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Después de los fiascos electorales de Rigoberta Menchú, que se descubrió que era militante de un partido político y sólo utilizaba su condición indígena siendo que casi nadie en las comunidades la apoyaba, desde las propias comunidades se fue forjando el Consejo del Pueblo Maya.
CONSEJO DEL PUEBLO MAYA CPO
PROYECTO POLÍTICO: UN NUEVO ESTADO PARA GUATEMALA:
Democracia Plurinacional y Gobiernos Autónomos de los Pueblos Indígenas
Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional
Propuesta para debatir
https://drive.google.com/file/d/1kUYL6DQPryo0oLn3bd63U2ZWBPGP4J7b/view
Introducción
El presente documento es una crítica al sistema político guatemalteco. Re-
coge nuestros aprendizajes y reflexiones más sentidas alrededor de dos
preguntas que nos hemos hecho como Consejo del Pueblo Maya: ¿Cuáles
asuntos son de importancia estructural para desmontar el colonialismo in-
terno? y ¿Cuáles estrategias son posibles y necesarias para democratizar al
Estado y a la sociedad?
Consideramos de urgencia histórica que la organización política de nuestra
convivencia refleje en leyes, instituciones, formas, símbolo y prácticas de
gobierno, el carácter plurinacional de la sociedad. Igualmente considera-
mos apremiante la producción de cambios radicales en el orden político
para que las diversas ciudadanías podamos ejercer un verdadero y efectivo
control del Estado, ahora capturado por mafias civiles y militares y fami-
lias oligarcas. Buscamos crear las condiciones para que existan y funcionen
espacios públicos democráticos e intercomunicados, a fin de decidir con
autonomía sobre aspectos imprescindibles para producir y reproducir con
bienestar nuestras vidas.
Estamos convencidos de que existe un vínculo estrecho entre la opresión
hacia los Pueblos Indígenas y el menosprecio del régimen político hacia
todas las ciudadanías en su conjunto. Los engranajes que invisibilizan, agre-
den y denigran a las mujeres indígenas, reproducen, a su vez, redes de
violencia contra todas las mujeres e incluso han instalado estereotipos y
relaciones de discriminación permanente entre mujeres ladinas/mestizas y
mujeres indígenas.
Las dinámicas que sostienen los más bajos salarios y las formas de explota-
ción más crueles contra la población indígena se extienden hasta la cínica
violación de los derechos laborales de la mayoría de habitantes ladinos/
mestizos. La militarización en los territorios indígenas otorga poder mayor al
ejército entre las cúpulas oligarcas y criminales que destruyen la Madre Tie-
rra y nos despojan de nuestras tierras ancestrales. El racismo es la expresión
máxima de este tejido de exclusiones y desigualdad.
En esta propuesta política intentamos precisar con brevedad cómo vemos
la articulación colonialista de dominio para luego ubicarnos en el tiempo
de la justicia, que es el tiempo de los pueblos, haciendo sugerencias para
la transformación del régimen de dominio. Aspiramos y convocamos a
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Consejo del Pueblo Maya
construir un Estado con Democracia Plurinacional, lo que significa impulsar
todas las democracias, la comunitaria, participativa y representativa, para
poder decidir con plena libertad sobre nuestras vidas, ya sea como perso-
nas o como pueblos.
Imaginamos que es posible que, con la dirección estratégica de un nuevo
orden político plurinacional, podamos frenar y reparar los daños causados
a la Madre Tierra y transformar los espacios públicos y estatales en lugares
libres de violencias y opresiones, aptos para potenciarnos y hermanarnos,
dejando atrás las segregaciones y exclusiones que tanto y más han afectado
a los Pueblos Indígenas de Guatemala.
Nuestro llamado a construir un Estado Plurinacional es un llamado a demo-
cratizar a la sociedad. Aquí presentamos las primeras deliberaciones sobre
nuestro sueño hacia vivir ciudadanías emancipadas. Exhortamos a las auto-
ridades y liderazgos de los tres Pueblos Indígenas de Guatemala (Mayas,
Xincas y Garífunas), a conocer estas propuestas, a debatirlas, mejorarlas y
ampliarlas.
Convocamos a la intelectualidad y al periodismo democráticos de los cuatro
pueblos para conversar sobre estas ideas. También exhortamos a los mo-
vimientos sociales para que, en su calidad de ser espacios pluriculturales,
exploren la conveniencia y oportunidad de discutirlas, recrearlas y construir
estrategias conjuntas para caminar a una coyuntura que estimule puntos de
inflexión a la impunidad, las opresiones y la oprobiosa corrupción.
Estas ideas se publican con la intención de potenciar las fuerzas sociales
que caminamos hacia edificar un Estado que vea en la plurinacionalidad
una fuente estratégica para fortalecer la democracia en su sentido comuni-
tario, participativo y representativo. Dirigimos, asimismo, nuestro llamado a
la población ladina y a sus liderazgos para que abracemos un proyecto en
colectivo: reconstruir los cimientos del poder estatal para desplegar mejo-
res y dignas condiciones a nuestra convivencia como sociedad.
Hemos dividido nuestra propuesta política en tres capítulos. El primero se
titula “Nudos estructurales e históricos de un sistema político hecho para
despojar a los pueblos”. Aquí enfatizamos en las raíces de las desigualda-
des mantenidas durante siglos por el régimen jurídico político dominante.
Destacamos tres nudos: 1o. El colonialista, que nos ha racializado, dividién-
donos y creando escalas racistas de superioridad e inferioridad humana,
situando a los Pueblos Indígenas, especialmente a las mujeres indígenas,
en estados graves de sobrevivencia, servidumbre y segregación social; 2o.
El del funcionamiento orgánico y estratégico del Estado, forjado bajo lógi-
cas patrimoniales, reduciendo la democracia a un procedimiento disciplina-
rio, privatizando el ejercicio ciudadano de todos los pueblos y ahondando
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Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional
brechas de inequidad severas en los Pueblos Indígenas; y el 3o. El de la
persistente negación y destrucción de nuestra comunalidad y nuestros te-
rritorios, en un contexto de impunidad absoluta con el constante incumpli-
miento por parte del Estado del derecho internacional indígena.
El segundo se titula “Nuestra propuesta: Un Estado que respete la diver-
sidad y resguarde la democracia comunitaria, participativa, representativa
y plurinacional”. Aquí expresamos nuestras sugerencias de transformación
política, las cuales se resumen en edificar un nuevo Estado capaz y abierto a
cultivar y potenciar la democracia comunitaria, democracia participativa, de-
mocracia representativa y Democracia Plurinacional. Argumentamos que la
Democracia Plurinacional debe contener las otras tres democracias. Hemos
considerado que existen cinco fundamentos principales que caracterizan
a la Democracia Plurinacional. Proponemos que estos cinco fundamentos
nutran las bases jurídicas para erigir una Constitución Política Plurinacional
de Guatemala.
El primer fundamento es aceptar y valorar la memoria histórica y dinámi-
ca de cada pueblo, y como sociedad y nuevo Estado, reconozcamos la
identidad y los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas. El segun-
do es instituir el pluralismo normativo en el Estado, acogiendo el derecho
internacional en materia de Pueblos Indígenas, especialmente en la libre
determinación de los pueblos y en el derecho a su autonomía política y
autogobierno.
El tercero es la articulación de los cuatro pueblos en una visión política que
permita un horizonte unificado para impulsar el bien común, reflejando uni-
dad de la diversidad social que existe en Guatemala. El cuarto se asienta en
establecer formas, espacios, instituciones y engranajes organizativos para
asegurar el cogobierno de los cuatro pueblos que coexisten en el país, el
Pueblo Maya, el Pueblo Xinca, el Pueblo Garífuna y el pueblo o población
Ladino/Mestiza.
Y el quinto fundamento lo vemos en la construcción sistemática de una
Cultura Plurinacional y en el fortalecimiento de las capacidades y el poder
político de todas las ciudadanías. Proponemos sembrar un paradigma nue-
vo de poder político y público como ruta para crear diversas dinámicas de
emancipación en la sociedad.
En este segundo capítulo también hacemos propuestas para transformar al
régimen municipal, al organismo ejecutivo desde el ámbito departamental
y al organismo legislativo. Invocamos la derogación de todo el sistema ac-
tual de consejos de desarrollo por considerarlo un conjunto de estructuras
maliciosas y útiles estrictamente para el control poblacional, la corrupción y
el clientelismo político.
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Consejo del Pueblo Maya
Aspiramos a que la Constitución Política Plurinacional regule una verda-
dera autonomía municipal y garantice que en el Congreso Plurinacional se
muestre el cogobierno de los cuatro pueblos. También apostamos el fin
del alcaldismo y el presidencialismo y a detener los abusos de poder de
los partidos políticos.
Finalizamos esta propuesta política con un tercer capítulo titulado “La ur-
gencia de revalorar la política”. Aquí compartimos argumentos sobre la ne-
cesidad de cambiar la lógica con la cual la ciudadanía se está relacionando
con la política, ya que vemos que esta nos vuelve más subordinados(as) y
dependientes e incluso más susceptibles de ser manipulados(as) en medio
de las pugnas que existen entre las cúpulas de poder.
La propuesta está escrita gracias a las voces, ideas y aportes encontrados
en numerosos estudios y textos de expertos nacionales e internacionales
con gran compromiso emancipador, gracias a las reflexiones de mujeres y
hombres de la intelectualidad indígena de Guatemala y América Latina y,
por supuesto, gracias a nuestras reflexiones y debates que hemos tenido
como Consejo del Pueblo Maya y con muchas personas especializadas y
colaboradoras(es) solidarias. Nos hemos esforzado porque estas páginas
recojan la indignación, los argumentos y el sentido que por siglos han le-
vantado las luchas ciudadanas, de los movimientos y de los pueblos. Entre-
gamos a los pueblos, por tanto, un documento político que no tiene afán
ni estructura académica, pero sí creemos que aporta una seria fundamen-
tación del por qué y hacia dónde debiéramos caminar en unidad para no
seguir tolerando tantos abusos. Cuando las ideas de los textos aquí escri-
tos son tomadas directamente de las autoras y los autores, se encontrarán
sus nombres en los párrafos o bien entre paréntesis. Agradecemos mucho
su lectura y debate, así como su utilización para alcanzar nuevas síntesis y
acuerdos en apoyo a nuestras luchas. El que aquí proponemos es un pacto
básico y necesario.
Llamamos a potenciar nuestras luchas históricas y proponernos ser sujetos
activos de la política para ejercer control eficaz sobre el Estado y sobre te-
mas públicos que nos conciernen. La idea de convocar a una Asamblea
Plurinacional Constituyente es una estrategia emancipadora para todos los
pueblos y todas las ciudadanías. No olvidemos que el cierre total de espa-
cios democráticos, al cual pretenden las elites que quieren seguir con su
tiranía, lo quieren legalizar con cambios constitucionales. Debemos prepa-
rarnos para no retroceder, para profundizar nuestras conquistas históricas y
para defender nuestras aspiraciones a vivir con libertad y dignidad.
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de un sistema político hecho para
despojar a los pueblos
las opresiones
Los Pueblos Indígenas tenemos una historia viva, pero negada, que urge
debatir a luz pública, porque esa historia es la que fundamenta nuestra
crítica al Estado. Señalamos que desde la invasión española se instaló un
sistema jurídico, en tanto conjunto de estructuras y funcionamiento de los
órganos estatales que delimitan y aplican las reglas sociales, cuyo sentido
ha sido organizar en la sociedad la sobreexplotación del trabajo indígena,
el despojo de sus territorios y cuerpos, y el racismo. Guatemala se asienta
en tales pillajes.
Uno de los medios más poderosos para sostener la supremacía del poder
colonial fue cultivar la formación de castas o grupos racializados, en un flu-
jo de relaciones verticales que levantó en la cúspide el dominio total del
“gobierno de los criollos” y colocó en la base al que llamaron “gobierno de
los indios”. Esta perversa estrategia bipolar creó en todo el territorio gua-
temalteco fracturas y fragmentaciones poblacionales que muy poco se han
estudiado y reconocido hasta la fecha.
Por un lado, trastocó la geografía política indígena al deshacer nuestros
asentamientos y controlar la libre locomoción; recompuso nuestra comuna-
lidad en segmentos feudales como cárceles gigantescas; prohibió nuestra
articulación y comunicación; desintegró nuestros mercados; destruyó nues-
tros bienes y recursos epistemológicos; silenció nuestros idiomas y satanizó
nuestro arte; censuró nuestras tradiciones y nuestra religiosidad imponién-
donos la moral disciplinaria del pecado; despreció y castigó nuestra visión
del mundo, marginándonos sin voz ni decisión de los asuntos públicos de
ese nuevo Estado invasor.
Impuso a su vez una estructura de comunidad estrictamente funcional para
obligarnos a pagar tributos y succionar nuestro trabajo. El llamado “gobier-
no indio”, depositado especialmente con la conformación de las alcaldías
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Consejo del Pueblo Maya
indígenas, fue un ardid para trasladarnos el costo total de nuestra propia
producción y reproducción de vida servil, tarea que modificó radicalmente
nuestro espacio doméstico, lo privatizó y despolitizó, recluyendo y confi-
nando a las mujeres indígenas a una cruel servidumbre, despojándolas de
sus alianzas, de su auto representación y de su liderazgo en plenitud.
Debemos advertir que esta estructura de dominio cuya columna vertebral se
fincó en la servidumbre, el dominio religioso y el racismo contra las mujeres
indígenas, configura hasta hoy día el operativo más agresivo para envolver a
los Pueblos Indígenas en la subordinación laboral y en la virtual negación de
su ser colectivo y de sus derechos, pues el Estado de sobrevivencia, desnu-
trición, desatención, exceso de trabajo y de violencias recurrentes, sociales
y familiares, sobre las mujeres indígenas, ha significado un arma útil para
mantener las vidas indígenas en Estado de permanente tensión y opresión.
Desde su origen, el “gobierno de los indios” contuvo hacia adentro estas
tensiones, mientras deshizo nuestra antigua libertad de organización y mo-
vilidad familiar, desarticuló nuestras normas y leyes comunitarias; impuso
una estructura de mando invistiendo de falsa autonomía a nuestros abuelos
y líderes, controlando y manipulando a las autoridades indígenas para di-
suadir y reprimir nuestras rebeldías y tolerando nuestros nuevos espacios
públicos a condición de seguir en un estatuto de subordinación.
Por otro lado, esta estrategia bipolar entre criollos e indígenas estimuló una
abigarrada reproducción de poblaciones mestizas (incluyendo a negros li-
berados, españoles empobrecidos e indígenas enriquecidos), con engrana-
jes, flujos y dinámicas entrelazadas entre castas, clases y racializaciones, los
cuales crearon espacios y tiempos diversos para configurar a la población
ladina, nacida para alejarse de los Pueblos Indígenas, escapar del trabajo
forzado y de los tributos, acceder al poder local y regional, servir de inter-
mediaria, ocupar los estratos artesanales que ofrecían mayor libertad para
vender su trabajo y, ante todo, acceder impunemente a nuestras tierras para
abrir, bajo su control, nuevos mercados agrícolas internacionales.
Con una elite criolla voraz, autosacralizada y encerrada en la supremacía
abusiva de su poder, la población ladina encontró relativa protección y se
expandió empujando su libertad para tomar distancia de la servidumbre
indígena y, a su vez, entrando en tensiones con los pueblos indios y con los
criollos por la posesión de tierras. La zona oriental de Guatemala, ahora en
su mayoría ladinizada, es un testimonio objetivo de un largo proceso de
despojo de tierras al Pueblo Chortí, tal como son los enclaves finqueros
blancos en casi todo el territorio originario Q’eqchi’, Kaqchikel, Mam, Poqo-
mam, K’iche’ y Tz’utujil.
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Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional
Con estos enclaves y polarizaciones incomunicadas, la república indepen-
diente de Guatemala marcó, como uno de sus rasgos constituyentes, la
supremacía de la escala del Estado-nación, negando el rol de las escalas
comunitarias para aportar al régimen jurídico-político establecido en todo
el territorio guatemalteco.
Al negar las escalas comunitarias, el gobierno indígena fue anulado como
experiencia válida de reproducción de la vida, fue invisibilizado como por-
tador de espacios públicos no estatales para cuidar la vida, fue segregado
como estructura de decisión política colectiva y constantemente amenaza-
do hacia su desintegración, mediante variadas y continuadas políticas que
dieron pauta a los sectores ladinos a usurpar nuestras tierras comunales y
a tomar el mando directo de las alcaldías convertidas en municipalidades.
El autogobierno indígena que construimos en el subsuelo del “gobierno de
los indios” que nos impusieron, se ha forjado a contrapelo para preservar la
integridad territorial de nuestras comunidades y siempre ha sido excluido
como sujeto activo constituyente de la política en la república nacional y
borrada la diversidad de Pueblos Indígenas de la geografía política nacio-
nal. Se impuso un único régimen de familia, de propiedad, de educación,
de salud, de decisión política, de valores, de comunicación e idiomas y de
historia. Se impuso una única cultura socio-política: la de la blancura. Desde
la primera Constitución del Estado de Guatemala en 1825, desde el Acta
Constitutiva de la República de Guatemala de 1851 y desde la Ley Cons-
titutiva de la República de Guatemala de 1879, se marcó nuestra historia
como historia negada cuyo sentido fue de tensión, restricción y control del
autogobierno indígena. La regla fue segregarnos.
Por eso, la organización del derecho público en la estructura del régimen
político se viene haciendo, ante todo, como un pacto de elites criollo-ladi-
nas, defensoras de un contrato social carente de reciprocidad con los Pue-
blos Indígenas y abierto a las tiranías, con efectos devastadores para toda
la población. El derecho público oficial de Guatemala nunca ha caminado
con la ideología teóricamente esgrimida por los estados modernos sobre el
bien común, lo cual también explica su carácter jurídico porque siempre y
hasta hoy día, la oligarquía ha bloqueado la validez de los sistemas norma-
tivos que los Pueblos Indígenas hemos cultivado y cuya matriz primordial
es la preeminencia del sentido de comunidad y la alta valoración de la vida
colectiva. La condición privativa, excluyente, monista y autoritaria del dere-
cho estatal, por tanto, solo beneficia en última instancia a la oligarquía y a
sus aliados transnacionales.
