Luego de protestar tomándose la ruta 5 sur, tras la quema del hogar de una werken, el vehículo de Alberto Curamil fue impactado por una lacrimógena obligándolo a bajarse de él. Fue allí cuando recibió el impacto de 18 perdigones y escuchó a varios carabineros preguntar por él. Este es el relato de una detención que califica de ilegal y la respuesta jurídica que acaba de presentar por «desproporcionalidad» en contra del grupo de Fuerzas Especiales que lo baleó. Curamil, además, sospecha que detrás de la quema de casas de miembros de comunidades hay gente vinculada al APRA.
“¿Es Alberto Curamil? Verifica si es Curamil (…) ¡Sí, es Alberto Curamil!”, escuchó el lonko desde el suelo, mientras un grupo de policías debatía si se trataba o no de él. Tenía 5 perdigones en el brazo derecho, 8 en las costillas y 5 en las piernas. Fue la tarde del jueves 29 de abril cuando el líder del lof Radalko de Curacautín, y Premio Ambiental Goldman, Alberto Curamil, yacía en el piso luego de que cuatro carabineros del GOPE le dispararan a corta distancia, mientras él se devolvía de una manifestación en su camioneta, junto a su hijo y un sobrino.
Venían de cortar la ruta 5 en respuesta a un atentado incendiario contra la casa de una werkén (autoridad) de la comunidad. Curamil piensa que en esta escalada de violencia en La Araucanía, mezcla de acciones de civiles e uniformados, debe haber gente del “Comando Trizano” y el “APRA”. A esto se suman los hechos “racistas y discriminatorios” por parte del Estado de Chile y Carabineros hacia el pueblo mapuche, agrega el lonko.
Hace un par de años, el Estado solicitó 50 años de prisión contra Curamil, luego de una acusación donde terminó absuelto, aunque estuvo 14 meses en la cárcel por esa causa, entre 2018 y 2019. Ahora, a propósito de su última detención, donde primero le dispararon y luego le gritaron que no se moviera, Curamil está convencido que fue un acto más de ensañamiento hacia él y sus compañeros de lucha.
Es primera vez que Alberto Curamil habla en extenso sobre su aprehensión y las posteriores horas que fue detenido. Acusa que existió vulneración de derechos en su contra y que está seguro que parte de la violencia que se vive en la zona proviene de actores que surgen desde las sombras más oscuras del Wallmapu.
El miércoles en la noche, recuerda que le avisaron que la casa de Elena Paine, werken de la comunidad Koyam Montre, había sido atacada e incendiada por desconocidos. “Al día siguiente, como a las 11 de la mañana, nos dirigimos al lugar para ver en terreno qué le había sucedido. También para saber cómo estaba su ánimo”, explica. Allí estuvieron durante toda la tarde, y a eso de las 17:00 decidieron salir a manifestarse a la ruta 5 sur, a la altura del cruce de Perquenco. Cerca de 40 personas estuvieron en el lugar. Prendieron neumáticos, cortaron la ruta y, aproximadamente 30 minutos después, apareció un carro lanza gases de Carabineros.
—Cuando nosotros vimos a la distancia el lanza gases, decidimos salir del lugar porque habían niños presentes. Era una manifestación pacífica, repudiando el hecho que había provocado el APRA, incendiando la casa de una werken.
Antes que el carro blindado se acercara más, el grupo de Curamil se replegó y decidieron volver a su comunidad. En vehículo, el viaje dura aproximadamente 10 minutos desde la carretera 5 sur. La camioneta de Curamil, donde también iba su hijo y un sobrino, venía casi al final de la caravana.
—Nosotros llevábamos casi un kilómetro de recorrido, cuando logramos ver una camioneta del GOPE que avanzaba bastante rápido en dirección a nosotros, por detrás. Pensábamos que iban a verificar si quedaba algún manifestante, o qué se yo.
La camioneta de Carabineros, con cuatro oficiales apostados en el pick up, alcanzó la caravana que iba de retorno, muy cerca de la Toyota Hilux que conducía el lonko. Ahí es cuando Curamil sintió los primeros disparos y el ingreso por el vidrio trasero de un proyectil que cayó junto al freno de mano, provocando una nube tóxica que lo hizo salirse del camino.
—Me bajo para salir de esa asfixia y apenas pongo un pie en el suelo siento el disparo en mis piernas. Un escopetazo en mis piernas. En cosa de segundos sentí otro disparo en mi cuerpo, a la altura de mi pecho y brazo, por la espalda.
Cuando Curamil cayó herido, la camioneta siguió andando con su hijo y su sobrino, que lograron esconderse de los perdigones y de la bomba lacrimógena. Un par de oficiales del GOPE siguió el vehículo y logró detener su marcha. Allí los menores pudieron bajar.
