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1° de julio de 2021
Los jödi, yanomami y uwottüja en aislamiento voluntario se ven amenazados por las invasiones que provocan las actividades extractivas y por la presencia de grupos ilegales en la región: al impacto ambiental se suman los efectos socioculturales y sanitarios. Los aislados son conscientes de que los agentes foráneos son potenciales transmisores de enfermedades, lo cual representa una motivación para mantenerse en aislamiento. El Covid-19 agrava la situación ante la alta vulnerabilidad epidemiológica e inmunológica.
En la amazonía venezolana habitan grupos de tres pueblos indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial: el pueblo Jödi en la Serranía de Maigualida, los grupos Yanomami en áreas de difícil acceso en los estados de Amazonas y Bolívar, y los Uwottüja, cerca de la frontera con Colombia. La selva, las serranías, los tepui, los animales salvajes y las vertientes de agua proporcionan las condiciones geográficas y ambientales necesarias para que estas comunidades puedan subsistir sin la necesidad de contactarse con la sociedad no indígena.
Según el censo de 2011, los jödi ascienden a unas 400 personas en aislamiento o contacto inicial, sobre un total de 982. La mayoría se encuentra nucleada en dos comunidades: Caño Iguana (Amazonas) y San José de Kayamá (Bolívar). Por su parte, los grupos de Yanomami en contacto inicial ascienden a unas 4.000 personas sobre un total de 13.231 indígenas. Finalmente, los uwottüja en aislamiento voluntario están conformados por pequeñas comunidades de entre 150 y 200 personas, con un total aproximado de 19.294 miembros.
La invasión de grupos ilegales
Estos grupos poseen características epidemiológicas similares y una alta vulnerabilidad inmunológica por las particulares condiciones socioculturales, sanitarias y geográficas de las zonas en las que habitan. Estas condiciones se ven agravadas debido a que los territorios están siendo ocupados e invadidos progresivamente por grupos externos ilegales que generan un fuerte impacto ambiental, sociocultural y sanitario: disidentes de la guerrilla colombiana, mineros ilegales, contrabandistas, narcotraficantes y mafias. Además de ser potenciales transmisores de enfermedades, estos grupos están destruyendo los hábitats indígenas de la región amazónica venezolana a través de la deforestación, la desviación de los cursos de los ríos, los procesos de sedimentación que afectan los ecosistemas fluviales y la contaminación con sustancias tóxicas.
Los impactos socioculturales y sanitarios generan cambios culturales en el modo de organización interna de las comunidades, los sistemas de autoridades tradicionales, el ejercicio de la autonomía, la afectación de las actividades económicas tradicionales, la alteración de valores comunitarios, la convivencia pacífica, la identidad cultural, la destrucción de lugares sagrados, a división de las comunidades por supuestos beneficios y, enfrentamientos y violencia entre las comunidades.
“Los territorios están siendo ocupados e invadidos progresivamente por grupos externos ilegales que generan un fuerte impacto ambiental, sociocultural y sanitario.”
Los grupos externos armados pretenden el control político, económico y militar de los territorios indígenas, vulnerando así los derechos a la libre determinación, la organización interna y la autogestión reconocidos en el ordenamiento jurídico. De este modo, desarrollan actividades de extracción y comercialización de oro, diamante y coltán, tráfico de combustible, contrabando de bienes y narcotráfico, entre otras actividades ilegales.
En la frontera con Brasil, en los estados de Amazonas y Roraima, los territorios indígenas han sido invadidos por miles de garimpeiros (mineros). Los reportes dan cuenta de la presencia de unos 20.000 trabajadores mineros en tierras yanomami que actúan como agentes de transmisión de enfermedades, como la malaria, el sarampión, la hepatitis y el Covid-19. De este modo, los agentes externos ponen en riesgo la salud de los indígenas en aislamiento. Esta situación se ve agravada por la nueva política minera del Estado venezolano y el megaproyecto Arco Minero del Orinoco (en ejecución en el estado de Bolívar), cuyas implicaciones son regionales.
La llegada del Covid-19 y la necesidad de reconocimiento constitucional
La pandemia amenaza la salud y la vida de los indígenas en aislamiento si no se toman medidas de control de entrada a los espacios contiguos a los territorios que ocupan. Las proyecciones sobre coronavirus y pueblos indígenas en la Amazonía indican altas tasas de morbilidad y mortalidad. Según la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), en 2020 se contagiaron más de 6.000 indígenas, fallecieron unas 600 personas y 100 pueblos fueron afectados. A su vez, el Observatorio Wataniba-ORPIA sobre Covid-19 en la Amazonía Venezolana informó 3.631.656 casos y 117.352 fallecidos en la Panamazonía en su Boletín N° 23. En 2021, se han notificado 10.482 casos.
Los datos oficiales sobre Covid-19 en pueblos indígenas de Venezuela y la Amazonía han dejado de generarse. En consecuencia, la única información disponible proviene del periodismo o las autoridades regionales. Por la densidad poblacional, en los estados amazónicos se reportan casos potencialmente indígenas: un 50% en Amazonas, un 27% en Bolívar y un 25% en Delta Amacuro. Con un sistema inmunológico debilitado y el avance de la minería ilegal, la única medida de protección efectiva es garantizar la continuidad del aislamiento.