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Consejo del Pueblo Maya
Los tres componentes estructurales del derecho: la retórica, la burocracia y la
violencia, incorporaron así la intolerancia y la uniformización de la colonia en la
configuración del Estado-nación guatemalteco, sembrando en todos los es-
pacios de la vida social un colonialismo interno que existe hasta nuestros días.
El colonialismo interno vive del racismo, la sobreexplotación y el patriarca-
El elogio a la blancura, el impulso dado a la colonización extranjera para
“mejorar la sangre guatemalteca” y el afán de blanqueamiento son parte de
una ideología dominante alimentada y manipulada desde el mando oligar-
ca en todos los espacios del sistema jurídico: el doméstico (“las sirvientas
indias son más dóciles y aguantadoras”), el de la producción (“los indios
aceptan la baja de salarios y obedecen más”), el del mercado (“mostrar el
origen Maya como estrategia de negocios de clúster turísticos”); el de la
ciudadanía (“comprar el voto indio” o “se lo merecían, los mataron por gue-
rrilleros”), el de la comunidad (“la escuela sirve para quitarse lo indio” o “los
indios son cerrados y atrasados”) y el relacionado con la postura oficial de
Guatemala frente al mundo (“quebrar la resistencia indígena frente a me-
gaproyectos extractivos” o “los migrantes que se vayan para controlar sus
territorios”). Sobre todos esos espacios se ha aplicado una política sexual
que jerarquiza a las mujeres y hombres ladino/mestizos sobre las mujeres
y hombres de los Pueblos Indígenas, siendo las mujeres indígenas las más
despojadas y maltratadas.
El simbolismo racista del sistema jurídico funciona como una visión-fuerza
de sentimientos anti-indios, que empujan a la población ladina, por una
parte, a reciclar los prejuicios contra los Pueblos Indígenas y, por otra, a
negar y desvalorizar su propio mestizaje. Se trata de una retórica altamente
eficaz para reproducir la hegemonía oligarca porque acepta o tolera un pro-
yecto ladino para administrar el Estado, al mismo tiempo que coloca a to-
das las ciudadanías, incluyendo las ladinas, en batallas entre sí, divididas, en
discordias racistas y a la vez serviles, distanciándonos de nuestros orígenes
y a la vez buscando incluso por medios consumistas un mayor acercamiento
hacia los estereotipos extranjeros de la blancura, evitando caer al espacio
indio/negro o ignorando la gama de posibilidades existentes para articular
nuestras experiencias y diferencias.
La burocracia, como componente de este derecho público racista y autorita-
rio, ha sido el campo abierto por la oligarquía para la cooptación de la pobla-
ción ladina. Es una burocracia básicamente sostenida con favores políticos y,
por tanto, porosa a la corrupción. Está adoctrinada bajo perspectiva militar,
preparada para ver a la población como latente enemigo interno, instruida
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Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional
para someter a la ciudadanía, dando a la población indígena los peores tratos
despectivos. Desde los mandos locales, la burocracia municipal solo admite a
las autoridades indígenas como mandaderas de sus instrucciones y las coac-
ciona a un tipo de relación de mando basado en el clientelismo.
La burocracia ha sido educada para ser etnocida: reprender a la persona
indígena por no saber castellano, prohibir a la persona indígena hablar su
idioma materno o usar su vestimenta originaria; decidir los nombres de la
persona indígena en el registro civil; asumir decisiones arbitrarias y discre-
cionales a favor de personas ladinas en la mayoría de litigios laborales, ci-
viles y mercantiles y aplicar políticas que destruyen la organización comu-
nitaria que tenemos para el cuidado y protección de la vida de los bienes
comunes naturales en nuestros territorios.
La burocracia ha reproducido una cultura política que mantiene en secreto
la información pública. Pero lo más perverso en este esquema de organiza-
ción del derecho público es que la mayoría de Pueblos Indígenas no solo
no tenemos derecho a la libertad y al fortalecimiento de nuestras propias
instituciones de gobierno, sino que hemos sido excluidos del acceso a esa
burocracia estatal; no tenemos escuelas, universidades, hospitales, juzga-
dos, interlocutores desde el Estado para discutir los asuntos públicos y de
comunidad o para deliberar sobre las discordias. No hay espacios públicos
que incluyan la realidad, la voz y la autoridad indígena. El Estado está au-
sente en el 80% del territorio indígena guatemalteco.
La presencia del Estado en territorio indígena ha sido a través de la violencia.
Ese es el componente del derecho público más activo para mantener la co-
hesión nacional. El control militar y paramilitar sobre los territorios indígenas,
tanto como las violaciones sexuales y las masacres indígenas sucesivas, son el
modo de operación predilecto por el derecho público para asegurar el orden
interno. Ese método es permitido hasta hoy día con los recurrentes estados
de excepción para proteger los despojos de las transnacionales y las grandes
fincas.
La violencia coercitiva nació adentro de las grandes haciendas latifundis-
tas para vigilar el trabajo indígena forzado, se expandió detrás de las leyes
que sirvieron para regular el trabajo gratuito indígena en el montaje de la
infraestructura terrateniente, se asentó en los territorios para enganchar el
trabajo indígena para las fincas de exportación; se institucionalizó en cada
departamento con bases militares ramificadas en los municipios y mostró
más recientemente su criminal carácter etnocida con las 545 masacres que
se ejecutaron contra nuestra gente durante el conflicto armado interno,
siendo siete comunidades lingüísticas del Pueblo Maya, las más dañadas:
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Consejo del Pueblo Maya
K’iche’ (25%), Kaqchikel (14%), Ixil (13%), Q’eqchi’ (11%), Achi (8%), Mam (6%)
y Chuj (5%), según lo afirmó la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.
Con este derecho público no queremos seguir viviendo más. Ha dado vida
a un sistema jurídico anti-indígena, que promueve una educación cívica
donde se falsea la historia y se cultiva un pathos racista y servilista; que
desprecia la gestión de comunidad, que no respeta los intereses colectivos,
que pondera lo ladino para manipularlo a favor de la visión verticalista de
la gran empresa y del Estado y hacia impedir nuestros encuentros y nuestra
unidad como sociedad, dañando a toda la ciudadanía.
Tenemos siglos de estar siendo sometidos a una estructura jurídica estatal
que nos mata, nos racializa, nos niega y excluye de los espacios estatales y
públicos, nos administra como población desechable. A esa organización
jurídica del Estado no le interesa una sociedad fuerte y unida, no le interesa
que la población ladina y los Pueblos Indígenas mantengamos activos re-
conocimientos mutuos, menos que nos nutramos de las incontables luchas
que hemos levantado unos y otros para disolver las tiranías, las dictaduras
militares y la persistente inseguridad y explotación laboral.
Aún hoy día, después de cinco siglos de ocurrida la invasión española, el
Estado sigue creando dispositivos para hacer de nuestras vidas indígenas,
nuestras comunidades y nuestros territorios, la fuente principal de la acumu-
lación capitalista que está en el sustrato del modelo político desde el cual
manda la oligarquía y el neoliberalismo global.
El contrato social de ese derecho público nació para apoderarse de la vida
indígena y para manipular la vida ladina, porque es un contrato cuyo núcleo
doctrinal no concibe fines colectivos y no tiene ningún interés en socializar
la economía, respetar la Madre Tierra y proteger la vida comunitaria. Está
firmado con sangre y con extrema voracidad corporativista y capitalista, ca-
rece de ética de reciprocidad y ese signo nos perjudica a todas y a todos
los guatemaltecos.
un enemigo interno
Vinculamos el racismo y el monismo del derecho público estatal dominante
con la persistente fragilidad de la democracia guatemalteca. La democracia
es restringida en Guatemala porque la sociedad en su conjunto es la que
menos ha decidido la política pública, y porque los Pueblos Indígenas, que
conformamos la mayoría de la población, no tenemos espacios públicos
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Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional
libres, ni derecho para decidir con, frente e incluso contra el Estado sobre
los asuntos que nos incumben o nos afectan.
Hay democracia cuando la sociedad es capaz de controlar al Estado, cuando
la sociedad puede asegurar la existencia de un contrapeso crítico sobre el
poder estatal para una adecuada distribución de bienes y capacidades y, es-
pecialmente, cuando lo público no se reduce a lo estatal, sino a la valoración
del bien común, a la capacidad y libertad de gestionar la satisfacción de las
necesidades esenciales, y cuando la sociedad tiene la capacidad política para
autorregularse y puede tomar decisiones sobre sus proyectos de vida.
Tristemente, los Acuerdos de Paz nunca se arraigaron ni institucionalizaron
como un real proyecto democratizador, mientras ya en esta época posterior
a la guerra, vemos el colapso de la paz y de su discurso político democráti-
co, especialmente por dos razones:
1o. No ha habido libertad para deliberar, decidir y resolver sobre las cau-
sas estructurales que reproducen las exclusiones sociales; y
2o. El restrictivo y censurado debate existente, solo acepta la búsqueda de
mejoras procedimentales para abordar las ineficiencias del Estado.
La verdad por la cual solo se tolera una democracia instrumental es que es-
tán intactas las dinámicas que provocan, de hecho, o con aval legal, alianzas
arbitrarias e inconsultas entre elites/mafias políticas y elites/mafias econó-
micas para reforzarse mutuamente, ya sea para concentrar riquezas, para
acumular poder o para disponer de recursos públicos con fines privados.
La actual Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG) abunda
en ambigüedades y contradicciones que dan continuidad histórica y pau-
ta futura a estos contubernios, especialmente porque justifica el rol de las
empresas privadas, como el fundamento de los fines del Régimen Econó-
mico Constitucional, definiéndolas como complementarias para “(…) utilizar
los recursos naturales, (…) incrementar la riqueza y (…) lograr el pleno em-
pleo” (Art. 118), fines que, por otra parte, y en sentido estricto, están muy
lejos de relacionarse con la satisfacción de las necesidades esenciales de la
población.
En Guatemala siempre se ha escondido la gestión o usufructo privado de
los bienes públicos. Siempre se ha ocultado que la oligarquía es tal porque
toda su vida ha vivido enriqueciéndose con nuestros impuestos. La oligarquía
se cree la dueña del Estado. Bajo esa estructura de poder se ha permitido
alta discrecionalidad a las decisiones monopolizadas por funcionarios(as)
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Consejo del Pueblo Maya
estatales, incluido el ejército, sobre el destino de tierras, ríos, suelo, subsuelo
y otros bienes comunes naturales, e incluso sobre las prioridades y destino del
presupuesto público nacional, haciendo más bien que el Estado se convierta
en subsidiario de la gran empresa privada. Por esta racionalidad patrimonia-
lista, la descentralización del Estado se ha abierto al clientelismo político, a la
corrupción y al negocio corporativo de los servicios públicos.
La descentralización debe ser, ante todo, un proceso de carácter político,
un producto de la democratización y un instrumento para la planificación
democrática de la economía social, que demanda la distribución territorial
del poder público bajo control ciudadano y entre entidades políticas dota-
das de autonomía y gobiernos elegidos libremente.
Pero aquí la descentralización es un mito. Así también se ha frenado la de-
mocracia porque no existen candados legales para impedir el poder de
influencia y veto empresarial sobre los asuntos públicos y porque no exis-
ten conceptos legales constituyentes para la planificación democrática del
desarrollo desde las comunidades. El presidencialismo refrendado por la
CPRG y la concentración de poder y de información por los ministerios a
favor de grandes negocios son fuente directa de los patrimonios y de la
naturalización de los despojos de los que se ha servido la oligarquía.
Los ministerios o el organismo ejecutivo del Estado, han generado una
burocracia servil a los ricos, indispuesta para abrirse profesionalmente a la
descentralización y desconcentración de competencias e incapaz de planifi-
car resultados de desarrollo con las ciudadanías. Los ministerios se instalan
definiendo los departamentos como el territorio central y desde allí rami-
fican su ejecución arbitrariamente hacia los municipios, teniendo como re-
ferencia los intereses de corporaciones empresariales, caudillos o partidos
políticos o bien el mando presidencialista depositado en los gobernadores.
Un problema central de la democracia en Guatemala es que la autonomía
municipal nunca ha sido tal. Las formas de organización municipal funcionan
bajo la centralización de decisiones corporativas, muchas tomadas desde el
Estado central. Después del conflicto armado se ha acentuado el impulso
de una democracia disciplinaria que se enfoca en meros procedimientos,
con argumentos de neutralidad política, a modo de dar estabilidad a las
lógicas neoliberales de acumulación de capital.
De tal suerte que, por un lado, se vuelve cerrada la decisión estratégica
sobre el desarrollo a través de las alianzas público-privadas y, por otro lado,
se ejerce un (des) control sobre todas las políticas municipales. En ambos
casos el signo común es el desprecio a la gente y la manipulación de las
ciudadanías comunitarias o de las ciudadanías de los barrios urbanos.
Consejo del Pueblo Maya 13
Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional
La democracia municipalista permitida persigue el control territorial. Esto
ocurre claramente con la concentración absoluta de decisión que ejercen
banqueros y azucareros sobre el Instituto Nacional de Electrificación (INDE),
sobre la dirección de la política de electrificación nacional y sobre la insti-
tucionalidad de la electrificación, mientras en los territorios la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), la Empresa de
Energía Eléctrica de Guatemala (ENERGUATE) y el Centro para la Acción
de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala (CENTRARSE), ela-
boran descaradamente los planes territoriales de los municipios, sin previa
deliberación y consulta con las comunidades.
La democracia corporativa se observa también en el mando que ejerce la
oligarquía sobre las prioridades del Banco de Guatemala, con la captura
del presupuesto público por la banca privada, con el control monopólico
sobre las frecuencias de radio y televisión y también ocurre con el papel que
desempeñan entidades públicas como el Instituto Nacional de Bosques (INAB)
y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), y entidades público-
privadas como la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) y
el Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM), todas expulsando
a las ciudadanías de espacios económicos estratégicos, privatizándolos,
y reduciendo la participación ciudadana al mero regateo de obra gris. Las
demandas ciudadanas relacionadas con alternativas productivas, culturales y
sociales autogobernadas, simplemente se vuelven imposibles. Sin democracia
comunitaria no solo se envilece la participación de todas las ciudadanías
guatemaltecas, sino se vacía de sentido la democracia representativa.
Consideramos que, desde la CPRG, la Ley Orgánica del Organismo Ejecu-
tivo, el Código Municipal, la Ley de Descentralización y la Ley de los Con-
sejos de Desarrollo Urbano y Rural, se crean condiciones para hacer del
territorio comunitario un espacio permanentemente abierto para el saqueo
de bienes y el despojo de la condición ciudadana. Los signos comunes que
configuran este conjunto operativo conceptual e institucional son:
recursos, presupuestos, prioridades y asuntos públicos relacionados
con sus comunidades; y
tivar y defender el autogobierno o la autonomía municipal. El funcio-
nariado departamental o municipal crea redes cautivas de clientela
política.
14 Consejo del Pueblo Maya
Consejo del Pueblo Maya
De ahí que, en ausencia de democracia comunitaria, la mal llamada de-
mocracia participativa, levantada discursivamente por los gobiernos esta-
blecidos después de la firma de la paz, se ha convertido en un peligroso
instrumento para controlar y manipular a la gente. Esa es la gran trampa
de los consejos de desarrollo. Son estructuras de falsa participación ciu-
dadana cuya organización ha sido impuesta forcivoluntariamente sobre las
comunidades, causando además los más dañinos golpes a las asambleas
comunitarias y al autogobierno indígena conservado por siglos, además de
reproducir la fragmentación, el machismo y el caudillismo local. Los conse-
jos de desarrollo han servido más para compensar las graves incapacidades
estructurales en la coordinación y descentralización del Estado en los terri-
torios municipales.
Según la ley, la participación en los consejos solo permite a la ciudadanía
“promover”, “proponer” y “propiciar”. La ciudadanía no decide. No se con-
cede el derecho de priorizar y decidir sobre los presupuestos de inversión
pública y, otra vez, siguiendo la lógica colonialista municipal, en este espa-
cio también es la obra gris la única agenda concedida para un debate car-
comido por el patrimonialismo. La tecnocracia define las prioridades presu-
puestarias sometidas a los partidos políticos y teniendo como interlocutor
activo al sector privado corporativo.
La planificación e inversión pública finalmente decidida y ejecutada corre
a cuenta de los partidos políticos, de la concentración de poder en los al-
caldes y, especialmente, en los gobernadores, estos últimos de gran poder
departamental (incluso por encima de los alcaldes), los cuales son desem-
peñados por designación presidencial. El núcleo doctrinal del organismo
ejecutivo, del municipalismo y de los consejos de desarrollo privilegia la
finalidad corporativa empresarial, y no así la finalidad colectiva comunitaria.
Ese núcleo doctrinal está protegido por la actual CPRG.
La privatización de la política pública acentúa la desigualdad social. No exis-
te el mismo estatuto de ciudadanía para toda la población guatemalteca.
La desigualdad social es otra causa directa de la democracia restringida e
implica un despojo criminal de los derechos de ciudadanía para todos los
pueblos que coexisten en el país. La redistribución ha sido borrada de la
narrativa política desde la contrarrevolución de 1954, por lo que afirmamos
que otra causa de la democracia restringida hegemónica es que ninguna
ley y práctica continuada en el ejercicio de gobierno han dado sentido a la
solidaridad fiscal como componente activo de la democracia.
Consejo del Pueblo Maya 15
Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional
La inequidad fiscal es un nudo que impide la democracia real. La carga tri-
butaria se sostiene con un 75% de impuestos indirectos y no supera al 10%
como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), mientras el promedio en
América Latina es de aproximadamente un 23%. Guatemala también lidera
el porcentaje más bajo de Centroamérica en inversión social. La CPRG ca-
rece de visión sobre que el fin primordial de la planificación presupuestaria
debe ser una democracia viva e interesada en las necesidades de la gente,
su salud y su dignidad. El presupuesto público carece de mandato consti-
tucional para ser fuente directa de dignidad y de distribución equitativa de
bienes públicos.
