¿Qué está pasando en Colombia? La fallida reforma tributaria del presidente Iván Duque es apenas la punta del iceberg de una crisis más profunda, no solo social y económica, sino también política.

La situación se asemeja a la de Chile en 2019, cuando el aumento de 30 centavos en el precio del metro desató la ira de los jóvenes primero y de toda la sociedad después para copar las calles en contra de un “modelo” que se suponía exitoso, pero que a lo largo de más 30 años había provocado profundas inequidades.

O a la de Ecuador, cuando el mismo año el presidente Lenín Moreno decidió, entre otras medidas económicas impopulares, liberar el precio de los combustibles, desatando una ola de manifestaciones en las calles que forzaron al gobierno a dar marcha atrás con los anuncios, después de una decena de muertos y 15 días de protestas.

La presión en las calles de unos jóvenes sin miedo nacidos en democracia modificó de un plumazo el “status quo” en Chile, producto de una lectura política sensata de su clase dirigente: con apoyo opositor, el gobierno de Sebastián Piñera encaró una profunda reforma constitucional aún en marcha en un intento casi desesperado por sostener el “modelo” pero haciéndolo más “equitativo”.

En Ecuador, el retiro de las medidas más polémicas y el incipiente proceso electoral que se iniciaba -y que culminó con el triunfo de Guillermo Lasso en abril- ayudaron a descomprimir una situación siempre latente de conflicto social, otra vez con los indígenas como abanderados de las protestas.

Colombia: una crisis sin pausas

Colombia, en tanto, arrastra una crisis política casi sin pausas desde la asunción de Iván Duque, en agosto de 2018. Un presidente “impuesto” por el dedo todopoderoso del derechista Álvaro Uribe, cada más más odiado que amado por una sociedad que ya en noviembre de 2019 había salido a las calles contra las políticas económicas del gobierno y en defensa de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC de 2016.

“Solo” cuatro muertos para un país que naturaliza la muerte tras décadas de una guerra interna de todos contra todos.

Y había vuelto a manifestarse en septiembre del año pasado tras el asesinato del joven Javier Ordóñez a manos de la Policía Nacional, en Bogotá, registrado en un video. Dos semanas de protestas en la capital y en varias ciudades del país dejaron 13 muertos producto de la represión en sólo dos días de manifestaciones.

Señales​

Dos señales que el gobierno de Duque -y gran parte de la clase política y dirigente de Colombia- no supieron o no quisieron interpretar: el hartazgo de la sociedad, sobre todos los jóvenes, con una realidad económica cada vez más asfixiante y un Estado ausente y para pocos que pretende resolver con las balas policiales lo que debe resolver la política.

En ese marco, la fallida reforma tributaria de Duque fue un tiro en los pies, en un país de 50 millones de habitantes agobiado por la pandemia de coronavirus, que ya deja más de 75.000 muertos y casi 3 millones de casos.

El proyecto buscaba subir impuestos a productos básicos de la canasta familiar, aumento en el costo de los combustibles, ampliar la base gravable del impuesto de renta, un impuesto solidario para salarios altos, impuesto al patrimonio por dos años o el IVA para los servicios funerarios y los servicios de internet.

Según el gobierno, la iniciativa buscaba obtener recursos por unos 6.000 millones de dólares anuales para poder continuar con los programas sociales de asistencia a los más pobres y a quienes lo han perdido todo por la pandemia.

Pero la reforma fiscal fue sólo el motivo coyuntural. Colombia, la cuarta economía de América Latina, sufrió en 2020 una caída de 6,8% de su PIB, la mayor desde que lleva registros. El desempleo, que en medio de las medidas de confinamiento más estrictas superó el 20%, cerró el año de la pandemia en 15,9%, mientras que la pobreza subió hasta el 42,5%, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Un retroceso de casi una década.

La decisión de Duque de sacar el ejército a las calles para frenar las protestas no hizo más que agravar la situación. La represión y los muertos -al menos 24 y más de 80 desaparecidos- indignaron a una sociedad cansada de muertes, hastiada de un Estado que trata de resolver los conflictos a punta de pistola.

Estos datos sirven, en parte, para entender por qué el retiro del proyecto para negociar otro en el Congreso y el llamado tardío y desesperado del presidente a dialogar no parecen, al menos por ahora, frenar las protestas.

El Comité Nacional del Paro, que agrupa a unas 40 organizaciones, redobló la apuesta con el llamado a una nueva movilización, ahora por el retiro de un proyecto de reforma de salud (que “privatizaría” de hecho un bien de por sí muy caro en el país), un mejor manejo de la pandemia de coronavirus y una renta mínima acorde a la canasta de alimentos.

“Nos están matando”

Con un presidente debilitado y desautorizado hasta por Uribe (le exigió que retire la reforma fiscal) y una oposición desarticulada que tratara de ganar terreno pensando ya en las elecciones presidenciales del año próximo, las calles siguen vibrando de la mano de unos jóvenes que -como en Chile o Ecuador- siguen sus propias reglas, lejos de los liderazgos políticos partidarios, guiados por un instinto de conservación: “Nos están matando“, dicen sus carteles .

Como bien lo señaló el escritor Ricardo Silva Romero en una maravillosa columna en el diario Bogotano El Tiempo titulada, precisamente, Suicidio: “Colombia es, según la ONU, el lugar más peligroso de América Latina para los defensores de los derechos humanos.Es, según Global Witness, el sitio de la Tierra en el que más matan a los líderes ambientales. Es, según el Dane, aquella sociedad maltrecha por la peste en la que 1.700.000 familias ya no comen tres veces al día”.

“Es, según diferentes índices mundiales, uno de los países más machistas y más desiguales y más violentos para los trabajadores: 3.240 sindicalistas fueron asesinados de 1973 a 2018. Pero su clase dirigente provocadora y de pocas ideas, que desde la Ley 50 de 1990 ha estado derogando conquistas laborales y arruinando pactos sociales, sigue sorprendiéndose por los estallidos y exigiendo que no se haga política con nada: con la reforma, con la guerra, con la paz, con la salud, con el hambre, con la política, con nada”.