Los debates sobre procesos constituyentes en América Latina tienen ya un buen recorrido, principalmente desde la década de los años 90, pero están lejos de agotarse.

Las masivas movilizaciones de Chile, que el pasado octubre 2020 cumplían su primer año, no sólo han estremecido a ese país, sino que también han tenido impacto regional, por su tenacidad, la fuerza de su capacidad transformadora, sus nuevas narrativas y subjetividades políticas. Estas han logrado abrir un proceso inédito que ha posibilitado un cambio a la Constitución heredada de una de las dictaduras militares más cruentas de Sudamérica.

Todo este proceso es necesario verlo en un compás espacio-temporal más amplio: una ola de protestas en América Latina desde 2019 –que con variadas intensidades se mantuvo en el 2020 de la pandemia– en la que se articula el hartazgo social producto de las desigualdades socio-económicas, los procesos de neoliberalización y la represión y violencia estatal; una fuerte dimensión destituyente –exigiendo renuncias, ‘que se vayan todos’ o el fin de viejos regímenes políticos–; y la emergencia de una diversidad de expresiones y nuevas culturas políticas que irrumpen con fuerza en el escenario de las revueltas.

En el caso chileno, es evidente cómo los íconos y formas de las luchas de la década de los 70 frente a la dictadura, han sido articulados por otros actores que revelaron cambios generacionales, y el trascendental rol de la lucha feminista, anti-colonial, ecologista/anti-extractivista y comunitaria. Estos han logrado tejer una movilización enorme a partir de luchas de estudiantes, de mujeres, de posturas anti-autoritarias (contra los cuerpos de seguridad), y de una población que ha vivido la “transición democrática” como una extensión política y económica de la dictadura. Las protestas, además del impacto político que han tenido, han generado también ricos insumos para la acción política y para re-pensar el antagonismo en la actualidad.

Es en este particular contexto que se ha re-abierto el debate sobre lo constituyente en América Latina y la opción para profundos cambios en los marcos políticos de nuestros países. No es casual que en las protestas que se desarrollaron en noviembre pasado en el Perú, se haya expresado la articulación, tanto en narrativas como en propuestas, de la dimensión destituyente –de nuevo, con una alta carga de ‘que se vayan todos’– con la idea de lo constituyente.

Los debates sobre procesos constituyentes en América Latina tienen ya un buen recorrido, principalmente desde la década de los años 90, pero están lejos de agotarse. Esto último es aún más cierto a la luz de las recientes experiencias progresistas en la región que, a nuestro juicio, nos dejan importantes reflexiones y enseñanzas; y sobre todo, en el marco de este tiempo extraordinario de crisis que vivimos a escala planetaria, este tiempo de umbrales y eventos extremos que nos coloca ante un escenario muy inestable, volátil, convulso y fragmentado que ya no podemos evadir. Un tiempo de enormes incertidumbres que hace caducar muchos de los códigos políticos dominantes y nos plantea la necesidad de transitar otras rutas, otras políticas.

A nuestro juicio, es desde estos escenarios, y con estos insumos, que debemos pensarnos y repensarnos en la región. Proponemos en este artículo, compartir algunas breves reflexiones sobre lo constituyente desde lo que consideramos tres rutas disidentes de este debate: una primera, que propone una lectura no estado-céntrica de lo constituyente; una segunda, que polemiza y destaca los límites del progresismo en estos particulares procesos –sobre lo que analizaremos críticamente el caso de la ‘Revolución Bolivariana’ en Venezuela–; y una tercera, que plantea unas consideraciones sobre lo constituyente en un contexto de crisis civilizatoria y caos sistémico.

I. Más allá de las lecturas estado-céntricas de lo constituyente

Lo primero. Nos distanciamos del grueso de las conceptualizaciones e interpretaciones de lo constituyente, que subsumen los procesos políticos insurgentes que emergen desde abajo –y que son los que producen los nuevos escenarios de transformación–, en un (nuevo) ordenamiento jurídico y marco político de las instituciones del Estado. La tradición dominante del concepto ‘constituyente’, que proviene del latín con- (nos remite al todo, al conjunto) y el verbo –statuere (disponer, establecer, componer), entronca con la larga historia civilizatoria del orden del Estado y sintetiza el asunto del cambio político en estatutos oficiales, expertos y autoridades, al tiempo que re-interpreta la multiplicidad de la revuelta popular, de sus variadas perspectivas, demandas, sentires y territorialidades, en la conformación de un renovado establishment estatal-nacional.