También advertimos que, aunque la desigualdad afecta a la mayoría de los
habitantes de todos los pueblos, las mayores brechas de inequidad están
depositadas sobre los Pueblos Indígenas. En promedio de la última década,
por cada quetzal invertido en población no indígena, el Estado solo invierte
45 centavos en los Pueblos Indígenas. Tal desigualdad entre pueblos marca
una geografía política de exclusión étnica, confirmando de nuevo el racismo
de Estado, a pesar de que como Pueblos Indígenas hacemos mayoría en
casi la mitad de los municipios de Guatemala.
¿Cómo se expresa así la democracia representativa en Guatemala? La de-
mocracia representativa está en crisis en todo el mundo. Según la Corpo-
ración Latinobarómetro, dos terceras partes de las y los latinoamericanos
confían poco o nada en instituciones como el Congreso o los partidos po-
líticos y tres de cada cuatro consideran que los gobiernos no representan
los intereses de la mayoría de habitantes, sino los de una minoría poderosa.
Nuestra crítica a la democracia representativa guatemalteca se orienta es-
pecialmente en cuatro direcciones:
gimen político tolera la falta de democracia interna de los partidos
políticos; pondera, por tanto, el caudillismo, el machismo y el patrimo-
nialismo partidista; no da relevancia a la responsabilidad ideológica y
programática de los partidos ni a la educación cívica; y disimula que
el (contra) sentido de la mayoría de partidos sea el ser voceros y estar
dominados por mafias y poderes económicos. Los cambios empujados
al respecto son los más numerosos, pero todavía insuficientes.
sobre la comunitaria y la participativa, invalidando a estas últimas. Y,
por supuesto, no reconoce la Democracia Plurinacional, que es la equi-
dad entre los pueblos.
sido recurrentemente engavetada, a pesar de ser un criterio al cual se
están abriendo muchos países latinoamericanos. Estas brechas de re-
presentación entre mujeres y hombres cierran los espacios para situar
las demandas, necesidades y proyectos de las mujeres en las priorida-
des de Estado y de gobiernos.
blos Indígenas. La representación indígena se individualiza haciendo
imposible construir soluciones para la realidad colectiva de nuestros
pueblos. La democracia representativa está destruyendo los espacios
públicos propios de autogobierno indígena.
Nuestra convocatoria a construir un pacto político entre Mayas, Xincas,
Garífunas y Ladinos/Mestizos, para fortalecer la democracia en Guatemala
nace de la convicción de que la democracia representativa es insuficiente,
patriarcal y racista. También nace de la convicción de que la democracia
comunitaria es una demanda histórica de los Pueblos Indígenas y, a su vez,
es una condición indispensable para asegurar que todas las ciudadanías de
mujeres y hombres, sin distinción de pueblo alguno, tengan mayor control
y poder sobre el espacio público estatal, y más libertad para abrir espacios
públicos no estatales. La democracia restringida enfatiza el derecho a elegir
y ser electo como la máxima expresión de la democracia y sin alterar el con-
trol que la oligarquía tiene sobre el Estado. La democracia, por tanto, debe
profundizarse hacia adentro de las comunidades fortaleciendo la soberanía
los cuatro pueblos que aquí coexisten.
comunalidad
Desde todas las comunidades lingüísticas del Pueblo Maya y desde los Pue-
blos Xinca y Garífuna, han nacido muchísimas estrategias para la conservación
y guardianía de la Madre Tierra y para la preservación de nuestra identidad
y autogobierno, así como muchas luchas para enfrentar, resistir y detener los
abusos de poder de las empresas neoliberales y del Estado. Estas estrategias
y luchas son el resultado de una producción comunal de la política. Esa pro-
ducción comunal de la política es la que defendemos como parte de nuestra
historia y como componente clave de una Democracia Plurinacional.
Por ese motivo, nos sentimos obligados a reconocer esta lucha histórica
de cada mujer y hombre, niño, niña, joven, anciana y anciano, que han cul-
tivado por siglos nuestros conocimientos y experiencias de comunalidad,
Consejo del Pueblo Maya 17
Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional
quienes como integrantes de las comunidades llevan en su memoria las
deliberaciones y decisiones de nuestras asambleas, así como su disposición
a hacer trabajo comunal para beneficio de todas y todos.
Nuestros valores políticos nacen de nuestro aprendizaje y respeto hacia nues-
tra historia de autogobierno, así como de la convicción de que, desde el régi-
men político dominante, crece el acoso e interés por destruir nuestras asam-
bleas, nuestra organización y nuestras autoridades nombradas y delegadas
por decisión de nuestras asambleas. Afirmamos que la práctica asamblearia
no delega soberanía; la ejerce directamente. Nosotros ejercemos la sobe-
ranía desde nuestras asambleas y esta práctica no la queremos perder; al
contrario, la queremos potenciar, por lo que nuestra unidad es indispensable,
dado que la política asamblearia está amenazada en todos los territorios.
En estas luchas no queremos irrespetar ni perder la fuerza de nuestras
asambleas, que es la misma fuerza de nuestras autoridades, que forman un
amplio cuerpo de servidoras y servidores comunitarios, elegidos en asam-
bleas, que se turnan y rotan para ser responsables y dar servicio a la comu-
nidad. Valoramos la íntima relación que existe entre las decisiones de las
asambleas y los actos de las autoridades indígenas que fueron nombra-
das como tales, dado que nuestras autoridades están llamadas a obedecer
la voluntad comunal expresada soberanamente en las asambleas. Por eso
mismo, también condenamos la impostura de la democracia del régimen
político dominante porque, estimulando la precariedad, la sobrevivencia y
las amenazas contra nuestros bienes comunes naturales, empujan a autori-
dades indígenas a meterse en prácticas de servilismo y clientelismo político,
alrededor de la búsqueda de proyectos.
Las alcaldías indígenas han renacido después del conflicto armado interno
como una necesidad de organización propia, y se han creado alianzas nue-
vas entre autoridades de varios municipios, lo cual da fuerza a nuestro auto-
gobierno. Pero debemos advertir el gran acoso que crece contra nuestros
pueblos, al grado que el régimen está asesinando a nuestros dirigentes,
mujeres y hombres, y también está estimulando liderazgos y alcaldías que
no son elegidas en asambleas. No podemos seguir aceptando los términos
y nombramientos de “alcalde comunitario” y “alcalde auxiliar”, manipulados
por los alcaldes municipales. Ya no podemos permitir que las autoridades
comunitarias, nombradas en asamblea, sean llevadas a seguir dinámicas
clientelares bajo el perverso esquema de los consejos de desarrollo y el
municipalismo colonialista.
La CPRG solo concede al Estado las tareas de “reconocer”, “respetar” y
“promover” a las comunidades indígenas, mientras el Código Municipal nos
18 Consejo del Pueblo Maya
Consejo del Pueblo Maya
manda a inscribirnos al registro civil como si fuéramos simples asociaciones.
La autoridad indígena no es reconocida ni asumida por el Estado, porque a
la vez existe una guerra permanente del Estado, partidos y empresas con-
tra nuestras autoridades y asambleas de comunidad, desde donde siempre
han nacido nuestras estrategias de defensa de nuestras tierras.
Por eso también reconocemos los aportes de la intelectualidad indígena
guatemalteca al estudiar estos abusos, así como al sistematizar nuestras es-
trategias de resistencia y de organización de nuestras vidas colectivas, y al
hacer propuestas para reconocer el “nosotros comunitario”, y pensar nues-
tros gobiernos en libertad, gracias a lo cual tenemos conocimientos acu-
mulados para nuestro cuidado (producir agua, reforestar bosques, cuidar la
biodiversidad, construir caminos, delimitar nuestras tierras, cuidar nuestros
bienes, defender nuestros idiomas, producir nuestra medicina, nuestros ali-
mentos, nuestros tejidos, nuestro arte, crear alternativas productivas y de
mercado, etc.).
Sabemos por carne propia que a las autoridades indígenas no se les reco-
noce, no se les da espacio, no se les da la palabra, no se les da el diálogo.
A las autoridades indígenas tampoco se les respeta porque no se les da su
lugar. El Estado no mide sus límites en su trato con nuestras autoridades,
tal como lo viven a diario cientos de comadronas expuestas a menosprecio
y abusos en los hospitales y centros de salud o cientos de tejedoras a quie-
nes no se les reconocen sus artes y demandas. A las autoridades indígenas
tampoco se les promueve, más bien las están matando y metiendo en las
cárceles. Si hubiera promoción habría apoyo, fortalecimiento de nuestros
autogobiernos, que no dañan a nadie, y también habría la ruta para to-
marnos en cuenta para decisiones económicas y políticas que nos afecten,
incluso de índole nacional.
Pero advertimos que los Pueblos Indígenas de Guatemala no estamos solos
en esta lucha. Hay más de 370 millones de personas indígenas que residen
en 90 países en todo el mundo. Todos los Pueblos Indígenas tenemos en
común una historia de desarraigo territorial, de sometimiento, discrimina-
ción, muchas violaciones y abusos de poder. Desde los años setenta viene
creciendo nuestro grito en toda América Latina, con alto protagonismo de
los Pueblos Indígenas en Mesoamérica, para demostrar y liberar nuestra
existencia. Existimos y nuestras demandas son legítimas: queremos que
nuestras raíces milenarias se desplieguen sin opresión.
En respuesta a las graves violaciones en contra nuestra y como resultado de
las propias luchas y cabildeos del liderazgo indígena mundial, han surgido
Consejo del Pueblo Maya 19
Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional
en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU), los Derechos
Humanos de los Pueblos Indígenas. No se trata de un derecho de minorías,
sino de un derecho de pueblos que, como tales, pueden determinarse de
forma libre y autónoma.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue el primer organismo in-
ternacional que desde 1920 abordó los asuntos indígenas y quien advirtió la
urgencia de que la comunidad internacional prestara atención a las injusti-
cias cometidas contra los Pueblos Indígenas y cooperara con ellos. En 1989
la OIT elaboró el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (No. 169),
el cual fue suscrito por el Estado de Guatemala hasta 1996. En 1969 cobró
vigencia la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las For-
mas de Discriminación Racial (CERD), la cual fue suscrita por el Estado de
Guatemala hasta 1983.
La ONU, con la creación del derecho internacional de los Pueblos Indíge-
nas, ha desarrollado numerosos mecanismos de protección. Guatemala ha
recibido la visita de cuatro relatores(as) de derechos indígenas de la ONU
y, hasta ahora, el Estado no ha atendido ninguna de sus recomendaciones.
La ONU, además, ha puesto énfasis crítico en la negativa del Estado a pro-
mover la democratización de los medios de comunicación, incluyendo la
resistencia del Congreso de la República para certificar la propuesta de Ley
de Medios de Comunicación Comunitaria, apoyada por 40 mil firmas.
La aprobación en 2007 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas marcó la culminación de décadas de ne-
gociaciones entre estos pueblos y muchos Estados. Esta Declaración es el
instrumento internacional de más amplio espectro a favor de los derechos
de los Pueblos Indígenas. Otorga preeminencia a los derechos colectivos
en un grado sin precedentes en el derecho internacional; y establece un
marco universal de criterios mínimos para la dignidad y el bienestar de los
Pueblos Indígenas del mundo. El Estado de Guatemala dio voto a favor de
la Declaración, mientras que ya ha pasado una década donde, a pesar de
ser firmante, ha mostrado alianzas sucesivas con la industria extractiva para
criminalizar a los Pueblos Indígenas por defender sus asambleas, sus con-
sultas comunitarias, frente a las lógicas empresariales de despojo.
Por eso consideramos la unidad indígena como indispensable. Una unidad
política que eleve la voz para que se activen en nuestro país los Derechos
Humanos de los Pueblos Indígenas. Estos derechos no son una concesión
del Estado de Guatemala, sino una obligación que asumió al ratificar los
convenios y declaraciones internacionales en esa materia. Es urgente que
20 Consejo del Pueblo Maya
Consejo del Pueblo Maya
se reconozca que los titulares de los Derechos de los Pueblos Indígenas son
los Pueblos Indígenas; no es el Estado, sino los pueblos.
Si las mafias económicas y políticas siguen capturando y determinando las
prácticas del Estado, y si siguen sosteniendo un régimen jurídico-político
con una legalidad colonialista, que ni siquiera está dispuesta a respetar sus
mediocres leyes internas, y menos el derecho internacional de los Pueblos
Indígenas; entonces, amerita dotarnos de fuerza política a modo de crear
las oportunidades para destruir a esos poderes constituyentes colonialistas
y abrir una nueva fundamentación política para construir otro poder público
estatal.
El problema a encarar es el amarrado histórico de nudos entre racismo y
desigualdades. Las ciudadanías somos en razón directa de los derechos
que nos reconocemos entre sí y de los fundamentos que organizan e ins-
tituyen nuestra vida política. Hasta hoy, los fundamentos e instituciones
constituyentes del actual régimen político bloquean las ciudadanías; solo
toleran escalas de súbditos, donde los Pueblos Indígenas están soterrados.
El núcleo de la ciudadanización occidental ha sido controlarnos y someter
el comunalismo indígena para una criminal explotación, creando contextos
territoriales de despojo, concentración y destrucción de la vida. Esa lógica
no debe continuar.
Consejo del Pueblo Maya 21
respete la diversidad y resguarde
la democracia comunitaria,
participativa, representativa
y plurinacional
de la plurinacionalidad
Hasta ahora la nación ha sido forjada con los engaños de un Estado crimi-
nal. Todas las constituciones políticas de Guatemala han elogiado la unidad
nacional, pero siempre han decretado regímenes jurídico-políticos que no
garantizan nuestra comunidad y cohesión social, ni incluyen a toda la po-
blación como libre e igual en derechos. Frente a esa ignominia, queremos
potenciar todas las dinámicas y procesos que buscan articular el territorio
guatemalteco desde abajo, desde las periferias, desde las formas históri-
cas de acción y lucha por la dignidad, de invención de espacios de vida y
deliberación, de impulso a la diversidad de colectividades, comunidades y
pueblos existentes en los territorios e historias del país. Lo común tenemos
que inventarlo e institucionalizar sus formas de realización.
Para salir al paso al recurrente fracaso de las elites económicas en gobernar
con estabilidad, además de sus meros reajustes procedimentales, el poder
político dominante ha tratado de convencernos con estrategias que apues-
tan a la descentralización y al multiculturalismo. Afirmamos que el multicul-
turalismo siempre ha existido, desde antes de la invasión española, pero el
multiculturalismo como estrategia de unidad del Estado ha sido producido
como racismo, autoritarismo y desigualdad, abriendo islas microscópicas
en un océano de uniformidad, carente de democracia. La descentralización
siempre ha sido un recurso para reproducir el poder colonialista, y para sos-
tener un municipalismo farsante e incapaz de articular y dar poder de deci-
sión a las comunidades.
Mientras no se cambie la forma de producir el poder político y social;
mientras no transformemos las condiciones legales e institucionales de po-
der existentes, de las cuales somos responsables y sujetos políticos, será
22 Consejo del Pueblo Maya
Consejo del Pueblo Maya
imposible reconstruir una unidad social desde los intereses vitales de la
gente. Pensamos que la convocatoria y realización de una Asamblea Pluri-
nacional Constituyente es una oportunidad, entre varios momentos eman-
cipatorios, como horizonte político inmediato, que puede dinamizar mu-
chos procesos de largo aliento para imaginar y echar a andar una nueva
convivencia.
Esta apuesta por redefinir las bases constituyentes del Estado, de la so-
ciedad y de las ciudadanías no se reduce a un proyecto político, sino bus-
ca abrir brecha para darle plena continuidad a la historia de nuestras lu-
chas y procesos por la vida, el bienestar, la dignidad, el reconocimiento
de derechos y la libre reorganización social. Invocamos nuevos poderes
constituyentes como perspectiva de establecimiento general de nuevas
instituciones políticas y de propiedad, intercambio y socialización, porque
la magnitud del cambio que necesitamos, debe darnos un impulso sin pre-
cedentes para destruir las estructuras autoritarias, así como energía para
una sana, fraterna y libre búsqueda de nuevas formas de convivencia y de
gobierno.
El punto de partida radica en darle un significado poderoso a la Ciudadanía
Plurinacional. Necesitamos reorganizar al Estado y reorganizar lo público
en razón de los intereses comunes de las ciudadanías de los cuatro pue-
blos que cohabitan en el país, donde mujeres y hombres tengan los mismos
derechos y oportunidades. La ciudadanía es una trayectoria histórica de
construcción de derechos, nacida desde la mirada civilizatoria occidental,
que debemos reconducirla y mejorarla hacia un conjunto de prácticas que
valoren por igual a mujeres y hombres, a la producción y a la reproducción
de la vida, colocando el Buen Vivir en el centro, y también como una prác-
tica permanente de profundo respeto hacia la Madre Tierra. Aspiramos a
enterrar los patrones de estas sociedades machistas, xenofóbicas, racistas,
fascistas, ecocidas, consumistas y homocéntricas, apostando a liberar y dig-
nificar nuestras ciudadanías.
Nuestra propuesta de instituir en Guatemala una Democracia Plurinacional
consiste en unirnos como ciudadanas y ciudadanos de los cuatro pueblos
para construir formas, normas, instituciones, ideas, prácticas y actos de con-
vivencia que, por una parte, contengan y potencien espacios estatales y pú-
blicos no estatales con democracia comunitaria, participativa y representa-
tiva y, por otra parte, garanticen que los cuatro pueblos que aquí coexisten
(con la activa acción de las mujeres, los movimientos y las organizaciones
populares), sean los sujetos protagonistas de esas democracias y cuenten
Consejo del Pueblo Maya 23
Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional
con condiciones para hacer gobierno compartido, construyendo así Demo-
cracia Plurinacional.
Nuestra visión de Democracia Plurinacional se orienta en las siguientes
direcciones:
producción y reproducción de la vida, desde los territorios. Aquí in-
cluimos el derecho de los barrios urbanos a pensar en su bienestar
geopolítico;
terminación de los Pueblos Indígenas, donde las mujeres indígenas
potencien sus vidas;
Buen Vivir, sin discriminación, sin represión, sin racismo, sin desigual-
dad; sin el capital contra el trabajo, sin la economía contra la Madre
Tierra y sin violencias entre hombres y mujeres;
que las poblaciones más vulneradas por siglos, como las mujeres y las
juventudes, especialmente indígenas, pueden acceder a sus proyectos
de vida, sin agresiones y migraciones asesinas;
dad y democratizar la sociedad, cambiando nuestros peores hábitos
heredados.
