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“Evasión de la justicia” es como nombró Bertha Zúniga, directora del Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras (Copinh), a las acciones dilatorias de la defensa de David Castillo, cuyo juicio por el asesinato de la luchadora social lenca Berta Cáceres fue suspendido el pasado 7 de abril.
Ciudad de México | Desinformémonos. “Evasión de la justicia” es como nombró Bertha Zúniga, directora del Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras (Copinh), a las acciones dilatorias de la defensa de David Castillo, cuyo juicio por el asesinato de la luchadora social lenca Berta Cáceres fue suspendido el pasado 7 de abril.
La hija de la líder lenca denunció que, “con toda impunidad”, la demora del proceso y “su exposición a acciones extrajudiciales que intentan cancelarlo” dilata también las investigaciones y los procesos judiciales de los autores intelectuales del asesinato. Afirmó que se trata de “una estrategia de un litigio malicioso” y exigió que el juicio se retome lo antes posible, tras su suspensión por la recusación contra el Tribunal presentada por la defensa del acusado.
El juicio contra David Castillo Mejía no completa el proceso de búsqueda de justicia, ha afirmado en varias ocasiones el Copinh. Por eso, Berta Zúniga habló de dos pilares para la reparación de daños respecto al crimen contra su madre. Uno es la justicia integral, la responsabilización de todas las personas que participaron en el crimen y el enjuiciamiento de los autores intelectuales, miembros de la familia Atala Zablah, los dueños de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) y los jefes de Castillo Mejía.
El otro acto de justicia, dijo en entrevista con Desinformémonos, es la cancelación de la concesión sobre el sagrado Río Gualcarque otorgada por 50 años, que es “un peligro latente para la comunidad que hoy defiende la tierra que está junto al río” y que “violentó el derecho a la consulta previa libre informada”.
La directora del Copinh comentó que a pesar del desgaste político y los obstáculos, muchas comunidades indígenas y campesinas, así como organizaciones populares, de mujeres y de derechos humanos están al pendiente del juicio, brindan acompañamiento con las debidas restricciones y “tienen mucha claridad respecto a que en el proceso no se está juzgando a las personas que tienen responsabilidad en el hecho”.
Además de la exigencia de justicia para Berta Cáceres, la luchadora social mencionó que el Copinh también lucha por la desmilitarización del territorio del pueblo lenca y la reivindicación del derecho a la consulta que hasta el momento “sigue siendo violentado”, debido a su incumplimiento por parte del Estado hondureño.
Al margen de las limitaciones del sistema judicial, Bertha Zúniga hizo un llamado a los pueblos a construir una justicia propia con la defensa de los territorios, fomentar su autonomía, hacer que se respeten sus decisiones y, en el caso de Honduras, contribuir a la democratización del país, que está en “condiciones deplorables” en cuanto a la garantía de los derechos fundamentales de la población. Llamó a esto “el mayor acto de justicia y homenaje que se puede hacer a la compañera Berta Cáceres”.