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La Confederación Nacional Agraria (CNA) denuncia y rechaza la ley de Comités de Autodefensa (CAD) por crear un paralelismo organizacional en el ámbito jurisdiccional de los pueblos indígenas organizados en comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas.
“Los CAD tienen todas las características de constituirse como grupos paramilitares al servicio y disposición de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú”.
Con 92 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones, el día de ayer el pleno del Congreso de la República aprobó la ley que articula los P.L. 5424 y 5679, que proponen reconocer a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural (CAD) e incorporarlos en el sistema de seguridad ciudadana. De acuerdo con esos proyectos, presentados por los congresistas Percy Rivas Ocejo (Alianza para el Progreso) y Valeria Valer Collado (Fuerza Popular), se busca establecer un nuevo marco legal para el funcionamiento de los CAD, reconociéndolos como organizaciones civiles, pacíficas y democráticas de las comunidades campesinas, nativas y centros poblados rurales del país, organizadas para realizar actividades de apoyo al desarrollo sostenible, la seguridad ciudadana, el mantenimiento del orden interno, la defensa nacional, la pacificación nacional, la lucha contra el terrorismo y la defensa de la democracia.
Con dicho propósito, se les otorga un amplio conjunto de facultades y prerrogativas, que van desde la autorización para portar y utilizar armas de fuego en el ejercicio de sus funciones, hasta la potestad de proponer proyectos sociales de inversión pública, productivos, de conservación y protección del ambiente y la biodiversidad dentro de sus ámbitos territoriales, dándoseles la potestad de constituirse en núcleos ejecutores de tales proyectos. Podrán también participar en la formulación de planes de desarrollo concertados y presupuestos participativos, fiscalizando su ejecución física y financiera. Y, por si fuera poco, gozarán de privilegios poco comunes para organizaciones de carácter “civil”, tales como recibir atención preferente de las autoridades públicas para el ejercicio de sus funciones, recibir subvenciones económicas del gobierno nacional y de los gobiernos regionales y locales, e incluso acceder a defensa legal gratuita en caso de faltas o delitos cometidos durante el ejercicio de su rol.
Claramente, este nuevo marco legal de los CAD crea un inadmisible paralelismo organizacional en el ámbito rural de nuestro país, en el que nuestros pueblos indígenas organizados en comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas vienen ejerciendo, con escasos recursos y múltiples trabas del Estado, roles de promoción del desarrollo integral rural, gobernanza territorial, conservación de la biodiversidad y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, fiscalización de autoridades públicas, seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad, entre otros. Tareas para las cuales desde hace años vienen exigiendo al Gobierno Nacional su incorporación oficial dentro de la estructura estatal y el reconocimiento de atribuciones similares a las que el Congreso acaba de reconocer a los CAD; sin embargo, les han sido sistemáticamente negadas por un Estado que insiste en discriminar, marginar e ignorar a nuestros pueblos originarios, negándose a renunciar al histórico centralismo que lo caracteriza.
Al respecto, Antolín Huáscar, presidente de la CNA, manifiesta: “La aprobación de este proyecto constituye, por un lado, un desaire a las rondas campesinas que, de acuerdo a la Constitución y la ley, tienen la prerrogativa de velar por la seguridad, justicia y paz social en las comunidades. Recordemos que las rondas campesinas son democráticas, no usan armamento, todo lo resuelven mediante el diálogo en asambleas. Por otro lado, se estaría abriendo paso a la violencia y derramamiento de sangre. No queremos enfrentamientos entre nuestros hermanos y hermanas. No estamos de acuerdo que exista un paralelismo a las rondas campesinas, ni tampoco con las comunidades campesinas y nativas. Experiencias previas nos han demostrado que bajo el pretexto de “luchar contra el terrorismo”, “restablecer el orden” y “velar por la seguridad”, se incurre en persecución y hostigamiento a nuestros hermanos y hermanas”.
Dado su evidente desconocimiento de la realidad rural del Perú y del marco normativo que protege a nuestros pueblos originarios, nos llama la atención que los congresistas proponentes de esta ley se hayan limitado a recabar la opinión del Poder Ejecutivo y la Defensoría del Pueblo, ignorando totalmente la voz de nuestros pueblos indígenas, a quienes nuevamente se les ha negado el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado que el Convenio 169 de la OIT ordena garantizar ante aquellas medidas legislativas y administrativas que puedan afectar sus derechos.
Tampoco sorprende que el propio Ministerio de Cultura, en lugar de exigir el cumplimiento de la consulta previa, haya opinado a favor de los referidos proyectos de Ley, destacando el hecho de que “permite a los jóvenes realizar su servicio militar obligatorio en los CAD con las mismas prerrogativas de la Ley del Servicio Militar”; lamentable opinión de un sector al que ya le queda muy poca legitimidad como ente rector de las políticas indígenas en nuestro país.
Algo que sí llama mucho la atención es que se haya aprobado una ley que avala la represión y la violencia social justo en medio del polarizado escenario electoral que vive nuestro país. Claramente, los CAD tienen todas las características de constituirse como grupos paramilitares al servicio y disposición de las FF.AA. y la PNP, con atribuciones excesivas que no solo se superponen a los roles que cumplen las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas, sino que también amenazan su autonomía y libre determinación, sus derechos territoriales, sus derechos culturales y la vida e integridad de los ciudadanos y ciudadanas indígenas.
La CNA alerta a la opinión pública sobre los peligros que acarrea esta ley, y eleva su más enérgica protesta al Congreso de la República por su aprobación, no solo porque no ha sido objeto del derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, que serán los grandes afectados de sus consecuencias, sino porque es un norma peligrosa que amenaza con generar más conflictividad y violencia social entre nuestros hermanos y hermanas indígenas, fracturando el tejido social de nuestros pueblos y comunidades originarias.
EXIGIMOS al presidente Sagasti que observe y rechace esta ley y disponga su devolución inmediata al Congreso de la República, exigiendo su derogación.
EXIGIMOS al Congreso que desista en sus intentos de promulgar esta ley y disponga su retorno a comisiones y su archivamiento definitivo.
RECHAZAMOS la opinión del Ministerio de Cultura y su actitud cómplice ante este nuevo atropello contra la institucionalidad y los derechos de nuestros pueblos indígenas; y EXIGIMOS que exhorte al Congreso a cumplir con el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado.
EXIGIMOS a la Defensoría del Pueblo que se manifieste en defensa de la democracia, la paz y los derechos de nuestros pueblos originarios, y no avale la aprobación de una ley tan peligrosa para nuestro país.
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