Esta es una lucha gigante que requiere nuestra unidad como pueblos
Maya, Xinca y Garífuna, sabiendo que, además, no podemos destruir
estos abusos sin abrirnos a la unidad con la población o pueblo Ladino/
Mestizo. Nuestra convocatoria, por tanto, tiene en su corazón el deseo
de construir un gran pacto político entre los cuatro pueblos, y que tenga
como el primer punto de partida la unidad de los Pueblos Indígenas.
Esta unidad es fundamental para impulsar nuestras luchas, especialmen-
te porque el éxito de la desigualdad y del racismo, deriva de mantener
a los Pueblos Indígenas incomunicados, fragmentados, sometidos en
la exclusión económica y supeditados a la competencia entre partidos
políticos.
No debemos conformarnos con la ampliación de espacios estatales con
representación partidaria, sino demandar más espacios públicos para las
24 Consejo del Pueblo Maya
Consejo del Pueblo Maya
ciudadanías, para la gente, desde la gente y con el control de la gente, in-
dependientemente del pueblo al que pertenezca. Llamamos a fortalecer la
capacidad colectiva y local de apropiación, gestión y usufructo del trabajo
y la riqueza pública y/o común. Llamamos a democratizar al Estado, pero
también a la sociedad, a modo de que la población construya más capaci-
dad y poder para garantizar la reproducción material de la vida.
Ese desafío implica que, desde el poder que una nueva Constitución Po-
lítica Plurinacional de Guatemala nos confiera para construir un Estado
asentado en la soberanía de los cuatro pueblos (Maya, Xinca, Garífuna y
Ladino/Mestizo), y visualizando las grandes transformaciones que de ese
cambio deban derivarse, se normen nuevas prácticas e instituciones para
eliminar los privilegios y el tráfico de influencias de los poderes corporati-
vos y se abran procesos de deliberación y libertad ciudadana, comunitaria
y de barrios, para decidir sobre el uso y cuidado de los bienes comunes
naturales y sociales disponibles, sean estos la tierra, el agua, los bosques,
los alimentos, la salud, la educación, la recreación, la seguridad social, el
mercado, el transporte, la energía eléctrica y otros bienes y servicios de
interés común.
Debemos unirnos para frenar de raíz la paralización y desorganización de
las formas comunitarias de vida. Llamamos a la unidad de las ciudadanías
de los cuatro pueblos para frenar de raíz la recurrente apropiación privada
de los asuntos públicos y de los bienes comunes naturales. Debemos rede-
finir la comprensión de lo público en razón de que, lo que nos es común es
nuestra vida, la vida de nuestros territorios, y esos aspectos no se reducen
a lo estatal y menos a lo partidario. Los bienes comunes naturales (el agua,
cuencas hídricas, bosques, aire, etc.) y los bienes comunes sociales (la sa-
lud, educación, saneamiento, electricidad, transporte y vivienda, etc.) son
un bien para nuestra vida y, por tanto, son los pueblos y las ciudadanías
los llamados a decidir sobre su gestión y cuidado. Debemos tener mayor
control político, más democracia, para vigilar al Estado en la guardianía de
estos bienes.
También necesitamos valorar la repolitización de nuestra ciudadanía, lo que
quiere decir que necesitamos volver a poner atención precisamente sobre
los bienes que requiere nuestra vida, sobre los problemas o asuntos frente
a los cuales el actual dominio jurídico-político se empeña en hacer que nos
resignemos, que nos volvamos indiferentes o que nos conformemos y de-
pendamos solo de los procedimientos electorales que ofrece la democracia
representativa.
Consejo del Pueblo Maya 25
Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional
Sin embargo, este ánimo para crear capacidad común con el fin de au-
torregularnos, también obliga a encarar un nudo político que está en el
proyecto ladino/criollo dominante en el Estado, porque en ese nudo,
curiosamente, nace la privación y privatización de derechos, que daña
el ejercicio ciudadano en su conjunto. Ese nudo consiste en que están
estructuradas las condiciones para destruir a los Pueblos Indígenas, la
mayoría de la gente que está en las comunidades, la mayoría de mujeres
de Guatemala, mientras se amarra con convertirnos a todos(as), ladino/
mestizos o indígenas, en meros objetos para el rendimiento laboral y el
consumismo.
Los Pueblos Indígenas somos comunidades políticas históricamente esta-
blecidas. Tenemos una larga historia de pertenencia colectiva hacia formas
políticas de asociación, de relaciones compartidas, de reconocimiento mu-
tuo y de construcción de instituciones y principios que ordenan nuestra vida
comunitaria, historia, idiomas, maneras propias de construir economía y ser-
vicios sociales de comunidad, justicia y formas de autogobierno, todas las
cuales configuran una pertenencia y visión del mundo distinta al proyecto
ladino/criollo dominante.
Nos hemos pensado en comunidad y tenemos lazos de comunidad que no
son estrictamente geográficos: son históricos, sociales y simbólicos. Nuestra
comunidad es también territorial en el sentido que todos los Pueblos Indí-
genas tenemos comunidad de asentamientos matriciales donde el cuidado
de nuestra vida implica el cuidado de los territorios. No idealizamos nuestra
organización, queremos potenciarla. Ahora bien, para lograrlo requerimos
de condiciones que siempre nos han sido negadas.
Queremos que se incorpore libremente la historia política de nuestras so-
ciedades en la cohesión del régimen jurídico-político de Guatemala. Esa
historia política da cuenta de la importancia que tiene la comunalidad no
solo para la vida indígena, sino también para la vida de las poblaciones la-
dinas que viven en el mismo territorio, desde donde nuestras autoridades
se han abierto para construir alianzas, valorando unos y otros, el beneficio
comunal para proteger los intereses individuales.
Ya hemos dicho que el colonialismo del régimen jurídico-político de Gua-
temala ha consentido, para su usufructo y beneficio, la coexistencia subor-
dinada de los diversos sistemas normativos de los Pueblos Indígenas. Esta
permisibilidad ha sido en condiciones de acoso, despojo, desigualdad y
desconocimiento permanente de lo que somos. Se ha reducido nuestro
bagaje normativo social a meras costumbres de resolución de conflictos.
26 Consejo del Pueblo Maya
Consejo del Pueblo Maya
No aspiramos, por tanto, a aceptar una igualdad a través del concepto clá-
sico burgués del derecho civil que está contenido en el núcleo ladino/criollo
dominante y que se reduce al derecho civil como una abstracta libertad
individual.
De lo que se trata es de establecer igualdad entre estos diferentes con-
juntos normativos. Estamos de acuerdo con que la democracia es un siste-
ma que propicia formas igualitarias de libre determinación de las personas.
Pero esto no implica que en la igualación desaparezcamos como pueblos y
como personas con una historia y modo de vida colectivo diferentes. Somos
personas con memoria de pueblos y constituimos la mitad o la mayoría de
la población de este país.
La igualdad no implica que se “mejore” formalmente lo que ya existe, tal
como se trató de hacer en la CPRG de 1985, cuando se redujo nuestra
existencia a una mera identidad folclórica cultural y se incorporó el capítu-
lo de “Comunidades Indígenas”. Tal idea de igualdad es el reconocimiento
de una ciudadanía etnocéntrica criollo-ladina. Fortalecer la democracia
implica que se instaure un principio de igualdad entre una pluralidad de
sujetos políticos colectivos, y garantizar que, como pueblos, podamos te-
ner libertad de pensar, debatir y construir una pluralidad de formas de
democracia.
Hasta el momento, el elemento civil y político estrictamente aceptado para
la ciudadanía guatemalteca (libertad de la persona, de expresión, de pensa-
miento y religión, derecho a la propiedad, a establecer contratos, derecho
a la justicia, derecho a elegir y ser electo, etc.) está declarado por ley desde
1945 y ha sido reiteradamente violado para las ciudadanías indígenas. Ese
es el agravante: no existen evidencias de que el sistema haya “cedido” a los
Pueblos Indígenas ni siquiera esos derechos civiles. Si no se reconoce el
componente colectivo de la ciudadanía indígena, que consiste en nuestra
condición de ser pueblos con estatutos propios, que reproducen nuestras
nociones comunes de vida, los retrocesos democráticos serán cada vez más
galopantes.
Advertimos que una persona indígena no puede tener libertad real y efec-
tiva como persona, si su propio ser, su gente y su pueblo, es objeto de
persecución, racismo, segregación y despojo. Si no se reconoce que los
interlocutores de la política son pueblos, es decir, sujetos con referentes
colectivos históricos, será imposible en Guatemala democratizar al Estado
y democratizar a la sociedad. Nosotros llamamos a valorar y reconocer la
Consejo del Pueblo Maya 27
Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional
coexistencia de todos los pueblos, sin discriminación. A ese desafío le lla-
mamos Democracia Plurinacional.
Para tal desafío, se requiere descentrar la concepción de derecho y de
derechos humanos en el mero individualismo porque con ello se contiene
desigualdad, ya que se desarticula la noción de colectividad y de referentes
colectivos que también existen como principios organizadores de la vida
y se niega la visión de derechos que los pueblos indígenas conceden a
la Madre Tierra. Los seres humanos somos historias, somos expresión de
diversas formas políticas, sociales y culturales y no debemos vernos como
los seres superiores respecto a la vida en general. No existe lo humano
en general ni lo humano universal. Llamamos a darnos la oportunidad de
repensarnos en nuestras diferencias, entrelazar nuestras deliberaciones
acerca de qué es lo humano, a distanciarnos de esa lógica que universaliza
a una cultura como mejor que la otra y que somete a la Madre Tierra.
Si no se establece una igualdad macro entre las diversas culturas y formas
de gobierno de los pueblos, las personas indígenas seguirán siendo discri-
minadas y situadas en las más hondas brechas de inequidad. Mientras pen-
semos en términos políticos de “individuos” para concebir los derechos y la
igualdad ante la ley, no podremos superar el colonialismo interno. Para que
las ciudadanías se potencien, los pueblos necesitan ser y ser en libertad,
tanto en lo personal como en lo colectivo. Y esta exigencia cobra la mayor
relevancia para romper las brechas de inequidad en que viven las mujeres
indígenas.
Bajo esta argumentación proponemos y desarrollamos lo que llamamos los
cinco fundamentos constituyentes de la Democracia Plurinacional:
1o. Reconocer la identidad y los derechos colectivos de los Pueblos
Indígenas;
2o. Reconocer el pluralismo normativo y la libre determinación de los Pue-
blos Indígenas;
3o. Unidad de visión de los cuatro pueblos para el bien común;
4o. El gobierno plurinacional del Estado es cogobierno de los pueblos; y
5o. Construir una Cultura Plurinacional.
28 Consejo del Pueblo Maya
Consejo del Pueblo Maya
1.1 Reconocer la identidad y los derechos colectivos de los
Pueblos Indígenas
El primer fundamento de la Democracia Plurinacional consiste en tras-
pasar el umbral de la ciudadanía como derecho de individuos, admi-
tir la identidad histórica y dinámica de cada pueblo, y como socie-
dad y nuevo Estado, reconozcamos los derechos colectivos de los
Pueblos Indígenas, definamos igualdad y libertad para los cuatro pueblos,
a nivel individual y colectivo: 1o. La población o Pueblo Ladino/Mestizo,
2o. El Pueblo Garífuna, 3o. El Pueblo Xinca y 4o. Las 22 comunidades lin-
güísticas del Pueblo Maya (Achi’, Akateco, Awakateco, Chalchiteco, Ch’orti’,
Chuj, Itza’, Ixil, Jacalteco, Kaqchikel, K’iche’, Mam, Mopán, Poqomam, Po-
qomchi’, Q’anjob’al, Q’eqchi’, Sakapulteco, Sipakapense, Tektiteko, Tz’utujil
y Uspanteko).
Entonces, admitir el ser, la libertad y la igualdad entre los cuatro pueblos im-
plica incorporar sus derechos individuales y colectivos en una Constitución
Política Plurinacional y en el ordenamiento jurídico-político del país. Ese es
el primer fundamento para profundizar las diversas formas de democracia,
así como para llevar la realidad plurinacional de la sociedad a que sea una
cualidad jurídica sustantiva del régimen político estatal y social en su con-
junto. La igualdad de derechos entre los pueblos hará posible no solo el
despliegue de la libertad individual para discutir los asuntos públicos, sino
también hará posible la libertad de opinión, acción y posición de los pue-
blos, en tanto colectividades, ya sea en ámbitos comunitarios, municipales,
regionales o nacional.
Este fundamento se resume en el derecho a ser y vivir como pueblos,
respetando y traduciendo nuestras diferencias. La Constitución Política
Plurinacional debe ser una ley global que resguarde el núcleo común de
nuestra diversa relación social. De hecho, proponemos, entre los primeros
artículos de una nueva Constitución, el señalar que la soberanía del Esta-
do reside en los pueblos, en plural, porque será de los cuatro pueblos de
donde emanen sus funciones y obligaciones. También proponemos oficia-
lizar todos los idiomas, asegurando que el Estado utilice como segundo
idioma oficial y obligatorio el idioma indígena que hable la mayoría de
habitantes de una aldea, municipio, departamento o región. Esto entraña
no solo definir los derechos y deberes de las personas y de los pueblos,
así como las garantías jurisdiccionales para su defensa y para controlar al
Estado.
Consejo del Pueblo Maya 29
Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional
1.2 Reconocer el pluralismo normativo y la libre
determinación de los Pueblos Indígenas
El pluralismo normativo entre los pueblos deviene de su igualdad y libertad
y es, por tanto, el segundo fundamento de la Democracia Plurinacional. El
pluralismo normativo debe ser potenciado en términos del reconocimiento
de la historia indígena guatemalteca. No pensamos el pluralismo normativo
tal como ha sido permitido por el régimen dominante, que pretende insti-
tucionalizarlo en condiciones de subordinación.
El pluralismo tolerado reduce la normatividad de los Pueblos Indígenas a
usos y costumbres y a partir de unas cuantas costumbres para unos pocos
ámbitos de la vida social, especialmente en asuntos de resolución de con-
flictos menores. El cambio que proponemos persigue establecer la igual-
dad y la libertad entre los diferentes conjuntos normativos y abrir los cami-
nos para que los pueblos recuperen, resignifiquen y potencien su propia
organización colectiva. El conjunto de regulaciones propias y el conjunto de
instituciones propias históricamente cultivadas y recreadas para garantizar
nuestra existencia como pueblos indígenas es un sistema normativo. Nues-
tras regulaciones son diversas y no se reducen a asuntos judiciales.
Entendemos el pluralismo como la pluralidad de normas, instituciones y ac-
ciones para producir y reproducir la vida cotidiana de los cuatro pueblos, de
modo que tal pluralidad se observe y reconozca adentro de cada pueblo y
entre pueblos, por lo que su potenciación será una fuente permanente de
participación ciudadana, de construcción de democracia, como florecimien-
to de las ciudadanías y la posibilidad de que estas tengan control sobre sus
asuntos públicos propios y sobre los asuntos de Estado. El pluralismo es una
ruta para la comunicación, interacción y traducción mutua entre pueblos y
entre sus culturas.
El pluralismo normativo al que aspira la Democracia Plurinacional se
fundamenta en el derecho internacional en materia de Pueblos Indígenas,
especialmente en la libre determinación de los pueblos. Por eso, este
segundo fundamento de Democracia Plurinacional, debe comenzar con
el reconocimiento y la posibilidad de la autonomía política de los Pueblos
Indígenas, inscrita articuladamente adentro de la autonomía política del
Estado Plurinacional frente al concierto mundial. La libre determinación es
el derecho colectivo de ser sujetos de la política de su pueblo. Es construir
y potenciar su gobierno propio en libertad e igualdad, adentro del Estado
Plurinacional.
30 Consejo del Pueblo Maya
Consejo del Pueblo Maya
Esto significa reconocer y abrir espacio para que cada pueblo edifique su
autogobierno y sea reconocido mediante un estatuto de autonomía por el
Estado. El derecho al autogobierno es la libertad de ejercer sus derechos
colectivos e individuales. Para ello, tanto la sociedad como el Estado deben
estar dispuestos a que todos los pueblos cuenten con condiciones políticas
y socioeconómicas materiales colectivas, territoriales, institucionales, desde
la propia organización comunitaria y tal como decida la organización comu-
nitaria y sus máximos órganos de gobierno. El pluralismo normativo garan-
tiza la libertad política como el derecho a hacer política desde su historia y
desde su organización propia.
Quiere decir que, desde adentro, desde su libertad de ser pueblos históri-
camente formados, podamos, entre muchos otros sucesos: salvaguardar la
identidad política y cultural (idiomas, arte, conocimientos, educación, salud,
tierras colectivas, bienes naturales, reglas de ordenamiento territorial, re-
presentación política y autogobierno, etc.); dar plena vida a los principios,
métodos y órganos internos de deliberación, decisión y autoridad; orga-
nizar libremente la producción y reproducción de la vida socioeconómica,
tomando las decisiones sobre políticas y programas administrativos o le-
gislativos relativos a nuestro propio concepto de convivencia, de acuerdo
con los requerimientos de servicios sociales, así como de mercado; y crear
cómo gozar de los recursos materiales y capacidades humanas necesarias
para fortalecer las instituciones e iniciativas socioeconómicas y culturales
que decidamos tener.
Un elemento estratégico del pluralismo normativo es la libre determinación
de los Pueblos Indígenas, la cual se expresa si y solo si existen en plena
libertad los Gobiernos Autónomos Indígenas. Implica la obligación del
Estado de asumir, resguardar y potenciar la pluralidad normativa, es decir,
la pluralidad de formas de gobierno. Esta obligación del Estado debe estar
regulada constitucionalmente y expresarse como orientación obligatoria e
inexcusable en el funcionamiento de todas las instituciones, leyes, políticas
y recursos del Estado.
