Managua, 13 jul (EFE).- La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco informó este martes que desconoce, por “viciado”, la legitimidad del actual proceso electoral de Nicaragua, que tendrá su día cumbre con las votaciones el 7 de noviembre próximo, y en el que el presidente Daniel Ortega buscará una nueva reelección.
“No podemos reconocer en este momento el proceso electoral como algo legítimo y vinculante, no cumple con los requisitos mínimos”, dijo la dirigente de la Unidad Alexa Zamora, en teleconferencia de prensa.
Las elecciones generales del 7 de noviembre próximo “no garantiza bajo ninguna circunstancia que se respete la voluntad popular, y es totalmente violatoria de los derechos de los ciudadanos”, sostuvo.
La Unidad Nacional, que no cuenta con personalidad jurídica, basó su decisión en las acciones estatales contra opositores, como el arresto de al menos seis aspirantes a la Presidencia y cerca de 20 líderes, la imposición de leyes que restringen la participación en las elecciones, el nombramiento de magistrados sandinistas en el Poder Electoral, o el asedio policial contra la disidencia.
“Reafirmamos que no rechazamos la vía electoral, rechazamos el proceso electoral viciado e impuesto por la dictadura”, indicó ese grupo.
INSISTEN EN ELECCIONES LIBRES
“Podés ir a un proceso electoral, pero eso no garantiza el resultado y no garantiza la salida de Ortega”, señaló el también dirigente de la Unidad Ariel Sotelo, al ser cuestionado sobre la necesidad de derrotar al presidente en unas elecciones que, según afirmó, no ofrece garantías.
Los miembros de la Unidad Nacional insistieron en que el interés de la organización, conformada en su mayoría por los llamados “manifestantes autoconvocados” de abril de 2018, es “salir de la dictadura a través de la vía pacífica”, más allá de los comicios de noviembre.
Sostuvieron que solamente reconocerán como legítimo un proceso electoral que cuente con “libertad absoluta de todas las personas presas políticas, elecciones libres, observadas, transparentes, retorno de las garantías civiles y políticas”, así como el “cese a la represión, persecución y militarización en el país”.
También reconocerán las elecciones si se realizan “reformas electorales que incorporen las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
La Unidad descartó apoyar a quien resulte candidato presidencial por el también partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL), al considerar que la elección interna “se está dando a través de dedazos (impuesta)”, explicó la integrante de la organización María Laura Alvarado.
“No tenemos el derecho de elegir a las personas que nosotros creemos que son óptimas para dirigir el país”, lamentó el dirigente de la Unidad Alex Hernández.
El proceso electoral ha sido objeto de críticas, tanto dentro como fuera del país, por las razones que señaló hoy la Unidad.
En las elecciones de noviembre, Ortega, quien gobierna desde 2007 tras haberlo hecho entre 1979 y 1990, se jugará 42 años de primacía casi absoluta sobre la política nicaragüense.