Lo que nos enseñan las gestiones de Jair Bolsonaro en Brasil, de Lenín Moreno en Ecuador y en su momento de Jeannine Añez en Bolivia, al que podría sumarse el de Sebastián Piñera en Chile, es la enorme dificultad para estabilizar sus gobiernos. Esta nueva realidad no se desprende mecánicamente de la situación económica, porque encontraron sociedades poco dispuestas a aceptar el autoritarismo y la profundización del neoliberalismo extractivista.

Incluso antes de la pandemia, hubo levantamientos populares que cuestionaron los planes de las derechas, en particular en Ecuador y en Chile, mientras en Bolivia una fenomenal sucesión de bloqueos en agosto de 2020, impidieron que el gobierno golpista siguiera dilatando la convocatoria electoral. En Brasil, a diferencia de los países señalados, la manifiesta incapacidad del Gobierno cívico-militar está en la base de su progresivo deterioro.

Sin embargo, en los países gobernados por el progresismo, con especial destaque de Argentina, la gobernabilidad tampoco goza de buena salud. Aunque el modelo de gestión de la pandemia es completamente diferente al de Bolsonaro, con largos períodos de restricciones similares a los de Europa, los contagios se han disparado incluso por encima de lo que sucede en Brasil, si podemos confiar en las cifras que aportan las autoridades.

La baja performance de Alberto Fernández en el manejo de la pandemia, con una nueva ola de contagios y una lentísima evolución de la vacunación, enseña una población reacia a las restricciones y, más aún, dispuesta a saltarse las prohibiciones: entre las clases medias, con sonoras manifestaciones en vehículos privados, mientras entre los sectores populares se verifica la imposibilidad de atenerse a las recomendaciones de distancia y permanencia en los hogares.

Sociedades en movimiento

Luego de un año de pandemia, América Latina está movilizada. Desde los pueblos originarios de México y Centroamérica hasta las clases populares de toda la región, que parecen turnarse en el rechazo no solo a los gobiernos, sino de un modelo depredador de la vida que deja a millones de jóvenes a la intemperie, sin el menor futuro que no sea deambular entre las más variadas formas de precariedad: desde la laboral hasta la de salud, pasando por la vivienda y la propia vida, acechada más que por virus, por la violencia institucional y paramilitar.

Los movimientos abarcan desde las grandes alamedas hasta los rincones más remotos. Las ciudades de Colombia desbordadas de jóvenes durante un mes, sin interrupciones; las urnas de Chile repletas de votos por los independientes —vinculados a movimientos sociales—, superando a las derechas y a los partidos establecidos.

En espacios muy alejados de la atención mediática, sucede algo similar. Un desborde incontenible desde abajo. Para muestra, Wall Mapu [territorio habitado por el pueblo mapuche en Chile y Argentina]. El Ministerio del Interior informó que en el primer trimestre de 2021, las recuperaciones de tierras —que califica de “usurpaciones”— aumentaron un 688% respecto al año anterior. En los primeros tres meses del año se registraron 134 tomas de terrenos, frente a las 17 ocurridas en el mismo periodo de 2020.

Mi impresión es que la revuelta comienza en los márgenes y gradualmente va llegando hasta las grandes ciudades. Así sucedió en Colombia. En octubre de 2020 una impresionante Minga Indígena, Negra y Popular nació en el Cauca, recorrió más de 500 kilómetros y llegó a Bogotá donde fue recibida de forma multitudinaria.

La revuelta colombiana fue precedida por protestas en 2017 en ciudades medianas del Pacífico, que configuran el levantamiento en curso: “Se organizaron con comités de médicos, de alimentación, realizando un aprendizaje sobre los modos  de presionar al Estado pero también aprendieron a negociar. Se articularon medios alternativos locales y consiguieron que las autoridades fueran a su territorio a negociar, ellos no se movieron de sus ciudades y comunidades y siguieron los mismos pasos que los indígenas del Cauca”, reflexiona el investigador Alfonso Insausty desde Medellín.

El paro de un mes es un punto de inflexión en un país donde la protesta se había ceñido a las áreas rurales en las últimas siete décadas, quedando las ciudades como espacios dominados por las grandes empresas y los cuerpos policiales. Sin embargo, desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC en 2016, las grandes ciudades se fueron convirtiendo en el nuevo epicentro de una movilización protagonizada por jóvenes que no tienen futuro en la economía neoliberal y que por vez primera están conociendo la peor arista del sistema.