Consideramos que el Estado debe obligarse al derecho a la libre deter-
minación de los Pueblos Indígenas, que es el derecho al autogobierno, a
través de, por lo menos, las siguientes funciones, las cuales debieran estar
escritas en una Constitución Política Plurinacional:
recho público nacional y se integren con igualdad al sistema nacional
de administración pública, y a los organismos ejecutivo, legislativo y
judicial del Estado;
Consejo del Pueblo Maya 31
Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional
los asuntos estatales y públicos desde el ámbito comunitario hasta el
de índole nacional para tomar decisiones relativas al mejoramiento y
potenciación de sus condiciones de vida;
car medidas administrativas o legislativas que afecten la vida de las
comunidades miembras. La consulta debe ser previa y de buena fe
y realizarse libremente y ad hoc según decidan las asambleas de las
comunidades y pueblos consultados;
los órganos estratégicos de gobierno, decisión y deliberación en los
organismos ejecutivo, legislativo y judicial del Estado;
cantidades y oportunidades, de los recursos, servicios, políticas y pre-
supuestos del Estado, expresándolo en toda la acción institucional y
de política.
libremente sus propios sistemas políticos, idiomas, justicia, sistemas de
salud, educación, red vial, transporte, sistemas y tipos de propiedad; uso,
gestión y aprovechamiento exclusivo de los bienes comunes naturales
de su territorio; a la planificación económica propia y a la integrada al
Estado central; a la propiedad colectiva de sus conocimientos, ciencia
y arte, etc.
Para la coherente realización del pluralismo normativo y de los Gobiernos
Autónomos Indígenas es indispensable hacer cambios en la división política
administrativa del Estado. En la CPRG vigente se señala que “el territorio de
la República, se divide para su administración en departamentos y estos en
municipios” (Art. 224). La Democracia Plurinacional que proponemos aspira
a incorporar en la Constitución Política Plurinacional tres elementos más en
la división política administrativa de Guatemala. Estos elementos son:
1o. Aldeas;
2o. Jurisdicciones autónomas de los Pueblos Indígenas; y
3o. Jurisdicciones especiales de minorías.
La nueva Constitución Política Plurinacional debe, además, ser muy cla-
ra en orientar que el ordenamiento territorial de Guatemala debe aten-
der, proteger y cuidar todas las cuencas hidrográficas y demás bienes
32 Consejo del Pueblo Maya
Consejo del Pueblo Maya
comunes naturales para la división política administrativa. La incorpora-
ción de estos elementos será una garantía para legalizar y potenciar a la
democracia comunitaria como uno de los poderes constituyentes de la
ciudadanía y también como un poder para la preservación de la vida de
la Madre Tierra.
Al visualizar y dar a la aldea el rango de unidad básica administrativa del
territorio, el Estado se obligará a sí mismo a reconocer a las comunidades
como sujetas de la política, asegurando su participación en los asuntos pú-
blicos y, a su vez, se obligará a que la planificación del presupuesto y de la
economía tomen en cuenta a las aldeas de modo vinculante y las conviertan
en sus interlocutoras, ya sea por representación y/o por participación di-
recta. Como veremos más adelante, también contribuiría a destruir el mu-
nicipalismo colonialista y a hacer real y efectiva la autonomía de todas las
municipalidades.
Las jurisdicciones autónomas de los Pueblos Indígenas encarnan a los re-
gímenes de autonomías o gobiernos autónomos y, con ello, el pluralismo
normativo se realiza en los territorios y hace de los territorios la plataforma
desde la cual se cultiva y respeta la diversidad de pueblos. Tal transforma-
ción profundiza la Democracia Plurinacional en todas sus expresiones (co-
munitaria, participativa y representativa) y libera a los Pueblos Indígenas del
cautiverio y la segregación.
Los regímenes de autonomías o Gobiernos Autónomos Indígenas refuerzan
la democracia comunitaria porque estaremos reconociendo libertad y po-
der político a las asambleas de comunidad de los Pueblos Indígenas como
los máximos órganos de dirección y decisión política de estos gobiernos.
Refuerzan la democracia participativa porque estaremos depositando el
poder ciudadano en las personas indígenas para que, por sus propias de-
cisiones y métodos, decidan sobre sus asuntos y porque abriremos canales
directos para que las instituciones las reconozcan como sujetos de la políti-
ca nacional. Y refuerzan la democracia representativa porque será necesa-
rio establecer y regular los mecanismos de representación de los Pueblos
Indígenas en los órganos decisorios de gobierno de los tres organismos de
Estado para toda Guatemala.
Proponemos tres tipos de jurisdicciones o Gobiernos Autónomos de los
Pueblos Indígenas:
Consejo del Pueblo Maya 33
Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional
1o. Municipales. Cada municipio, según la legislación actual;
2o. Intermunicipales. Entre varios municipios de un mismo departamento
y que agrupen a más del 70% de habitantes de un mismo Pueblo Indí-
gena en el territorio involucrado; y
3o. Subregionales. Entre municipios de distintos departamentos y que
agrupen a más del 70% de habitantes de un mismo Pueblo Indígena
en el territorio involucrado.
La integración de estas jurisdicciones autónomas deberá ser aprobada por
el Estado, a solicitud directa de por lo menos el 25% de los habitantes del
Pueblo Indígena interesado, y confirmada mediante el otorgamiento de un
estatuto de autonomía, según se detalle en una ley constitucional y especí-
fica en la materia.
El estatuto de Gobiernos Autónomos de Pueblos Indígenas confiere, según
el caso y atendiendo respectivamente el orden anterior, la categoría juris-
diccional de:
1o. Municipio autónomo del pueblo involucrado;
2o. Mancomunidad de municipalidades autónomas del pueblo involu-
crado; y
3o. Subregión autónoma del pueblo involucrado.
Cada estatuto deberá contener la delimitación territorial; definir el sistema
político de gobierno (cargos, tiempos de gobierno, deberes de los funcio-
narios(as), procedimientos de orden interno y de administración pública), ad-
ministración de justicia, las formas de democracia implementadas y los dere-
chos ciudadanos, en apego a los fines del Estado y de la Constitución Política
Plurinacional. Cada jurisdicción autónoma indígena tendrá su propia norma-
tiva sectorial y su propia jurisprudencia, con excepción de aquellos asuntos
que deben seguir siendo administrados y regulados desde el Estado central.
Las jurisdicciones especiales es el derecho de las personas, sean de un mis-
mo Pueblo Indígena o conformen colectividades ladinas/mestizas, como
minorías en una jurisdicción autónoma indígena o en un municipio de ma-
yoría ladina/mestiza, para organizarse y garantizar que sus intereses y ne-
cesidades estén representados en cualquier estructura municipal, depar-
tamental y nacional. Estas jurisdicciones también deberán ser aprobadas
por el Estado, a solicitud directa de por lo menos el 25% de los habitantes
y pueblos interesados, y confirmada mediante el otorgamiento de un es-
tatuto especial de minoría y según se detalle en una ley constitucional y
específica en la materia.
34 Consejo del Pueblo Maya
Consejo del Pueblo Maya
Municipio autónomo
del pueblo involucrado
Mancomunidad de
municipalidades
autónomas del pueblo
involucrado en un
mismo departamento
Subregión autónoma
del pueblo involucrado.
En departamentos
diferentes
Jurisdicciones especiales
de minorías indígenas o
ladinas / mestizas
1.3 Unidad de visión de los cuatro pueblos para el
Buen Vivir
El pluralismo normativo es constituyente estratégico para transformar el
monismo de Estado y es sustento sine qua non de la plurinacionalidad.
Ahora bien, con la creación de gobiernos autónomos indígenas no se agota
la Democracia Plurinacional. Consideramos que el tercer fundamento de la
Democracia Plurinacional es la articulación de los cuatro pueblos en una so-
ciedad pluralista de derechos con fines y principios organizadores comunes
para el Estado, reflejando unidad de la diversidad social.
Aquí levantamos nuestra histórica demanda de crear para todo el país
una gran comunidad política que respete, represente, se comunique y
articule a los diversos pueblos existentes para la vida, para la dignidad,
para el Buen Vivir (Utz K ́aslemal, Utziläj K’aslemal, Raxnaquil K’aslemal,
Ral ch’och’, Tb’anil Chwinqlal). El tercer fundamento es un acuerdo po-
lítico que debe estar basado en un cálculo de intereses comunes y ser
un marco de cohesión y de visión de unidad para nuestra actuación en
todo el territorio guatemalteco. Una Asamblea Plurinacional Constituyen-
te sería el recinto que recoja el pensamiento de los cuatro pueblos sobre
nuestro sentido y finalidad de sociedad plural, mientras la Constitución
Formas de autogobierno indígena y
de jurisdicciones especiales
Consejo del Pueblo Maya 35
Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional
Política Plurinacional sería la depositaria de la sociedad plural que somos,
para inspirar, regir y regular en años o décadas siguientes las dinámicas de
cambio y transformación.
De modo que el pluralismo normativo de poco ayudaría si, a su vez, cada
quien mantiene y cultiva de modo separado sus sistemas normativos y sus
experiencias de ejercicio ciudadano y de gobierno, sin comunicación crítica,
sin síntesis política, sin perspectiva común, sin aprendizajes y correcciones
corresponsables. La Democracia Plurinacional debe construir una sociedad
que esté dispuesta a conocer a sus colectividades integrantes; a conocerse
a sí misma; que pueda hacer crítica a las matrices culturales de derechos
o de principios de unas y otras colectividades; que pueda seleccionar lo
mejor de unas y otras y desechar lo peor; que ofrezca un núcleo de vida
política común para prevenir y frenar la uniformidad, la monopolización y la
superioridad de la cultura occidental, tres rasgos nefastos que están en el
corazón racista y autoritario del actual régimen de Estado. A eso llamamos
resignificar nuestra política.
El tercer fundamento plurinacional orienta, además, a articular esos dere-
chos con las otras tres grandes formas de democracia que defendemos (co-
munitaria, participativa y representativa), con los principios, valores y fines
del Estado; y con las responsabilidades de todas las instituciones y de todos
los funcionarios(as) públicos. Implica definir como conceptos constituyentes
nuestros intereses de pueblos en comunidad, solidaridad y reciprocidad.
Y también implica un cuidado extraordinario para asegurarnos que lo que
esté escrito en la parte dogmática de la Constitución Política Plurinacional
tenga coherencia, continuidad y profundización con la parte orgánica y pro-
cesal de la carta magna.
La actual CPRG tiene muchos conjuntos temáticos separados, contradic-
torios y sin congruencia y coherencia entre sí. No refleja unidad de nuestra
diversidad social. Ni siquiera refleja nuestra diversidad, ya que no reconoce
la existencia de Pueblos Indígenas, sino que nos da el rango de comuni-
dades o grupos y, por tanto, no estamos integrados en el pacto social que
promulga. Como ya dijimos: el derecho público oficial siempre nos ha se-
gregado. El artículo 69 de la CPRG es, quizás, el mejor ejemplo del carácter
colonialista del régimen. Ese artículo titulado “Traslación de trabajadores
y su protección”, está incrustado a propósito en la sección de Comunida-
des Indígenas porque la visión dominante admite como natural que el ré-
gimen hacendario guatemalteco “traslade” a contingentes enteros de las
personas indígenas, y no a otras, para ir a trabajar afuera de sus territorios
y comunidades.
36 Consejo del Pueblo Maya
Consejo del Pueblo Maya
En todo caso, este tercer fundamento de la Democracia Plurinacional per-
sigue precisamente romper con la estructura colonialista, racista y sexis-
ta de poder. Así, queremos disponer en una nueva Constitución Política
Plurinacional, fines, estructuras y procesos que recojan un significado y
sentido colectivo para la sociedad en su conjunto, a modo que se haya
conceptualizado y normado a fondo el bien común y la justicia, logrando
reflejarlos en toda la carta magna, como las expresiones del Buen Vivir.
Por tanto, presentamos y proponemos como esenciales al Buen Vivir y,
entre otros, los siguientes fines colectivos de la sociedad y del Estado
Plurinacional:
libertad e integridad de las personas y de los pueblos, velando y
garantizando la igualdad de capacidades, condiciones y oportunidades
para el Buen Vivir de las mujeres, hombres, niñez, juventud y personas
de la tercera edad;
cesos, desde el nivel local hasta el nacional, como el espacio matriz de
las ciudadanías, y como la razón que cohesiona a los cuatro pueblos
que coexisten en el país;
espacios públicos de gobierno; de los bienes comunes naturales; del
equilibrio de los ecosistemas y de la vida en el territorio, como bienes
comunes interculturales resguardados por el poder público;
prohibiendo la importación, producción y comercialización de orga-
nismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la
salud y a la Madre Tierra;
determinación productiva y energética de las comunidades, sin detri-
mento de la Madre Tierra, en complementariedad con otras comuni-
dades, y garantizando el derecho ciudadano y comunitario a recibir
contribución financiera y tecnológica;
prohibiendo la concentración de la tierra y regulando la redistribución
justa de los productos del trabajo bajo cualquier forma de propiedad
de bienes y servicios;
Consejo del Pueblo Maya 37
Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional
y empresarial y en razón de la reciprocidad entre territorios rurales y
urbanos, con el fin de regular la distribución de la riqueza y erradicar
las brechas de inequidad;
orientando la economía hacia la satisfacción de las necesidades esen-
ciales de la población y la superación de las brechas de inequidad,
discriminación, sexismo y racismo;
piedad de los pueblos en su conjunto, respetando y garantizando la
propiedad individual y colectiva sobre la tierra, así como las formas
mixtas de propiedad.
las cuencas de agua. Declarar el territorio nacional como territorio libre
de minería a cielo abierto;
vicios de energía eléctrica bajo gestión de diversas formas de propie-
dad, así como la producción y distribución del agua y administración
de los servicios de saneamiento, bajo gestión de diversas formas de
propiedad.
Estos y otros fines que recogen el núcleo común de nuestra plurinacionalidad
deben estar reflejados en todas las áreas y sectores de la política estatal,
tales como: salud, educación, saneamiento, seguridad social, económico,
financiero, administrativo, así como en las políticas de género, vivienda,
juventud, niñez, etc.
Es de particular interés expresar nuestra propuesta acerca de que el ca-
pítulo sobre el régimen económico y social debe prohibir las colusiones
empresariales con el Estado que destruyan los ecosistemas y operen contra
los intereses colectivos de las comunidades; e indicar explícitamente que el
Estado debe conseguir primero el consentimiento previo de las comunida-
des, proteger las cuencas hídricas y la biodiversidad y asegurar la produc-
ción, distribución y redistribución justa de la riqueza y de los excedentes
económicos.
Así mismo, haremos lo imposible por invertir el orden de prioridades que
actualmente tiene el modelo económico, al concebir las alianzas públi-
co-privadas como meras alianzas del Estado con grandes empresas y trans-
nacionales, convirtiéndolas en el motor de la economía, mientras desprecia
38 Consejo del Pueblo Maya
Consejo del Pueblo Maya
a las empresas de la economía campesina y artesanal. De modo que pro-
ponemos que la carta magna plurinacional refleje un sentido de comunidad
política plural para remontar las inequidades y defina compromisos explíci-
tos de promoción económica, tecnológica, financiera y mercantil a favor de
las microempresas, las economías campesinas y de la libre determinación
productiva de los pueblos.
Proponemos, además, como otra de las garantías de este tercer fundamen-
to, que busca formar un núcleo de intereses comunes entre los cuatro pue-
blos, normar en la nueva Constitución Política Plurinacional la obligación del
Estado de contar con una planificación plurinacional de la economía social.
La planificación de la economía social, tanto como el presupuesto estatal,
deben tener rango constitucional y ser la síntesis de la Democracia Plurina-
cional. Dicha planificación debe dar la rectoría al Estado Plurinacional para
la política monetaria, cambiaria, económica y financiera, para regular y con-
tener el endeudamiento, dar vida a una política fiscal progresiva y someter
la contabilidad del Estado a sus fines constitucionales. Una ley general de
planificación plurinacional del desarrollo debe ser aprobada, como lo seña-
lamos más adelante.
1.4 El gobierno plurinacional del Estado es cogobierno
de los pueblos
Ahora bien, si el tercer fundamento es una garantía para democratizar la
visión colectiva de nuestra coexistencia, hace falta un cuarto fundamento
de la Democracia Plurinacional para echar a andar el gobierno general para
dar cohesión a esa coexistencia democrática. El cuarto fundamento es la
creación y establecimiento de formas, espacios, instituciones y engranajes
organizativos plurales, que sirvan para cumplir con el nuevo diseño consti-
tucional y garantizar sus flujos funcionales y operativos. Es el principio que
defiende el derecho personal y como pueblos a cogobernar y a contar con
un gobierno plurinacional del Estado y sus respectivos organismos en dife-
rentes niveles.
Necesitamos componer gobiernos plurales en diferentes niveles y funcio-
nes para compartir el ejercicio del poder público estatal. La idea es crear
espacios de deliberación y decisión que integren y representen mayorías y
minorías y a todas las colectividades, que estén sujetos a mandatos claros
y delimitados, al control ciudadano, libres del tráfico de influencias corpo-
rativas, sujetos a la rendición de cuentas y al voto ciudadano, obligados
a informar en idiomas pertinentes, y que tengan contrapesos ciudadanos
efectivos. Pensamos aquí en el derecho ciudadano a incidir directamente
Consejo del Pueblo Maya 39
Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional
en la conformación de: la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema
de Justicia, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de
la República, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General
de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, y el Consejo Nacional de Edu-
cación, entre otros.
Varios de estos espacios ya contemplan elección directa. Proponemos que,
para el cogobierno, las cortes tengan formas mixtas de integración. Debe
acudirse a diversas formas democráticas de control político, muchas conte-
nidas en reformas constitucionales de última generación en América Lati-
na, tales como: la carrera civil, la carrera judicial, combinadas con elección
directa, rotación de cargos, tiempos electorales diferenciados para hacer
contrapesos, la reelección consecutiva por una sola vez, la consulta, la de-
negación de inmunidad y la revocatoria de mandato.
