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Chile: Convención Constitucional. Comparando el arriba con el abajo. N°7 - Ejecutivo, legislativo y judicial, dependientes o independientes

Jaime Yovanovic (Profesor J), abogado constitucionalista graduado en Cuba :: 10.07.21

Partidos políticos hacen de puente entre convencionales y parlamentarios. Los hechos en Chile y la experiencia de la constitución plurinacional boliviana.

Convención Constitucional. Comparando el arriba con el abajo. N°7

EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL. DEPENDIENTES O INDEPENDIENTES

Partidos políticos hacen de puente entre convencionales y parlamentarios. Los hechos en Chile y la experiencia de la constitución plurinacional boliviana. 

 

Informe diario de propuestas, intercambios y resoluciones - Sale a las 08AM

Comparando debates y acuerdos con las formas de vida que apuntan en los barrios y familias hacia el cambio social.

 

Por Jaime Yovanovic (Profesor J), abogado constitucionalista graduado en Cuba

https://www.facebook.com/groups/ConstitucionDerechoAlternativoAutonomiaComunitaria

 

Cada día veremos algunos conceptos utilizados, los debates al respecto en la convención y la realidad de las dinámicas propias del pueblo, o los pueblos: hoy  veremos la farsa de la teoría de los tres poderes que nunca van a funcionar con independencia unos de los otros, sino que se coordinan para servir al proceso de acumulación y despojo capitalista.

 

Conceptos, doctrina jurídica y experiencias sobre la relación entre las funciones del estado.

 

El estado como órgano de poder público representa del poder social de los propietarios de las grandes empresas capitalistas de allí que para equilibrarse entre ellos y distribuirse funciones entre sus intelectuales necesita a los partidos políticos que coordinarán las funciones y cargos al estilo mafia, es decir verticalmente y por fuera de los mecanismos que simulan la democracia. Los partidos de la oligarquía lo han hechos todos estos años y en el último tiempo lo han hecho los partidos de izquierda en casi todos los países como en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia donde el partido dominante desde el ejecutivo y desde el legislativo ha pasado a colocar sus miembros en los puestos judiciales y así han podido captar a la oficialidad de las fuerzas armadas y del orden para que cumplan sus determinaciones.

 

Prensa:

El Congreso en paralelo a la Convención: Análisis al rol del Legislativo en el nuevo escenario nacional – El Mercurio

En sus declaraciones, los representantes del órgano constitucional han marcado puntos políticos que solían provenir de los parlamentarios. Además, ciertas discusiones han sido postergadas por los legisladores a la espera de lo que ocurra en el debate de la nueva Carta Magna. 09 de Julio de 2021 | 17:30

 ”Desde la Convención Constitucional vamos a impulsar el proyecto de ley de indulto para que las personas que están privadas de libertad por razones políticas recuperen su libertad lo antes posible”, dijo el vicepresidente Jaime Bassa pocos momentos después de ser elegido para el cargo. Si bien reconoció que la Convención no tiene competencias para tomar decisiones legislativas, señaló que el órgano ejerce sus funciones “en un contexto político que hoy está marcado por la emergencia de un poder constituyente”. “Somos autoridades instaladas desde el poder de nuestras colectividades y para la democracia chilena es necesario hablar el tema. Nosotros, que vamos a escribir la Constitución, vamos a hacer un trabajo de profundización de esa democracia y hay situaciones, como los presos de la revuelta, que no están solucionadas para la tranquilidad de toda la Convención”, dijo al día siguiente la presidenta de la instancia, Elisa Loncon. 

Además, la convencional mapuche respondió a un cuestionamiento que surgió apenas hicieron sus declaraciones el domingo: “Intromisión de otros poderes del Estado no hay. No es nuestra postura”, dijo. Y es que los emplazamientos salieron incluso del propio Congreso Nacional. “Espero que la Convención, tal como lo ha señalado su presidenta y vicepresidente, tenga respeto por el resto de las instituciones que forman parte de la institucionalidad democrática”, aseguró la presidenta del Senado, Yasna Provoste, este lunes. “Si la Convención Constitucional pretende resolver cuestiones de materias legislativas o desea revisar y cuestionar fallos judiciales y el trabajo del Ministerio Público, es una combinación que en nada aporta a salir de una crisis institucional”, agregó el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen. “Hay márgenes que se están transgrediendo y que nos parecen peligrosos”, añadió. Se trata de una de las aristas en las que ya se ha visualizado que el funcionamiento de la Convención podría influir en el del Congreso Nacional. Además de la presión sobre la agenda legislativa, hay voces que señalan que podría traducirse en nuevos objetivos para el Poder Legislativo en el corto plazo o incluso un replanteamiento identitario del Parlamento. La misión de cada institución El 25 de mayo, la comisión de Vivienda del Senado rechazó el proyecto de integración social urbana citando diferentes argumentos, entre ellos que se trataba de una materia que debía ser abordada en otro contexto. “La discusión de fondo debe darse en el proceso constituyente”, dijo el senador RD Juan Ignacio Latorre. “Es un riesgo, porque el Congreso a ratos ha operado queriendo delegar en la Convención todo el futuro del país”, comenta el director del Instituto de Filosofía de la U. de Los Andes, Manfred Svensson.

