Los pequeños actos de resistencia cívica, realizados por el tercer aniversario de la Rebelión de Abril, mostraron que “se puede romper el estado policial”, valoran opositores al régimen de Daniel Ortega y defensores de derechos humanos, ya que el descontento social se sigue acumulando y la capacidad represiva de la Policía “ha sido medida” en los últimos dos años y medio de asedio permanente.

Ivania Álvarez, de la Articulación de Movimientos Sociales (AMS), estima que la ciudadanía tiene “mucho interés” y “esperanzas” de que se reactiven las protestas en las calles. Situación que, espera, suceda a medida que avance el proceso electoral, que aún no ha sido convocado por el Consejo Supremo Electoral.

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“Lo que la gente está esperando, es que se rompa ese círculo de asedio, que se rompa ese espacio de violación de derecho a organización”, señala Álvarez. Muestra de ese deseo reprimido fueron las protestas en la parroquia San Miguel, en Masaya, donde los feligreses aprovecharon para manifestarse al final de un par de misas ofrecidas por los asesinados en 2018.

La población de Masaya “continúa demandando justicia”, explica el padre Edwin Román. Esa ciudad ya no es la misma de hace tres años, “muchas personas –en su mayoría jóvenes– están saliendo del país, algunos porque son perseguidos y otros porque tienen que trabajar.  Es una ciudad en la que ha habido muchos negocios cerrados”, comenta el sacerdote.

Romper el cerco policial no es tarea fácil, pero “Ortega ha demostrado su incapacidad de aniquilar la resistencia cívica”, valora Max Jeréz, de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. “Si hay algo que ha sido el éxito –por así decirlo– de los movimientos autoconvocados es que pasamos de una dinámica de dispersión a una etapa más organizada”, agrega.

Esa organización hizo posible que, entre el 17 y 19 de abril, la oposición realizara piquetes exprés y pintas, que colocara una manta en un puente peatonal de Managua y lazara globos y papelillos azul y blanco en diferentes puntos del país. Actos pequeños en los que el excarcelado político Lenín Salasblanca, indicó “pude ver el espíritu de abril”.

Para Álvarez el llamado de la ciudadanía es contundente “regresar a la calle y vencer el estado policial”. Estima que “no hay otra forma, si queremos reformas (electorales) si queremos una salida de este régimen debemos hacer presión, presión interna y eso no se hace desde la oficina, la lucha está en las calles”.

Burlar el estado policial

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, destaca que la forma en que la ciudadanía se manifestó a pesar del aumento de la presencia policial en lugares donde la gente solía protestar, fue “una reafirmación” de la voluntad de los nicaragüenses “de seguir luchando”.

En este tercer aniversario del inicio de las protestas masivas contra el régimen, “hubo una resistencia firme en contra de la agresión de la Policía”, destaca la presidenta del Cenidh. A pesar de que el régimen se sostiene mediante de la fuerza represora.

Álvarez, por su parte, está convencida de que los nicaragüenses “hemos aprendido” cómo funciona el cerco policial. Por esta razón, considera que “este abril es diferente en el sentido de que nosotros reconocemos las calles donde están haciendo patrullaje, las casas donde se ha hecho hostigamiento permanente y los focos donde la Policía se centra”, subraya.

Ortega “sabe que el estado policíaco es una necesidad vital para su dictadura”, advierte Max Jeréz, quien valora que el régimen “ha reflejado temor” de perder el control de las calles y la Policía “no tiene capacidad” de cubrir todo el país con sus oficiales. “A veces se ven rebasados en esa medida y es perfectamente posible burlar ese estado policíaco”, subrayó.

A juicio del padre Román, el recrudecimiento del estado policial es parte del “temor de la dictadura a que la gente salga a las calles a exigir sus derechos”. Sin embargo, el malestar de la ciudanía sigue creciendo “da mucho pesar, mucho dolor escuchar a los familiares de presos políticos que platican de sus familiares que están en la cárcel”.