De igual manera, es indispensable incorporar una sección en la Constitu-
ción Política Plurinacional que explicite los deberes de los funcionarios(as)
públicos en razón directa de someterse a los nuevos fines de Estado y al
control social ciudadano. Todo funcionario(a) de Estado debe garantizar, en
el ejercicio de su cargo y en el cumplimiento de sus respectivas funciones,
el acceso libre a la información, el respeto a los derechos ciudadanos, el
respeto a los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, así como garan-
tizar los fines y mandatos de la nueva Constitución.
Por tanto, deben ponerse candados explícitos para evitar el prevaricato,
fraudes patrimonialistas y/o clientelistas y otros delitos, definiendo prohibi-
ciones explícitas, así como modificando diferentes leyes, entre ellas la Ley
de Servicio Civil, la Ley de Contrataciones del Estado; la Ley Orgánica del
Congreso, la Ley Orgánica del Organismo Judicial, etc.; no solo para instalar
las respectivas carreras del empleado público, sino para obligar al Estado a
su formación profesional y al pleno respeto a la dignidad del empleado(a)
público y a sus derechos laborales y ciudadanos.
En el apartado No. 2 vamos a desarrollar nuestra propuesta técnica de
cogobierno general, así como transformaciones primordiales que debe
tener la democracia representativa en el funcionamiento del Estado, es-
pecialmente para las municipalidades y el Congreso. No obstante, seña-
lamos aquí, como elementos sustantivos del cuarto fundamento, que se
debe desterrar por siempre el presidencialismo en el sistema político, así
como el monopolio de la representación que ha tenido el sistema de par-
tidos políticos.
40 Consejo del Pueblo Maya
Consejo del Pueblo Maya
Del sistema presidencialista deriva la institucionalización de jerarquías de
mando antidemocráticas, expeditas para el patrimonialismo y abuso de po-
der, articuladas con intereses corporativos y también con la militarización
de los territorios. La lógica presidencialista es una dirección monolítica uni-
personal que estimula la dirección privativa y corporativa de la política de
Estado. El presidencialismo guatemalteco cede el mando a la dirección cor-
porativa de la política económica, monetaria, fiscal y financiera, la seguridad
social, la descentralización y desconcentración de los servicios públicos, el
Ministerio Público (MP), la Procuraduría General de la Nación (PGN) y las
gobernaciones departamentales. Esa lógica de dirección también se refleja
en la actual organización municipal. Proponemos destruir el presidencia-
lismo y el alcaldismo como rasgos constitutivos del modelo político clasis-
ta-verticalista y colonialista de Estado.
Del sistema de partidos políticos planteamos suprimir radicalmente su in-
jerencia sobre la administración pública, destacando solamente su obliga-
ción de controlar al Estado para el estricto cumplimiento de la ley. A no ser
por el partido del gobierno de turno (subordinado a la ley de servicio civil
que debe regular la carrera pública y a la ley plurinacional de planificación
económica que debe definir prioridades de desarrollo), ningún político o
partido político debe intervenir en decisiones estratégicas u operativas re-
feridas a la selección y/o asignación de bienes, servicios y recursos públicos
para la ejecución del presupuesto nacional, funciones que son exclusivas
del organismo ejecutivo.
Ningún funcionario(a) público(a) debe hacer colusión con grupos econó-
micos y partidos políticos para la selección y/o asignación de bienes, ser-
vicios y recursos públicos y para la ejecución del presupuesto nacional. La
democracia representativa otorga a los partidos políticos el privilegio de
la dirección estratégica de los bienes y recursos públicos por la vía de la
elección de los cargos a la presidencia y vicepresidencia de la República, el
nombramiento del cuerpo de gobierno del organismo ejecutivo; decisiones
estratégicas de política exterior y de seguridad interna en el gobierno de
turno; así como representar a la población en el Congreso de la República,
aprobando la normativa general, donde destaca el presupuesto nacional.
Ahora bien, el sistema de partidos políticos solo debe intervenir en la ges-
tión ejecutiva del Estado bajo un plan de gobierno que se someta y respete
los fines del Estado.
Los partidos deben vigilar la probidad pública y ser líderes de la delibera-
ción y el debate públicos. Ya los partidos tienen la prerrogativa de aprobar
y fiscalizar el presupuesto nacional a través del Congreso. Deben dejar de
Consejo del Pueblo Maya 41
Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional
decidir en la ejecución presupuestaria territorial y deben dejar de ser los
protagonistas en la elección de las cortes de justicia.
Por otra parte, nos sumamos a las propuestas existentes para controlar,
democratizar y transparentar el funcionamiento de los partidos políticos,
exhortando a que las ideas que profundicen la democracia logren sinteti-
zarse explícitamente en una nueva Constitución Política Plurinacional, ya
que en la actualidad no existe ningún mandato constitucional que carac-
terice, de modo general, el sentido, la significación, las obligaciones, los
derechos y el límite de estas instituciones de derecho público. Nos posi-
cionamos a favor de la paridad de género como práctica mandataria en
la presentación de candidaturas y en el despliegue de las diversas formas
de democracia.
Requerimientos Indispensables para
una Democracia Plurinacional
Erradicar el
presidencialismo y
el alcaldismo Reformas profundas a la
Ley Electoral y de Partidos Políticos:
Plurinacionalidad, elección de
gobernadores, cortes y otros argos
estratégicos, paridad de género,
tiempos electorales diferenciados
para hacer contrapesos
Reelección
consecutiva por una
sola vez, denegación
de inmunidad y
revocatoria de
mandato
Nueva legislación para reorganizar
al Estado: Ley de Planicación Nacional,
Ley de Contrataciones del Estado,
Ley de Servicio Civil, Ley Orgánica
del Congreso, Ley Orgánica del
Organismo Judicial, etc.
Transformaciones profundas
al Congreso y a los gobiernos
municipal y departamental
Nuevas reglas para la
descentralización y la
desconcentración
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
PLURINACIONAL
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1.5 Construir una Cultura Plurinacional
Finalmente, la democratización del Estado no tendría sentido sin la demo-
cratización de la sociedad. Por lo cual, el quinto fundamento de la Demo-
cracia Plurinacional consiste en la construcción sistemática de una Cultura
Plurinacional y en el fortalecimiento de las capacidades y poder político de
todas las ciudadanías. Proponemos sembrar un paradigma nuevo de poder
político y público como ruta que cree diversas dinámicas de emancipación
desde las fuerzas y actorías que existen en la sociedad.
En América Latina, incluyendo a Guatemala, han sido el pensamiento y
las luchas de las mujeres, de las comunidades campesinas, de las y los
defensores de derechos y de los Pueblos Indígenas, las palancas más po-
derosas que empujan a nuevas visiones acerca de cambios en la concep-
ción de lo público, en el concepto de desarrollo y en la organización de la
convivencia humana. Desde estas luchas está surgiendo otra concepción
de los bienes jurídicos. Por ejemplo, la prioridad de la vida, exigencia de
los derechos del agua, aire, biodiversidad y de la Madre Tierra; los dere-
chos de las generaciones futuras, derecho al placer, libertad y salud del
cuerpo humanos.
Desde estos liderazgos se apela a la edificación de un sistema de educa-
ción y a uno de comunicación basados en el reconocimiento y reflexión de
nuestra historia, en el reconocimiento y reflexión de nuestra sexualidad,
en una cultura de no violencia que prevenga y erradique las prácticas de
racismo, intolerancia y violencia, especialmente contra las mujeres, la ju-
ventud y la niñez.
Este fundamento implica abolir el monopolio sobre los medios de comuni-
cación y la promoción de una política de Estado que estimule una cultura
estatal laica y donde los espacios públicos no sean objeto del tráfico de in-
fluencias de grupos corporativos ni de iglesias. La Democracia Plurinacional
busca nuevos valores, requiere atender las necesidades esenciales de las
personas y de los pueblos y articular los asuntos de la vida, sin separar la
vida de la casa de la vida pública, la economía de la política, la producción,
el mercado de la alimentación, cultura de la salud, y de educación.
Nuestra propuesta quiere levantar tiempos y espacios para que desaparez-
can las violencias y las imposiciones, especialmente graves contra las mu-
jeres indígenas, quienes están expuestas siempre al despojo, denigración,
exclusión y desigualdad. Quiere también destruir las brechas entre hombres
y mujeres indígenas respecto a los hombres y mujeres ladino/mestizos. Es-
peramos contribuir abriendo y compartiendo rutas para construir valores,
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Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional
sueños y espacios públicos comunes. Creemos que es necesario promo-
ver espacios públicos para que conozcamos mejor nuestras historias como
pueblos.
En el Proyecto Político: Un Nuevo Estado para Guatemala, como Consejo
del Pueblo Maya afirmamos que nuestra experiencia de lo que es el Utziläj
K’aslemal, el Raxnaquil K’aslemal, Ral ch’och’, nos lleva a proponer un hori-
zonte cultural abierto y plural para cultivar un sentido de unidad de la diver-
sidad nacional, aspirando a la reproducción de armonía: “yo soy tú y tú eres
yo”, síntesis del Buen Vivir. Nuestro Proyecto Político llama a la construcción
de una Cultura Plurinacional desde la sociedad y desde el nuevo Estado, es-
timulando valores como: la consulta, la solidaridad, la complementariedad,
la igualdad, el consenso, el equilibrio, la honestidad, el respeto a la vida y la
unidad de la diversidad.
Queremos re-conocer y vivir el concepto del k’ojlem y el k’aslem. El
k’ojlem manifiesta el ser, la esencia, la naturaleza y la dignidad de la
persona humana. Allí encontramos que se integran el respeto, la estima
e importancia (nimq’ij) de cada ser humano en armonía con el universo y
en interacción social. El concepto k’aslem expresa la vida, la existencia, la
animidad y la espiritualidad de la persona humana. Con esta idea hemos
aprendido que la Madre tierra tiene su espíritu. Los seres, elementos y
fenómenos de la Madre Tierra tienen k’aslem. Uno de los valores más
sagrados que deben observar los miembros de la familia y la comunidad
es la protección, defensa y procuración del k’aslem de cada uno (Manuel
Salazar Tetzagüic).
Queremos re-conocer y potenciar el poqomam, el komonil y el ch’umilal. Los
valores mayas del poqomam (proteger todo lo que tiene vida) y el komonil
(la solidaridad comunitaria) contribuyen a asegurar la vida y la existencia.
Levantamos la idea de que el derecho de propiedad debe estar orientado
a la solidaridad y no al despojo, ni al lucro ni a la destrucción de la Madre
Tierra. La solidaridad debe estar orientada para respetar y proteger la red
de la vida porque los seres humanos no somos el centro del universo, ni
debemos adueñarnos de las fuentes de la vida. La familia y la comunidad
han de respetar el ch’umilal de cada uno porque contribuye a mejorar la
convivencia social. Esto significa respetar nuestro sentido de comunidad
(Manuel Salazar Tetzagüic).
Queremos libertad para la experiencia de asumir una fuerte responsabili-
dad sobre la propia vida y sobre la vida colectiva, lo cual significa una gran
valoración de la relación de equilibrio y armonía que debe existir entre los
actos individuales y los colectivos.
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Consejo del Pueblo Maya
Defendemos una organización de la convivencia con un gobierno interno
basado en servir a la vida de cada persona, de la comunidad y de la Madre
Tierra. También ayuda a que la autoridad no sea vista como jefatura, sino
como servicio a las consignas que determinen las asambleas de comunidad.
Levantamos el valor del Ri K’emon K’aslemal. Es el reconocimiento del cui-
dado y del lugar de cada quien a lo largo de todos los tiempos. El Ruchoj-
milal Qana’oj es el pensamiento de que el agua tiene derecho, los bosques
tienen derechos, la Madre Tierra tiene derecho a vivir en equilibrio.
La Madre Tierra es un bien común con plenos derechos. Queremos que los
seres humanos, mujeres y hombres, podamos ser guardianes de la vida en
el planeta. Este cuidado lleva a pensar en la vida especialmente de las mu-
jeres, la niñez, ancianos, Madre Tierra y de todos(as), pensado en la fluidez
del tiempo y de las formas de vida, ya que nuestros actos repercuten sobre
nosotros, por lo que no debemos hacer daño a nuestros cuerpos y a nuestro
espíritu.
Buscamos respeto para los conocimientos y experiencias. El wachq’ij ex-
presa el significado del ordenamiento y registro del tiempo que correspon-
de a cada persona. No es justo destruir las energías y los conocimientos
que tiene cada quien. La Madre Tierra también guarda conocimientos que
debemos comprender. Y buscamos el equilibrio, la armonía, el Tiqapo-
qonaj Qi’, y el aprendizaje en la resolución de conflictos (Manuel Salazar
Tetzagüic).
El miedo, el servilismo, el sometimiento, tanto como el arribismo, el prota-
gonismo, el sectarismo, el machismo, etcétera, son prácticas colonialistas
que no solo nos dividen, provocan violencias insensatas entre los pueblos y
entre las ciudadanías.
Esas prácticas nos despolitizan, es decir, nos imposibilitan ser sujetos acti-
vos y autónomos de la política para volvernos objetos manipulados por los
pactos hechos desde el régimen dominante, y/o por las pugnas criminales
entre los grupos que ejercen el poder.
Como sociedad y como Estado tenemos que cambiar, especialmente por-
que el Estado está actuando obsesivamente para reducirnos a meros siervos
y consumidores. Una condición en ese cambio radica en cómo ejercemos
nuestros liderazgos, autoridad y poderes. Ya existe una masa crítica de gua-
temaltecas y guatemaltecos que empujan hacia el cambio de liderazgos,
incluyendo las formas con las cuales ejercemos nuestra autoridad adentro
de la familia y en los espacios de la política pública.
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Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional
Algunos valores compartidos en nuestros idiomas
Ajowab’el: Significa amor, como una fuente que permite tejer humanidad y Buen
Vivir.
Ajsamaj: Es la vocación que tenemos para el trabajo o servicio comunitario.
Awas: Es el respeto que damos a la organización y espíritu de los elementos de la
Madre Tierra. Es una actitud respetuosa, amable y comprometida que tenemos con
la vida. Es el respeto a la integridad de los seres.
Eqale’n: Significa asumir responsabilidad, ser cargador, cuidador, orientador y
facilitador.
K’aslemal: Lo concebimos como la vida, la razón del poder-hacer (el poder políti-
co); nos permite preservar la vida en equilibrio y la armonía del todo.
K’nemaj: Es la aptitud que desarrollamos para respetar las formas de vida. Permite
comunicar en armonía nuestros pensamientos y opiniones.
K’uqb’ab’e K’u’x: Confianza para la legitimidad de nuestras acciones.
Kab’awil: Implica una múltiple mirada hacia adentro y afuera, arriba y abajo, ade-
lante y atrás, cercana y lejana. Es visión profunda, unión de energías, visiones y
saberes diferentes para la unidad de nuestros pensamientos y acciones dirigidos a
la creación y preservación de la vida.
Pa k’uch: La producción, reproducción, intercambio y uso de los bienes para el
cuidado de la vida; nos fundamentamos en sistemas.
Pixab’: Compartimos las enseñanzas y sabidurías de la Madre Tierra y nuestras ex-
periencias como parte de un sistema de aprendizaje, consejo, decisión y acción.
Es aprender haciendo que se vuelve un compromiso y responsabilidad personal y
colectiva.
Poqona’il: Nos referimos a la perseverancia con que realizamos una acción o un
trabajo con reciprocidad.
Q’atb’al Tzij: Significa que podemos medir y sopesar las palabras que se escuchan
desde las y los afectados.
Ruk’u’x K’aslemal: La espiritualidad o búsqueda de la esencia de la vida del todo
y en todo.
Tz’onoj: Lo asumimos como reciprocidad, sabemos dar y recibir. Es la coope-
ración, intercambio y corresponsabilidad en el cuidado de la vida. Nos lleva a
valorar la vida de cada uno de los seres en el cosmos. Es disponernos a acuerdos
renovables.
Tzij: Implica el respeto, la obediencia y el cumplimiento de lo que acordamos. Dar
la palabra. Significa también una forma de negociar sobre cualquier asunto, asegu-b
rando que debemos cumplir tal cual se acordó.
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Consejo del Pueblo Maya
En la construcción de un nuevo liderazgo, acuerpamos y acompañamos
ideas como las siguientes, aportadas por intelectuales como Boaventura de
Sousa Santos, que están siendo discutidas por los movimientos sociales en
muchos países de América Latina:
saber científico y, por tanto, destruye los otros conocimientos (epis-
temicidio). Creer y buscar nuestra capacidad de diálogo, teniendo en
común nuestra crítica al régimen dominante; confrontar nuestras ideas
y, al mismo tiempo, crear una ecología de la diversidad de opiniones
que se puedan articular.
po del reloj y las prisas productivas; y valorar el tiempo justo, que es el
tiempo de las necesidades de las comunidades y los pueblos, y es el
tiempo del arte, la contemplación y la salud, para el Buen Vivir;
y hace de la diferencia una desigualdad; con el fin de re-conocernos,
potenciar nuestras rebeldías y aprender a valorar a los demás, inde-
pendientemente de su edad, género, etnia, opción sexual y cual-
quier otra identidad, haciendo iguales nuestras maneras diferentes
de ser;
atrevernos a inventar nuestras propias formas de convivencia, con las
mejores experiencias del mundo; y
priorizan la acumulación sobre la distribución, el desperdicio sobre la
austeridad, la explotación del trabajo sobre el descanso y la contem-
plación; y aprendamos a valorar nuestra capacidad de producir espa-
cios más dignos y libres para producir y reproducir nuestra vida.
plurinacional
El cuarto fundamento de la Democracia Plurinacional, referido a construir
una estructura organizativa de Estado que sea compartida como cogobier-
no de los cuatro pueblos, tiene varias aristas que provocan su compleji-
dad. La complejidad radica especialmente, entre otros, en los siguientes
factores:
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Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional
neración de autoridad a todos los pueblos, dado que sería incon-
gruente con la visión de pluralidad de formas de democracia y viola-
ría el derecho internacional en materia de libre determinación de los
pueblos.
porado a la totalidad del territorio de Guatemala y debe estar presente
en los mandos estratégicos de los tres organismos de Estado. Es decir,
el carácter plurinacional de la autoridad orgánica compartida, debe
ser englobante. Incluye la administración pública, la administración de
justicia, la producción legislativa, la fiscalización pública y la represen-
tación pública.
del Estado, es decir, en las aldeas, municipios, departamentos, subre-
giones y regiones. Esto implica crear órganos y sistemas de co-gobier-
no para todas esas categorías, sin desmedro de los gobiernos autóno-
mos indígenas e incluyéndolos.
