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La conquista del poder político a través de la obtención de cargos de elección popular, le otorga al crimen organizado la posibilidad de acceder institucionalmente al control de la seguridad pública (los presidentes municipales y/o gobernadores tienen bajo su mando las fuerzas policiacas). Detentar el poder punitivo del Estado, significa tener la capacidad -en el caso de obtener una gubernatura-, de perseguir y castigar delitos; en el caso de una presidencia municipal de sancionar las faltas administrativas.
La coyuntura electoral del próximo 6 de junio puede representar un momento propicio para que el crimen organizado intente afianzar el control territorial de ciertas porciones del territorio nacional e incrementar sus bases sociales las cuales maneja por medio de la coerción o el clientelismo. La clave para alcanzar esos objetivos es el acceso al poder político institucional a través de personeros que representen los intereses de los carteles.
El control territorial continuo le permite a los delincuentes trasladar sin interferencia de las autoridades o de otros grupos criminales, estupefacientes, armas, personas indocumentadas, etcétera. Perder el control del territorio implica para el grupo delincuencial, no sólo perder o limitar su capacidad de movimiento, también conlleva a una reconfiguración de las rutas que ineludiblemente lo confrontará con las autoridades y la delincuencia asentada en las nuevas zonas, estratégicamente el control territorial está ligado a la supervivencia, consolidación y expansión del poder criminal.
La conquista del poder político a través de la obtención de cargos de elección popular, le otorga al crimen organizado la posibilidad de acceder institucionalmente al control de la seguridad pública (los presidentes municipales y/o gobernadores tienen bajo su mando las fuerzas policiacas). Detentar el poder punitivo del Estado, significa tener la capacidad -en el caso de obtener una gubernatura-, de perseguir y castigar delitos; en el caso de una presidencia municipal de sancionar las faltas administrativas. Si bien, válidamente se puede argumentar la existencia de la división de poderes y la autonomía de las fiscalías, lo cierto es que en la inmensa mayoría de las entidades federativas, la voluntad del gobernador sigue siendo determinante al momento de proponer candidatos al presidente del poder judicial y al fiscal general.
El control de la estructura político/administrativa municipal o estatal también pone al alcance del crimen organizado el aparato burocrático, las facultades de fiscalización y recaudación de ciertos impuestos y contribuciones. El control institucional, también abre a los criminales el acceso al presupuesto público permitiéndoles llevar a cabo operaciones de lavado de dinero, diseñar e implementar programas asistenciales y/o clientelares dirigidos a consolidar su base social.
En los últimos años abundan los ejemplos de cómo el crimen organizado a través de distintos personajes ha tenido o busca tener acceso al poder político; citemos algunos.
En el estado de Guerrero, el diputado Bernardo Ortega Jiménez, actual coordinador de la bancada del PRD en el Congreso estatal, se encuentra ligado consanguíneamente con los dirigentes de Los Ardillos, grupo criminal derivado del Cártel de los Beltrán Leyva, señalado como responsable de la violencia que se vive en la región de La Montaña y quien busca reelegirse como diputado local por el distrito 24 de la entidad.
En la Ciudad de México, la candidata de Fuerza México para diputada del Distrito 9, Paola Rosas, es investigada por las autoridades debido a sus presuntos nexos con la Unión Tepito, después de que se hiciera pública una fotografía de ella posando junto a Orlando Velasco “El Tapón” y José N “El Chupa”, quienes trabajan para Miguel González Martínez “El Perro”, uno de los principales extorsionadores en el Centro Histórico.
En el estado de Michoacán, Rogelio Portillo Jaramillo, candidato de Morena a la alcaldía de Huetamo, es actualmente fugitivo del gobierno de Estados Unidos dentro de una investigación contra un cártel de la droga dedicado al tráfico y distribución de cocaína en Texas.