Desde esta óptica, las fuerzas y el fin del llamado ‘Poder Constituyente’ se dirigen indefectible y fundamentalmente a formar nuevo Gobierno y Estado. La consecución de una “nueva estabilidad” que ahora “representa a todos”, oculta los continuismos –sobre todo en el modelo de acumulación de capital– y desplaza los antagonismos populares en un nuevo escenario de legitimación del sistema.

Es crucial, en cambio, partir de una noción de lo constituyente que desborde lo normativo y su raíz estado-céntrica, para recuperar dimensiones de la producción política desde los pueblos, de la relación intrínseca entre los sujetos y el poder –este último es potencialmente ejercible por todas y todos. Las preguntas genealógicas sobre la «constitutio» (establecer en conjunto) son varias: ¿cuál es ese conjunto y quién lo determina? ¿Qué se establece, quiénes determinan lo que se establece y cómo lo hacen? ¿Quiénes lo gestionan? Y finalmente, ¿quiénes gobiernan? Si ese conjunto en realidad no es ni única ni principalmente el Estado-nación, o el ‘pueblo’ en abstracto y singular; si ese conjunto originario, se expresa más bien en la noción de lo común; en asociaciones particulares determinadas por cuestiones culturales, geo-ecológicas y productivas/reproductivas; en comunidades territorializadas, en la noción de pueblos (en plural); lo que tenemos no es uno, sino una multiplicidad de órdenes sociales, de cosmovisiones, de culturas políticas, un muy plural común-instituyente. Antes que sólo establecerse relaciones de subordinación, monopolización y subsunción desde los ámbitos del Estado y el capital hacia las fuerzas vivas humanas y no humanas, la cartografía política en nuestra región está fundamentalmente configurada por la relación de tensión, contradicción y antagonismo que esta multiplicidad de comunes tiene con el orden político más amplio.

Esta perspectiva planteada es útil al menos por dos factores: en primer lugar, nos permite poner el foco y re-centrar lo constituyente en las fuerzas vivas de la producción política (y no sólo en figuras reificadas como el ‘Estado’, el ‘Gobierno’, la ‘Democracia’ o la ‘Constitución’), en las pulsiones de re-existencia, en otras escalas y temporalidades del cambio político, en la multiplicidad de los antagonismos, contra-poderes y la autodeterminación desde las cuales se resiste a la explotación, expolio, desigualdades y la violencia establecida y dominante. Este es fundamentalmente el ámbito de lo constitutivo-popular.

En segundo lugar, se evidencia que la llamada “comunidad política” nacional-estatal, de la que se sostiene la idea del nuevo ‘Acuerdo’ o ‘Contrato’ social –que sería resultado de una Constituyente formal–, antes que una comunidad, es un conflictivo entramado de relaciones de dominación, con un perfil oligárquico. Y por tanto, la propia noción dominante de constitución está también profundamente cargada por las desigualdades, disputas y tensiones, y no sólo por el acuerdo.

Partiendo de estos elementos, subrayamos la necesidad de un enfoque crítico sobre lo constituyente, que pueda ser entendido como el proceso en el cual, lo constitutivo-popular, sus propios órdenes políticos, desarrollan una intensa relación de antagonismo con el orden político dominante, configurando un tiempo de turbulencia/ruptura social masiva, de interpelación máxima y profunda con dicho orden, lo que allana el camino a la producción de un nuevo marco macro-político (que puede ser Constitucional, un nuevo acuerdo o contrato social, etc). Esta noción es, por tanto, multi-escalar: remite a las formas en cómo las expresiones sociales y populares de lo micro-político tributan a un cambio político de gran escala, pero de ninguna manera estas pulsiones de transformación desde abajo deben ser interpretadas únicamente en función de este nuevo gran marco societal. Por otro lado, el proceso constituyente no necesariamente se agota con la promulgación de una nueva Constitución, sino que debe ser también entendido como un prolongado campo en disputa.

II. Los límites del progresismo ante los procesos constituyentes: la experiencia de la ‘Revolución Bolivariana’

Hay un segundo factor para analizar críticamente, que tiene que ver con el rol que los líderes, partidos y gobiernos progresistas han tenido en la evolución de los procesos constituyentes. En estos, se ha reflejado no sólo los límites de los progresismos para impulsar verdaderos procesos de cambio, sino incluso una serie de políticas y mecanismos que terminan usurpando el nuevo escenario político-popular, mediante la apropiación del proceso desde arriba, el progresivo desplazamiento de las disidencias y el posterior reposicionamiento del extractivismo. El caso de la llamada ‘Revolución Bolivariana’ en Venezuela expresa estas dinámicas.

