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El Estado como instrumento de un sistema rotativo de deshabilitación

Desinformémonos :: 05.06.21

No es solo que no hay soporte estatal, es que el Estado capitalista actúa sistemáticamente para sabotear las estrategias de vida. Sea cual sea su modalidad: neoliberal o progresista, en cada ciclo se produce una nueva vuelta de tuerca que complementa el ciclo anterior, para impedir la producción autónoma y comunitaria de la vida.

Historias Fractales

El Estado como instrumento de un sistema rotativo de deshabilitación

Fernanda Vallejo

 

Para el 2017, habían proliferado banquitos comunitarios administrados mayoritariamente por grupos de mujeres indígenas. Aportes de proyectos de desarrollo generaronfondos no reembolsables que ellas decidieron continuar. Ellas se pusieron las reglas y las aprobaron en asamblea. Como es difícil aportar voluntariamente dinero (ese bien escaso en las comunidades), acordaron ponerse un interés más alto —así el fondo se incrementaría. Con elloautogeneraron micro-inversiones familiares: cuyes, borregos, gallinas, chanchos, frutales, chancheras, cuyeras, gallineros, lo que hiciera falta para que sus crianzas y producciones les generaran ingresos. Nadie más haría algo así por ellas, no son sujetos de crédito, no tienen títulos de propiedad, muchas ni saben leer. Cada mes en asamblea se producían los pagos y para entonces, ya estaban en lista de espera las nuevas beneficiarias. El dinero servía para lo que tenía que servir, circulaba, no cabía depósito en instituciones financieras, pues rotaba. Bastaba que la directiva administrara y alguna compañera que supiera llevar las cuentas. Así llegaron a juntar 20 mil dólares que se movían sin parar, permitiendo que las mujeres hicieran mejoras, resolvieran situaciones críticas como gastos funerarios o escolares, en muchos casos el fondo se incrementó con remesas de migrantes que salieron expulsados con el ajuste estructural de los años noventa.Como este banco, cientos se conformaron a lo largo de las comunas andinas, durante el período más duro de ajuste estructural, todos regentados por organizaciones de mujeres. 

Un día, el Ministerio de Inclusión Económica y Social de la Revolución Ciudadana lanzó un concurso en el que se premiaría al grupo de mujeres por el mejor banquito comunitario. Este grupo se presentó y ganó. Como premio recibieron 3 mil dólares para incrementar al fondo. Hubo fotos, abrazos con la ministra de entonces, palabras de agradecimiento. Poco más de un mes más tarde, un equipo de auditores se presentó en la casa comunal pidiendo cuentas al grupo, informándoles que la ley les obliga a tener un/a contador/a registrado y formalmente contratado (es decir con afiliación al Seguro Social); que todos los bancos comunitarios deben registrarse ante el Estado y aquellos, como el suyo, cuyo monto es más alto deben presentar balances anuales y contar con el respaldo de una entidad financiera formal; es más, no pueden cobrar ese interés pues serán acusadas del delito de usura. El premio resultó muy caro. De un día para otro, un ejercicio autónomo se tornó ilegal. El Estado detectó la existencia de un flujo importante recursos financieros moviéndose por fuera del sistema regular, algo inadmisible para la banca.

Luego del despojo neoliberal del Estado durante las dos últimas décadas del siglo pasado, el progresismo conservador reactiva e incrementa el bono de subsidio a las poblaciones en extrema pobreza. Esta vez sofistica el mecanismo: mes a mes las mujeres acreedoras del bonotienen que acercarse a un banco privado a retirar su dinero. Para simplificarles el proceso, les entregan una tarjeta de débito. Este bono les será retirado si los hijos no cumplen un promedio de calificaciones en la escuela, si no asistencon ellos a las citas en el centro de salud y, por si fuera poco, si no compraron verdura que deben adquirir con su tarjeta de débito en una de las cadenas nacionales de supermercados.  Con el retorno a políticas de ajuste iniciado con Lenin Moreno, el catastro de adjudicatarias/os del bono se reduce, el condicionamiento de la atención primaria en salud persiste, pero la atención se precariza y hasta desaparece. Con el propio bono se compran las recetas de la consulta.

Para cuando se implementa la dolarización en el Ecuador, iniciando el siglo XXI, la producción campesina está quebrada, es de ahí que sale gran parte de los más de dos millones de ecuatorianos/as que salieron del país.  El gobierno progresista que vendrá poco después, lejos de cumplir su compromiso de redistribución estructural,  establece 3 estrategias: 1) crea un bono agrícola consistente en un pequeño paquete de semillas e insumos que el estado compra a los monopolios agro-importadores,  con lo cual evita la muerte por inanición de muchos productores que luego quedarán dependientes de ese paquete; 2) lanza una cruzada de transferencia tecnológica orientada básicamente a exterminar el uso de semillas propias e instaurar una dependencia de insumos comprados y agrotóxicos, subsidiando temporalmente su consumo, poniendo particular énfasis en productos que, de manera más o menos autogestionada lograron mejores precios y mercados de nicho en el exterior, como la quinua, el arroz,  el café y el cacao. El Estado se subió en el esfuerzo campesino que tuvo resultados, para controlarlo y encadenarlo a los circuitos monopólicos de mercado; y 3) implementa normativas y regulaciones que obstaculizan el acceso directo a los mercados, restringe la circulación de la semilla, la elaboración artesanal de derivados agrícolas y pecuarios; imposibilita mediante requisitos absurdos el acceso a las plataformas de compra pública.

Con el retorno neoliberal iniciado por Lenin Moreno, se profundizan las normativas inhabilitantes, los campesinos y peor aún, las campesinas, se alejan de la esperanza de acceder a un crédito, y deben por ley, encadenarse a empresas anclas para modernizar su producción y lograr comercializar sus cultivos. Deben comprar insumos y equipos inalcanzables o innecesarios, deben pedir permisos a la mitad de los estamentos estatales, deben tener internet para llenar sus requisitos y acceder a esos permisos, si es que se los dan. Se aprobaron nuevas normas, que descaradamente exigen el pago de impuestos por encima de los ingresos que pequeños negocios generan.  

El Estado, se ha encargado por décadas, no de generar políticas de fomento, sino de crear condiciones adecuadas para que la agricultura campesina no tenga salida alguna que no sea la de sujetarse de cualquier modo al agronegocio y a los monopolios comerciales del alimento. Cumpliendo un perverso rol de impedir que los campesinos y sectores populares resuelvan su vida por sus propios medios. 

No es solo que no hay soporte estatal, es que el Estado capitalista actúa sistemáticamente para sabotear sus estrategias de vida. Sea cual sea su modalidad: neoliberal o progresista, en cada ciclo se produce una nueva vuelta de tuerca que complementa el ciclo anterior, para impedir la producción autónoma y comunitaria de la vida.

 


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