de los gobiernos más represivos en la historia de Chiapas. Este ejido se encuentra ahora asediado por los integrantes de la Unión de Ejidos de la Selva (UES), que destruyen sus cosechas y bosques, y periódicamente incursionan en la comunidad.

La presentación de La Vocera en el Festival Internacional de Cine de la UNAM (FICUNAM) el 25 de marzo pasado, coincidió con el llamado urgente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas a denunciar los ataques de grupos paramilitares a la población indígena simpatizante del zapatismo. Los procesos autonómicos zapatistas, que nos muestra el documental, están acechados, por lo que acercar al público a estas experiencias de resistencia es una forma de difundir y defender la autonomía indígena.

 

La Península de Yucatán: los pueblos mayas resistiendo el despojo

            El documental nos lleva también a tierras mayas en la península de Yucatán, en donde nos acercamos a las experiencias de despojo que producen los proyectos eólicos y foto-voltáicos, las granjas porcinas y el desarrollo turístico.

Son de nuevo las mujeres mayas las que reciben y acompañan a María de Jesús Patricio en su recorrido. Maritza Yeh Chan, de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), denuncia el impacto del turismo a gran escala que ha despojado tierras y acaparado el agua. Las preocupaciones de las nuevas generaciones de jóvenes se expresan a través de Yamili Chan Tzul, quien pone en la mesa del debate el tema de la soberanía alimentaria como elemento fundamental para la autonomía indígena.

Entre los rostros que aparecen en las reuniones de la vocera con los pueblos de Yucatán, están los de integrantes de la Asamblea Múuch’ Xíinbal, que impulsa distintas luchas comunitarias en defensa del territorio. Fueron ellos quienes han acompañado la lucha legal contra la multinacional extranjera Sun Power, y su filial mexicana Vega Solar, que se proponen instalar un millón de paneles solares, deforestando 500 hectáreas de selva en las inmediaciones de las comunidades mayas de San José Tipceh y Muna. Se trata de una lucha contra uno de los proyectos fotovoltáicos más grandes del país, que usando el discurso de la “energía limpia” se propone despojar a los pueblos mayas de sus tierras y recursos naturales.

En las inmediaciones de Mérida, la vocera también se reunió con campesinos y activistas mayas que se oponen al establecimiento de un megaproyecto de granjas porcinas en sus territorios. Investigando sobre el tema, encontré que actualmente existen ya 257 granjas porcícolas en la Península de Yucatán, de las cuales, 122 (un 47 %) están establecidas en regiones consideradas sitios de atención prioritaria para la conservación de la biodiversidad. De estas, 20 se asientan en sitios de conservación y 102 en sitios de restauración.  Una investigación realizada por Greenpeace en la península, señala que “la industria porcícola en la región está creciendo de manera exponencial invadiendo Áreas Naturales Protegidas (ANP), contaminando el agua, afectando el ecoturismo de los cenotes, generando deforestación en la selva maya y violentando los derechos humanos de pueblos indígenas.”[3]

Desde el recorrido a la fecha, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha impulsado un nuevo proyecto: el Tren Maya, que utiliza la retórica del “desarrollo” para justificar el despojo y la destrucción de la naturaleza. Esto ha llevado a la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal a movilizarse y articular resistencias con comunidades indígenas que serán afectadas por el proyecto prioritario de la actual administración. Al respecto, han anunciado: “No estamos de acuerdo con la construcción del tren “maya”, seguiremos tomando acciones legales a nivel nacional e internacional para detener su desarrollo. Nuestra postura es que NO permitiremos que ningún proyecto invada y nos despoje de nuestro territorio, incluido este “tren desarrollista”, NO permitiremos la destrucción y contaminación de nuestros recursos naturales, NO permitiremos que se tomen decisiones por nosotros y nosotras, NO permitiremos que en nombre del “desarrollo” se violenten nuestros derechos consagrados en la Constitución de nuestro país y en las leyes internacionales.”[4]

La articulación de resistencias que se creó durante el recorrido de Marichuy por la región maya, está siendo fundamental para enfrentar este nuevo proyecto desarrollista que está apostando a la división de las comunidades para facilitar el despojo y la destrucción de la selva.

