Ante la idea muy difundida que dice que “los jóvenes no saben por qué están en las calles”, damos voz a Simona, integrante de los Escudos Azules, para contrastarla .

Un día más en las calles es un día de lucha y resistencia por alcanzar la dignidad del pueblo.

Un día más en las calles es un día en el que elevamos la voz exigiendo verdad, justicia y no repetición.

Un día más en las calles es un día en el que aumentan los muertos y la brutalidad policial es implacable.

Un día más en las calles es un día en el que la ternura del pueblo se manifiesta en una olla comunitaria para todos y no para unos pocos.

Un día más en las calles es un día en el que me encuentro con miles de jóvenes que creen que el amor es el que transformará el país.

Un día más en las calles es un día en el que hacemos realidad nuestras utopías más íntimas.

Aquello sonaba imposible, en Colombia no pasaría, estamos acostumbrados al uribismo y pare de contar. Pero no es así; llevamos más de un mes en las calles; si un pueblo sale masivamente en medio de la pandemia se debe a que es más peligroso el estado genocida que lo gobierna que cualquier virus. Por esta razón continuamos marchando. Esta es nuestra nueva normalidad, que está construyendo una generación que no tiene miedo y que salió por todo. Queremos que las viejas instituciones caigan, que los dogmas de guerra caigan, que los líderes corrompidos caigan. Somos hijos de la nada y por ello construiremos un país que esté a la altura de nuestra dignidad.

Una y otra vez escucho como se repite el siguiente discurso, que ha sido acentuado por los medios de comunicación oficiales, que moldean la opinión de los colombianos: “los jóvenes no saben por qué están en las calles. ¿Qué país va a quedar después de este paro? Nadie sabe por qué continúan en las calles, por qué, a pesar de que los asesinen, se siguen multiplicando ¿De dónde sacan fuerzas?”.

Estas preguntas se multiplican en el espectro público y deben tener una respuesta clara, porque los jóvenes sabemos las razones por las que continuamos arriesgando nuestras vidas en la calle. Anhelamos construir un país que sea digno para todos y no para unos pocos. Queremos educación, salud, vivienda y vida de calidad, pero esto es imposible de lograr si nos continúan asesinando, si el derecho a respirar y soñar con un país mejor es aniquilado por el disparo de un agente del ESMAD o de un paramilitar disfrazado de “persona de bien”.

Por esta razón, el grito de los jóvenes es que dejen de matarnos. Según Temblores ONG, el balance que ha dejado el paro nacional desde el 28 de abril hasta el 16 de junio del 2021 es: 4.285 casos de violencia policial, 1.468 víctimas de violencia física por parte de la Policía, 1.832 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 734 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 215 casos de disparos de arma de fuego por parte de la policía, 28 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública, 70 víctimas de agresión en sus ojos y 43 víctimas de violencia homicida por parte de la Policía ( Se encuentran en verificación 21 homicidios)

No podemos olvidar que detrás de estas cifras se encuentra la singularidad de un individuo que salió a protestar y terminó muriendo a manos de aquellos que juraron protegerlo. Estamos cansados de recoger a nuestros compañeros que son asesinados por la Policía Nacional, estamos cansados de llorar porque otro compañero perdió su ojo cuando decidió abrirlo. Estamos cansados de que violen a las mujeres. Por estas razones, lo que quieren los jóvenes en las calles es una reforma policial ya.

Esta reforma implica dos aspectos fundamentales que están sintetizados en el grito de los familiares de los desaparecidos y asesinados en las calles por la Policía Nacional: “Verdad, justicia y NO repetición”. Para lograr la verdad es necesario que Iván Duque, presidente de la República; Diego Molano Aponte, ministro de Defensa; Eduardo Zapateiro, general del Ejército Nacional, y Jorge Luis Vargas, director de la Policía, reconozcan su responsabilidad como autores intelectuales de los asesinatos que se han dado a lo largo del territorio colombiano; ellos han causado todo el caos que vivimos en las calles, a través de sus políticas de estado en las que la represión y el castigo son sus grandes banderas; han generado terror en la población que dejo de ver a su policía con respeto para sentir temor ante su comportamiento. Este reconocimiento público debe traducirse en una renuncia; los asesinos del pueblo NO pueden continuar en sus cargos, su labor es velar por nuestra seguridad.

Una madre que recoge a su hijo, un hermano que añora la sonrisa de su ser amado, debe lidiar con el dolor de la ausencia y emprender una ardua labor que le permita acceder a la justicia para ser reparada. En el camino se encuentran con varias dificultades; una de ellas es que un organismo que hace parte del Ministerio de Defensa, como lo es la Justicia Penal Militar, sea el encargado de juzgar los crímenes que cometen los miembros de la fuerza pública. El mensaje es claro: la policía que ejecuta los crímenes es la misma que decide si son culpables o no; este acto de ejecutor y de juez hace que los ciudadanos pierdan la confianza en la neutralidad que debe tener una entidad encargada de condenar estos crímenes de lesa humanidad. Esta afirmación se basa en la investigación realizada por Temblores ONG en su informe: “Bolillo, Dios y Patria”, que señala que entre el año 2017 y 2019 se cometieron 39.613 casos de abuso policial, de los cuales solo se abrieron 886 investigaciones en la Fiscalía, 92 procesos fueron archivados y solo existen ocho condenas. Lo que equivale a que solo el 0,02 % de las victimas pudieron acceder a la justicia y obtener un fallo satisfactorio. Cuando una entidad como la Policía Nacional no condena el comportamiento asesino de uno de sus agentes, les está enviando un mensaje al resto de miembros de que pueden seguir excediéndose y serán protegidos por la institución. Por esto es necesario que no exista más impunidad y que los crímenes cometidos por las fuerzas militares sean juzgados en la justicia penal ordinaria y NO en la justicia penal Militar.

Para que se garantice la NO repetición se pide que la Policía como cuerpo de control civil pasé del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior; esto permitiría consolidar protocolos claros de control, sanción y capacitación en derechos humanos que se sostengan en el tiempo y respondan a criterios civiles en lugar de militares; así dejan de ver a los ciudadanos como enemigos internos y los vuelven a ver como ciudadanos que deben proteger. En las calles se ha evidenciado que la Policía ve la protesta social como una amenaza subversiva que debe ser combatida y aniquilada con toda la brutalidad. Esto no es así, estamos construyendo país y para esto debe cuidarnos el Estado.

Esta es una de las razones por las que los jóvenes continuamos en las calles; estamos exigiendo una reforma policial que garantice el derecho a la vida, para que podamos moldear el país justo y equitativo que merecemos. Todas las vidas valen y deber ser respetadas y cuidadas. Hasta que esto se cumpla, seguiremos llenando las calles de vida, de color, de arengas, de esperanza, de música y de resistencia. El grito de los hijos de la nada se sintetiza en la siguiente arenga: “¿Por qué, por qué, por qué nos asesinan, si somos la esperanza de América Latina”.

Simona, integrante de Escudos azules.