 ”El Congreso tiene que preservar una preocupación por los límites de la Convención, pero tiene su propio trabajo que hacer y es muy serio y muy importante que, durante el tiempo que dure el trabajo de la Convención, haya conciencia de eso: de que el país tiene que seguir funcionando y que no está en pausa esperando el final del trabajo de la Convención”, agrega. “El Congreso a ratos ha operado queriendo delegar en la Convención todo el futuro del país” Manfred Svensson Para el también investigador del IES, debe existir conciencia de que “la crisis del país es real y no es un invento”. “Hay que abordarla por distintos lados y no sentarnos a esperar que la Convención nos entregue un país refundado, porque los países no operan así”, dice a Emol Svensson, quien asegura que identifica “un cierto ánimo de posposición de discusiones y de la vida del país que es muy preocupante”. En el tópico, en todo caso, no hay consenso. Para Mario Herrera, investigador del Centro de Análisis Político de la U. de Talca, lo que se está viendo es una inversión de roles. “Lo que uno esperaría de un Congreso es que esté preocupado de las variables que son de corto plazo, como la pandemia, las elecciones que tenemos en lo inmediato y eventualmente alguna legislación que solicite la Convención, y en cambio que la Convención esté preocupada de las cosas a largo plazo”, expone. “Lo que estamos observando es que los roles parece que se invierten: la Convención está preocupada de los presos políticos, que es un tema de contingencia, y el Congreso, en cambio, de discusiones de proyectos de ley que probablemente no tengan algún sentido después, cuando se apruebe la nueva Constitución, como por ejemplo el voto obligatorio”, menciona. En efecto, dicho proyecto fue aprobado por la Cámara y por la comisión de Constitución del Senado recientemente. Los últimos meses del Congreso Luego del despliegue mediático de la Convención en sus primeras horas de funcionamiento, uno de los mensajes que se interpretó para la ciudadanía es que el nuevo órgano constitucional sería el encargado de marcar los puntos políticos del debate nacional. La agenda, se piensa, se verá inevitablemente influida de forma primordial por lo que en ella pase. Por eso hay quienes piensan que el Congreso verá reducida su opción de usar esa carta identitaria: la de marcar puntos políticos, a veces de la mano de proyectos con pocas posibilidades de avanzar en la discusión legislativa pero que sientan un precedente sobre lo que ocurre en la contingencia nacional. “A los congresistas les quedan meses de trabajo que tendrán que conciliar con las campañas de quienes van a repostular, por lo que van a tener que funcionar en carriles diferentes pero no parar de legislar” Mireya Dávila Un ejemplo es lo que ocurrió esta semana: la bancada del PC anunció que presentaría una acusación constitucional contra el ministro Juan José Ossa (Segpres) por una “acción deliberada” para boicotear la Convención, una acción que contaría con el apoyo del Frente Amplio pero que fue criticada por el PS. En paralelo, avanza el camino para levantar la misma herramienta en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa. Para la académica del Instituto de Asuntos Públicos de la U. de Chile, Mireya Dávila, “la agenda de mociones de los parlamentarios tiene más que ver con el vacío de poder que ha dejado el Gobierno que con la mayor capacidad política de los parlamentarios”. Derivado de los mandatos asignados a cada institución, asegura, se entiende que “las identidades son distintas”. Desde su punto de vista, lo que viene en los meses venideros para el Legislativo es complejo no solo por el funcionamiento de la Convención. “A los congresistas les quedan meses de trabajo que tendrán que conciliar con las campañas de quienes van a repostular, por lo que me parece que van a tener que funcionar en carriles diferentes pero no van a parar de legislar”, opina. Luego de esa elección, añadió en EmolTV el experto electoral y analista político Mauricio Morales, el nuevo Congreso Nacional —el cual asegura que será “absolutamente irrelevante en términos políticos”— probablemente tenga que abordar dos puntos. “Lo primero, porque se va a hacer, va a ser rediscutir la regla de los dos tercios: el Congreso puede discutirlo nuevamente por presión de la Convención, y en segundo lugar extender el plazo para que esta Constitución sea redactada”, cerró.