 

Territorio Yaqui: el Gasoducto de la Muerte

            En Sonora, la vocera fue recibida por María del Carmen García Vázquez, quien en el documental nos habla de la importancia que han tenido las mujeres yaquis en la defensa del territorio. Esposa del preso político Fidencio Aldama Pérez, María del Carmen es una voz fundamental para denunciar la criminalización de la resistencia indígena contra la transnacional Ienova Sempra Energy y su filial mexicana Gasoducto de Aguaprieta S. de R. L. de C. V., que construyen actualmente un gasoducto de una longitud de 331 kilómetros, el cual cruzará por los estados de Sonora y Sinaloa, con una capacidad de 510 millones de pies cúbicos de gas diarios. Este gasoducto, conocido como Agua Prieta, atravesará 90 kilómetros del territorio yaqui a dos metros de profundidad, iniciándose en el municipio El Sásabe, en la sierra de Sonora, frontera con Estados Unidos, para llegar al puerto de San Blas, en Sinaloa. Su construcción fue autorizada por gobiernos federales y estatales, sin realizar el proceso de consulta previa a las comunidades indígenas que serán afectadas, según lo establece la ley en el artículo cuarto constitucional. Desde el 2016, los habitantes del pueblo de Loma Bácum se han opuesto a la construcción del gasoducto, denunciando que violenta sus derechos a la autonomía, al territorio y a un desarrollo propio.

Como ha sucedido en otras regiones indígenas, la apuesta de los empresarios y gobiernos locales ha sido dividir a las comunidades, distribuyendo dinero, comprando lealtades y, en casos extremos, formando grupos armados para atacar a los opositores. Esto fue lo que sucedió en Loma Bácum el 21 de octubre del 2016, cuando hombres armados entraron a la comunidad, mataron a uno de los ejidatarios, hirieron a ocho más y quemaron 12 automóviles. Sin tener prueba alguna, se inculpó a Fidencio Aldama Pérez, uno de los principales opositores al proyecto, quien es considerado preso político.

Desde entonces, la comunidad ha optado por dar una lucha legal consiguiendo un amparo contra las autoridades federales y estatales que autorizaron la obra, que a la fecha sigue suspendida. Sin embargo, el hostigamiento contra los opositores continúa, y ha incluido el secuestro temporal, en diciembre de 2019, de los abogados representantes de la comunidad, Anabela Carlon Flores y su esposo Isabel Lugo Molina.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha intentado una negociación con la empresa Ienova Sempra Energy, ofreciendo pagar con dinero del erario una reubicación del gasoducto fuera de territorio yaqui, pero hasta la fecha no se sabe si será posible. Paralelamente, se ha puesto en marcha el llamado Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, que promete restituir las tierras que les hayan sido invadidas y ayudar con el suministro del agua. Sin embargo, el dirigente yaqui Fidencio Aldama continúa preso, a pesar de que no existen pruebas que lo vinculen al homicidio que se le imputa. Al haber sido inculpado por un delito del fuero común, no puede beneficiarse de la amnistía decretada por el gobierno para presos indígenas del fuero federal. Paradójicamente, el 94 por ciento de los indígenas presos (siete mil), no podrán beneficiarse por la citada amnistía, porque son presos del fuero común.[5]

            Este breve recorrido por tres de los diversos procesos de resistencia que presenta el documental, es una invitación a verlo, a seguirlo en las redes sociales en donde se estará anunciando las próximas presentaciones https://www.facebook.com/watch/?v=287464469292845. Pero, sobre todo, este texto es una invitación a escuchar el mensaje que nos mandan los pueblos originarios de nuestro país: a defender la vida, la naturaleza y el territorio, y a parar el proyecto de muerte que se nos está vendiendo bajo el disfraz del “desarrollo”.

 

[1] Se necesitaba conseguir 860 mil firmas en un lapso de 120 días.

[2] https://www.servindi.org/actualidad-opinion/01/01/2021/movimiento-zapatista-lanza-una-declaracion-por-la-vida

[3] https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/8374/los-costos-de-una-industria-muy-puerca-en-la-peninsula-de-yucatan

[4] https://asambleamaya.wixsite.com/muuchxiinbal/no-al-tren

[5] https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/10/28/ley-de-amnistia-mas-del-94-de-indigenas-presos-se-quedaran-en-la-carcel/