Linconao y Curamil: el costo de proteger la naturaleza en La Araucanía
Por Benjamín Miranda
Imprimir
Francisca Linconao y Alberto Curamil son mapuche y defensores del medioambiente. Ambos lograron la protección judicial de entornos naturales y luego fueron acusados de delitos graves, enjuiciados y absueltos. Sus casos evidencian que pertenecer a un pueblo originario y defender la tierra pueden ser condiciones doblemente peligrosas en Chile.
Por Benjamín Miranda
Francisca Linconao y Alberto Curamil son mapuche y defensores del medioambiente. Ambos lograron la protección judicial de entornos naturales y luego fueron acusados de delitos graves, enjuiciados y absueltos. Sus casos evidencian que pertenecer a un pueblo originario y defender la tierra pueden ser condiciones doblemente peligrosas en Chile.
—Esta sí que va a ser la última entrevista que hago. Después de esta no hay más. Estoy cansada, me duele la cabeza todos los días y cada vez estoy peor. Se acabó.
Francisca Linconao Huircapán, de 63 años, está sentada en el comedor de su casa, en la comunidad de Padre Las Casas, en la Región de La Araucanía en el sur chileno. Congela su mirada en el jardín, frunce el ceño, traga saliva, extiende su mano derecha y da pequeños golpes sobre una mesa de madera mientras, con rabia acumulada, anuncia que no atenderá más a la prensa. A cada una de sus frases le sigue un silencio abrumador. Cuando calla, solo se escucha el piar de pollos y un tiuque que en el patio vecino intenta desmembrar los restos de un cerdo.
El encono no es antojadizo. Aunque quisiera borrarlas, en su memoria guarda las imágenes que se difundieron de ella cuando fue arrestada por —supuestamente— participar en un ataque incendiario que terminó con la vida de un matrimonio en 2013. Además de esposada, secundada por policías y visiblemente molesta, fue retratada sin el peinado y la vestimenta que debe ocupar como machi.
Porque hay muchas formas de presentar a Francisca Linconao, pero para ella esa es la más importante: es una machi, una autoridad ancestral mapuche que —según las creencias de ese pueblo originario— puede sanar dolencias físicas y del alma mediante hierbas medicinales y ritos. La espiritualidad mapuche sostiene que no se trata de algo voluntario, sino que el designio se revela a través de un peuma (o sueño) y no hay forma de negarse a él.
La machi Linconao fue imputada dos veces por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay. Y la justicia la absolvió en ambas. El Ministerio Público chileno intentó probar que ella organizó el ataque incendiario que terminó con la vida de ambos, que reunió en su casa a los participantes unas horas antes del delito, que los acompañó hasta la propiedad de la pareja de ancianos que murió calcinada en enero de 2013 y que luego refugió a sus supuestos cómplices. Pero las acusaciones cayeron una tras otra en tribunales. También trató de adjudicarle el delito de tenencia ilegal de armas y municiones, pero la justicia determinó que no había ni una prueba que confirmara que la escopeta encontrada en su casa fuera suya. La defensa advirtió que la aparición de esa arma era un montaje, pero nunca se investigó esa denuncia.
Para entonces, la machi Linconao ya era una persona conocida para los medios y el poder judicial. Acaparó notas de prensa por primera vez en 2009, cuando logró detener las motosierras de un conocido empresario local que talaba ilegalmente los árboles del cerro Rahue, donde ella solía buscar sus hierbas medicinales. Se trató de un fallo histórico, pues consiguió la protección del cerro gracias a la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas. Fue la primera vez que se aplicó en Chile.
Su victoria marcó un hito en la protección del medioambiente en el país. Particularmente en La Araucanía, una zona rica en vegetación y ecosistemas que albergan o son reclamadas por comunidades mapuche. Varios de estos pobladores denuncian que esos terrenos están bajo permanente amenaza de sufrir daños por las actividades de empresas forestales y madereras.
A ojos de Jaime López, el abogado que representó a la machi cuando fue involucrada en el incendio fatídico, el fallo que logró la protección del cerro Rahue también tuvo sus costos.
—Es evidente que fue en ese momento cuando entró en el radar de las policías y sus herramientas de inteligencia. Antes de eso era conocida, pero solo a nivel comunal, por sus labores como sanadora. Sin embargo, el juicio que ganó en favor del cerro Rahue la convirtió en un objetivo de interés para Carabineros —dice.
No es una especulación ni una sospecha vaga. Un oficial de la Sección de Inteligencia de Carabineros, la policía uniformada chilena, lo confirmó durante uno de los dos juicios en que la machi compareció como imputada. “Que luego haya sido involucrada en un hecho tan delicado, y con pruebas tan débiles por parte del Ministerio Público, sugiere, desde nuestra perspectiva, que ella era objeto de una persecución desde que logró proteger el cerro Rahue”, agrega López.
La machi Linconao comparte esta visión y lo hizo saber cuando declaró ante la justicia. En el tribunal alegó inocencia con su característico castellano golpeado —su lengua nativa es el mapuzungun— y con una mezcla de ira y temor. Ahora, sentada en su casa, acompañada de su hermana Juana, sin fiscales, ni jueces, ni cámaras, el tono es el mismo.
