Al margen de la Constitución

MADURO CONSOLIDA UN RÉGIMEN AUTORITARIO NEOLIBERAL EXTRACTIVISTA

La Zonas Económicas Especiales son la punta de lanza

El gobierno de Nicolás Maduro y sus socios avanza hacia la consolidación de un régimen autoritario neoliberal extractivista al margen de la Constitución, aunque intenta disfrazarlo con un discurso antiimperialista, presentándolo como la “única vía” para enfrentar las sanciones económicas de EEUU y la Unión Europea. Argumenta que la única manera de superar la crisis y recuperar la calidad de vida de los venezolanos es fomentar la inversión extranjera directa (IED), con el supuesto propósito de levantar la economía del colapso en el que ha derivado por el desfalco, por su pésima gestión al frente del Estado y por las medidas coercitivas impuestas por el gobierno de EEUU y sus aliados.

Desde la Asamblea Nacional (AN) impulsa la aprobación de un conjunto de leyes encuadradas en la ya aprobada Ley Antibloqueo (LAB), asumiendo interesadamente que ésta es la cúspide del sistema jurídico y no la Constitución. Así se dispone a aprobar las inconstitucionales “leyes constituyentes” generadas por la fenecida e írrita Asamblea Nacional Constituyente (ANC), entre otras, la Ley de Inversiones Extranjeras y la Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE), para abrirle cauce a la subasta del país y a la consolidación de la burguesía emergente nacida de la corrupción del petroestado. Utiliza como coartada el “bloqueo” para encubrir la transición hacia un estado bonapartista conducido por la cúpula cívico-militar. En ella se perfila un modelo autoritario, propulsor de una economía regida por la cartilla neoliberal destinada a los países periféricos.

Desde 2014 se evidenciaron los rasgos neoliberales del proyecto político y económico del gobierno de Maduro, en su decreto-ley denominado “Regionalización integral para el desarrollo socioproductivo de la Patria”, para promover una economía de enclaves a través de las “zonas de desarrollo estratégico y económico especiales”. La primera piedra de ese proyecto la puso en 2016 al decretar el Arco Minero del Orinoco (AMO), para promover la megaminería depredadora al sur del país desaplicando la Constitución y las leyes, iniciando la fragmentación del territorio nacional al crear zonas regidas por regulaciones “especiales” dictadas por el Ejecutivo. El AMO develó la fisonomía de un proyecto extractivista desnacionalizador funcional al modelo neoliberal globalitario.

El gobierno madurista decidió ajustarse a las “condiciones de inversión” exigidas por el capital transnacional según los estándares del Banco Mundial, vale decir, según el formato neoliberal asignado a los países de la periferia del capitalismo global. Esas condiciones incluyen la cesión de soberanía sobre espacios territoriales al capital corporativo transnacional, para su explotación bajo un régimen socio productivo y fiscal especial y diferencial, respecto del régimen ordinario que rige para el resto del territorio nacional. Esta figura, típica de los llamados “paraísos fiscales” y las “zonas francas”, concebida para captar inversiones extranjeras de alta rentabilidad e intensivas en capital, están dirigidas a la extracción de recursos naturales estratégicos, a la producción o al ensamblaje maquilador de componentes integrados a cadenas internacionales de valor, y al aprovechamiento de la mano de la obra barata. El “paquete de estímulos” incluye exoneraciones y exenciones de impuestos y aranceles de importación y exportación, exoneración del impuesto sobre la renta y de las regalías, financiamiento preferencial, libertad de comercialización y exportación de la producción, garantía de repatriación del capital invertido, régimen cambiario estable y garantía de indemnizaciones cuando se afecten sus beneficios por cualquier circunstancia o decisión de la administración del Estado. Esta última condición llamada eufemísticamente “seguridad jurídica”, funciona con la aplicación conjunta de la renuncia del Estado a la soberanía e inmunidad de jurisdicción, con la aceptación del arbitraje en instancias internacionales para dirimir las diferencias con las empresas transnacionales, y por último los contratos y tratados de promoción y protección de inversiones. En la práctica éste mecanismo funciona como un “cepo” para la administración pública, al perder ésta su soberanía para decidir sobre asuntos fiscales, ambientales, laborales o de cualquier otra naturaleza que puedan afectar las ganancias de dichas empresas. Estas podrían demandar al Estado en el CIAD[i]I o en un tribunal que asuma unilateralmente “competencia extraterritorial” en caso de considerar que se afectan sus beneficios. En Venezuela hay un grueso expediente que da cuenta de lo lesivo que puede llegar a ser la cesión de la soberanía jurisdiccional, debido al control que ejercen las grandes corporaciones y el gobierno de EEUU sobre el CIADI y otras instancias similares, en las cuales se han procesado demandas multimillonarias contra la República.

