La sede nacional del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) luciendo totalmente abandonada, la tarde de este viernes, fue fiel reflejo del impacto que provocó la decisión del Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por el gobernante Frente Sandinista, de cancelar la personería jurídica de este partido político, que era la última plataforma opositora que insistía en participar en los comicios de noviembre de 2017 pese a la falta de garantías de un proceso libre,  transparente, y competitivo, demandado nacional e internacionalmente.

Tras el anuncio del CSE sobre la cancelación de la personería jurídica, la sede de CxL fue abandonada por todo el equipo de trabajo y miembros del partido, ante el temor de que se dieran detenciones por parte de la Policía orteguista, principalmente contra Kitty Monterrey, presidenta de CxL y su vicepresidente y efímero candidato presidencial Oscar Sobalvarro. 

El CSE también canceló la cédula de identidad de Monterrey, aduciendo que la misma fue obtenida de forma “fraudulenta”, ya que ella es ciudadana estadounidense, dejando a Monterrey expuesta a una deportación.

La cancelación de la personería jurídica a CxL prácticamente sepulta la legitimidad del proceso electoral, al dejar al Frente Sandinista sin la mínima competencia política, aunque en las votaciones continúan inscritos seis partidos colaboracionistas, liderados por el PLC que promovió las eliminación de CxL.. Unas elecciones hechas a la medida de Daniel Ortega y Rosario Murillo, como candidatos únicos, que buscan la reelección de su gobierno familiar.

Sobalvarro: “Nos tuvieron miedo”

Ninguna autoridad de CxL se había pronunciado sobre la medida del CSE al cierre de esta edición, a excepción de un tuit publicado por el empresario ganadero y candidato presidencial de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, Oscar Sobalvarro, quien escribió en Twitter: “Los Ciudadanos por la Libertad saldremos triunfadores de esta y de todas las que vengan, porque nuestro compromiso con una Nicaragua en paz, libertad y democracia no puede ser cancelada. ¡Nos tuvieron miedo!”.

También el sector empresarial ha mantenido un silencio sobre la acción del Poder Electoral. Ninguna de los principales gremios de empresarios se ha pronunciado sobre este acto que entierra la legitimidad de los comicios, que era visto por algunos sectores de la sociedad como el mecanismo cívico para lograr la transición hacia la democracia en Nicaragua, aunque el régimen ya había dirigido otros zarpazos en contra la oposición, al encarcelar a los siete precandidatos presidenciales más reconocidos por el electorado.

CxL encabezaba una plataforma opositora junto con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el Partido Movimiento de Unidad Costeña (Pamuc), denominada Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL).

ACxL se convirtió en la principal opción opositora luego que la Coalición Nacional fuese desarticulada por el régimen cuando también canceló la personería jurídica del Partido de Restauración Democrática (PRD), agrupado en esta plataforma opositora. CxL es el tercer partido político que sufre la cancelación por parte del régimen durante este proceso electoral, además del PRD y el Partido Conservador.

PLC fue el instrumento para cancelar a CxL

La cancelación del CxL fue un proceso que duró menos de dos horas. Inició con la presentación de una denuncia ante el Poder Electoral por María Haydéé Osuna en su carácter de presidente del Partido Liberal Constitucionalista (PLC). 

“El partido Ciudadanos por la Libertad tiene como presidenta y representante legal a Carmella María Rogers Ambur (Kitty Monterrey) quien tiene doble nacionalidad (nicaragüense-estadounidense) en notoria violación al artículo 49, numeral 6, de la Ley Electoral”, establece el escrito presentado por Osuna.

“Asimismo, dicho partido de forma constante y pública realiza acciones contrarias a las obligaciones de los partidos políticos en el artículo 56 numeral 6 de la Ley Electoral. Solicitamos que el Consejo Supremo Electoral actúe en conformidad en su artículo 56 en su Capítulo III referida a la cancelación y la suspensión de los partidos políticos, por lo que pedimos que se proceda en lo que corresponda y declare de nulidad todo lo actuado por este partido político”, añade el escrito, firmado por los miembros del Consejo Directivo del PLC. Luego que se dio la denuncia, una hora después el CSE convocó a una rueda de prensa a los medios de comunicación de la propaganda del régimen para anunciar la cancelación de la personería jurídica del CxL. 