—Yo me atreví a reclamar por el cerro, porque nadie se atreve nunca a esas cosas, y gané. Después estuve cuatro meses en la cárcel acusada de una cosa que no hice, donde hice una huelga de hambre y to’ por la injusticia que me estaban cometiendo. Y nadie nunca me pidió perdón cuando fui absuelta—, dice
—¿Cómo no voy a estar enferma y enojada?—, remata.
No recuerda el día exacto, pero sí el sonido que la alertó. Francisca Linconao estaba en su casa un lunes de septiembre de 2008 cuando escuchó que unas motosierras se acercaban cada vez más a su propiedad. Cuando se asomó a la puerta, percibió que el ruido provenía del cerro Rahue, donde crece un bosque nativo de importante significado para la cultura mapuche.
Allí hay árboles nativos como laurel, mate, maitén y canelo. Son plantas que, según la creencia mapuche, tienen las propiedades de curar dolores y enfermedades de acuerdo a la forma en que se apliquen: la decocción de la corteza del canelo, por ejemplo, se utiliza como tratamiento contra el escorbuto, mientras que las infusiones de hojas de laurel se usan como analgésico general.
En el mismo cerro también había menoko, sitios sagrados que también destacan por su biodiversidad, como los manantiales —o humedales—, abundantes en agua y vegetación arbustiva. Son espacios culturales y medicinales de suma importancia para las machi, pues se trata —en palabras de la Corporación Nacional Indígena (Conadi) — de “verdaderos reservorios de flora y microfauna tradicional, identificados por la comunidad local y revestidos de diversos significados religiosos y tradicionales”. Según la creencia indígena, alrededor de los menoko hay newen, una fuerza o energía que trasciende el plano físico de la cosmovisión mapuche.
—Lo primero que pensé fue que estaban cortando eso, los menoko, mis lugares sagrados y los lawen (o remedios naturales). Donde uno ve vida como machi, las empresas pueden ver plata o ganancia. Me propuse encontrar al responsable de esto altiro y denunciar ante la justicia lo que estaba haciendo—, recuerda.
La empresa que estaba talando era la Sociedad Palermo Limitada, representada por Alejandro Taladriz Montesinos. No era cualquier firma ni cualquier vecino. Los Taladriz son una familia de larga tradición en La Araucanía, asociada a distintos rubros empresariales. El hermano de Alejandro, Emilio Taladriz, fue director de la Multigremial de La Araucanía entre 2012 y 2015, una organización que reúne a compañías de los sectores salmonero, industrial, agricultor, maderero, forestal y hotelero. También fue presidente regional de Temuco en la Cámara Chilena de la Construcción. Entre 2014 y 2018, Emilio Taladriz entregó en arriendo una casa a la Unidad de Inteligencia Operativa de Carabineros (UIOE), desde donde —como contó CIPER— se efectuaban escuchas telefónicas a personas mapuche consideradas de interés policial.
Patrocinado por el abogado Jorge Faundes, el recurso de protección en favor del cerro Rahue fue presentado en 2008 y se tramitó hasta 2009, cuando la Corte Suprema ratificó que la empresa de Taladriz estaba incurriendo en una tala ilegal que afectaba el derecho de la machi a acceder a sus hierbas medicinales. Durante el proceso judicial, la Dirección de Aguas Regional de La Araucanía confirmó que, en una de las laderas del cerro amenazada por el corte de árboles, había tres manantiales que nacieron como brotes de aguas subterráneas y que estaban rodeados de vegetación nativa. La Corporación Nacional Forestal (Conaf), encargada de la política forestal chilena, también comprobó en terreno que la empresa de Taladriz había talado parte del bosque nativo que crecía en la ladera sureste del cerro Rahue sin su autorización. El territorio afectado iba a ser utilizado para plantar pinos, una especie invasora exótica que sirve para la exportación de madera, pero que merma el crecimiento de bosques de araucaria y la fauna que depende de ellos.
El fallo fue una victoria judicial sin precedentes. Entre otros puntos, el máximo tribunal estableció que la empresa “deberá cumplir con abstenerse de cortar árboles y arbustos nativos dentro del perímetro de los 400 metros más próximos a los manantiales existentes, por impedirlo la legislación forestal y porque estos tienen un carácter sagrado para el Pueblo Mapuche”. (Lea aquí un análisis de la sentencia realizado por el abogado Jorge Faundes).
Con la firma de la Suprema, los menoko y las hierbas medicinales que utiliza la machi pasaron a estar protegidas por la justicia. Fue algo inédito que Francisca Linconao valora hasta hoy. Pero hay algo que todavía le da vueltas en la cabeza.