La ley de Zonas Económicas Especiales que cursa para su aprobación en la Asamblea Nacional (AN), desarrolla y amplía el decreto ley de regionalización integral; con esta ley inconstitucional se pretende cambiar la estructura del Estado al concentrar el poder en el Presidente y establecer una estructura territorial paralela a la de los estados y municipios subordinada al poder ejecutivo nacional, vaciando de sus competencias constitucionales al poder municipal, estadal y a la propia AN en materias tan sensibles como son la tributaria y el control sobre las contrataciones públicas entre otras, sin dejar de mencionar la muy grave lesión a la soberanía que esto representa. Con base en criterios economicistas y en la existencia de recursos naturales, el presidente podrá decretar ZEE en cualquier parte del país bajo el paraguas de la inconstitucional ley antibloqueo, la cual además lo faculta para desaplicar la Constitución y la legislación que colida con los intereses de los proyectos de inversión, por ejemplo, las leyes que regulan la protección del ambiente, los derechos laborales, el ordenamiento del territorio y los derecho de los pueblos indígenas para sólo señalar algunas de la mayor importancia. Sin que se haya aprobado aún la Ley de ZEE, a partir de 2016 cuando puso en vigencia el AMO, viene decretando ejecutivamente nuevas ZEE. De hecho recientemente decretó dos nuevas ZEE militares[ii]. proyecto de ley de ZEE deja al descubierto el rostro completo del régimen autoritario que está construyendo el gobierno de Nicolás Maduro, utilizando como palanca legitimadora la AN, la cual tomó el testigo de la ANC, otorgándole todos los poderes para gobernar autocráticamente en secreto, sin ningún tipo de control y para adelantar la subasta y entrega del país al gran capital corporativo transnacional, apoyado en la cúpula militar y en la nueva burguesía emergente nacida de la acumulación mafiosa de capital.

A este proyecto de Ley de ZEE anticonstitucional se le suman otros de índole similar referentes a la transfiguración del Estado venezolano a un “Estado Comunal”, paralelo y sobreimpuesto al Estado contemplado en la constitución vigente. Esto significa la transferencia de la soberanía, competencias y recursos a un nuevo modelo de estado más centralizado y dependiente directamente del Presidente de la República y de su entorno inmediato; en interacción permanente con los voceros de las comunas, supeditadas a su vez al Poder Ejecutivo ultrapresidencialista. De lograr ese propósito, un gobierno de esta naturaleza tendería a hacer electoralmente inexpugnable, a semejanza de otros países de regímenes autoritarios, de derecha o aparentemente de izquierda o progresista. Actualmente el hiperpresidencialismo junto a la judicialización excesiva del proceso electoral y la degradación del adversario en terrorista y traidor a la patria, constituyen sendos mecanismos para asfixiar y neutralizar los procesos electorales a un nivel de impotencia e ineficiencia sin precedentes, inclusive cuando aparentan ser competitivos e intachables.

