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En entrevista con el programa Esta Noche, Vilma Núñez advirtió que la Ley 1055 es utilizada precisamente para “el fin por el que fue creada” por el régimen orteguista, que a su juicio es ejecutar una “criminalización generalizada de todo lo que signifique crítica o posición contraria”.
En las últimas 48 horas, fueron detenidos los opositores José Pallais, Violeta Granera, el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri y los aspirantes a la presidencia Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Arturo Cruz. Todos, según la Policía, actualmente son “investigados” por supuestamente cometer “actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos e incitar la injerencia extranjera”.
La defensora señaló que la Ley 1055 -además de estar recurrida por inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia (CSJ)- carece de asidero legal por ser violatoria de los derechos de los nicaragüenses.
“Esta ley no resiste el mínimo análisis jurídico serio, definitivamente, es una ley de carácter general, con tipificaciones completamente abiertas, sin un señalamiento concreto de cuáles son las condiciones que deben darse para que delito se concrete”, apuntó.
“Es hora de luchar para desmontar el nuevo fraude”
Las acciones del régimen de Daniel Ortega, señala Vilma Núñez, han “cortado la posibilidad de una salida cívica dentro de un sistema como la participación electoral”, por lo que considera que lo que les queda a los nicaragüenses es “seguir luchando, pero ya no pensar que tenemos que luchar para conseguir un proceso electoral libre y transparente… (ahora) debemos de seguir luchando para desmontar el nuevo fraude con el que Daniel Ortega se quiere perpetuar en el poder con apariencias de legalidad”.
El régimen orteguista ha desatado toda una cacería contra los aspirantes a la presidencia. El pasado 02 de junio, la candidata a la presidencia Cristiana Chamorro, expresidenta de la clausurada Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), también fue detenida por el régimen de Daniel Ortega. La opositora se encuentra en un régimen de casa por cárcel, “investigada” en la causa por el supuesto de lavado de dinero que fue abierta contra la FVBCh.
La presidenta del Cenidh valoró que con la detención de candidatos opositores que aspiran a la presidencia, el régimen de Ortega persigue “el objetivo de desmontar la posibilidad de una derrota electoral evidente, de una concurrencia masiva a las urnas en su contra, para él dar la apariencia -con un minúsculo grupo de participantes de su partido- y decir que ganó”.
Añadió que este tipo de persecución y criminalización también buscan “sembrar el terror, que todo el mundo se paralice, que todo mundo busque como esconderse y abandonar la lucha cívica”.
Denunció que estas acciones que criminalizan a quienes disienten con el régimen orteguista se han agudizado y se están “cometiendo de manera consecutiva y de manera reiterada” no solo contra opositores, sino contra todo nicaragüense que se ha manifestado. La defensora destaca que hay más de un centenar de presos políticos a los que “sin ningún fundamento legal, con delitos fabricados… se les mantiene privados de libertad y en condiciones infrahumanas”.
Ante toda esta ola represiva del régimen de Ortega, la defensora de derechos humanos afirma que el papel que ha asumido la comunidad internacional, que ha sido “amplio” y “enmarcado en los términos que acostumbra”, es importante, aunque destaca que a nivel interno -donde “está prácticamente descabezada la lucha política- los nicaragüenses tienen el deber de “buscar cómo fortalecer la lucha”.