—Taladriz cumplió con la obligación de la justicia y no se cortó ni un centímetro más. Pero, yo me pregunto, ¿cómo nadie escuchó las motosierras antes? ¿Cómo nadie se atrevió a decirle que eso no se podía hacer, porque ahí había especies sagradas para nosotros? Si yo no me doy cuenta, ¿qué hubiese pasado? Puede que haya arrasado con todo el cerro. Algunos no saben que tenemos que levantar la voz, y bien alto, para que los winca (las personas no mapuche) nos escuchen
La calma habitual de las madrugadas en Vilcún, una ciudad ubicada en La Araucanía, fue interrumpida por sirenas y una humareda el 4 de enero de 2013. La casa del fundo Granja Lumahue, de la familia Luchsinger-Mackay, ardía. Un grupo indeterminado fue hasta ese lugar, incendió el inmueble y luego arrancó. Sus ocupantes, Werner Luchsinger (75) y Vivianne Mackay (69), intentaron repeler el ataque pero murieron calcinados.
El asesinato de la pareja selló uno de los crímenes más emblemáticos del denominado “conflicto mapuche”, que enfrenta a organizaciones de este pueblo originario con el Estado chileno. La recuperación de tierras y el reconocimiento de su autonomía como Estado-nación son las principales banderas de las comunidades indígenas. Es una lucha que se libra en distintos frentes y con diversos métodos: algunos optan por el camino institucional, hay células que defienden la vía armada, grupos que se dedican a la quema de predios y maquinarias, y otros que prefieren ejercer presión tomándose edificios institucionales como la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) o municipalidades.
La machi Linconao nunca había sido relacionada con un acto reivindicatorio de este tipo. Eso, hasta que la policía allanó su casa a solo horas del incendio.
Testimonios judiciales entregados por Carabineros permiten trazar una línea de tiempo desde que comenzaron con las pesquisas para determinar quiénes habían participado en el ataque hasta que detuvieron a la machi a las seis de la tarde del mismo día. Y también los principales flancos débiles del relato acusador.
La cronología parte a oscuras. Cuando aún no amanecía, personal de la Sección de Inteligencia de Carabineros (Sipolcar) acudió hasta el fundo, buscó evidencia de los atacantes y determinó hacia dónde arrancaron. Encontraron huellas plantares, dos cartuchos de escopeta sin percutar y una vaina, elementos que sugerían un escape en dirección al cerro Rahue. A una hora indeterminada, entrevistaron a un testigo que dijo haber escuchado ladridos de perros, murmullos y camionetas hacia la casa de Francisca Linconao, ubicada a menos de diez kilómetros.
Con esas pistas le comunicaron al coronel de Carabineros, Pedro Larrondo Borsotto, hoy en retiro y entonces jefe de operaciones en La Araucanía, que era necesario allanar la casa de la machi. Larrondo se comunicó con el fiscal Juan Pablo Gerli y este con el juez de Garantía de Temuco, Nicolás Martínez Conde, quien emitió una orden verbal de entrada y registro a las cinco de la tarde. Cerca de 30 carabineros participaron: dos piquetes del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope), miembros del Laboratorio de Criminalística (Labocar) y otros de la Sipolcar. El amplio contingente se debía a las supuestas pistas levantadas por Inteligencia, pues cabía la posibilidad de que los atacantes permanecieran en la casa de la machi, armados.
En el allanamiento solo se encontró a Francisca Linconao, su hermana Juana, su sobrina Francisca y una menor. Ningún rastro de participantes del incendio.
Después de registrar tres de las cuatro casas que hay en el terreno de la machi —donde solo encontraron un cuchillo que ella utilizaba para cortar sacos de harina—, el inicio del registro audiovisual del allanamiento, grabado por Carabineros, muestra claramente que un oficial de civil, de polera verde, perteneciente a la Sipolcar, entró al cuarto inmueble sin compañía del Gope ni Labocar. Llevaba una mochila de tela al hombro. Ese espacio cerrado, con un fogón al centro, es el que Francisca Linconao utilizaba como ruca, la vivienda tradicional mapuche.
Otro carabinero de civil, de polera celeste y también de la Sipolcar, se paró en la puerta y le prohibió el paso a Juana, quien intentó ingresar al lugar después del policía. En el video se escucha que le instruyen: “Que quede afuera, que quede afuera (…) párate ahí”.
No hay grabación que permita conocer con certeza qué ocurrió una vez ingresó el miembro de Inteligencia. Tampoco se reveló su identidad. El único hecho indesmentible es que, luego de esta secuencia, allí se encontró una escopeta hechiza (confeccionada artesanalmente), municiones, un pasamontañas, guantes y 114 panfletos alusivos al “conflicto mapuche”.
La machi fue detenida y acusada de tenencia ilegal de armas y municiones. El parte de detención de Carabineros, tal como la declaración judicial del coronel Borsotto, dejó en claro que las pistas preliminares y la entrevista al testigo que apuntó a Francisca Linconao como sospechosa fueron levantadas por la Sipolcar. En el documento —revelado por primera vez por CIPER para este reportaje— también se consignó que, según testigos, “constantemente la imputada presta cooperación consistente en logística y ocultamiento de personas en su domicilio después de cometer hechos de violencia”.