La principal debilidad política del gobierno de Maduro es que es rechazado por cerca del 85% de los venezolanos y su dificultad objetiva y subjetiva para atender la emergencia social compleja. A ello contribuye su propia configuración mafiosa y su incapacidad para encarar el colapso estructural de la economía rentística petrodependiente y la consecuente merma casi absoluta de los ingresos fiscales petroleros. Ante esa realidad, su respuesta ha sido atrincherarse en el poder imponiendo un régimen autoritario bajo la figura del “Estado-Presidente Protector”, sembrando el terror y la represión para intentar contener la avalancha de la protesta social en formación. Por ello criminaliza la disidencia política y persigue los luchadores sociales, sindicales y políticos, al tiempo que consolida un sistema masivo de extorsión social, mediante la distribución controlada de alimentos (Clap) y “bonos compensatorios” mientras pulveriza el salario, liquida la seguridad social, y desconoce las conquistas laborales consagradas en la Constitución, la Ley y los contratos colectivos. Como las “condiciones de inversión” de las inversiones extranjeras directas (IED) exigen mano de obra barata “competitiva”, pareciera que el gobierno, con la complicidad de direcciones sindicales anticlasistas impuestas, busca ofrecerla a bajo costo y neutralizar cualquier respuesta colectiva de los trabajadores. Por ello avanza en la destrucción de cualquier organización social o gremial que pretenda asumir demandas que no estén subordinadas a las estructuras clientelares del partido-Estado.

Están en desarrollo contradicciones entre los grupos de poder que conforman la alianza gobernante y también de factores disidentes que expresan el descontento social y político de las bases. Estas contradicciones tienden a agudizarse y una muestra de ello es que Maduro ha lanzado una campaña con el fin de conjurar una fractura temprana del bloque gubernamental, contra lo que califica de “izquierda trasnochada” y divisionismo contrarrevolucionario promovido por “infiltrados” y al servicio del imperio.

¿QUÉ HACER?

La pérdida de credibilidad y confianza en el liderazgo político y en las instituciones en disolución, configura un escenario de ruptura entre la sociedad y su expresión política e institucional. No solo estamos ante un desprestigio de los partidos y de la política, también ante la destrucción del tejido social y de los mecanismos de participación y de lucha de los sectores populares.

La alta abstención ocurrida en las elecciones parlamentarias expresa esa ruptura, lo cual tiende a fortalecer al régimen de Maduro y al desvanecimiento de las estructuras colectivas de participación ciudadana, mientras las organizaciones políticas de la oposición democrática, impulsoras de la ruta democrática, constitucional y soberana para salir de la crisis, se mantienen atrapadas en protagonismo sectario estéril que impide el desarrollo de una política unitaria conectada con la gente, enfocada en la reinstitucionalización y la atención de la emergencia social compleja.

1. La prioridad para la gran mayoría de la población es sobrevivir y sus demandas se expresan todos los días en las calles del país, a través de múltiples protestas exigiendo agua, gas, electricidad, salarios justos, atención médica y cese a la violación de los derechos humanos. Debido a la inexistencia de mecanismos que articulen y canalicen estas demandas, desde y en los territorios, se dificulta el avance en un proceso de “acumulación de fuerza” para elevar progresivamente la presión sobre el gobierno a fin de alcanzar conquistas parciales y de ir evidenciando la fuerza potente del colectivo para impulsar el cambio político. Esa estrategia requiere de un mapa de actores en los territorios y el desarrollo de redes sectoriales y regionales (trabajadores, campesinos y pequeños productores agrícolas, mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, universidades, gremios profesionales etc.) que articulen iniciativas entre los movimientos sociales y organizaciones populares, con un plan de acción común que exprese las demandas de la sociedad.

2. En el ámbito político hay que impulsar fórmulas electorales unitarias en las próximas elecciones regionales y municipales, basadas en liderazgos sociales y políticos honestos, reconocidos y consensuados, que expresen la voluntad colectiva de enfrentar la emergencia social compleja en el ámbito territorial y confrontar al régimen autoritario neoliberal de Maduro. Esto debe hacerse sobre la base del compromisos de los candidatos que se presenten de luchar, en cada ámbito de actuación, en defensa de la Constitución y trabajar para que el próximo año se convoque el referéndum revocatorio previsto en los artículos 71 y 72 de la Carta Magna, para así evitar que se consolide el régimen autoritario extractivista neoliberal de Nicolás Maduro.

Santiago Arconada     Edgardo Lander   Roberto López   Gustavo Márquez

Oly Millán Esteban Mosonyi  Héctor Navarro Ana Elisa Osorio Juan García 

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[i] Centro Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial

[ii]Gaceta Oficial: https://www.ghm.com.ve/wp-content/uploads/2021/01/42034.pdf