—Me gritaban “¡quédate quieto!” pero después de que dispararon… ¡Cómo me iba a mover si ya estaba en el suelo con los disparos. Con el segundo disparo yo ya había caído!
La detención fue rápida, certera. Los carabineros no iban por toda la comunidad, iban por el lonko. “¿Es Alberto Curamil? Verifica si es Curamil (…) Sí, es Alberto Curamil”, escuchaba que se gritaban entre ellos. Cuando confirmaron que a quien le habían disparado y detenido era el lonko del lof, dieron la orden de no seguir al resto de la caravana, a excepción de un vehículo blindado “anfibio”.
—Ahí dijeron “tenemos la pesquisa que necesitamos, muy buena pesquisa, nos devolvemos al cuartel”. Yo escuchaba que por la radio prácticamente celebraban que me hubiesen detenido a mí.
Curamil fue esposado y puesto en el pick up de la camioneta. Lo custodiaban los mismos oficiales que minutos antes le habían disparado. Con 18 perdigones en el cuerpo, el dirigente mapuche no pudo mantenerse sentado. No sentía dolor en ese momento, solo una sensación de somnolencia debido a la sangre que perdía por los orificios balísticos.
—Escuchaba las instrucciones que se daban entre ellos. En todo minuto decían “aquí tenemos que jugárnosla para que este hueón se quede en prisión preventiva”.
Una vez ingresado a la comisaría de Lautaro, Curamil recuerda que estuvieron más de una hora en el lugar. Sus heridas no estaban atendidas, todavía sangraba de sus piernas, tórax y brazo. Después de varias insistencias, Carabineros lo llevó al hospital de Lautaro. Allí le pusieron un vendaje para detener las hemorragias, sin desinfectar ni limpiar la zona afectada. Le tomaron radiografías y pudieron ver los proyectiles incrustados en su cuerpo.
—El doctor que vio las radiografías encontró grave la situación y quisieron derivarme para Temuco, al hospital regional, pero Carabineros se opuso porque dijeron que ‘no tenía personal para hacer ese traslado’. Negaron en todo momento de que yo recibiera un trato digno.
En el hospital de Lautaro, Curamil trató de ver a su familia. Ellos estaban afuera, esperando pasar con ropa limpia, pero se lo impidieron. Tuvo que intervenir un médico del hospital para llevarle ropa nueva, relata Curamil. El médico, al ver la negativa de los carabineros para trasladar al herido hacia Temuco, propuso dejarlo bajo observación en el hospital de Lautaro. Nuevamente los uniformados se negaron a esa idea. Acusaban “no tener personal” para resguardar el hospital en caso de un ataque al recinto.
—Todo lo que significa derecho al paciente, o derecho al detenido, se negó en ese minuto. No me permitieron tener contacto con mi familia, ni dejar ingresar una muda de ropa para cambiarme.
De vuelta a la comisaría, Alberto Curamil relata que le preguntó al teniente que estaba a su lado por el irregular trato que estaba recibiendo, “que no podía hacer eso”. El carabinero se limitó a decir, según recuerda el lonko, que «el procedimiento policial funcionaba así y el protocolo se tenía que respetar: tú no puedes tener contacto con tu familia”.
De vuelta en la comisaría, tampoco dejaron ingresar a su familia para ver el estado de Curamil. “Los carabineros decían que no podía entrar hasta que diera la orden el fiscal. Después, cuando llegó el fiscal, dijo: “oigan pero ustedes tienen todo el derecho a ver a sus familiares”. Allí pasó la noche, y al día siguiente tuvo su control de detención, en la misma comisaría, por vía telemática con el Juzgado de Garantía de Lautaro.
¿La acusación? “Desórdenes en espectáculos públicos” e infracción contra la salud pública, amparándose en el artículo 494 del Código Penal y 313 del Código Sanitario, respectivamente . Alberto Curamil y su hermano, Eduardo, fueron aprehendidos por la manifestación realizada en la ruta 5 sur.
—En ningún minuto hubo amenaza contra nadie, de hecho uno de los camioneros que estaba ahí detenido producto de la barricada, estuvo conversando con nuestra gente. No se sintió en ningún minuto incómodo ni nada, al contrario, se reía con nosotros. Se le dio a saber el contexto de la manifestación.
Ambos quedaron con la medida cautelar de arraigo nacional. Al día siguiente en la tarde, Alberto Curamil volvió a su hogar en Curacautín. Lo hizo con una acusación por desórdenes y 18 perdigones en el cuerpo.
