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ILAVE, Perú (15 de abril de 2004).– Las comunidades aymaras continuaban este jueves bloqueando accesos internacionales en el marco de una protesta contra la corrupción gubernamental, en la meridional provincia peruana de El Collao, demandando la renuncia del Alcalde. El alcance de la protesta podría derivar en la paralización de toda la región, zona estratégica en la comunicación terrestre con Bolivia y el resto de los países del Cono Sur. La megaprotesta está afectando todas las actividades turísticas y el tráfico comercial agrícola.
La ruta panamericana sur –que comunica Perú con Bolivia, los países del Mercosur y el resto del continente– ha sido cortada desde hace 13 días por miles de aymaras procedentes de las regiones montañosas, en una extensión de diez kilómetros. La carretera, de mucho uso para el turismo y el agro, es el contacto entre las ciudades de Cusco-Perú y la ciudad boliviana de La Paz con la totalidad de las regiones peruanas.
Desde hace 13 días el municipio de la ciudad peruana de Ilave está “tomado” por más de 25.000 personas que reclaman la destitución de Cirilo Fernando Robles Callomamani, alcalde de esa localidad. Los manifestantes ilaveños representan a los 90,000 habitantes aymaras de la provincia de El Collao, en el sudeste del país.
La provincia de El Collao se encuentra al sudeste de Perú, limitando con Bolivia, donde ambos países comparten el lago Titicaca. Puno, capital de esa provincia y de estrechas relaciones comerciales con la ciudad boliviana de La Paz, se encuentra enclavada sobre este lago, de gran atracción turística. La megaprotesta está afectando todas las actividades turísticas y el tráfico comercial agropecuario.
A su vez, la plaza de Ilave ha sido ocupada por mujeres, varones, niños y jóvenes que están durmiendo en la misma plaza y organizando ollas comunes. La cantidad de manifestantes varía según los días, y oscila entre los 7 mil a 25 mil personas, según cálculos gubernamentales.
En tanto, este jueves, decenas de miles de personas se dirigían a la capital de la provincia, Puno, para protestar por la inatención de las autoridades regionales y nacionales. Mientras el Alcalde y sus cuatro regidores oficialistas se encuentran no habidos en la Provincia de El Collao. Los dirigentes ilaveños advirtieron que si no hay solución paralizarían toda la región.
Por su parte, las autoridades regionales –que llegaron con el propósito de instalar al regidor Teófilo Contreras Encinas en el sillón municipal– han fracasado en su intento y eluden toda comunicación con los dirigentes de base. El gobierno nacional todavía no ha intervenido en este conflicto que ocurre en una de las mayores naciones indígenas peruanas.
La Vicaría de solidaridad de la prelatura de Juli y la Parroquia de San Miguel de Ilave, organismos de la Iglesia Católica peruana, enclavado en esa provincia, vienen ofreciendo apoyo humanitario y están trabajando en la mediación junto a la defensoría del pueblo, facilitando la comunicación entre el comité de lucha y otras instancias gubernamentales.
Otro acceso bloqueado es la ruta binacional, que comunica la zona costera del Perú con Bolivia y Brasil. Esta ruta tiene un área de influencia que abarca cuatro regiones peruanas (Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno) y las provincias del altiplano boliviano, con 300 mil kilómetros cuadrados, aproximadamente.
Hasta el momento, se ha formado una comisión mediadora pero el conflicto se encuentra en punto muerto. Los dirigentes de base ilaveños y toda las autoridades indígenas aseguran que el Alcalde abusó de su poder, reprimiéndolos e ignorando sus demandas de desarrollo; excluyéndolos de los programas municipales e incurrió en irregularidades administrativas y corrupción en el manejo de fondos públicos, y están dispuestos a no ceder en su lucha hasta separarlo de su cargo.
“Una vez más somos testigos de que los pueblos más pobres están al margen de los grandes poderes, no son oídos en sus reclamos y están atrapados en los sistemas llamados democráticos. Los medios de comunicación enmudecen las imágenes cotidianas; las vivimos l@s que estamos aquí. Sentimos la injusticia e impotencia junto con el pueblo que permanece pacífica y tercamente esperando justicia”, señalaron las personas que intervienen ayudando humanitariamente a los grupos en conflicto.