Como ocurre siempre que se establece un régimen despótico de emergencia y se suspenden las garantías constitucionales, el resultado es, como ocurrió con los judíos bajo el fascismo, la discriminación de una categoría de hombres, que se convierten automáticamente en ciudadanos de segunda clase. Éste es el objetivo de la creación del llamado green pass. Que se trata de una discriminación basada en convicciones personales y no en una certeza científica objetiva lo demuestra el hecho de que en los círculos científicos se sigue debatiendo sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas, que, en opinión de médicos y científicos a los que no hay razón para ignorar, se produjeron de forma precipitada y sin las pruebas adecuadas.

A pesar de ello, quienes se atengan a su libre y fundada convicción y se nieguen a vacunarse serán excluidos de la vida social. El hecho de que la vacuna se convierta así en una especie de símbolo político-religioso destinado a establecer una discriminación entre los ciudadanos queda patente en la irresponsable declaración de un político que, refiriéndose a quienes no se vacunan, dijo, sin darse cuenta de que estaba utilizando una jerga fascista: «los vamos a purgar con el green pass». El «pase verde» convierte a quienes no lo tienen en portadores virtuales de una estrella amarilla.

Se trata de un hecho cuya gravedad política no es posible sobrevalorar. ¿Qué pasa con un país en el que se crea una clase discriminada? ¿Cómo se puede aceptar convivir con ciudadanos de segunda clase? La necesidad de discriminar es tan antigua como la sociedad misma, y las formas de discriminación estaban ciertamente presentes incluso en nuestras sociedades llamadas democráticas; pero que estas discriminaciones fácticas sean sancionadas por la ley es una barbaridad que no podemos aceptar.