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El interés de posicionar una narrativa sobre un supuesto “golpe de estado”, perpetrado -según recientes acusaciones de parte de la Fiscalía- por la expresidenta Jeanine Ánez y otras exautoridades de su gobierno busca invisibilizar del todo un fraude electoral que era “investigado” por el Ministerio Público. Y se busca encubrir el hecho para que todas las otras exautoridades del gobierno de Evo Morales queden limpias de culpa y puedan reclamar nuevamente su acceso al poder, en posición de víctimas.
Editorial ANF Agencia de Noticias Fides
El interés de posicionar una narrativa sobre un supuesto “golpe de estado”, perpetrado -según recientes acusaciones de parte de la Fiscalía- por la expresidenta Jeanine Ánez y otras exautoridades de su gobierno busca invisibilizar del todo un fraude electoral que era “investigado” por el Ministerio Público. Y se busca encubrir el hecho para que todas las otras exautoridades del gobierno de Evo Morales queden limpias de culpa y puedan reclamar nuevamente su acceso al poder, en posición de víctimas.
Pero dicha narrativa cae por su propio peso cuando se la contrasta con los acontecimientos registrados en los aciagos días del conflicto postelectoral de 2019. En primer lugar, porque cuando se sindicó de fraude electoral tras los resultados de las elecciones generales de octubre de ese año, se acudió a una auditoría a ser realizada por expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA), firmada entre la Secretaría General de la OEA y el Gobierno de Bolivia, que en uno de sus puntos señala “El resultado del informe de auditoría será vinculante para las dos partes”, es decir lo que diga el informe se reconocerá. Tal compromiso nunca se cumplió de parte del gobierno de Morales, ya que dicho informe señaló la manipulación dolosa de actas y del sistema TREP como del cómputo final, entre otros aspectos, planteando nuevas elecciones.
En segundo lugar, el entonces presidente Morales presentó su renuncia, para luego alzar vuelo rumbo a México, o sea ausentándose del país, el 10 de noviembre, a la que siguieron las renuncias de quienes podían asumir la conducción del Estado por sucesión constitucional; es más, el presidente de la Cámara de Diputados ya había renunciado horas antes. Dado aquel escenario se creó un vacío de poder, pues no hubo ninguna autoridad a la cabeza del Ejecutivo, ni del Estado, durante un periodo próximo a las 48 horas, en las cuales se vivieron momentos de terror, por episodios de violencia sin que hasta ahora haya juicio para los responsables.
En tercer lugar, luego de establecerse una sucesión conforme a las leyes, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un comunicado declarando la constitucionalidad de dicho acto, pero además luego declaró la constitucionalidad de la Ley 1270 que prorrogaba la extensión de mandato de las autoridades electas y señalaba cuáles eran éstas.
En cuarto lugar, la Asamblea Legislativa Plurinacional anuló las elecciones de octubre de 2019 y sancionó la Ley 1266 para establecer un régimen especial que permita la realización de nuevas elecciones. Sería interesante revisar además la correspondencia oficial cursada de parte del Legislativo a Jeanine Añez para conocer el título y tratamiento que le da, ¿la nombra como presidenta de facto? ¿los legisladores fueron cómplices de un gobierno de facto en el que se siguieron los procesos constitucionales? Algo no termina de encajar en la tramoya del “golpe”.
Lo manifestado hasta aquí se complementa además con la actuación burda y atentatoria a los derechos humanos de las personas por parte de la Fiscalía, que pasó de aceptar denuncias del fraude, ordenar aprehensiones y -como acostumbra- establecer detenciones preventivas para vocales de los tribunales electorales y exautoridades, hacer declaraciones de que se investigaba el caso y pasarse meses y meses sin obtener resultados, para que de la noche a la mañana, luego de los resultados electorales de octubre de 2020, con la misma velocidad con la que detuvo gente la liberase, sobreseyese casos y nunca haya presentado un informe documentado y público sobre los resultados de la “investigación”. Lo que le queda, para cumplir su vergonzoso papel, es lavarse las manos sobre el asunto, que se sepulte el caso y con ello alienta ese discurso del “golpe”.
La vulneración de derechos humanos hacia cualquier persona, el uso arbitrario de la leyes para favorecer intereses del poder, la construcción de relatos que favorezcan la impunidad y falseen la verdad así como la manipulación de la justicia en beneficio de quienes circunstancialmente se encuentran en el ejercicio del poder son actos inmorales, tal vez no se llegue nunca a dar cuenta de esos actos pero desafortunadamente abonan el terreno para un mundo corrupto.