El juicio por tenencia ilegal de armas y municiones se extendió hasta octubre de 2013. Durante la investigación se advirtieron serias irregularidades en el trabajo previo al allanamiento y en el procedimiento mismo. Por una parte, nunca se pudo identificar al supuesto testigo que habría escuchado camionetas en dirección a la casa de la machi. Oficiales de Inteligencia de Carabineros dijeron que le preguntaron por su identidad pero que este se habría negado a revelarla por temor a represalias. Tampoco entregaron una descripción precisa de la ubicación de su casa.
Por otro lado, no se pudo identificar al miembro de la inteligencia policial que ingresó a la ruca con una mochila, encontrando el arma y las municiones, ni en qué lugar específico ocurrió el hallazgo.
En su declaración, la machi dijo que, antes de que la allanara Carabineros, ella ingresó a la ruca y que allí no había armas, municiones ni panfletos. Solo una caja vacía. En su sentencia absolutoria del 18 de octubre de 2013 (véala aquí), el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco estableció como “verosímil lo expuesto por la acusada (…) en orden a que nada sabían de la existencia de dichas armas y cartuchos”.
El Ministerio Público no pudo comprobar su tesis. En concreto, el tribunal estimó que “la prueba fue insuficiente para acreditar que tanto el arma como los cartuchos estuvieran bajo la esfera de custodia de la acusada”. Luego añadiría: “Además no se hicieron peritajes de huellas digitales sobre dichos elementos o de testigos que acreditaran que pertenecían o que pudieran determinar alguna relación con doña Francisca o que esta fuere quien las dejó u ocultó en dicho lugar, por lo que no se puede presumir su propiedad o tenencia por el solo hecho de haberse encontrado en una de las construcciones del predio en que ella, junto a las demás mujeres, habitaba”.
Jaime López, abogado defensor de Francisca Linconao, dice que nunca dudó de la absolución. “Las pruebas aportadas por la Fiscalía no tenían ningún sustento. Al contrario, el proceso de investigación dejó en claro que su relato, apoyado en el trabajo de la Sipolcar, dejaba más dudas que certezas”, dice.
Lo que no esperaba, afirma, es que este fuera apenas el primer capítulo del hostigamiento legal a la machi, en relación con el ataque al fundo de los Luchsinger-Mackay. Cuatro años más tarde, la autoridad ancestral mapuche volvería al estrado. Y esta vez con acusaciones de participación directa en el crimen.
Para otro líder mapuche, Alberto Curamil, el hostigamiento judicial similar comenzó en 2018. Cuatro años antes, en 2014, este hombre de 43 años, lonko de una de las 130 comunidades que se articulan bajo el paraguas de la Alianza Territorial Mapuche (ATM) y uno de los principales dirigentes de esta organización, que busca la reivindicación de los derechos económicos, ancestrales y políticos del pueblo mapuche, lideró la oposición a dos proyectos hidroeléctricos en el río Cautín que, según la denuncia de la organización indígena, desviarían y dañarían su cauce.
En agosto de 2018, el también líder mapuche fue detenido por un asalto a una caja de compensación, una entidad privada que administra prestaciones de seguridad social. Antes de ser absuelto por falta de pruebas, estuvo un año y cuatro meses en prisión preventiva.
—Es algo a lo que nos exponemos los líderes del Wallmapu (territorio mapuche). Lamentablemente, es así. Mi caso y otros tantos lo demuestran—, dice Curamil desde su casa. Detrás de él cuelga una bandera azul con una estrella blanca de ocho puntas al centro, el emblema que utilizaron los guerreros mapuche en el siglo XVIII cuando enfrentaban a los españoles.
A diferencia de la machi Linconao, Curamil ganó notoriedad pública porque se convirtió en uno de los rostros de una organización conocida en la zona. La ATM nació a mediados de la década pasada, fruto del descontento de comunidades mapuche, y siempre se ha mostrado abierta al diálogo con autoridades y gremios locales, a diferencia de otras agrupaciones. Pese a ello, la unidad de Inteligencia de Carabineros mantuvo bajo la mira a la ATM al menos desde 2017. Así lo consignó un informe secreto de la policía que reveló CIPER en 2019, cuando Camilo Catrillanca —un comunero mapuche que pertenecía a la misma organización— fue asesinado por el carabinero Carlos Alarcón.
Una de las primeras veces que Curamil saltó a la palestra por su defensa del río Cautín —que nace en el volcán Lonquimay, también en la Región de la Araucanía, extendiéndose por 174 kilómetros y atravesando Temuco— fue en 2014. En julio de ese año, las abogadas de la ATM, Manuela Royo y Millaray Caniumán, ingresaron un recurso de protección contra la Hidroeléctrica Alto Cautín S. A., un proyecto de generación neta de 6 Megavatios (MW) impulsado por la empresa Alto Cautín S. A.
Ese recurso logró detener los trabajos preparativos de la central, que consistían, básicamente, en el corte de árboles de los alrededores del cauce. El reclamo de la ATM y sus abogadas era que las comunidades que se verían afectadas por la hidroeléctrica nunca fueron consultadas ni tomadas en cuenta antes de su aprobación. Por lo tanto, solicitaban suspender las obras y dejar sin efecto la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) del gobierno nacional que había calificado positivamente su operación. Un mes después, en agosto del mismo año, la Corte de Apelaciones de Temuco ordenó paralizar temporalmente los trabajos.
