Me gustaría proponer algunas reflexiones en torno a la noción de «racismo de Estado», que figura en el orden del día de nuestra reunión. Estas reflexiones se oponen a una interpretación muy extendida de las medidas adoptadas recientemente por nuestro gobierno, desde la ley sobre el velo integral hasta las expulsiones de los romaníes. Dicha interpretación ve en estas medidas una actitud oportunista que busca explotar los temas racistas y xenófobos con fines electoralistas. Esta pretendida crítica lleva implícita la presuposición que hace del racismo una pasión popular, la reacción temerosa e irracional de las capas más retrógadas de la población, incapaces de adaptarse al nuevo mundo móvil y cosmopolita. El Estado es acusado de faltar a sus principios al mostrase complaciente de cara a estos sectores. Pero al mismo tiempo se ve reafirmado y confortado en su posición de representante de la racionalidad frente a la irracionalidad popular.

 

Ahora bien, esta disposición del terreno de juego, adoptada por la crítica «de izquierdas», es exactamente la misma que aquella en cuyo nombre la derecha lleva promulgando desde hace ya veinte años toda una serie de leyes y decretos racistas. Todas esta medidas se han tomado en nombre del mismo razonamiento: hay problemas de delincuencia y diversas molestias causadas por los inmigrantes y clandestinos, que pueden desencadenar reacciones racistas si no ponemos orden. Por lo tanto, hay que someter estos delitos y molestias a la universalidad de la ley para que no provoquen disturbios raciales. 

Se trata de un juego que se juega, tanto en la izquierda como en la derecha, desde las leyes Pasqua-Méhaignerie de 1993. Consiste en oponer a las pasiones populares la lógica universalista del Estado racional, es decir, en dar a las políticas racistas de Estado una coartada antirracista. Va siendo hora de dar la vuelta al argumento, para poner de relieve la solidaridad que existe entre la «racionalidad» estatal que ordena estas medidas y esa otra –ese adversario cómplice–  en la que tan cómodamente se apoya, la pasión popular. Porque en realidad no es que el gobierno actúe bajo la presión del racismo popular y en reacción a las pasiones llamadas populistas de la extrema derecha, sino que es la razón de Estado la que alimenta el racismo, confiándole la gestión imaginaria de su legislación real.

 

Hace unos quince años propuse el término racismo frío para designar este proceso. El racismo que hoy nos ocupa es, en efecto, un racismo frío, una construcción intelectual. Es, antes que nada, una creación del Estado. Hemos discutido aquí sobre la relación entre Estado de derecho y Estado policial. Pero la naturaleza misma del Estado es la de ser un Estado policial, una institución que fija y controla las identidades, los lugares y los desplazamientos, una institución en lucha permanente contra todo excedente del recuento de las identidades que gestiona, es decir, también contra ese exceso sobre las lógicas identitarias que representa la acción de los sujetos políticos. Este proceso se ha intensificado por el orden económico mundial. Nuestros Estados son cada vez menos capaces de contrarrestar los efectos destructores de la libre circulación de capitales para las comunidades que tienen a su cargo. Y son tanto más incapaces cuanto que no tienen el más mínimo deseo de hacerlo. Así las cosas, se rebajan y se concentran en aquello sobre lo que sí ejercen un poder, como es el caso de la circulación de personas. Toman como objetivo específico el control de esa otra circulación y como meta general la seguridad de los nacionales amenazados por estos migrantes, es decir, más precisamente la producción y la gestión del sentimiento de inseguridad. Esta es la tarea que va siendo cada vez más su razón de ser y su forma de legitimación.

 

De ahí se deriva un uso de la ley que cumple dos funciones esenciales: una función ideológica, que consiste en dar constantemente un cuerpo al sujeto que amenaza la seguridad; y una función práctica, que consiste en reordenar continuamente la frontera entre lo de dentro y lo de fuera, creando sin cesar identidades flotantes, susceptibles de hacer caer fuera a aquellos que estaban dentro. Legislar sobre la inmigración ha significado antes que nada crear una categoría de infra-franceses, hacer caer en la categoría flotante de inmigrantes a gente que ha nacido en Francia de padres nacidos franceses. Legislar sobre la inmigración clandestina ha significado hacer caer en la categoría de clandestinos a «inmigrantes» legales. Es la misma lógica la que ha ordenado el uso reciente de la noción de «franceses de origen extranjero». Y es esta misma lógica la que apunta hoy contra los romaníes, creando, contra el principio mismo de libre circulación en el espacio europeo, una categoría de europeos que no son verdaderamente europeos, de la misma manera que hay franceses que no son verdaderamente franceses. Para crear estas identidades en suspenso el Estado no se sonroja ante sus propias contradicciones, tal y como hemos visto con respecto a las medidas sobre los «inmigrantes». Por un lado, crea leyes discriminatorias y formas de estigmatización  basadas en la idea de la universalidad ciudadana y de la igualdad ante la ley. Por esa vía se sanciona o estigmatiza a aquellos cuyas prácticas se oponen a la igualdad y a la universalidad ciudadana. Pero por otro lado, crea en el seno de esta ciudadanía igual para todos, discriminaciones como la que distingue a los franceses «de origen extranjero». Así que por un lado todos los franceses son iguales, y ojo con los que no lo son, y por el otro no son todos iguales, y ay de aquellos que lo olviden.