Apropiación y personalización de lo constituyente

Como es bien sabido, en los primeros años del siglo XXI, se habían instalado gobiernos progresistas en Venezuela, Bolivia y Ecuador, que plantearon importantes cambios en los ordenamientos políticos tradicionales de esos países. Uno de los elementos centrales de dichos proyectos fueron sendos procesos constituyentes, los cuales lograron concentrar gran entusiasmo, participación popular y se tradujeron en nuevas Constituciones que fueron referencias en los debates políticos regionales e internacionales, por el reconocimiento de derechos, ámbitos y sujetos que habían sido excluidos en los regímenes políticos anteriores.

En el caso venezolano, una nueva narrativa se fue consolidando en el proceso bolivariano, en la cual la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución de 1999 fueron referentes simbólicos fundamentales. Este nuevo discurso tuvo una muy fuerte presencia del liderazgo de Hugo Chávez, haciendo que todo este movimiento político llevara su apellido –como lo fue el ‘chavismo’–, y constituyéndose en el máximo referente de interpretación y traducción de los diferentes procesos políticos y sociales que estaban en desarrollo.

Esto supuso, entre otras cosas, una clara relectura del proceso constituyente, que implicó una apropiación y personalización del mismo. La narrativa dominante en este período político, promovida desde las vocerías oficiales, colocaba a Chávez como el iniciador y creador del proceso constituyente. La realidad era otra: en primer lugar, desde finales de la década de los 80, especialmente desde el enorme estallido social de 1989, ‘El Caracazo’ –que partía en dos la historia del país–, comenzaba un ciclo de movilizaciones y protestas que revelaban el agotamiento del orden político establecido desde 1959 –denominado el ‘Pacto de Punto Fijo’, del cual por cierto había salido la Constitución de 1961– y la idea cada vez más clara de que no se podía seguir con ese orden. Que algo tenía que cambiar.

El período 1989-1999 marca un tiempo de turbulencia/ruptura, una nueva escala del antagonismo social con el sistema establecido, una nueva correlación de fuerzas que despliega novedosas dimensiones de las demandas reivindicativas y perspectivas populares de la política, y que configura materialmente el proceso constituyente. El establishment se ve entonces en la imperiosa necesidad de producir un nuevo gran marco político. Chávez irrumpe en ese escenario, pero es en realidad constituido por este.

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, el discurso de Chávez y del proyecto bolivariano, es también una traducción, apropiación y sistematización de las narrativas, ideas, demandas y propuestas que se expresaban desde las bases populares y organizaciones sociales del período 1989-1999. Lo dicho de ninguna manera pretende anular la particular figura de Chávez en este proceso, ni desconocer el diálogo que se produjo entre sectores populares y dicha figura. Sin embargo, la cuestión crítica fue la manera en la que se asentaron y consolidaron una concepción y unas dinámicas de cambio político que fueron subsumiendo la multiplicidad de las pulsiones insurgentes que emergieron desde los años de lucha de calle, el potencial del antagonismo con el sistema imperante, para terminar siendo absorbidos e integrados al nuevo orden político bolivariano. Orden que tuvo una impronta profundamente estado-céntrica y personalista, y que en esencia fue sólo una variante histórica del extractivismo, de la “Venezuela petrolera”. Las consecuencias de este proceso de apropiación y personalización de lo constituyente terminarían ahogando dicho proceso y sus avances reivindicativos.

En los tiempos de la nueva Constitución: desplazamiento de las disidencias y reposicionamiento del extractivismo

Materializada la Constitución de 1999, esta se convertiría en el instrumento más emblemático del nuevo orden bolivariano. La consagración de derechos que se habían anhelado y por los que se había luchado en tiempos pasados, eran formalizados en la ‘Carta Magna’, lo que creaba un nuevo escenario de representatividad y legitimidad socio-política, de confianza en el sistema y el Estado, que logró posicionar la idea de que la acción gubernamental estaría regida por los nuevos principios constitucionales, por el nuevo Acuerdo social.