“Este es un proyecto para sacar energía de los ríos llevándola por gigantescos tendidos eléctricos al norte a través del sistema interconectado, para satisfacer las grandes necesidades de energía que tienen las industrias, las mineras”, dijo en una entrevista de 2015 el lonko Curamil.
Alto Cautín S. A. cesó sus trabajos definitivamente en mayo de 2016, tras una resolución exenta del SEA emanada desde Santiago.
—El resultado de este proceso fue considerado una victoria para las comunidades y para la sociedad organizada de Curacautín. Alberto ya cumplía un rol preponderante en la defensa del río, pues fue capaz de articular a distintas comunidades y ponerlas en contacto con académicos y abogados para defender el cauce. Poco tiempo después reafirmaría ese papel con el segundo proyecto que logramos detener, la hidroeléctrica Doña Alicia—, dice Manuela Royo, la abogada que representó a la ATM.
El camino que recorrieron para impedir el funcionamiento de este segundo proyecto lo iniciaron en 2016 y finalizó dos años después, con una resolución de la Corte Suprema que acogió el reclamo de las comunidades indígenas.
Doña Alicia iba a ser una central de energía también emplazada en el río Cautín. Habría tenido una potencia de generación neta de 6,3 MW y sus principales obras incluían la construcción de un canal de aducción enterrado y un embalse de 1,3 hectáreas. En total, la superficie que hubiese intervenido el proyecto alcanzaría las 12,9 hectáreas. Representada legalmente por el ingeniero español José Rovira Berengueras, la hidroeléctrica Doña Alicia contó con una inversión de US $20,3 millones, según la información oficial consignada en la página del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
“Era un pez más gordo que Alto Cautín”, dice Curamil. Al presentar el primer trámite legal para impedir el funcionamiento de la obra, sostuvo ante la prensa local que la acción judicial formaba parte de “la defensa de Ixofillmogen o de la biodiversidad de la cual todos somos parte, al igual que los ríos, los cerros y el entorno que nos rodea”.
Los líos del lonko con la justicia comenzaron precisamente en 2018. En agosto de ese año fue detenido súbitamente. Los cargos formulados por el Ministerio Público guardaban relación con el asalto a una caja de compensación ocurrido cuatro meses antes en Galvarino, también en La Araucanía.
El origen de la investigación de la Fiscalía fue una llamada anónima recibida en Santiago por la Subsecretaría de Prevención del Delito, dependiente del Ministerio del Interior. De acuerdo con los antecedentes contenidos en la carpeta, esa llamada identificó a Curamil y a otras cinco personas como sospechosas.
“Con fecha 25 de abril de 2018 se tomó conocimiento de manera anónima, a través del teléfono 6004000101 del centro de recepción de análisis e información delictual del programa de Denuncia Seguro, que Alberto Curamil, chileno, sin ocupación, 45 años que mide un 1,65mtr, de tés (sic) morena, pelo corto color negro; José Rodríguez Cáceres Salamanca; Víctor Llanquileo; Daniela López; Álvaro, apodado toti, chileno, sin ocupación; Florencio López, junto a tres o cuatro personas de sexo masculino, estarían involucrados en este delito de robo con intimidación y porte ilegal de arma ocurrido en la caja de compensación Los Héroes, en la comuna de Galvarino”, dice el documento.
Luego, en noviembre de 2018, el Ministerio Público reformalizó al lonko y precisó su supuesta participación: dijo que había llegado el 24 de abril, a las 8:30 de la mañana, al local atracado, provisto de armas de fuego automáticas, armas de fuego cortas y machetes, junto con el resto de los involucrados. Luego de robar más de $76 millones de pesos (unos 45 mil dólares) desde una bóveda, Curamil habría utilizado —según el Ministerio— como rehén a una cajera para neutralizar a Carabineros y escapar en un vehículo. En esa audiencia, el ente acusador también mencionó que, tras un allanamiento en la casa del dirigente de la ATM, se encontró una escopeta calibre 12 con encargo por otro robo anterior, una segunda escopeta de fabricación artesanal, una caja de municiones 9 mm y varios cartuchos. Por todos estos hechos, la Fiscalía pidió más de 45 años de condena efectiva por robo con violencia, homicidio frustrado de Carabineros y porte ilegal de armas y municiones.
Entre tanto, la defensa sostenía que Curamil ni siquiera estaba en Galvarino al momento de los hechos. A esa hora el líder mapuche estaba a más de 50 kilómetros, en Victoria.
—Teníamos abundante evidencia de lo que hizo Alberto ese día y confirmaba que nunca estuvo en Galvarino a la hora del asalto. Esa mañana incluso nos juntamos en Victoria, cuando vimos por las noticias que producto de ese delito capturaron a un conocido nuestro, Rodrigo Cáceres Salamanca—, cuenta la abogada Royo, quien al comienzo participó en el juicio como defensora de Curamil y luego como testigo suya, ya que lo había visto y acompañado en otro lugar el mismo día de los hechos.
