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Más de mil campesinos provenientes de comunidades de La Paz y Cochabamba, cercaron ayer casi al medio día el edificio de la Corte Superior de Justicia, exigiendo la renuncia de dos vocales de la Sala Penal Tercera, a quienes atribuyen la libertad y desaparición de Roberto Vildoso, sindicado de estafar a 11 municipios de diferentes departamentos del país, más de 5 millones de bolivianos.
Los comunarios se reunieron en la avenida Blanco Galindo, a la altura del kilómetro tres y medio, y desde allí se trasladaron en marcha hasta el Palacio de Justicia. Formaron un cerco alrededor del edificio y no dejaron entrar ni salir a nadie.
Algunas personas que salieron del edificio fueron agredidas, entre ellas algunos abogados a quienes los corretearon más de dos cuadras y los golpearon con palos.
Las calles adyacentes permanecieron bloqueadas por los campesinos que se mantuvieron en vigilia hasta la conclusión de la reunión, pasada las 16:00, que sostuvieron sus dirigentes con las autoridades judiciales y prefecturales.
Acta de compromiso
Autoridades de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, la Prefectura, el Comando Departamental de la Policía y los representantes de los municipios de Tapacarí, Achacachi, Aucapata, Ayata, Ancoraimes y otros, como emergencia de la medida de protesta asumida por los comunarios, firmaron un acta de compromiso de tres puntos.
María del Carmen Ponce, como presidenta interina de la Corte de Justicia; Guillermo Gutiérrez, prefecto interino, y Jesús Mérida, Comandante de la Policía, se comprometieron de manera coordinada a extremar esfuerzos para ejecutar el mandamiento de aprehensión contra Roberto Vildoso, para lo cual inclusive coordinarán acciones con autoridades de todo el país.
“La respetable Corte Superior de Justicia se compromete a hacer cumplir en el indicado proceso penal -seguido por los 11 municipios contra Vildoso y Cinthia Carola Sandoval, propietarios de la empresa Consertar SRL- los principios de celeridad, legitimidad y otros contenidos en el artículo primero de la Ley de Organización Judicial”, señala el acta en uno de sus puntos.
La Presidencia de la Corte Superior, también se comprometió a que una vez formalizadas las denuncias que los comunarios interpusieran contra las autoridades jurisdiccionales ante la Presidencia, ese despacho remitirá dichas denuncias ante el Consejo de la Judicatura, órgano administrativo disciplinario del Poder Judicial.
Sólo un cuarto intermedio
El asesor legal de los 11 municipios, Cristian Vargas, explicó que se dará un plazo de tres meses para la recaptura de Vildoso y la conclusión del proceso disciplinario interpuesto contra los vocales Virginia Rocabado y аngel Villarroel, de la Sala Penal Tercera. “Con ese compromiso hemos pedido firmar un acta y con el advertido de que si en algún momento alguien incumpliera el acuerdo y no logran capturarlo o hay un nivel de protección, los comunarios se movilizarán y quemarán la Corte de Justicia”, remarcó.
De la misma manera, el presidente del Concejo Municipal de Tapacarí, Ponciano Huanca Colque, anunció que esta era una primera movilización donde participaron cinco municipios de La Paz y uno de Cochabamba, con el pedido de renuncia de los vocales, pero en caso de no hacerlo amenazan con ir a las casas de esas autoridades judiciales para hacer “justicia comunaria”.