 

Por lo tanto, el racismo de hoy es ante todo una lógica estatal y no una pasión popular. Y esta lógica estatal es sostenida en primer lugar, no por quién sabe qué grupos sociales retrógados, sino por una buena parte de la élite intelectual. Las últimas campañas racistas no llevan en absoluto la impronta de la extrema derecha llamada «populista». Han sido organizadas por una intelligentsia que se reivindica como intelligentsia de izquierdas, republicana y laica. La discriminación no se basa ya en argumentos sobre razas superiores e inferiores. Antes bien, se argumenta en nombre de la lucha contra el «comunitarismo», de la universalidad de la ley, de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y de la igualdad de género. Dicho sea de paso, estos argumentos son a menudo esgrimidos por gente que ha hecho bien poco por la igualdad o el feminismo, pero esa contradicción no les preocupa. De hecho, con esta forma de argumentar se pretende sobre todo crear la amalgama requerida para identificar al indeseable: así la amalgama entre migrante, inmigrante, retrógado, islamista, machista y terrorista. En realidad, el recurso a la universalidad opera en beneficio de su contrario: para establecer un poder estatal discrecional a la hora de decidir quién pertenece y quién no a la clase de aquellos que tienen derecho a estar aquí -el poder, en breve, de conferir o suprimir identidades-. Ese poder tiene su correlato en el poder de obligar a los individuos a ser en todo momento identificables, a mantenerse en un espacio de visibilidad integral frente al Estado. Vale la pena, desde este punto de vista, volver sobre la solución que el gobierno ha dado al problema jurídico planteado por la prohibición del burka. Como hemos visto, era difícil hacer una ley que apuntara específicamente a algunos *centenares de personas de una religión determinada, así que el gobierno dio con una solución: hacer una ley que prohíba en general cubrirse el rostro en un espacio público, una ley que apunte al mismo tiempo a la mujer portadora de un velo integral y al manifestante que se cubra con una máscara o pañuelo. El pañuelo se convierte así en el emblema común del musulmán retrógado y del agitador terrorista. Para esta solución, adoptada (como muchas otras medidas sobre la inmigración) con la benevolente abstención de la «izquierda», es también el pensamiento «republicano» el que ha dado la fórmula. Acordémonos si no de las diatribas furiosas de noviembre de 2005 contra esos jóvenes enmascarados y encapuchados que actuaban con nocturnidad. Acordémonos también del comienzo del asunto Redeker, el profesor de filosofía amenazado por una «fatwa» islámica. El punto de partida de la furiosa diatriba antimusulmana de Robert Redeker era… ¡la prohibición del tanga en la playita de París! En esta prohibición dictada por la alcaldía de París él discernía una medida de complacencia hacia el islamismo, hacia una religión cuyo potencial de odio y de violencia se había sido ya puesto de manifiesto en la prohibición de desnudarse en público. Los bellos discursos sobre la laicidad y la universalidad republicana vuelven, en definitiva, a este principio según el cual uno debe estar enteramente visible en el espacio público, ya sea el de adoquines o la playa.

 

Concluyo: mucha energía se ha gastado contra una cierta figura del racismo –la que ha encarnado el Frente Nacional– y una cierta idea de este racismo como expresión de los “white trash”, blancos xenófobos de las capas sociales atrasadas. Una buena parte de esa energía ha sido recuperada para construir la legitimidad de una nueva forma de racismo: un racismo de Estado y un racismo intelectual «de izquierdas». Quizás sea el momento de reorientar el pensamiento y el combate contra una teoría y una práctica de estigmatización, de precarización y de exclusión que constituyen hoy un racismo desde arriba: una lógica de Estado y una pasión de la intelligentsia.