El lonko permaneció en prisión preventiva entre agosto de 2018 y diciembre de 2019. En ese momento fue condecorado con el Premio Ambiental Goldman, también llamado el ‘Nobel ambiental’ o ‘Nobel verde’, otorgado a defensores del medioambiente.
La Fundación Goldman de Estados Unidos, organizadora del premio, señaló que Curamil “es un líder y portavoz muy respetado para la Alianza Territorial Mapuche (ATM), ha dedicado su trabajo a la protección de los ríos y bosques de la región (…) Tanto las comunidades como quienes participaron en la resistencia a los proyectos hidroeléctricos creen unánimemente que Alberto Curamil fue arrestado debido a su papel en la lucha para frenar su avance”. El director de comunicaciones del premio, Ian Kayatsky, agregó que el lonko fue premiado “debido a su liderazgo feroz en la formación de coaliciones y por su defensa poderosa para proteger el río Cautín y el territorio mapuche. Él ha sido un defensor firme para su pueblo y para la tierra y los ríos y merece la atención y el respeto de la comunidad internacional”.
Como Curamil se encontraba aún en prisión preventiva, su hija Belén y el comunero Miguel Melín acudieron a la ceremonia de entrega en abril de 2019 en San Francisco.
—Creo que ayudó a visibilizar la lucha y el trabajo que estábamos haciendo en nuestro territorio, que contradecía la acusación que nos hacían el gobierno y el Ministerio Público. Ellos nos acusaban de delincuentes, decían que éramos prácticamente unos criminales y que nos aprovechábamos de la causa. Creo que, más que nada, el premio fue como un testigo, como una declaración más que hablaba acerca de mi trabajo. No obstante, el tribunal tenía la última palabra—, reflexiona hoy Curamil.
Esa última palabra fue pronunciada el 23 de diciembre de 2019 por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco: absolución.
La justicia determinó que no se pudo comprobar que Curamil hubiese participado del asalto, por cuanto ningún testigo ni víctima directa lo reconoció y solo había testigos de oídas citados por Carabineros. No se entregaron más detalles sobre la denuncia anónima hecha al teléfono especial del Ministerio del Interior y no se pudo comprobar que el lonko fuera dueño de las armas y municiones encontradas en su casa, puesto que no estuvo presente en el allanamiento y la policía nunca precisó en qué lugar de la propiedad las encontró. Por último, los jueces estimaron que tener entre sus contactos de Facebook a Víctor Llanquileo Pilquimán, quien fue condenado junto con Rodrigo Cáceres Salamanca en este caso, no era argumento para sostener su vinculación con el asalto, como trató de postular Carabineros a través de un “análisis de redes sociales”.
Tras su absolución, Curamil dice que prepara, junto con Manuela Royo, una demanda civil contra el Estado chileno.
—Trataron de estigmatizar nuestras demandas legítimas y me enlodaron como un delincuente con un montaje muy burdo. Acá existe la intención de condenar mapuche cueste lo que cueste, con o sin pruebas. Esa es la rabia más grande que enfrentamos—, dice.
La abogada Manuela Royo también tiene una historia propia de hostigamientos. Perteneciente a la Defensoría Penal Mapuche, una organización sin fines de lucro, dice que ha vivido “situaciones anormales” que ella relaciona con su representación legal de comuneros, como la presencia de carabineros de civil afuera de su casa en Temuco y de autos que también vigilaban su domicilio las 24 horas del día.
Uno de los episodios que más recuerda, sin embargo, tiene que ver con su vida privada: un día, en 2018, salió a comer con un vocero de la ATM y su pareja de entonces recibió fotografías de ese almuerzo desde un número anónimo, con un mensaje que sugería una supuesta infidelidad.
—Así como la criminalización de líderes mapuche no es un tema nuevo, tampoco lo es que empleen estos hostigamientos o métodos de vigilancia contra las personas que representamos y acompañamos a esos líderes. Si bien es chocante que detengan o acusen de algún delito a alguien que conocemos, no deja de ser parte de la rutina. Y lo mismo ocurre con las consecuencias que enfrentamos nosotros—, concluye Royo.
—¿De qué está cansada, machi?
—De tener que recordar.
Francisca Linconao nunca afloja el ceño. Excepto cuando habla de los dos juicios que experimentó en el caso Luchsinger-Mackay. Dice que, desde entonces, sufre un agotamiento físico y mental irreparable. Sostiene que el tiempo que estuvo en prisión preventiva gatilló un dolor de cabeza crónico y una gastroenteritis. Estos dolores también pueden ser consecuencia de la huelga de hambre que sostuvo entre el 23 de diciembre de 2016 y el 5 de enero de 2017, mientras permanecía con arresto domiciliario. Llegó a pesar 43 kilos a sus 60 años.
El segundo capítulo de su hostigamiento judicial se escribió en 2017, cuatro años después de ser absuelta por tenencia ilegal de armas y municiones.