La experiencia de Bolivia:

Bolivia tiene una constitución plurinacional que estimula (teóricamente) las autonomías, pero igual los partidos consiguen sus objetivos, en este cao controlar el poder judicial:

 

Bolivia, Gobierno del MAS no cesa en su intención de controlar y someter todos los poderes del estado

Comité Nacional de Defensa de la Democracia   Conade    09.Jul.21  http://clajadep.lahaine.org

 

 Durante las últimas semanas el país ha tomado conocimiento de una sistemática tarea de acoso y ataque contra el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), por parte de legisladores y operadores del gobierno del MAS.

Estos actos de desestabilización e injerencia indebida se han manifestado primero con la intención de descabezar la presidencia y vicepresidencia del TSE; la posterior decisión de proceder a una auditoría por supuestos malos manejos económicos, y la sorpresiva como ilegal decisión de sustituir e imponer nuevos vocales a nivel departamental del mismo Órgano, con lo cual se ejercita y produce un acto de injerencia y abuso de poder.

Ahora nos enteramos que se ha tomado la decisión de suspender temporalmente a la vocal Rosario Baptista, aprovechando la reciente incorporación y voto de una nueva vocal nombrada por el poder Ejecutivo y que claramente responde a sus instrucciones. Esta inesperada sanción nuevamente pone en evidencia un inadmisible asedio sobre un poder independiente, sino además la clara voluntad de someter, controlar y subordinar otro poder del Estado, en favor de los intereses de poder del gobierno y el desmedro total de la democracia, el respeto a la institucionalidad y la independencia de poderes que exige y reclama todo el país. Es decir, se trata de una forma de golpe de Estado con base en el uso abusivo de la autoridad y el poder detentado, en contra de un órgano independiente, en el afán de controlar y manipular su funcionamiento y las competencias que le corresponden.

En vista de la gravedad de estas arremetidas que terminarán cercenando la democracia, atentando contra los derechos políticos de todo el pueblo, y dando paso al establecimiento de un régimen autoritario que controla, manipula e impone sus decisiones en todos los poderes del Estado; CONADE quiere expresar su profundo repudio a las decisiones conocidas, hacer un llamado de convocatoria al pueblo para que se pronuncie rechazando semejantes abusos, y exigir al gobierno de Luis Arce Catacora, para que desista inmediatamente de este ataque infundado a un poder independiente, si efectivamente le queda algo de respeto por la democracia.

El gobierno debe caer en cuenta que por esta sucesión abusiva y autoritaria de decisiones y medidas que entrañan otras prioridades, el país se encuentra cada vez más molesto e indignado, porque se da cuenta de una flagrante despreocupación y desprecio gubernamental respecto de los graves problemas que afectan y dejan en el desamparo a la sociedad.

La Paz, Julio 8 de 2021

 

Oscar Prada  

Uno de los principales constituyentes en la elaboración de la actual constitución boliviana y viceministro de Planificación Estratégica del gobierno de Evo Morales, del que se retiró por su deriva centralista, autoritaria y capitalista, escribe hoy 9 de julio:

 

Los jueces y fiscales son el estrato superior de la delincuencia institucionalizada. No hay administración de justicia sino aparatos de la extorsión. No tienen legalidad ni mucho menos legitimidad. No hay Órgano de Poder Judicial, hay el dispositivo descomunal del terrorismo de Estado de la judicialización compulsiva y generalizada. No hay gobierno sino la estructura desmesurada del terrorismo de Estado, ejercida de manera desbocada. No hay Estado sino la dominación del lado oscuro del poder que ha declarado la guerra al pueblo, a los ecosistemas, al Oikos y a la vida. Es responsabilidad del pueblo defenderse, defender la democracia, defender la vida. La burguesía mafiosa y rentista debe ser abolida, el Estado de sitio encubierto debe ser abolido, el círculo vicioso del poder debe ser clausurado. Comenzar en otro horizonte histórico, político y cultural es la tarea urgente del pueblo y la sociedad.

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