Derechas radicalizadas

En toda la región las derechas se abroquelan, se muestran cada vez más intransigentes con los pueblos, enseñan su cara genocida. Este cierre autoritario tiene varias facetas: desde la puramente represiva, como la de Colombia y Chile, hasta una creciente militarización de la sociedad, de las instituciones estatales y hasta del sistema educativo y de salud.

Lo que debemos comprender, y el caso mapuche es elocuente, es que estamos ante una reacción defensiva ante el avance de los pueblos, como lo atestigua el caso mapuche. Cuando el Gobierno de Piñera decide militarizar Wall Mapu es porque no encuentra otro modo de frenar el ascenso de las recuperaciones de tierras. No solo envía militares a controlar las comunidades, sino que alienta a los civiles a armarse para enfrentarlas.

El 1 de agosto de 2020 sucedió algo que puede considerarse un viraje profundo en la Araucanía. “Centenares de civiles, armados de piedras, palos, garrotes, bates e incluso armas de fuego, llegaron hasta las municipalidades de Curacautín y Victoria para desalojar a comuneros mapuches, que habían ocupado las dependencias municipales, en apoyo a la huelga de hambre de una veintena de comuneros, entre ellos el machi Celestino Córdova”.

Exactamente la misma reacción que se ha visto en Cali por parte de las elites de la ciudad, que reaccionaron con violencia contra la Guardia Indígena y las juventudes negras y populares. Un informe de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz sobre la existencia de fosas comunes y “casas de pique” —donde se descuartizan personas para hacerlas desaparecer— en las periferias de Cali.

Estamos ante un nuevo escenario, bien distinto al que caracterizó las dictaduras de la década de 1970. Ahora el Estado no tiene ni la capacidad ni la voluntad de controlar las sociedades, ha cedido el monopolio de la violencia para que otras agencias —narcotraficantes, paramilitares y personas armadas ocasionalmente— hagan uso de las armas ante la complicidad de las fuerzas represivas legales.

En Brasil hay 6.157 militares en activo o en la reserva ocupando cargos civiles en el Gobierno de Bolsonaro, lo que representa un aumento del 108% respecto a 2016, el año en que fue destituida la presidenta Dilma Rousseff. La militarización del Estado alcanza niveles insospechados en áreas como la educación, como lo revela el informe del Sindicato Nacional de Docentes de Enseñanza Superior (Andes) de Brasil, titulado “Militarización del gobierno Bolsonaro e intervención en las instituciones federales de enseñanza”.

Los militares ocupan los principales escalones del sistema de salud y avanzan sobre la educación con la creación de “escuelas cívico-militares” y con la intervención en  universidades para vetar y controlar la elección de rectores. El informe destaca que se están creando 216 escuelas primarias cívico-militares que utilizan “el modelo basado en las prácticas pedagógicas y en los patrones de enseñanza de los colegios militares del Comando del Ejército, policías militares y cuerpos de bomberos militares”.

Más allá del caos y la represión

Es posible que la pandemia esté siendo un parteaguas en las sociedades latinoamericanas. Las opresiones y corrupciones quedaron en evidencia mientras la calidad de vida y de los servicios se vienen deteriorando de forma ostensible. Pese a las medidas excepcionales y la serias restricciones a la movilidad y los encuentros, los movimientos no sólo no se debilitaron sino que están lanzando desafíos impensables años atrás.

La radicalización de las derechas y la creciente movilización de los pueblos permite aventurar algunas hipótesis. La salida represiva está sobre la mesa, con una intensidad que nos retrotrae a los años 60, con escuadrones de la muerte y cementerios clandestinos. Sin embargo, no parece la salida más probable, además de ser profundamente indeseable.

Existe la posibilidad de nuevos gobiernos progresistas, como el de Gustavo Petro en Colombia y Pedro Castillo en Perú. Pero no tendrían la menor chance de apaciguar a las clases dominantes, ni conseguirían desmovilizar a los pueblos. Algo similar puede decirse en el resto de los países. Quien gobierne, tendrá el terreno acotado arriba y abajo, por lo cual los cambios serán mínimos, por lo menos a corto plazo.

Es una buena chance para que los pueblos tomen iniciativas en otras direcciones. Los proyectos autonómicos son una posibilidad real. Que los jóvenes urbanos de Cali hayan llamado a la Guardia Indígena para su defensa, que la bandera mapuche sea la más ondeada en la revuelta chilena muestran que los territorios autónomos en resistencia se han convertido en alternativa real y concreta para amplios sectores de las sociedades.