La machi fue involucrada nuevamente cuando apareció el testimonio de José Peralino Huinca, un delator compensado que hoy cumple condena con libertad vigilada por el caso Luchsinger-Mackay. Peralino declaró tres veces: en noviembre de 2013, octubre de 2015 y marzo de 2016. En las primeras, afirmó que él participó en el incendio que resultó en la muerte de la pareja y que fue testigo de una reunión que la machi organizó en su casa la noche anterior. Su declaración situaba a Francisca Linconao como cerebro y participante directa.
Pero en la tercera declaración, la única efectuada en una audiencia pública, dijo que había sido presionado por oficiales de la Policía de Investigaciones (PDI) para firmar la de 2013, que la había hecho sin la presencia de un abogado, que no sabe leer ni escribir con fluidez y que incluso pensó en matarse cuando se desató la persecución contra los apuntados.
Un peritaje de junio de 2016, hecho por la psicóloga de la Universidad de Chile, Patricia Condemarín Bustos, concluyó que el delator compensado tenía “una madurez social equivalente a 12 años”. En conclusión, ese análisis arrojó que Peralino “presenta una deficiencia mental que afecta su funcionamiento psicológico y su lenguaje, no pudiendo prestar testimonio con la estructura de lenguaje, redacción y vocabulario que se consigna en la declaración de octubre de 2015 y en la declaración de noviembre de 2013, siendo consistente la versión de haber sido presionado por personal policial para firmar esa declaración”.
Aquello no importó. La Fiscalía continuó adelante con las pistas que entregó el acusado en sus primeras dos declaraciones. En su versión, Francisca Linconao tenía un papel fundamental en el ataque al fundo Granja Lumahue. Sobre la base de esa declaración, un perito de la PDI confeccionó una recreación animada en 3D de la supuesta reunión en la casa de la machi la noche previa al incendio.
Francisca Linconao fue ubicada en la animación frente a un grupo de 30 personas, impartiendo instrucciones y, más adelante, atravesando un cerco de madera que protegía la casa del matrimonio Luchsinger-Mackay.
—Era irrisorio ver una recreación de la machi, a sus 56 años y con su contextura en extremo delgada, correr, sortear obstáculos y liderar una turba de supuestos terroristas. No le prestamos mucha atención a esa recreación, pero sí a un plano que también confeccionó la PDI y que resultó clave para cuestionar las pruebas del Ministerio Público—, dice el abogado Jaime López, quien nuevamente tomó la defensa de la machi, esta vez junto con su colega Renato González.
La pieza gráfica a la que se refiere López fue importante porque establecía que la machi tuvo que recorrer entre ocho y diez kilómetros (la distancia entre su casa y la del matrimonio fallecido) en siete minutos. También mostraba que la última evidencia levantada por la Sipolcar la madrugada del 4 de enero de 2013 estaba a más de un kilómetro de la propiedad de la imputada, justo antes de una quebrada.
Estas revelaciones volvieron a poner en duda la justificación del allanamiento a la casa de la machi, ocurrido cuatro años antes. Además, en este nuevo proceso declaró el sargento de Carabineros Marco Gaete Truan, que para enero de 2013 se desempeñaba en la Sipolcar.
De hecho, Gaete había participado en el levantamiento de evidencia que apuntó a la machi en el primer juicio y sus palabras azuzaron la sensación entre los abogados de los imputados de que Francisca Linconao fue víctima de un montaje aquella vez.
Consultado sobre el supuesto testigo que entrevistó en la madrugada del 4 de enero, Gaete dijo que, pese a estar obligado por ley, no lo llevó a una comisaría cuando se negó a entregar su nombre, porque —en sus palabras— estaba proporcionando información de interés para la investigación. Cuando le pidieron detalles sobre la apariencia del testigo, se limitó a contestar que tenía entre 30 y 40 años, pelo negro, contextura normal y ropa negra. “Era de noche y no se veía mucho”, agregó.
—Nuestra interpretación de ello es simple: el testigo nunca existió—, dice López.
En este juicio, los querellantes también ocuparon como prueba los supuestos panfletos que encontraron en la ruca de la machi. Pese a que habían presentado 114 en la acusación, cuando Gaete —quien también había estado presente en el allanamiento— los contó frente a la audiencia, aparecieron 122. La Fiscalía no fue capaz de explicar la discordancia entre los números. Al día siguiente, la defensa de la machi demostró que la imagen presente en algunos de estos panfletos también aparecía en la página de Wikipedia dedicada al “conflicto mapuche”.
Para el primer juicio, la defensa de la machi ya deslizaba que las acusaciones se trataban de un montaje. Ahora, a la luz de las nuevas pistas, lo decían abiertamente: Carabineros plantó pruebas para acusar a Francisca Linconao de delitos que no cometió. A ojos de la defensa, la Fiscalía trataba de involucrar a la machi en uno de los crímenes más terribles ocurridos en la zona. Y estaba fallando estrepitosamente en probarlo.