“La Defensoría del Pueblo propuso ante la Asamblea Constituyente la posibilidad de incluir una disposición que reconociera a los pueblos indígenas en aislamiento y las medidas específicas de protección.”
En cuanto al reconocimiento por parte del Estado venezolano, siempre se había negado expresamente la existencia de grupos en aislamiento voluntario o contacto inicial. Esta posición, sostenida por la Cancillería y varios Ministerios, cambió en 2010: gracias al trabajo de visibilización que realizaron las organizaciones sociales, ambientales e indígenas para demostrar la existencia de estos tres pueblos aislados se logró que las instituciones del Estado los reconocieran.
Desde 2013, en los informes de la Defensoría del Pueblo se menciona la existencia de pueblos indígenas aislados y en contacto inicial, las amenazas y los riesgos que los afectan. A su vez, en 2019 la Defensoría propuso ante la Asamblea Constituyente la posibilidad de incluir una disposición que reconociera a los pueblos indígenas en aislamiento y las medidas específicas de protección en el nuevo texto constitucional.
Los grupos externos como agentes transmisores de enfermedades
En el caso de los jödi, la antropóloga e investigadora Eglee Zent señala que la estrategia indígena del aislamiento voluntario parte de la conciencia de que todos los agentes foráneos son potenciales transmisores de enfermedades. Por otra parte, no se tiene información suficiente sobre la presencia de grupos externos armados ni del contacto entre estos y los grupos aislados jödi. La experta considera que si el Covid-19 llega a las comunidades aisladas, la situación sería fatal por su fragilidad epidemiológica.
Como una de las debilidades mayores que tienen los jödi, los yanomami y los uwottüja en aislamiento son las infecciones respiratorias, el coronavirus agudizaría las complicaciones y fallecimientos. El problema se agrava por las deficiencias del sistema de salud en la región amazónica, la falta de medicamentos e insumos, y las fallas en el combustible y transporte. No obstante, los ríos, el aislamiento y las dificultades de acceso se convierten en barreras e instrumentos de control al ingreso de agentes foráneos. Por su parte, los jödi nucleados (que viven en comunidades en contacto con la sociedad no indígena) saben del coronavirus a través de la radio y algunos grupos se han dividido en decenas de pequeños asentamientos, cada uno aislado de otro, para evitar los contagios.
“Los expertos presumen que pueden haber muchas más muertes en números absolutos, por malaria, por neumonías, o por muchas causas infecciosas.”
Los expertos en enfermedades tropicales y atención en salud en áreas de difícil acceso advierten que es mucho más factible que la pandemia llegue con fuerza al territorio yanomami en Venezuela a través de Brasil, debido a la fuerte presencia de mineros. Por otro lado, los expertos presumen que podrían haber más muertes en números absolutos por malaria, neumonías u otras enfermedades que son igual de graves que el Covid-19, pero que no están siendo contabilizadas por la ausencia de reportes epidemiológicos en la región. La situación se agrava por la deficiente atención en salud en el Alto Orinoco, el abandono, la falta de personal médico y la escasez de recursos.
Por su lado, el antropólogo Alexander Mansutti señala que la situación del pueblo Uwottüja es compleja en toda la frontera entre Venezuela y Colombia, con contagios y enfermos en municipios aledaños de ambos países. Así, resulta importante conocer el comportamiento de la pandemia para que se tomen medidas preventivas en los grandes pueblos intermedios, que es donde está el riesgo del contagio y se podría expandir la epidemia hacia los pequeños poblados. Para evitar que la pandemia llegue a los aislados, se debe concientizar a los familiares que viven en las ciudades y asentamiento para que restrinjan sus viajes a las zonas de refugio en las cabeceras de los ríos.
¿Cómo proteger a los grupos voluntariamente aislados?
Es necesario que el Estado venezolano asuma una política clara y efectiva para controlar la entrada a territorios indígenas de grupos externos ilegales. Tanto los especialistas como las organizaciones indígenas han denunciado en varias oportunidades la presencia de mineros, la disidencia de la guerrilla, el narcotráfico y el contrabando.
Con este objetivo, se debe implementar la posibilidad de construir protocolos de consulta previa, libre e informada, junto a los pueblos indígenas. De este modo, se podría garantizar la protección en las zonas donde se encuentran los grupos en aislamiento.
A nivel normativo es imperioso reconocer la presencia de los grupos de pueblos en aislamiento y la necesidad de adoptar medidas especiales para garantizar la intangibilidad de sus territorios y los cordones de seguridad que impidan la entrada de agentes externos que ponen en peligro su sobrevivencia.
Luis Jesús Bello integra la Asamblea General y la Junta Directiva del Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía “Wataniba“, y es editor del libro “El Estado ante la sociedad multiétnica y pluricultural. Políticas públicas y derechos de los pueblos indígenas en Venezuela (1999-2010)”.