El Poder Electoral, además de las supuestas violaciones de la Ley Electoral, también apeló a las leyes represivas para justificar la cancelación del CxL, aduciendo que el partido político en sus actos partidarios había infringido la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley de Seguridad Soberana y principalmente la Ley 1055 o “Ley de Soberanía”, que es la misma que el régimen ha utilizado para encarcelar a la mayoría de opositores durante la última escalada represiva que inició en junio pasado. 

“La Dirección de Atención a Partidos Políticos comprobó que el partido político Ciudadanos por la Libertad ha venido teniendo comportamiento fuera de las condiciones y regulaciones técnicas legales para esta clase de organizaciones políticas, mediante actos verbales que menoscaban la independencia, soberanía y la autodeterminación; lo que según su consideración son meritorias de la cancelación de personalidad jurídica”, cita la resolución leída por el Secretario de Actuaciones del CSE, Luis Luna. 

Sobre el caso de Kitty Monterrey, el Poder Electoral en su resolución refirió que “el CSE tuvo conocimiento por parte de la Dirección General de Atención a Partidos Políticos que Carmella María Rogers Amburn utilizó procedimientos irregulares, proveyendo documentos donde se identifica como Carmella Marie Kitty Monterrey, por lo que de conformidad con el artículo 38, literal e, de la ley 152 Ley de Identificación Ciudadana, este hecho constituye causal de cancelación de la cédula de identidad”.

El PLC tiene una reconocida historia de colaboracionismo político con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que tiene sus raíces en el pacto entre el expresidente y caudillo liberal Arnoldo Alemán y Daniel Ortega. En estas elecciones van participando con la fórmula encabezada por el empresario de Ometepe, Milton Arcia y María Dolores Moncada. Sin embargo, luego del anuncio de la cancelación de la personería jurídica, Milton Arcia, dijo a diversos medios de comunicación que renunciaría a su candidatura, en protesta por su desacuerdo en el rol del PLC para sacar del escenario electoral a la Alianza Ciudadanos por la Libertad.

La repetición del “circo electoral” de 2016

La cancelación de la personería jurídica de CxL apunta a que el orteguismo busca replicar el proceso electoral de 2016, cuando en una medida similar, el orteguismo usó su sobre la Corte Suprema de Justicia para sacar del juego electoral a la Alianza Partido Liberal Independiente, que era dirigida por el opositor y banquero Eduardo Montealegre. 

El Poder Judicial le quitó la representación legal del PLI a Montealegre para entregarla al político Pedro Reyes, convirtiendo a esa organización política en un partido colaboracionista del régimen. 

En esos comicios, el CSE adjudicó a Daniel Ortega y el Frente Sandinista un 72.4% de los votos, lo que representa el mayor porcentaje obtenido por candidato alguno en la historia electoral de Nicaragua, según los datos del CSE, controlado por el orteguismo. Los resultados consolidaron el control absoluto del partido de Gobierno en el Poder Legislativo y abrió las puertas a la sucesión dinástica familiar con la candidatura de Rosario Murillo a la vicepresidencia en la que ahora pretende reelegirse.

ACxL buscaba candidata a la vicepresidencia

La ACxL enfrentaba una fuerte presión interna luego de la inhibición por parte del Poder Electoral de su candidata a la vicepresidencia, la modelo y Miss Nicaragua 2017, Berenice Quezada, este martes, tan solo un día después que la plataforma opositora fuese a inscribir ante el CSE a su fórmula presidencial y sus candidatos a diputados nacionales, departamentales y al Parlamento Centroamericano.

La denuncia contra Quezada fue porque ella, luego de su inscripción, dio unas declaraciones a los periodistas, que según los simpatizantes del régimen fue una apología del “fallido golpe de Estado”, que es como la dictadura se refiere a las protestas de aquel año, que fueron reprimidas con violencia por la policía orteguista y paramilitares, dejando más de 300 asesinados, miles de heridos, decenas de desaparecidos, más de 100 000 exiliados por la persecución política y más de 1000 reos políticos, de los cuales más de 140 aún continúan en principios.