La machi Linconao también lo expresó públicamente. En una entrevista de 2016, dijo que “aquí existe persecución y están detrás los Taladriz y todos los ricos de acá. A ellos les dolió cuando gané en la Suprema ese juicio para proteger los lawen (remedios naturales) del huincul (cerro). Yo después reclamé esa tierra en Conadi y nos dieron la aplicabilidad. Hoy están todos en contra de mi persona”. En esa entrevista reveló dos detalles inéditos: que su hermana Juana había trabajado por más de medio siglo como empleada en la casa del matrimonio fallecido y que había invitado a Werner Luchsinger a la ceremonia que celebró cuando asumió como machi. En tribunales, agregaría que el propio Luchsinger estuvo presente en un Ñeicurrewen, una ceremonia íntima a la que solo se asiste por invitación y en donde un machi renueva su energía.
El veredicto llegó el 25 de octubre de 2017. Los 11 imputados, entre ellos la machi Linconao, fueron absueltos por falta de pruebas. El tribunal de Temuco concluyó que “la referida prueba de cargo aportada fue insuficiente para formar convicción, a su vez, en estos Jueces respecto de la participación que correspondió a los acusados” en el ataque incendiario.
Para ello, los jueces determinaron que “la única fuente de información de la que derivan todas las demás probanzas de imputación, respecto de la participación de los acusados, está constituida por las dos declaraciones de José Peralino Huinca prestadas en fase de investigación. Sin embargo, la declaración de fecha 08 de noviembre de 2013 a juicio de estos sentenciadores adolece de vicios de ilegalidad que impiden otorgarle mérito probatorio”.
Era la segunda absolución de la machi por este caso.
Sin embargo, los querellantes en la causa —el Ministerio Público y la familia Luchsinger— apelaron la sentencia, lograron su nulidad y el juicio tuvo que repetirse con las mismas pruebas al año siguiente. Los Luchsinger acudieron a la Corte de Apelaciones porque, si bien tenían cercanía con la machi, la absolución incluía a todos los imputados y no estaban conformes con la resolución. “Hubo falencias y contradicciones en el fallo”, sostuvo Jorge Luchsinger Mackay, que representaba a su familia, cuando se confirmó la anulación de ese juicio.
Para la defensa de la machi, ese último proceso judicial no tuvo grandes cambios. La mayor novedad fue que el sargento Gaete, miembro de la Inteligencia de Carabineros, declaró por segunda vez y corroboró que Francisca Linconao había sido objeto de interés policial desde que logró la protección del cerro Rahue en 2009. Aunque no había sido un problema penal sino civil, explicó el uniformado a los jueces, desde entonces la machi acaparó la atención de la institución.
Esa fue, para los defensores López y González, la frase que terminó por confirmar sus intuiciones.
El juicio se cerró definitivamente en junio de 2018. La machi fue absuelta por tercera vez de los cargos. El Ministerio Público no pudo probar que el ataque se hubiera orquestado en la casa de Francisca Linconao, limitándose la sentencia a señalar que hubo una cita a las diez de la noche del 3 de enero de 2013 en un lugar indeterminado en la que participaron los tres condenados en este proceso (José Peralino Huinca, Luis Tralcal Quidel y José Tralcal Coche). Pero no ella.
—No había pistas hacia mi casa, no tenía armas, no existió reunión. Nunca tuve nada que ver con el fallecimiento de los Luchsinger-Mackay y lo demostré tres veces—, dice Francisca Linconao, quien luego de su tercera absolución presentó una demanda contra el Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esa fue la última vez que Francisca Linconao pisó un tribunal como imputada. Sin embargo, las esquirlas de este proceso la siguen afectando. Cuando se dirigía a su local de votación el pasado 25 de octubre de 2020 para participar del plebiscito que buscaba aprobar o rechazar la redacción de una nueva Constitución en Chile, le dijeron que estaba inhabilitada para sufragar.
Más de un mes después sostuvo una reunión por Zoom con el presidente del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría, quien le explicó que la culpa no era de esta institución, sino de los tribunales que nunca le comunicaron su absolución en el caso Luchsinger-Mackay. Por eso no figuraba en el padrón electoral.
La reflexión que hace Francisca Linconao de esta “injusticia”, como la calificaron Santamaría y la propia machi, podría interpretarse como una foto de los últimos 13 años de su vida.
—¿Cómo nadie iba a avisar que fui absuelta, dos o tres años después del juicio? Cuando fui acusada salí en todas partes, porque pa’ las querellas y las denuncias son buenos. Ahí corren, pero ahora nada. Están acostumbrados a pasar a llevar al mapuche. Y muchos también están acostumbrados a no reclamar, porque después de que me atreví a hacerlo, salieron otros imputados que tampoco podían votar. ¿Y qué pasa si me quedo callada? Na’ po. Seguiría todo igual.
*En enero de 2021 la machi Francisca Linconao anunció su candidatura a la Convención Constituyente, el órgano político compuesto por miembros elegidos democráticamente que estará a cargo de redactar la nueva Constitución de Chile. Este trabajo fue reporteado y escrito con anterioridad a esa fecha.
Curamil y la Alianza Territorial Mapuche declaran que la constitución no es su tema, que corresponde al pueblo chileno.