La propuesta gubernamental fue recogida por el legislador sandinista Filiberto Rodríguez, quien presentó ante la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, una iniciativa de decreto para cancelar las personalidades jurídicas a las 24 ONG.

La propuesta de Rodríguez, vicepresidenta de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, establece que los bienes y activos que pertenezcan a esas entidades tendrán, previa liquidación, el destino previsto en el acto constitutivo o en su estatuto. “Si nada se hubiera dispuesto sobre ello, estos pasarán a ser propiedad del Estado”, según la iniciativa.

ROSARIO MURILLO LO HABÍA ANUNCIADO

Entre las ONG ilegalizadas están 15 asociaciones médicas, entre ellas la Asociación Médica Nicaragüense (AMN), que está integrada por 30 organizaciones gremiales y ha expresado sus críticas al Gobierno de Daniel Ortega por el supuesto manejo inadecuado de la pandemia en Nicaragua.

El 18 de marzo pasado, la AMN demandó al Ejecutivo vacunar “inmediatamente” contra la covid-19 a todos los trabajadores del sector salud, público y privado.

El pasado 7 de julio, la vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, acusó de ser “falsos médicos y con falsos pronósticos” a los galenos que critican la gestión de su esposo, el presidente Daniel Ortega, sobre la pandemia del covid-19, así como las estadísticas oficiales de personas afectadas.

El jueves pasado, las autoridades de salud de Nicaragua citaron a dos médicos críticos con el manejo de la pandemia, a quienes les advirtieron que estarían violando la polémica Ley Especial de Ciberdelitos, si no se ciñen a la información oficial.

La Ley Especial de Ciberdelitos, promovida por los sandinistas y en vigor desde el 30 de diciembre de 2020, establece penas de 1 a 10 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos que vayan contra la “seguridad del Estado”.

La cruzada sandinista contra las ONG médicas se suma a la persecución de todos los críticos al régimen de Ortega. Ayer, de hecho, fue encarcelado el séptimo candidato presidencial Noel Vidaurre.

A tres meses de las elecciones, además de Vidaurre, los otros candidatos arrestados son: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Miguel Moral, Juan Sebastián Chamorro -primo de Cristiana- y Medardo Mairena.

Vidaurre, de 66 años, competía por la candidatura de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (CXL-derecha), una de las agrupaciones acreditadas ante el tribunal electoral para las elecciones generales del 7 de noviembre.

Las postulaciones a la presidencia deben inscribirse entre el 28 de julio y el 2 de agosto y en Nicaragua, si una persona está bajo investigación de delitos o arresto no puede postularse a cargos de elección.

Ante sanciones y críticas de la comunidad internacional, Ortega afirma que los detenidos no son candidatos ni opositores sino “criminales” que se organizaron con financiamiento de Estados Unidos para dar un golpe de Estado. Sin embargo, los arrestos se producen bajo una polémica ley aprobada sin debate en el Congreso.

La jefa de la diplomacia estadounidense para América Latina, Julie Chung, escribió en Twitter: “El día que los votantes nicaragüenses confirman su inscripción (en el padrón), Ortega y Murillo arrestan a otros dos opositores políticos”.