El régimen orteguista completa este lunes 29 de marzo dos años de incumplimiento de los acuerdos para la liberación de todos los presos políticos y el restablecimiento de los derechos y garantías de los nicaragüenses, firmados con la Alianza Cívica, en el segundo intento Diálogo Nacional, en 2019. El régimen, por el contrario, se ha encargado de agudizar el deterioro de los derechos ciudadanos, a través de la aprobación de leyes punitivas, el recrudecimiento de un estado policial que mantiene conculcadas las libertades públicas, y el aumento de presos políticos en las cárceles de la dictadura.

José Pallais, negociador en ese momento por parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, valora que la situación actual del país “es de mayor negación de los derechos y libertades ciudadanas a los que existían cuando se firmó. Las cosas se han empeorado, hay menos libertad de la poca que había hace dos años”, expresa.

A finales de 2020, Daniel Ortega mandó un paquete de cuatro leyes a la Asamblea Nacional, que fueron aprobadas por su bancada, mayoría en ese Poder del Estado. El 15 de octubre los diputados sandinistas aprobaron la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que obliga a organizaciones y personas naturales, que reciben fondos del extranjero, a registrarse como “agentes” ante el Ministerio de Gobernación (Migob), renunciando a sus derechos políticos. Luego, el 27 de octubre, se aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos o “Ley Mordaza”, que intenta controlar la información en redes sociales y criminalizar el periodismo independiente.

El 10 de noviembre, la bancada sandinista aprobó una reforma parcial de la Constitución Política, para establecer la figura de cadena perpetua por “crímenes de odio”. La reforma constitucional fue aprobada en segunda legislatura el 18 de enero de 2021. También, el 21 de diciembre, aprobaron la llamada “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz”, que simplemente pretende inhibir a opositores de cara al proceso electoral de noviembre próximo, que aún no ha sido convocado de forma oficial.

Pallais califica esta serie de leyes como “inconstitucionales, restrictivas, excluyentes”, que violentan “descaradamente los derechos y garantías constitucionales” que los acuerdos firmados hace dos años buscaban que se empezaran a respetar. Sin embargo, no se logró.

“Preocupante” silencio de los testigos de los acuerdos

El nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y el delegado de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla, fueron los testigos y acompañantes de los acuerdos, firmados entre la comisión del régimen, encabezada por el canciller Denis Moncada, y la Alianza Cívica.

Ante el incumplimiento por el Gobierno de Daniel Ortega, ambos testigos han callado. Para Juan Sebastián Chamorro, negociador por la Alianza, ese silencio “no deja de causar cierta preocupación porque efectivamente, creo yo que testigos y acompañantes tienen que hacer una denuncia sobre el incumplimiento y no lo han hecho”, lamentó.

Pallais explicó que posterior a la liberación de gran parte de los presos políticos, se reunieron con el nuncio y el representante de la OEA para exponerles sus análisis sobre la Ley de Amnistía aprobada por el régimen para la liberación de presos políticos; les entregaron la lista de presos políticos que aún quedaban en la cárcel y les dijeron que el Acuerdo de derechos constitucionales no se estaba respetando por parte del Gobierno. De aquel junio de 2019 a la fecha el número de presos políticos en las cárceles del régimen supera los 120.

Ellos tomaron nota y aseguraron que se pronunciarían a través de los canales diplomáticos habituales con el Gobierno. “Ellos iban a cumplir transmitiéndolo en privado con las autoridades del régimen”, contó Pallais.

En junio de 2019, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), dirigida por Luis Almagro, señaló que, en su papel de testigo y acompañante del diálogo, es pertinente apelar por el cumplimiento de ambos acuerdos. Posteriormente, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha emitido nuevas sanciones contra funcionarios de la dictadura.

A la fecha, 27 funcionarios, incluidos miembros del núcleo familiar de Daniel Ortega, han sido sancionados por Estados Unidos, además de 9 instituciones públicas o entidades mixtas, incluyendo la Policía Nacional.