Lo que Quezada dijo a los periodistas a su salida del CSE es “que las condiciones (electorales) nunca han estado y que las condiciones las pone el pueblo. ¿Y cómo las pone?, saliendo a votar, a como salimos en las marchas en 2018, porque en Nicaragua ya no queremos más dictaduras”.

Estas declaraciones bastaron para que Quezada fuese denunciada ante la Procuraduría de Derechos Humanos, en poder del orteguismo. La denuncia fue retomada por el Ministerio Público para que iniciara una investigación en contra de Quezada por supuestos delitos de “incitación al odio” y “apología del terrorismo”. 

Las fisuras internas de la ACxL

A lo interno, la Alianza Ciudadana, que integra CxL y la Alianza Cívica, enfrentaba una fractura por las candidaturas a diputados sin consenso y las denuncias de asedio y acoso que enfrentaban los candidatos de la plataforma opositora por parte del orteguismo, pese a que el listado presentado ante el CSE se mantuvo oculto para resguardo y seguridad de los mismos.

El caso de Berenice Quezada reavivó un debate interno en la plataforma opositora sobre hasta cuándo debían mantenerse en el proceso electoral, o sea, definir las “líneas rojas” que implica reconsiderar si seguir participando en los comicios. El mismo Óscar Sobalvarro, vicepresidente de CxL y candidato presidencial, en una entrevista con CONFIDENCIAL mencionó lo de las “líneas rojas”, aunque se negó a definirlas. 

“Nosotros tenemos nuestras líneas rojas y lógicamente habrá que esperar si suceden esas cosas. Yo lo que entiendo es que hay una comunidad internacional que está muy preocupada por el rumbo que ha estado llevando el país en materia de democracia. Pero yo creo que también la comunidad internacional está a la expectativa de cómo va a iniciar este proceso y repito, hay que tener la esperanza de que podamos iniciar, ya dentro de la campaña oficial, una campaña de respeto, una campaña de tolerancia también”, dijo Sobalvarro en esa ocasión. Sin embargo, quien terminó imponiendo las líneas rojas al ACxL fue el mismo régimen orteguista.

La nacionalidad de Kitty Monterrey

La doble nacionalidad de Kitty Monterrey (estadounidense-nicaragüense) ya había sido un recurso usado por el orteguismo para golpear a la dirigente política liberal. 

De cara a los comicios de 2016, el Consejo Supremo Electoral estaba en proceso de elegir a dos nuevos magistrados. Monterrey fue postulada ante la Comisión Especial de la Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, para analizar las candidaturas que serían debatidas en el plenario.

Kitty Monterrey fue la única candidata descartada por la Comisión Especial, aduciendo que su doble nacionalidad la inhibía de poder ejercer el cargo. 

El resto de candidatos presentados lograron pasar al debate en el plenario. Sin embargo, la aplanadora de diputados orteguistas adjudicados luego del fraude electoral de 2011 votó a favor de dos magistradas sandinistas para ocupar las magistraturas pendientes.

Monterrey relató en esa ocasión que la nacionalidad estadounidense que tiene no fue adquirida, ya que ella nació en Estados Unidos, siendo hija de padre norteamericano y madre nicaragüense. 

“La Constitución es clara, lo que pasa es que los diputados sandinistas la están interpretando a su gusto, solamente para impedir mi candidatura, quieren hacer todo lo posible para que yo no sea magistrada”, dijo Monterrey luego de la salir de la reunión con la Comisión Especial, encabezada por el diputado sandinista Edwin Castro, jefe de la bancada del FSLN y representante legal del partido.

“Yo no tendría el cinismo de venirme a presentar aquí si la doble nacionalidad fuera un impedimento para optar a un cargo público. No existe en la Constitución nada que diga que la doble nacionalidad es un impedimento. Lo que sí dice la Constitución es que cuando una persona adquiere otra nacionalidad, tiene que renunciar a ella. Pero yo jamás he adquirido otra nacionalidad. Nací en Estados Unidos, de madre nicaragüense y por eso yo soy nicaragüense ”, añadió Monterrey en esa ocasión.