A la luz de los decepcionantes resultados posteriores al proceso constituyente venezolano, es necesario resaltar al menos dos asuntos problemáticos cruciales que se desprenden del mismo. El primero tiene que ver con una especie de efervescencia de la fe en el Estado y sus instituciones –que Gramsci llamaría también “Estadolatría”– y de encantamiento enunciativo que se produce con la promulgación de la Nueva Constitución y de leyes reivindicativas, que pueden aparecer como logros en sí mismos, lo que va a terminar contrastando posteriormente con la realidad material. Esto suele ser capitalizado por quienes se abrogan los liderazgos del proceso, instalando además la idea de la necesidad de defender y conservar el nuevo orden establecido, una idea que ha sido fundamental en la concepción política del chavismo. El efecto de estas dinámicas de reorganización política nacional ha sido el desplazamiento/absorción de buena parte del antagonismo popular por parte del nuevo orden, neutralizando las fundamentales tensiones entre el Poder Constituido y lo constitutivo-popular, e incluso criminalizando la crítica y las disidencias, señaladas estas de atentar contra el proceso de cambio. La formalización de una Constitución, como nuevo ‘acuerdo social’, puede impulsar una enorme fuerza inercial de re-centramiento del poder hacia arriba, de delegación de la acción política desde abajo hacia las instituciones estatales, tal y como ocurrió con el proceso bolivariano.

El segundo asunto problemático crucial tiene que ver con la creación de nuevas oportunidades, a partir del evento Constituyente, para un refrescamiento y reposicionamiento del modelo de acumulación que, como ya lo hemos mencionado, se encuentra en el trasfondo de las disputas políticas. Si bien entre cambios en los órdenes políticos nacionales se pueden generar modificaciones en los grupos de poder dominantes, en los marcos jurídicos e institucionales o en las gobernanzas, existen continuidades en el modelo extractivista neo-colonial que aparecen maquilladas ante la idea de un “cambio político”.

Sobre esto podemos mencionar un par de casos emblemáticos en el proceso bolivariano. Antes de la llegaba de Chávez al Gobierno, el Presidente Rafael Caldera buscaba instalar una serie de proyectos en la Amazonía venezolana para sostener las políticas de ajuste estructural. Dichos proyectos, en especial el que permitía la minería en la Reserva Forestal de Imataca y la instalación del tendido eléctrico hasta Brasil, generaron una alta conflictividad y resistencias socio-ambientales. En el caso de Imataca, las organizaciones ambientalistas, académicos y otros actores lograban para entonces neutralizar la minería en la zona a través de movilizaciones, medidas cautelares y cabildeo. Chávez en su campaña presidencial prometía “defender Imataca” y propuso en su programa de gobierno una reivindicación ambiental para el país. Una vez elegido, sería su gobierno el que terminaría de posibilitar, formalizar y ejecutar las políticas de intervención extractivista y desarrollista en la Amazonía; lo que Caldera no había podido consolidar previamente.

El reposicionamiento estratégico del extractivismo en la Amazonía que se da en los primeros años del proceso bolivariano, se produce aprovechando el alto nivel de legitimidad que se va a lograr no sólo a través de la figura de Chávez y su discurso de reivindicación popular, sino también con la concreción del reconocimiento de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas en la nueva Constitución, junto a la promulgación de otras leyes reivindicativas. Estos mecanismos van a otorgar apoyos y confianza en la gestión del gobierno tanto en sus propuestas extractivistas como en la posible resolución de los conflictos socio-ambientales que estaban en curso.

En relación al tendido eléctrico que atravesaba el Parque Nacional Canaima y territorios de los indígenas pemón, estos últimos ofrecieron resistencia, pero el proyecto sería culminado en 2001 por el Gobierno de Chávez, recurriendo a estrategias de división y cooptación e incluso de criminalización de las comunidades indígenas que se opusieron a este. Este caso es significativo, debido a que a la larga fragmentó al pueblo pemón –asimilando a muchos de ellos al modelo de desarrollo– y consolidó un proceso de intervención de sus territorios.

Respecto a Imataca, luego de ires y venires, discursos y estrategias de consulta manipulada, el Ejecutivo Nacional terminaría firmando el Decreto 3.110 de septiembre de 2004, en el que ratificaba la decisión de Caldera de legalizar la minería industrial y de pequeña escala dentro de la zona, y despreciando una de las luchas socio-ambientales más emblemáticas de las últimas décadas en el país.