Pallais asegura que el trabajo de la oposición en develar las violaciones a los acuerdos desde que se firmaron por el régimen, hace dos años, ha permitido que haya “una conciencia internacional, mundial, que en Nicaragua no hay condiciones para que puedan celebrarse unas elecciones de calidad, bajo estándares internacionales”.

¿Qué establecen los acuerdos que el régimen no cumplió?

El 27 de marzo de 2019, la comisión de negociación del régimen acordó con la Alianza Cívica la “liberación definitiva” de los reos políticos además de la regulación de su situación jurídica. Sin embargo, esto no sucedió de la forma que se tenía convenida. El régimen aprobó una Ley de Amnistía, a través de la que excarceló a más de 500 personas, pero dejó la puerta abierta para encarcelarlos nuevamente sí los exreos de conciencia no se abstenían de participar en protestas.

José Adán Aguerri, también negociador de la Alianza Cívica, expuso mediante su cuenta en redes sociales, este 29 de marzo,  que en la mesa de negociación presentaron un listado de 776 personas privadas de libertad y excarcelaron 771.

“De ese grupo –indicó Aguerri– un total de 22 fueron encarcelados nuevamente, más los cinco que nunca fueron liberados, para un total de 27 personas todavía presas. Queda pendiente la liberación de estas 27 personas y de las 86 que fueron encarceladas posteriormente para un total de 113 personas”.

Además, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas contabiliza diez reos de conciencia de fechas anteriores a la Rebelión de Abril, para un total de 123 presos políticos, sin incluir otras “capturas exprés”, es decir, personas que son capturadas por algunas horas o días, a veces sin justificación.

Sin derechos constitucionales

A través de 16 puntos, entre estos, derechos políticos, derechos laborales, libertad de expresión, el régimen orteguista se comprometió a fortalecer los derechos y garantías ciudadanas. Aseguró que respetaría el derecho a la concentración, manifestación y movilización pública, que desde octubre de 2018 fue criminalizada por la Policía Nacional. Sin embargo, la persecución política y policial se ha impuesto sobre los derechos a la movilización y expresión, y hay recrudecimiento de la represión. La imposición del estado policial también ha sometido a más de 80 miembros de la oposición en diferentes ciudades del país, a casa por cárcel. 

Mientras, las reuniones de organizaciones opositoras se realizan bajo el asedio policial y la amenaza que antimotines puedan ingresar a los establecimientos. También, los periodistas son requisados y despojados de algunos de sus equipos.

El régimen también consumó las confiscaciones a los medios de comunicación CONFIDENCIAL y 100% Noticias y las oenegés confiscadas en diciembre de 2018, en complicidad con el Ministerio de Salud (Minsa), que las convirtió en fachadas de casas maternas y centros de atención para personas con adicciones.

Tampoco respetó el compromiso de garantizar el retorno seguro de los más de 100 000 nicaragüenses exiliados por la violencia estatal desatada en 2018. Organizaciones de derechos humanos también han denunciado casos de exiliados que volvieron al país, pero fueron capturados y procesados por la justicia orteguista.

Pallais considera que las “condiciones –de represión y asedio– se han exacerbado, se han deteriorado”. Para Aguerri “hoy más que nunca son necesarios el cumplimiento al debido proceso, que nadie sea sometido a detenciones arbitrarias, el derecho irrestricto a la propiedad, el desarme de los paramilitares, el regreso con plenas garantías de las personas exiliadas”. Asegura que los acuerdos siguen siendo vigentes y cumplirlos tendría un gran significado para la crisis del país.

Este lunes, la Alianza Cívica publicó un comunicado a través del que califica como “mentiroso y demagogo” al Gobierno por no cumplir con los acuerdos. Aseguran que este “pierde su credibilidad y legitimidad para seguir gobernando”.

“Las incesantes violaciones a derechos humanos y constitucionales en contra del pueblo nicaragüense son prueba fehaciente que a este régimen no le interesa la paz ni la armonía de la nación, sino seguir imponiéndose por la fuerza”, sostiene la Alianza. A su vez, exhorta a la comunidad internacional a mantener las gestiones y medidas diplomáticas para encontrar una solución cívica a la crisis sociopolítica que cumplirá tres años el próximo mes.