Debido especialmente a esos factores, nuestra propuesta para construir un
gobierno compartido en el Estado Plurinacional desecha asentarse única
y exclusivamente en la democracia representativa del sistema de partidos
políticos, en el presidencialismo y en el alcaldismo. Por tanto, se plantea
configurar un sistema de designación mixta de los órganos de mando y, a
su vez, reestructurar órganos de mando, hacer cambios profundos en leyes
existentes y derogar leyes y normativas nefastas para las ciudadanías, la
democracia y el bien común.
Entonces, en la invención del sistema mixto plurinacional, articulamos las
otras tres democracias: la comunitaria o directa, la participativa y la repre-
sentativa. Muchas transformaciones deberán hacerse en los tres organismos
de Estado, pero proponemos construir un pacto necesario en por lo menos
estas tres direcciones:
ción con el régimen plurinacional del organismo ejecutivo; y
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Consejo del Pueblo Maya
Asumimos la elección de los cargos a la Presidencia y Vicepresidencia de
la República como privilegio de los partidos políticos. Por otra parte, in-
formamos que una propuesta especial será diseñada en otro documento
para reflexionar sobre las cortes y la administración de justicia e integrará
nuestra convocatoria al Pacto No. 4, que integra nuestro proyecto político
y que se titula y concibe como: “Justicia Plurinacional. Que desaparezca la
militarización, que la administración de justicia no alimente redes paralelas
de poder ni fraudes de ley y que se respete y organice la pluralidad de
la justicia”. No obstante, convocamos y exhortamos a las organizaciones
defensoras de derechos humanos, especialmente a la Convergencia de
Derechos Humanos, para que compartan con la ciudadanía su experiencia
y reflexiones haciendo también una propuesta para cambios constituciona-
les y los que sean necesarios, especialmente en el ámbito de la justicia y la
seguridad nacional.
2.1 Conformación del régimen de gobierno autónomo
municipal plurinacional
2.1.1 Debe crearse una ley que regule el autogobierno
indígena
Primera propuesta para la transformación del Estado desde el régimen
municipal ya está dicha: es el segundo fundamento plurinacional referido
al autogobierno y la libre determinación de los Pueblos Indígenas, el cual
debe ser concretado en una ley específica para regular el poder de deci-
sión de los Pueblos Indígenas sobre la jurisdicción que se decida. La ley
que regule la libre determinación o autogobierno indígena, debe asegurar
cambios radicales en todo el sistema jurídico del país, tal como lo hemos
sugerido en el capítulo anterior, a modo de establecer el pleno derecho de
los Pueblos Indígenas a ser sujetos libres para tomar decisiones de política
pública.
Agregamos ahora, en este capítulo, que tal transformación también debe
conducir a eliminar la normativa y las instituciones que instalan relaciones
coloniales y que están contenidas en mandatos municipalistas de la mis-
ma CPRG y del Código Municipal. En estos mandatos, todo lo relativo al
reconocimiento, respeto y promoción de los Pueblos Indígenas se reduce
a una tutela colonialista como lógica que concentra poder criollo/ladino y
mantiene a los Pueblos Indígenas en cautiverio. Esos mandatos deben ser
eliminados del orden normativo nacional.
Consejo del Pueblo Maya 49
Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional
El sistema dominante pesrmite que las comunidades indígenas tengan un
mínimo control sobre su ordenamiento territorial, que establezcan relaciones
entre sí; que elijan a sus alcaldes comunitarios, que formen alcaldías indígenas;
dicta incluso que se formen consejos asesores indígenas; regula la libertad
de hacer consultas con base a sus “costumbres y tradiciones”. También
permite que se distribuyan algunos recursos en las alcaldías indígenas y que
incluso participe la Asociación Guatemalteca de Autoridades y Alcaldías
Indígenas (AGAAI) en la comisión de cálculo matemático para distribuir
el presupuesto del Estado hacia las municipalidades del país. Todas estas
declaraciones no se cumplen y carecen de un mandato clave que les daría
plena vigencia y realización: el vínculo hacia la decisión, la libertad para
su libre determinación. Ninguna de estas normas da poder de decisión.
Por tanto, los estatutos de gobiernos autónomos indígenas constituyen el
camino para salir del cautiverio y romper con el sistema que niega y veda
nuestra plena ciudadanía.
2.1.2 Potenciar el municipalismo para toda la población
Segunda propuesta para la conformación de un verdadero régimen autó-
nomo municipal plurinacional tiene como perspectiva potenciar el munici-
palismo para toda la población. De allí que comenzamos afirmando que el
municipio no puede actuar por delegación del Estado, sino que actúa por
delegación del pueblo o los pueblos que lo integran (crítica al Art. 134 cons-
titucional). Ese pequeño cambio es decisivo para democratizar la política
municipal en todo el país.
El artículo 134 de la CPRG equipara municipio con el régimen municipal y
a este con cualquier otra institución autónoma y descentralizada, a pesar
de ser el engranaje de dirección del Estado más cercano a la vida terri-
torial y colectiva de las personas y pueblos. Ese mismo artículo, en abso-
luta contradicción con toda la narrativa histórica del régimen dominante
alrededor del mito de la autonomía municipal, no concede al municipio,
es decir, a sus integrantes, ningún derecho autónomo a organizar y pla-
nificar la producción y reproducción de su vida material, y los mandata
estrictamente a coordinar con el organismo ejecutivo central y a informar
al Estado.
Confirmando esta grave exclusión, el artículo 257 de la CPRG, obliga a las
municipalidades a utilizar el 90% del presupuesto estatal que procede del
situado constitucional, estrictamente para gastarlo en obras de infraestruc-
tura y proyectos y programas de educación y salud preventiva. El Código
Municipal refrenda ese restrictivo sentido político y delimita en su artículo
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Consejo del Pueblo Maya
130 que la inversión municipal debe ser para la creación, mantenimiento y
mejora de los servicios públicos municipales y la realización de obras sanita-
rias y de urbanización. La autonomía reconocida se reduce, por tanto, a ele-
gir a las autoridades municipales y a disponer de recursos para hacer obra
de infraestructura y servicios públicos, lo cual esconde que el destino del
territorio productivo del municipio lo decide el sistema finca y sus poderes
corporativos y transnacionales.
Tal lógica de repartimiento colonialista debe ser destruida. Por consiguien-
te, nuestra segunda propuesta de cambio a la visión dominante sobre el
municipalismo y la democracia comunitaria se profundiza si aseguramos
que todos los municipios, sin excepción, estén dotados plenamente de au-
tonomía. La autonomía municipal debe caracterizarse por:
ciones necesarias para planificar y decidir con libertad las prioridades
de desarrollo socioeconómico de su territorio;
e inclusión ciudadana el gobierno de los asuntos públicos, según man-
dato de los habitantes del territorio municipal; y
se evitando privilegios a unos municipios sobre otros, dando prioridad
a los municipios con mayor inequidad social y otorgando plena auto-
nomía para el cobro de impuestos directos en los territorios, así como
para proceder al ordenamiento territorial según decisión vinculante
tomada por acuerdos con la población.
2.1.3 Eliminar el alcaldismo, feudos y el tráfico de influencias
municipales
Como no existe autonomía municipal, ni visión de desarrollo socioeconómi-
co municipal, ni conceptos democráticos de descentralización, las definicio-
nes constitucionales y textuales del Código Municipal acerca del carácter y
las funciones de la Corporación Municipal son contradictorias e incoheren-
tes. Afirmamos que no existe una clara delimitación y diferenciación entre el
poder y funciones del alcalde y el poder y funciones del Concejo Municipal,
lo cual impide configurar un gobierno con una carrera de servicio civil muni-
cipal, dotado de contrapesos y capacidades gerenciales, técnicas y políticas
propias fortalecidas.
Consejo del Pueblo Maya 51
Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional
Las leyes actuales dictan que el Concejo Municipal se integra por el alcalde,
los síndicos y los concejales. También aducen que es el órgano colegiado
superior de deliberación y de decisión de los asuntos municipales, cuyos
miembros son solidaria y mancomunadamente responsables por la toma de
decisiones. Señalan que el Concejo Municipal es responsable de ejercer la
autonomía política y patrimonial del municipio y de autorizar sus políticas,
planes, programas y proyectos, mientras que el alcalde representa al muni-
cipio y dirige la administración municipal encargándose de ejecutar y dar
seguimiento a los asuntos autorizados por el Concejo Municipal.
Afirmamos que el concepto de mancomunidad que las actuales leyes
definen para el funcionamiento interno del Concejo Municipal, esconde
el desorden administrativo y el tráfico de influencias. Las normas actuales
vuelven difusa la separación de funciones ejecutivas y administrativas,
respecto de las funciones legislativas de las municipalidades. No existe
ninguna claridad acerca de componer o montar un sistema administrativo
municipal con una gerencia profesional y equipos técnicos que integren
acciones y presupuestos y hagan funcionar planes, comisiones y órganos
internos, y que estén explícitamente diferenciados de las funciones políticas,
deliberativas, legislativas y de control por el Concejo Municipal.
Tercera propuesta para la conformación de un verdadero régimen autóno-
mo municipal plurinacional consiste en que debe quedar clara la responsa-
bilidad gerencial y ejecutiva del cargo de alcaldía para garantizar y respon-
der por el funcionamiento ejecutivo y administrativo de la municipalidad.
Esto implica deslindar las competencias del órgano legislativo de las com-
petencias del engranaje administrativo liderado por la alcaldía.
Debe quedar claro que la oficina municipal de planificación, la tesorería,
la administración financiera integrada y la coordinación con el Estado cen-
tral para descentralizar y desconcentrar competencias son funciones de ge-
rencia administrativa bajo la responsabilidad técnica y política directa de
la alcaldía y un equipo de profesionales. Debe encadenarse la gerencia de
la administración municipal con un órgano de coordinación interministerial
para que la alcaldía traslade al Estado central las orientaciones de planifica-
ción pública emanadas desde la intervención ciudadana.
El grave y perverso vacío que existe hasta ahora, consiste en que la admi-
nistración municipal es mando de todo y de nada, lo cual permite que Se-
cretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) sea,
finalmente, un órgano decisorio en los municipios, o que también lo sean
las delegaciones ministeriales o que sean los tesoreros municipales los que
más dominen el funcionamiento administrativo de las municipalidades y,
52 Consejo del Pueblo Maya
Consejo del Pueblo Maya
por ello, ejerzan un poder personalista interno. Debe reglamentarse geren-
cialmente la administración municipal, especializar las funciones del cargo
de alcalde o de la alcaldía en la integración funcional de la administración
municipal, lo cual incluye funcionarios(as), órganos y comisiones sometidos
a una ley de servicio civil municipal y a una ley de compras y contrataciones.
Para la elección del cargo de alcalde o alcaldesa proponemos que un nue-
vo marco legal electoral defina, entre las condiciones para optar a la can-
didatura, la de tener experiencia y/o formación profesional en gerencia y
administración pública, así como la obligatoriedad del partido político de
presentar una propuesta sobre el fortalecimiento político administrativo y
sobre las prioridades de desarrollo para el municipio en su conjunto. Los
gobiernos autónomos indígenas, por su parte, tienen libertad para estruc-
turar su dirección municipal como quieran, pudiendo ser, por ejemplo, con
junta cargadora u otro órgano u órganos colectivos, de acuerdo con su res-
pectiva ley.
Por otra parte, afirmamos que el Concejo Municipal no ha podido ser un
órgano colegiado porque no es un órgano de iguales. Según la ley, los con-
cejales constituyen un cargo de servicio a la comunidad, por lo tanto, de
prestación gratuita, y trabajan por sesiones pagadas con dietas. Sus funcio-
nes actuales no solo son deliberativas, sino abarcan los asuntos administra-
tivos, con lo cual se producen enredos que impiden la transparencia de sus
actos. La desigualdad en el Concejo Municipal se da cuando: 1o. Lo convoca
el alcalde; 2o. Lo preside el alcalde, 3o. El alcalde recibe dietas además de su
salario y 4o. El alcalde tiene doble voto o voto decisorio. El caudillismo está
servido en la ley municipal actual y lo vamos a eliminar para bien de todas
las ciudadanías.
2.1.4 El Concejo Municipal debe controlar, legislar y
rendir cuentas
Proponemos que el Concejo Municipal se separe del alcalde, legisle y lo
vigile, y que sus miembros reciban un salario pertinente, asumiendo plena
responsabilidad como funcionarios(as) públicos y dejen de tener un con-
texto laboral que solo sirve para su clientela política. La alcaldía debiera
rendir cuentas al Concejo Municipal y a la ciudadanía, mientras el Concejo
debiera rendir cuentas, actuar política, operativa y legislativamente de cara
a los mandatos de la ciudadanía. Esa es la cuarta propuesta: fortalecer con
independencia al Concejo Municipal y reforzar su carácter de ser órgano
contralor de la administración municipal, integrarlo con funcionarios(as) pú-
blicos, eliminar las dietas y privilegios, y definir una lista de asuntos que lo
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Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional
obliguen a deliberar sobre las necesidades de la población para que, a su
vez, se reflejen en la administración municipal y en la respectiva autonomía,
a fin de planificar y ejecutar el desarrollo integral del municipio.
2.1.5 Voto nominal directo para elegir a los concejales
Ahora bien, el Concejo Municipal actualmente se estructura en función de
procedimientos electorales que permiten la representación de los partidos
que obtengan votos minoritarios, pero está constituido radicalmente al mar-
gen de la representación y elección directa de las comunidades. Además,
un cuerpo “colegiado”, pero mandado por una persona (la alcaldía), que
trabaja por dietas, sin control laboral alguno, que tiene privilegios (como el
ser eximido de responsabilidades laborales o el de no prestar servicio mili-
tar y social), es fácil presa del clientelismo dominante y del patrimonialismo
histórico que no ha desaparecido.
Quinta propuesta es englobante y busca que los concejos municipales no
solo tengan nuevas funciones, sino, que reflejen el carácter plurinacional
de nuestra sociedad. Por tanto, hay que cambiar radicalmente la elección
del Concejo Municipal. Aceptamos que se aplique la democracia represen-
tativa con la intervención de los partidos políticos, a condición de que se
permitan listados abiertos y el voto nominal directo de la ciudadanía para
elegir a sus concejales y conformar el Concejo Municipal, de acuerdo al
número de concejales que indique la ley respectiva en razón del número de
habitantes. Este gran cambio también obligaría a los partidos a escuchar y
acercarse más a las aldeas.
El nuevo marco electoral del Concejo Municipal debe contemplar un pro-
cedimiento para que estén representadas las circunscripciones minoritarias
especiales. Si se tratare de gobiernos municipales autónomos indígenas
también se debe garantizar que, en la forma de gobierno decidida libre-
mente, se asegure la representación minoritaria, si existiera.
2.1.6 Constituir los Consejos Municipales Plurinacionales
para el Buen Vivir
Pero el mayor impulso que queremos dar para el fortalecimiento de la de-
mocracia comunitaria, la democracia participativa y la autonomía municipal
en Guatemala, radica en la sexta propuesta, que consiste en la creación del
Consejo Municipal Plurinacional para el Buen Vivir, como órgano vinculante
e integrante de la estructura del régimen municipal. El Consejo Municipal
Plurinacional para el Buen Vivir será el órgano ciudadano para definir las
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Consejo del Pueblo Maya
prioridades de desarrollo del municipio y el depositario en primera instan-
cia de la rendición de cuentas e información pública de la alcaldía y el Con-
cejo Municipal.
El Consejo Municipal Plurinacional para el Buen Vivir será el órgano donde
se negocien las prioridades de programas y proyectos para ser convertidas
en actos de ley, de política y de presupuesto. Este Consejo demandará la
superación de las brechas de desigualdad y defenderá la equidad e igual-
dad de oportunidades y recursos para mujeres y hombres y la inclusión ciu-
dadana, orientará la planificación social, productiva y territorial del munici-
pio, vigilará el ordenamiento territorial, opinará sobre la desconcentración y
descentralización y garantizará el equilibrio de los ecosistemas y la salud de
las cuencas hídricas en leyes y políticas, entre otras funciones.
El Consejo Municipal Plurinacional para el Buen Vivir se integrará con un
número de representantes elegidos por asambleas comunitarias. Dado que
es disfuncional un Consejo Municipal Plurinacional compuesto por las o los
representantes de todas las aldeas o comunidades de un municipio, el nue-
vo Código Municipal deberá regular un procedimiento para que, creando
microrregiones, las aldeas o comunidades puedan coaligarse, hacer asam-
blea micro-regional por delegación, y nombrar así a sus representantes.
Las resoluciones de este Consejo serán vinculantes. Deberá conformarse
en todos los municipios, sean o no municipios autónomos indígenas, como
garantía nacional de la existencia de un espacio de delegación ciudadana
elegido desde las comunidades para proponer decisiones territoriales es-
tratégicas. En los municipios donde haya circunscripciones especiales mino-
ritarias deberá garantizarse la representación de las minorías en este Con-
sejo, como parte de la expresión del cogobierno municipal plurinacional.
Tal transformación nos obliga, finalmente, a señalar nuestra oposición a que
continúe la vigencia de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
Muchas ciudadanas y ciudadanos creímos que esta ley iba a provocar el
florecimiento de la democracia en Guatemala. Pero la palabra “decidir”, que
era lo que buscaba el movimiento ciudadano que la impulsó, no existe en
esa ley y nunca se ha permitido en las dinámicas sociales reales de ningún
nivel de los consejos de desarrollo durante sus 18 años de existencia.