Entre el 16 y el 19 de abril, el Cenidh recibió 89 denuncias de violaciones a los derechos humanos y el Monitoreo Azul y Blanco conoció más de 400 incidencias entre el 15 y el 21 de abril. También la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) reportó una decena de personas detenidas, que fueron liberadas en horas y días posteriores.

Las incidencias registradas fueron: detenciones, hostigamiento permanente, agresiones, amenazas y campañas de odio. “Han llegado al extremo de meterse a las casas, allanarlas de forma violenta, revolverlas todas y robar; porque aquí ya no se puede hablar de incautaciones” o de otra figura legal, explica la presidenta del Cenidh.

Intensidad de la represión varía

De acuerdo con Núñez, los lugares donde ocurrió el mayor nivel de represión fueron Managua, León, Matagalpa y Chontales. “No sé si es donde está la mayor cantidad de gente objetivizada o es porque está la mayor cantidad de gente que resiste, que no se calla”, apunta.

Álvarez coincide en que la forma de represión varía en dependencia del lugar. En León, ejemplifica, “los allanamientos fueron hechos con mucha violencia” y en ciudades como Tipitapa “llega a asediar una camioneta y cuatro policías”.

Algunas veces la forma de reprimir varía en dependencia del ánimo de los oficiales de turno. Esta semana, en el marco del aniversario de las protestas contra el régimen, “los vimos lanzar piedras, orines, agua, vimos un ataque a una actividad de las Madres de Abril; son nuevas formas de violencia que se están viviendo”, comenta Álvarez.

A través de sus redes sociales, la Asociación Madres de Abril (AMA) denunció “asedio y robo por parte de policías, a madres de Masaya y Carazo en la parada de buses frente a la Universidad Centroamericana (UCA)”. Señalaron que varias madres fueron rodeadas y hostigadas por policías.

Esta semana también fueron detenidos de manera arbitraria la presidenta de la AMA, Francys Valdivia, junto a Stephanie Martínez, Ana Rivera y Marcos Silva, por la Policía de Estelí, y en Managua fue detenido Nelson Lorío, padre del niño Teyler Lorío que fue asesinado de un disparo en la cabeza el 23 de junio de 2018.

Valdivia y Lorío relataron a los medios de comunicación que fueron sometidos a torturas psicológicas, golpeados y agresiones verbales durante el tiempo que permanecieron detenidos.

“Me pusieron un uniforme azul. La verdad que ahorita saliendo me doy cuenta que estábamos siendo acusados por un robo de auto. Me asustó, porque lo único que nos encontraron eran dos llantas que yo no sabía si se iban a usar para protestas o qué”, dijo Lorío.

Elevan la parada en el contexto electoral

El recrudecimiento del estado policial también se sitúa en la antesala de la convocatoria a elecciones generales, por lo que Jeréz advierte que las organizaciones opositoras al régimen seguirán “demandando condiciones” para el proceso, lo que implica –entre otras cosas– el cese del estado policial.

Además de reclamar el escenario ideal para las elecciones, los opositores al régimen “nos estamos preparándonos para cualquier escenario posible”. Eso implica “continuar los procesos organizativos, ya sea para participar en el escenario electoral o activar, de una manera mucho más fuerte, la resistencia cívica de cara al escenario de noviembre”, comenta Jeréz.

Mientras tanto, Álvarez insiste en que la violencia generalizada del régimen debe llevar a la unidad de las fuerzas opositoras y un nuevo despertar de la ciudadanía.

“Es el momento de que estos liderazgos no estén pensando solo en el camino electoral, sino en cómo conducir este fervor (ciudadano) de regresar a la calle para realmente tener condiciones (electorales)”, comenta Álvarez.

Si los líderes de la oposición dejan sola a la población en sus intentos de manifestarse, “en vez de bajar (el estado policial) va aumentar hacia el 7 de noviembre y lo que vamos a tener será mucho más asedio”, advierte Álvarez.