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Independentzia eta Sozialismorantz
Campaña electoral en un contexto de ilegalización
El día 14 de Marzo se celebraron en todo el Estado las elecciones generales. Para la izquierda independentista vasca estas elecciones siempre han sido un reto que le acarreaba importantes contradicciones: suponían reforzar la estructura política de un Estado que no reconoce nuestros derechos.
Ante esta contradicción de fondo la izquierda independentista ha ido adoptando a lo largo de estos 30 años posturas muy diferentes en las anteriores convocatorias: en ocasiones se ha acreditado y ha acudido al Congreso; en otras, despues de acreditarse, no acudía; otras veces decidió acudir solamente a sesiones muy especiales…. En las elecciones de hace cuatro años había optado por la abstención pero la actual coyuntura era completamente diferente. En base a la Ley de Partidos este sector de la sociedad vasca ha quedado ilegalizado y privado de sus derechos civiles, entre otros el de poder participar en la contienda electoral. En consecuencia, el régimen pluripartidista español ha evolucionado hacia una dictadura de baja intensidad.
En este contexto de ilegalización, ha resultado decepcionante la actitud adoptada por el resto de formaciones políticas vascas: Han competido electoralmente con toda normalidad sin adoptar ninguna postura de condena ante la ilegalizción de una de las fuerzas políticas. No han querido entender que una degradación del sistema afecta a todos los que participan en él.
Por lo que se refiere a la izquierda independentista, decidió participar en la contienda a pesar de la ilegalización. Propuso al electorado depositar en las urnas una papeleta que reivindicase el derecho a la libre determinación de los pueblos. Su objetivo ha sido doble:
por un lado, socializar y ampliar la reivindicación de este derecho.
por otro lado, realizar un ejercicio colectivo de desobediencia civil dejando constancia de su existencia también en las urnas, a pesar de ser una fuerza oficialmente inexistente.
Vuelta a la clandestinidad
Quienes reivindican la autodeterminación han tenido que realizar la campaña en condiciones de clandestinidad. Y, como en los peores tiempos del franquismo, desarrollar su actividad política en un contexto de persecución policial y legal asfixiantes.
El día 29 de Febrero, en Donosti, la ertzaintza prohibió un acto tan elemental como era la pegada de carteles; ritual con el que el resto de formaciones iniciaron su campaña.
Hubo actos políticos, como el de Lekeitio, que fueron reventados violentamente por la misma policía vasca. Este y otros muchos pueblos fueron tomados por las diferentes policías con importantes despliegues para evitar que los actos políticos a favor de la autodeterminación pudieran realizarse. La policía nacional en Burlada, la guardia civil en Gares, la ertzainzta en Vitoria….todas las policías actuaron en cumplimiento de la misma legalidad y con parecida contundencia.
En actos como el de La Casilla o en la manifestación de Donosti sólo estaba autorizada la celebración de los actos a condición de que no se hicieran alusiones expresas a la emisión de un determinado voto, como no fueran los que la Ley aceptaba.
En numerosas poblaciones, p.e. en Burlada, en la Txantrea, en Alsasua….hubo que recurrir a los viejos métodos aprendidos en el franquismo. Las convocatorias se realizaron de boca en boca y la gente tuvo que reunirse en lugares alternativos con carácter clandestino y extremando las medidas de seguridad. Los locales que se habían anunciado ya estaban acordonados previamente por las fuerzas policiales.
En otras poblaciones, como Bermeo (la ertzainzta) o Aribe ( la guardia civil), los uniformados impidieron el uso de las dependencias municipales a pesar de que los respectivos Ayuntamientos habían autorizado las reuniones. Al estilo de los regímenes policiales, las decisiones de los mandos encargados de los operativos prevalecieron sobre los acuerdos o permisos de las Instituciones civiles.
Todas las policías reprimieron a personas a las que encontraban colocando carteles o repartiendo papeletas. En numerosas ocasiones confiscaron los materiales y pertenencias de la fuerza perseguida. La policía nacional requisó paneles, mesas, sillas y carteles a los sindicalistas que pretendían dar una rueda de prensa en Iruñea. La guardia civil tiró a la basura de forma ostentosa todas las papeletas requisadas en Zornotza. En Donosti y Bilbao fue la ertzaintza la que requisó vehículos que difundían mensajes mediante megafonía.
Las personas que distribuían propaganda lo hacían extremando las medidas ya que corrían un grave riesgo. A pesar de las cautelas, bastantes de ellas fueron identificadas y, posteriormente, se les abrieron expedientes. En Burlada, varias personas que distribuían propaganda fueron detenidas por la policía municipal y entregadas a la policía nacional.
Como se puede suponer, las mesas electorales no ofrecían dicha papeleta por lo que hubo que realizar todo el trabajo previo con grandes cautelas. Como en muchos sitios no se disponía de locales, la propia militancia se encargó de llevar el material a sus casas para prepararlo. Otras personas hicieron llegar esas papeletas a miles de buzones corriendo un importante riesgo para hacer campaña a favor de la autodeterminación.
Lo peor quedaba por venir
En este contexto de persecución se producen los trágicos hechos de Madrid. Quienes habían promovido la criminalización de la izquierda independentista aprovecharon la convulsión social que había producido el atentado para incitar al linchamiento de este sector ciudadano. Antes de que el propio Gobierno español se posicionase, fue el Lehendakari vasco, Ibarretxe, quien escribió una de sus páginas más negras. En un discurso visceral, cargado de rabia y fanatismo, arremetió contra ETA e, indirectamente, contra la izquierda independentista. Fue tan grave el error que, oportunamente asesorado, volvió a comparecer al día siguiente para justificarse “he actuado de buena fe y tomando en cuenta los datos que aportaba Ministerio de Interior español”. Repitieron ese mismo discurso el resto de formaciones vascas demostrando un penoso seguidismo del PP. Y, naturalmente, el Gobierno español repitió hasta la saciedad y sin ninguna duda que la autoría del atentado correspondía a ETA.
Todas estas intervenciones despertaron una visceralidad feroz que se cobró dos nuevas víctimas.
El día 13 un policía nacional fuera de servicio mató en Iruñea a un tendero que se negaba a colocar en el escaparate de su establecimiento un cartel en contra de ETA tal y como se lo exigía la mujer del agente. Ante la negativa, el agente disparó a bocajarro contra el pequeño comerciante y el hijo del policía lo acuchilló.
En la manifestación de protesta por dicha muerte que se celebró en Hernani el día 14, la ertzaintza cargó contra los concentrados. Una señora mayor que participaba en la movilización no puede soportar la tensión que le provoca aquella situación y murió víctima de un infarto.
Este fue el clima de persecución en el que se han celebrado las pasadas elecciones. Haremos en el siguiente Boletín una valoración de los resultados.