Sobre la violencia
Esa misma mañana que hablaron con la werken a la que le habían incendiado su casa, Alberto Curamil y su comunidad recordó varios episodios de violencia ocurridos en el último tiempo. “Nos acordamos cuando desconocidos mataron a Macarena Valdés, cuando el Comando Jungla le disparó y detuvo a dos hermanos mapuche -con quienes compartí cárcel-. No conforme con eso, también asesinaron a Camilo Catrillanca”, relata.
En esa reunión, junto a las cenizas de la casa de la werken, Curamil reflexionó sobre la evolución de los operativos policiales “para frenar las demandas de las comunidades mapuche”. Y apuntó a “un grupo de civiles, ex militares algunos o ex ‘Patria y Libertad’, como el ‘Comando Trizano’ y el APRA, que ahora está muy organizado, jugando con la debilidad y la ignorancia de las personas, con el miedo y creando una campaña del terror hacia el pueblo mapuche”.
Curamil está convencido que miembros del APRA quemaron la casa de la werken. Esto, porque un día antes recibieron mensajes, vía WhatsApp, donde se nombra a la implicada por una supuesta quema de un camión. “A esos culiaos’ hay que matarlos…” se escucha en el audio difundido.
Otro hecho de violencia que recuerda Alberto Curamil se remonta al 01 de agosto de 2020, cuando comuneros se tomaron la municipalidad de Curacautín, y civiles se juntaron frente al municipio para sacar a los manifestantes. “Carabineros no intervino el desalojo, y estas personas se juntaron frente a la municipalidad para asesinar a nuestra gente”, explica.
Siguiendo con el recuento, Curamil recuerda el asesinato Emilia Herrera, en Panguipulli, que recibió un disparo en la cabeza cuando apoyaba la recuperación del lof Llancahue. “Ella fue asesinada por unos sicarios, unas personas que venían recién saliendo de la cárcel que fueron contratados por estas personas que tienen grandes condominios en la zona”, argumenta el lonko.
Para Curamil, la violencia desatada hacia el pueblo mapuche no se ha detenido ni ha disminuido. Así lo vivió él, con la detención del jueves 29 de abril. Así también lo vivió cuando en 2018 fue detenido y pasó 14 meses en la cárcel de Temuco, al ser acusado de robar y tomar rehenes en una sucursal de la caja de compensación Los Héroes, en Galvarino.
Alberto Curamil asegura que ya se presentó una denuncia por la desproporcionalidad en que Fuerzas Especiales de Carabineros lo detuvieron. “De hecho, el fiscal que me acusaba, Luis Torres Gutiérrez, se comprometió y dijo que las investigaciones ya estaban en curso en cuanto a las escopetas que se utilizaron para causarme estas heridas”, explica.
¿Cuál crees que es el rol del Estado de Chile en este contexto de violencia?
—El Estado de Chile es el principal actor intelectual, dentro de toda esta violencia que estamos viviendo. Nosotros hablamos de una violencia sistemática, que nos empobrecieron. Ellos permitieron que el decreto 701 se ejecutara en el Wallmapu. El robo del agua lo hicieron en plena dictadura, y ahora tienen todo el respaldo legal para actuar. Ellos son los responsables directos del conflicto que se lleva acá.
¿Tienes algún fundamento para creer que exista algún nexo entre el Estado y APRA u otro movimiento?
— Cuando los camioneros se toman la ruta 5 sur, paralizaron prácticamente todo el país, estaban custodiados por las fuerzas policiales del Estado de Chile, por el Ejército. Y nosotros, personas humildes que reclamamos por un derecho justo, legítimo, en media hora casi nos asesinan. Ahí creo que existe una evidencia de racismo, de cómo el Estado está involucrado con estas organizaciones asesinas. Porque ellos vienen a intervenir nuestro territorio de manera sistemática para tener su inversión, contaminando el aire, las aguas, secando nuestras napas subterráneas a través del decreto 701. El Estado está detrás de todo esto.
¿Existe una posibilidad de parlamentar con el Estado para evitar un estallido de violencia mayor al que ya existe?
—Está bastante difícil, debido a que la corrupción es tan fuerte dentro de este poder político, ejecutivo, donde los parlamentarios que muchas veces dicen trabajar para el pueblo, terminan prostituyéndose para los empresarios que están en el Congreso. Hubo una demanda para el cambio constitucional a través del estallido social, pero ¿quiénes se tomaron hoy la atribución para este cambio constitucional? Son estas mismas autoridades corruptas.
¿Le tienes fe al proceso constituyente que se viene? ¿Incluso con los escaños reservados para personas del pueblo mapuche?
—Simplemente es un sistema de domesticación para el pueblo.
Imprimir