Por otra parte, tenemos el caso en Nuevo León, de Raúl Cantú, candidato del partido Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Salinas Victoria, quien fue detenido el pasado siete de abril, por su presunta relación con el crimen organizado. O los vínculos consanguíneos de Gilberto García Mena El June, líder del Cártel del Golfo, con el senador Samuel García, candidato a gobernador por el partido MC, quien en principio negó conocer y/o tener lazos de parentesco con El June.
En Chiapas es pública la relación política que mantienen Pío López Obrador, la senadora Sasil de León Villard y el diputado local Maya de León Villard, dirigente estatal del Partido Encuentro Social (PES), con el líder del grupo paramilitar Los Diablos y candidato a la presidencia municipal de Pueblo Nuevo Solistahucán Enoc Díaz Pérez; incluso los hermanos León del Villard, estuvieron presentes en la unción del candidato del PES. El grupo de Los Diablos desde hace dos décadas mantiene a sangre y fuego el control territorial de una porción importante de los Altos de Chiapas, lo que les permite transportar sin problema, droga, armas, migrantes indocumentados y toda clase de mercancías ilegales hacia y desde el estado de Tabasco.
De acuerdo con un estudio elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el Cartel de Sinaloa, comandado por Ismael “El Mayo” Zambada y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), comandado por Nemesio Oceguera alias El Mencho, tienen hegemonía en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Colima, Campeche, Querétaro, Guerrero y Zacatecas.
En San Luis Potosí, tiene presencia predominante el Cartel de Golfo; en Michoacán, el CJNG y la Familia; en Nuevo León, el Cartel del Golfo, los Zetas y el Cartel del Noroeste; en las citadas entidades federativas el seis de junio se renovarán gubernaturas, presidencias municipales, legislaturas locales y los distritos electorales correspondientes a las diputaciones federales.
Este 2021 no sólo está en juego la renovación de una importante cantidad de cargos públicos; para los grupos criminales está en disputa la consolidación de posiciones territoriales a través del acceso al poder político institucional, en las entidades federativas donde se encuentran asentados, la participación de la delincuencia organizada cuenta con la plena complicidad por acción u omisión de las cúpulas partidistas nacionales, estatales y municipales, las cuales no pueden desconocer los antecedentes de los candidatos que postulan, sobre todo cuando la historia criminal de éstos es del dominio público.
Comportamiento judicial
La inclusión de un artículo transitorio que prorrogó dos años el período del ministro Arturo Záldivar Lelo de Larrea en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la integración actual del Consejo de la Judicatura Federal, con el objeto de implementar y consolidar la reforma judicial, desde mi perspectiva difícilmente resistirá un análisis de constitucionalidad.
Lamentablemente el debate público en torno a la inclusión del artículo transitorio rebasó la discusión jurídica y dio lugar a toda clase de adjetivos, generando un clima de confrontación y linchamiento, absurdo por estar básicamente sustentado en conjeturas y juicios de valor carentes de pruebas.
Buena parte de la discusión se generó en torno a la posición institucional y/o personal que debía asumir el ministro Záldivar ante la acción legislativa. Muchos “líderes de opinión” que de la noche a la mañana se convirtieron en expertos en cuestiones de independencia judicial, apremiaban al ministro para que se confrontara con los poderes legislativo y ejecutivo, exigiéndole que emitiera una condena pública por el atropello a la Carta Magna.
Concuerdo con la respuesta que el ministro Arturo Záldivar expresó en su columna más reciente publicada en un diario de circulación nacional. Le asiste la razón al ministro cuando afirma que, como cabeza del Poder Judicial, no puede entrar en una confrontación política, cuando su labor es netamente jurisdiccional; actuar en sentido contrario lo llevaría a perder la imparcialidad. También, es cierto que su labor no puede estar enfocada a elevar su popularidad entre comentócratas y académicos, ni a satisfacer los ánimos de revancha de ciertos grupos de poder que han sido afectados por la actual administración o por resentimientos que han trascendido más allá de la esfera judicial.
Al final, tocará al Pleno del Máximo Tribunal determinar si el artículo transitorio viola el orden constitucional o si la reforma tiene asidero legal.