A nuestro juicio, hay una relación muy estrecha entre el posterior proceso de burocratización y corporativización del muy rico y potente impulso popular que se producía desde abajo, y el surgimiento de un nuevo formato extractivista repotenciado, que expandía el afán desarrollista y expansionista en la idea de una Venezuela ‘Potencia Energética Mundial’. Las fases iniciales, cuando los procesos constituyentes se transforman en poder formal (sea jurídico o desde un gobierno central de alianza nacional-popular), son determinantes dado que en ellos se decide el rumbo de muchos de esos procesos. Se trata de un muy importante primer punto de inflexión. En estos casos, la forma como se aborde desde las bases y organizaciones sociales es crucial.

En el caso de Venezuela, el resultado de ese proceso supuso el notable debilitamiento de las pulsiones sociales de transformación. Este y otros factores llevaron al país a una crisis sin precedentes, en la que hoy, la Constitución está básicamente en estado vegetal y el marco de derechos sociales y políticos está sumamente vulnerado por la imposición de una dictadura de nuevo tipo. La delegación de luchas y el cese de la interpelación del poder constituyente contra el poder constituido a lo interno del proceso bolivariano, tuvo como consecuencia esta muerte constitucional en Venezuela.

III. Lo constituyente en un contexto de crisis civilizatoria y caos sistémico

Como ya hemos mencionado, todo este debate y procesos políticos se están dando en un contexto de crisis civilizatoria en el que la turbulencia y los eventos extremos se van volviendo la normalidad. La pandemia global de la COVID-19, los efectos del cambio climático, entre otros fenómenos, nos han llevado a escenarios límites, extraordinarios, que están modificando de manera determinante nuestros patrones de vida cotidianos, algo que además tiene y tendrá importantes impactos políticos.

No conviene ya mirar para otro lado; estamos al interior de un profundo proceso de cambio global. Así que caben algunas preguntas: ¿cuáles son los sentidos de lo constituyente en un contexto de crisis civilizatoria y caos sistémico? ¿Cuáles pueden ser los alcances y limitaciones que cambios en lo normativo y lo jurídico puedan aportar a procesos de transformación profundos en tiempos tan accidentados como estos? ¿Cómo se articula una reforma constitucional popular con un contexto en el que los órdenes políticos nacionales se van haciendo cada vez más inestables y agresivos, en los que van prevaleciendo biopolíticas radicales y estados de excepción? Y sobre todo, ¿cómo pueden responder estos cambios jurídicos y normativos a la necesidad de resolver problemas concretos en la reproducción de la vida, relacionados con serios problemas colectivos de salud, adaptaciones comunitarias al cambio climático (inundaciones, sequías extremas, etc.), conformación de redes de economía solidaria y cuidado y apoyo comunitario, para enfrentar delicados escenarios de inseguridad alimentaria, entre otros? Es necesaria una profunda conciencia del tiempo en el que vivimos y de que, probablemente muchos mecanismos y modos de hacer política dominante van dejando de funcionar, se van haciendo caducos.

En este sentido, se hace más relevante el rol de lo constitutivo-popular. Es necesario recuperar la política en nuestras manos, comprendiendo que en contextos como estos el principal sostén de la reproducción de la vida está en la esfera popular y común. Las protestas populares como las de Chile de los últimos meses, han sido no sólo la fuerza que ha configurado un tiempo de turbulencia/ruptura social masiva, de interpelación máxima con el orden establecido, sino también una escuela, un espacio de aprendizaje de otros modos de ser en la política, de otras prácticas y gestiones en lo local. Los procesos constituyentes originarios y orgánicos tienen esa capacidad de producción de nuevas realidades concretas.

No se trata de plantear sólo una mirada localista o parroquial; más bien hacer prevalecer una política que ponga en el centro la gestión de lo común y la reproducción de la vida para, a partir de ahí, proyectarla hacia las diversas escalas del poder, lo que incluye la disputa en torno al orden político nacional y el carácter del sistema global. Pero la emergencia de nuevas sociedades, que son paridas en primera instancia por la fuerza del agonismo y el antagonismo popular, no sólo crea y despliega las bases materiales de esos nuevos órdenes, las semillas de otro porvenir, sino que también pueden formar el tejido social resistente, las bases de resiliencia popular para afrontar el mundo inestable y caótico, el planeta tempestuoso que tenemos y tendremos. Algo sencillamente ineludible.

Emiliano Terán Mantovani es sociólogo venezolano, miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela.

Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/211653