El día después del violento allanamiento de la policía a la residencia de Chamorro para confirmar su inhabilitación como candidata para las elecciones presidenciales de noviembre estuvo marcado por el torrente de apoyos internacionales y por la demanda de resistencia pacífica realizada por otros candidatos en el proceso interno opositor.

“Prácticamente es un secuestro. No es como establece la legislación, Cristiana no debería estar incomunicada ni privada de comunicación. Mientras no existe una sentencia firme son ilegales estos impedimentos”, detalló a Radio Corporación Orieta Benavides, abogada de la precandidata.

Medios independientes detallaron cómo fueron los acontecimientos del miércoles en el hogar de la periodista, que estaba con su hija, Cristiana María Lacayo. Una veintena de agentes tomaron su casa como si se tratara de una operación antiterrorista y les arrebataron sus celulares, así como también cortaron el servicio de Internet y apagaron las cámaras de seguridad. Ahora las visitas están prohibidas incluso para los abogados, con la excepción de hijos y hermanos.

Una decisión desde la cúpula sandinista frenó a última hora el traslado al juzgado de la detenida, tal y como planteaba la orden de captura redactada por la jueza Karen Chavarría, que cuenta con un largo historial de acciones contra los presos políticos de la revolución.

“Se trata de un nuevo golpe al derecho a la competencia política. Los jueces y el Consejo Supremo Electoral, que están controlados por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ya recibieron la orden de Ortega de emitir una sentencia condenatoria. Esas son las consecuencias del golpe de Estado consumado por Ortega”, denunció Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana, cuyos medios de comunicación también sufren el asedio del régimen sandinista.

Dos de los precandidatos opositores, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, hicieron este jueves un llamado conjunto a la resistencia cívica. “Claramente Ortega tiene un proyecto de enquistarse en el poder, que obliga a que la ciudadanía nicaragüense recurra a la resistencia cívica, a la desobediencia civil y a la unión de todas las expresiones de la oposición contra el dictador”, clamó Maradiaga, contra quien desde sectores sandinistas adelantan otro proceso de inhabilitación por haber permanecido en el exilio durante más de un año. Ambos aspirantes también sufren acoso policial y arresto domiciliario.

Repudio internacional

La ONU y la Unión Europea (UE) se sumaron al rechazo expresado por Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos (OEA). “Estos acontecimientos crean el riesgo de empeorar la confianza en las próximas elecciones”, añadió el vocero de Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, mientras el bloque europeo exigió la liberación inmediata de Chamorro.

Al igual que sucede con el chavismo, fiel aliado del sandinismo y factor clave durante años gracias al petróleo y a la ayuda económica, es Washington quien mantiene una posición de mayor dureza contra los abusos de ambos. En la listas de sancionados por Estados Unidos están la vicepresidenta Rosario Murillo y varios de sus nueve hijos, quienes conformaron una estructura paralela de poder dentro del Estado a través de medios de comunicación, empresas y organismos públicos.

Denis Moncada, canciller nicaragüense, aprovechó la cumbre protagonizada por los gobiernos centroamericanos en Costa Rica junto al secretario de Estado, Antony Blinken, para reclamar una vez más la retirada de las sanciones, que tal y como hace el chavismo las denomina “medidas coercitivas unilaterales”. La respuesta de Blinken fue taxativa: “Las sanciones tienen una finalidad: la rendición de cuentas de quienes violan derechos humanos, hacen actos de corrupción y socavan la democracia. Eso vemos en Venezuela y Nicaragua”.