Por eso proponemos crear el Consejo Municipal Plurinacional para el Buen
Vivir, para dar vida al control ciudadano, al libre acceso a la información para
la ciudadanía. Lo proponemos también para que la ciudadanía no reduzca
y limite su organización en inútiles y desgastantes consejos de desarrollo,
permitiéndola organizarse libremente si ya tiene asegurado que existe un
Consejo del Pueblo Maya 55
Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional
camino realmente vinculante para expresar sus necesidades. Con el Conse-
jo Municipal Plurinacional para el Buen Vivir, la libre organización permitirá
a la ciudadanía la posibilidad de expresarse como quiera para presionar,
exigir, comunicarse, controlar al Estado desde el ámbito municipal y partici-
par en la ejecución de los proyectos y procesos para producir y reproducir
su vida material.
Régimen Municipal actual
sin autonomía y colonialista
Régimen Municipal Plurinacional
ALCALDÍA
CONCEJO MUNICIPAL
MINISTERIOS
ALCALDÍA
CONSEJO DE DESARROLLO
MUNICIPAL
SEGEPLAN
ALCALDÍA CONCEJO
MUNICIPAL
Órgano de coordinación
interministerial
Asambleas Comunitarias
Microrregionales
Consejo Municipal Plurinacional
para el Buen Vivir
2.2 Conformación del régimen de gobierno autónomo
departamental plurinacional
2.2.1 El gobierno departamental como un espacio real de
articulación social
Lo mismo demandamos para los departamentos. El gobierno departamen-
tal debe abrirse para la efectiva y real política de coordinación interministe-
rial, a fin de que este acto sea fuente activa y permanente de formación de
competencias en las instituciones estatales y en el funcionariado público y
se pueda: 1o. Descentralizar; 2o. Desconcentrar; 3o. Recibir y dar en doble
vía los lineamientos de planificación y ejecución presupuestaria; y 4o. Desa-
rrollar, sobre criterios sólidos, los procesos de regionalización.
La primera propuesta para democratizar los departamentos es establecer
constitucionalmente que el gobierno departamental debe ser un recinto
56 Consejo del Pueblo Maya
Consejo del Pueblo Maya
para la coordinación de todas las instituciones públicas. El gobierno depar-
tamental debe ser un ámbito efectivo de doble vía para articular lo territo-
rial con lo nacional.
Aquí juega un papel decisivo el crear y poner en vigencia una Ley de Planifi-
cación Nacional del Desarrollo, en la cual nos detenemos en el Pacto No. 2.
Proponemos esta ley para definir procedimientos que aseguren el carácter
vinculante de las deliberaciones ciudadanas y para crear procedimientos
expeditos que obliguen a las instituciones y al funcionariado a coordinar las
dinámicas de descentralización, desconcentración y ejecución de políticas,
programas, proyectos y su correspondiente expresión en un presupuesto
nacional basado en la equidad fiscal.
Esta primera propuesta incluye conformar un Ministerio de Planificación del
Desarrollo, obligado a recoger, negociar y articular los planes de gobierno
con las leyes de planificación nacional y con las demandas ciudadanas vincu-
lantes, desde los municipios, departamentos, subregiones y regiones. Este
ministerio tendría la jerarquía política estratégica de la planificación presu-
puestaria (ahora medio encargada a SEGEPLAN), incluyendo las decisiones
referidas a la política fiscal, al endeudamiento público interno y externo,
todo lo cual hasta ahora está siendo concentrado arbitraria, corporativa e
incoherentemente en la Junta Monetaria y en el Ministerio de Finanzas.
El Ministerio de Finanzas deberá desenvolverse solo para los asuntos téc-
nico-operativos de las finanzas públicas. Deberá desaparecer SEGEPLAN
como tal y aprovechar, con esta reestructuración, la gran experiencia acu-
mulada por este organismo, que tristemente viene desperdiciándose, deca-
yendo y convirtiéndose en un agente del tráfico de influencias corporativas.
El acervo de SEGEPLAN sería la base del nuevo ministerio.
2.2.2 Constituir un Consejo de Coordinación Interministerial
en el gobierno departamental
El presidencialismo debe expulsarse del gobierno departamental. La se-
gunda propuesta es la elección directa del cargo de gobernación departa-
mental y la conformación a nivel departamental de un Consejo de Coordi-
nación Interministerial. Este Consejo debe funcionar y articularse a su vez
con las municipalidades para recoger sus decisiones autónomas y dar los
apoyos correspondientes a los municipios.
La elección por voto ciudadano de la gobernación departamental debe
ser la garantía de la descentralización y de la planificación democrática del
Consejo del Pueblo Maya 57
Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional
desarrollo. Serviría también como contrapeso político para asegurar que
sea el control ciudadano, y no las decisiones presidencialistas o de los par-
tidos políticos, las que marquen el curso y destino de los municipios que
integran un departamento.
La elección del cargo de Gobernador(a) deberá regularse constitucional-
mente, así como las respectivas funciones. Entre esas funciones destaca-
ríamos: presidir las sesiones del Consejo de Coordinación Interministerial
para asegurar la gerencia y coordinación de las dinámicas de planificación
y ejecución del presupuesto y la transversalización de las políticas. El o la
gobernadora deberá hacer propuestas a dicho consejo para la coordina-
ción, descentralización y desconcentración, así como para la formación de
capacidades del funcionariado público y el debido cumplimiento territorial
de una nueva Ley de Servicio Civil.
2.2.3 Constituir los Consejos Departamentales Plurinacionales
para el Buen Vivir
Finalmente, para democratizar al Estado en los departamentos hacemos
una tercera propuesta, que es la equivalente al nivel municipal, respecto a
crear un órgano ciudadano de control y con decisiones vinculantes sobre
el desarrollo para todo el departamento. Se creará así el Consejo Depar-
tamental Plurinacional para el Buen Vivir. Este Consejo será el órgano ciu-
dadano para garantizar el equilibrio y la equidad en el desarrollo entre los
municipios y para el cuidado y goce compartido de los bienes públicos, sin
desmedro de ningún municipio integrante.
El Consejo Departamental Plurinacional para el Buen Vivir será una plata-
forma para articular y escuchar la voz ciudadana de los municipios, a modo
de definir las prioridades de interconexión y complementación de servicios,
como la electrificación, saneamiento, carreteras, mercados, infraestructura
productiva, prioridades productivas o economías a escala entre municipios,
etc. También hará propuestas para crear subregiones en su interior y/o para
conformar regiones con otros departamentos. Opinará sobre la desconcen-
tración y descentralización y garantizará el equilibrio de los ecosistemas y
la salud de las cuencas hídricas en leyes y políticas departamentales, entre
otras funciones.
Las resoluciones del Consejo Departamental Plurinacional para el Buen Vivir
serán vinculantes. Este Consejo se integrará con un número de dos repre-
sentantes por municipio. Los representantes serán electos por un procedi-
miento en el cual las microrregiones mandaten a sus delegados municipales,
58 Consejo del Pueblo Maya
Consejo del Pueblo Maya
reunidos en sus primeras sesiones como Consejo Municipal Plurinacional
para el Buen Vivir, a presentarles una terna de candidatos para que dos de
ellos sean electos como sus delegados municipales ante el Consejo Depar-
tamental. El Consejo Departamental Plurinacional para el Buen Vivir deberá
conformarse en todos los departamentos y los representantes que lo in-
tegren, incluyen a los municipios autónomos indígenas, como garantía de
plurinacionalidad, de ese modo se garantiza el cogobierno departamental
plurinacional, hecho que deberá ser regulado en la ley respectiva.
Decimos, finalmente que, el Estado garantizará los recursos para las sesio-
nes y funcionamiento del Consejo Municipal Plurinacional para el Buen Vivir,
así como del Consejo Departamental Plurinacional para el Buen Vivir, y que
sus integrantes deberán ser compensados con viáticos por los gastos en
que incurran para cumplir con este servicio ciudadano o bien garantizarles
transporte, hospedaje y alimentación por su viaje y estadía a la cabecera de-
partamental, por lo que también deberá regularse la rendición de cuentas
de las y los ciudadanos que participen en estos dos espacios.
Gobierno Departamental
Presidencialista y Colonialista
GOBERNACIÓN
ALCALDÍAS
CONSEJOS DE DESARROLLO
MUNICIPAL
MINISTERIOS
GOBERNACIÓN
Consejo de Coordinación
interministerial
Asambleas Comunitarias Microrregionales
Gobiernos Autónomos
Indígenas
PRESIDENCIA
Régimen Departamental Plurinacional
Consejo Departamental
Plurinacional para el Buen Vivir
Consejos Municipales
Plurinacionales para el
Buen Vivir
2.3 Conformación del organismo legislativo plurinacional
Este ámbito de cogobierno es aún más complejo porque aquí cobra
presencia estratégica el derecho a la libre determinación de los Pueblos
Indígenas. Se trata del derecho a participar como pueblos –y no como
Consejo del Pueblo Maya 59
Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional
individuos– en el Congreso de la República de Guatemala, sin ningún
desmedro para que la población ladina también se sienta plenamen-
te representada. Con las estadísticas del último XII censo de población
(2018), publicadas en 2020 por el Institución Nacional de Estadística (INE),
tal complejidad puede gestionarse, ya que se informa que la población
identificada como indígenas engloba un 42% y se cuenta con registros de
la identidad de pueblo de cada una de las y los habitantes censados. En
todo caso, hemos tomado la decisión de utilizar los siguientes criterios
para hacer nuestra propuesta:
tema de partidos políticos lidere, para los cuatro pueblos, los pro-
cesos de elección para los cargos de: 1o. Alcaldía y Concejo Muni-
cipal; 2o. Gobernaciones y 3o. Presidencia y Vicepresidencia de la
República;
otros cargos de dirección ya señalados con instituciones estratégi-
cas de rango nacional. Un cambio fundamental, entre otros, deberá
ocurrir en la nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos, no solo re-
gulando las elecciones directas sin partidos políticos, sino también
obligando a los partidos a presentar sus programas de gobierno
con base en el carácter plurinacional de la sociedad y del Estado y
tomando en consideración la Ley de Planificación Plurinacional del
Desarrollo;
tidos políticos para elegir a las y los diputados al Congreso. Conside-
ramos que este organismo, al ser el último responsable del diseño del
régimen jurídico-político, debe estar compuesto por representantes
que lleven las consignas directas de los Pueblos Indígenas. El sistema
partidario, si bien permite la competencia democrática, no garantiza
plenamente que se levanten y defiendan los mandatos colectivos da-
dos desde los pueblos. Nos interesa respetar la forma de deliberación
asamblearia históricamente usada por los Pueblos Indígenas, por lo
que el desafío sería construir el procedimiento pertinente;
nismo legislativo, en razón directa de la proporción de habitantes indí-
genas o ladino/mestizos en cada distrito electoral porque ese método
no garantiza la representación colectiva de los habitantes indígenas
como miembros de un pueblo originario, sino más bien destaca la de-
legación dada a la candidatura, a nivel individual;
60 Consejo del Pueblo Maya
Consejo del Pueblo Maya
CPRG se reduce a señalar que cada uno de los departamentos de la
República, constituye un distrito electoral; y que el municipio de Gua-
temala forma el distrito central, y los otros municipios del departamen-
to de Guatemala constituyen el distrito de Guatemala. Este reduccio-
nismo debe desaparecer;
constitucionalmente propicias y respetuosas de cuatro aspectos:
mayores poderes a las ciudadanías;
correas de transmisión del patrimonialismo a ser efectivas entidades
de derecho público con visión democrática y plurinacional del
país; y
ejercicio de la política para la misma ciudadanía, especialmente
para la ciudadanía indígena, donde se han depositado los mayores
controles y sometimientos para evitar su participación activa y
luchadora.
No vamos a irnos, por tanto, por lo más fácil, por lo más cómodo o por
lo que aparentemente convenga, según la inercia que inevitablemente se
registrará. Hemos pensado en la opción bicameral, pero –aunque no la des-
cartamos– no la presentamos ahora como proyecto pertinente porque se
requerirían muchos cambios previos para echarla a andar con seriedad.
De modo que la sugerencia de cogobierno plurinacional para configurar el
organismo legislativo o Congreso de Guatemala consiste en los siguientes
aspectos:
1o. Asumir en 158 a 160 el número de congresistas;
2o. Eliminar el sistema electoral por el listado nacional;
3o. Declarar constitucionalmente como nuevos distritos electorales:
la aldea; el municipio, la integración de tres o más municipios, los
gobiernos indígenas autónomos;
4o. Con base en el censo de población, definir el número total de diputados
que corresponda al Pueblo Garífuna;
Consejo del Pueblo Maya 61
Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional
5o. Con base en el censo de población, definir el número total de diputados
que corresponda al Pueblo Maya; desagregado por el número de
diputados que corresponda a cada una de sus 22 comunidades
lingüísticas;
6o. Con base en el censo de población, definir el número total de diputados
que corresponda al Pueblo Xinca;
7o. Con base en el censo de población, definir el número total de diputados
que corresponda a la población o Pueblo Ladino/Mestizo;
2.3.1 Proceso eleccionario de los Pueblos Indígenas
8o. Definir y regular un mecanismo asambleario para la dinámica de
elección de los Pueblos Indígenas con dos fines: a) Deliberar y decidir
cuáles serán las consignas o mandatos que llevarán sus representantes
al Congreso; y b) Deliberar y elegir a sus representantes;
9o. Definir y regular un mecanismo para conformar el cuerpo de electores/
aspirantes para cada pueblo, cuyo número sería el resultado final de
elecciones asamblearias sucesivas por: microrregión (varias aldeas);
municipios; departamento; y varios departamentos;
10o. El cuerpo de electores/aspirantes de cada pueblo abre convocatoria
general para la presentación de candidaturas, las cuales pueden o
no corresponder a los electores/aspirantes presentes. Enlista a los
candidatos, delibera y sintetiza los mandatos o deberes políticos
recogidos, delibera sobre los candidatos y procede a la elección final.
2.3.2 Proceso eleccionario de la población o Pueblo Ladino/
Mestizo
11o. Definir y regular el mecanismo de competencia de los partidos
políticos;
12o. Presentar planillas departamentales con base en los distritos que
integran a tres o más municipios;
13o. Elegir a los diputados por departamento mediante listados abiertos
con derecho a voto nominal.
El Congreso, como escenario de articulación de todo el país y, por tanto,
de la pluriculturalidad existente, tiene que ser representativo. Daríamos un
gran aporte a la democratización de Guatemala si garantizamos, regulando
62 Consejo del Pueblo Maya
Consejo del Pueblo Maya
en la ley respectiva, que los pueblos Indígenas pueden llegar al Congreso
respetando nuestra historia política de construcción de autoridad, esto es,
que hayan congresistas con autoridad delegada como producto de proce-
sos asambleístas de deliberación colectiva.
Un organismo legislativo compuesto de esa manera estaría propiciando
que los términos de la relación entre los representantes no sean estric-
tamente en razón de sus compromisos y responsabilidades individua-
les, sino también en razón de sus deberes y responsabilidades con sus
pueblos, es decir, en razón del bienestar general de los electores. Tra-
tamos de articular de mejor manera la atención a los fines colectivos.
Tratamos de que, en este ámbito legislativo, el Estado deje de pensar
bajo el control de elites empresariales, para tomar decisiones desde las
relaciones de carne y hueso con la gente, abordando soluciones para sus
problemas.
Buscamos mayor igualdad de resultados o de impacto de la acción política
del Congreso, el cual no solo legisla, sino también ejercer control sobre
el ejecutivo y las cortes. Queremos un órgano plurinacional de gobierno
que garantice que los bienes y espacios públicos y estatales sean cuidados
como bienes comunes y colectivos.
Guatemala necesita un Congreso que, con sus actos políticos, comience
a destruir las estructuras que han perpetuado la corrupción, la impuni-
dad, la desigualdad, las formas de discriminación, el racismo, la desnu-
trición, el subdesempleo, la represión sistemática y la militarización. Para
construir un Estado Plurinacional, que es un Estado abierto a todas las
democracias, se requiere un espacio de cogobierno común de todos
los pueblos desde donde se irradien nuevas relaciones de poder y de
convivencia.
La Ley Orgánica del Congreso de la República debe ser modificada en
profundidad. Comenzando con la integración de la Junta Directiva, puesto
que nos oponemos a que su integración se haga para representar a blo-
ques partidarios, tal como se norma actualmente. Por el contrario, la Junta
Directiva debe ser electa para representar y dar cumplimiento a los fines
del Estado Plurinacional y garantizar que se vote por una agenda temática
legislativa explícita. La composición del congreso no deberá basarse úni-
camente en bloques de partido, sino deberá contener también los bloques
de pueblos.
Toda la regulación sobre las comisiones de trabajo, ordinarias o extraor-
dinarias del organismo legislativo debe tener una perspectiva y un campo
Consejo del Pueblo Maya 63
Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional
de trabajo de índole plurinacional. Los congresistas deben ser obligados
a trabajar de modo permanente en comisiones y estas resolver por ma-
yoría absoluta. Debe quedar explícita una norma legislativa para obli-
gar a todas las personas asesoras del Congreso a ser nombradas por
examen de oposición, no tener parentesco con los congresistas contra-
tantes, rendir informe de su trabajo y hacerlo público en la página web
correspondiente.
Consideramos que los dictámenes de las comisiones deben ser firmados o
razonados y ser publicados en la página web correspondiente. Es nuestra
opinión que los congresistas solo deben tener como remuneración su sala-
rio, además de viáticos austeros por comisiones de trabajo y sujetos a fac-
turación y rendición de cuentas. Cualquier otro privilegio, como las dietas,
debe ser eliminado. Asimismo, debe acordarse por única vez en un artículo
transitorio de la Constitución Política Plurinacional, la derogación radical
del actual régimen laboral de todo el personal que trabaja en el legislativo,
procediendo así a erradicar los privilegios y prebendas perversas cultivadas
en su interior.
Finalmente, en diversas partes de este documento nos hemos referido a
la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y en este capítulo también vamos
a hacerlo. A nosotros nos interesa que los partidos políticos no tengan el
monopolio de la política. Por eso pensamos que esta ley mejorada será
una consecuencia de los cambios constitucionales. Consideramos estraté-
gico que la Constitución Política Plurinacional asuma, contenga y mandate
Congreso de la República
Patrimonialista y Monocultural
Congreso Plurinacional
LISTADOS POR DISTRITOS
LISTA NACIONAL
VOTO CIUDADANO
PARTIDOS POLÍTICOS PARTIDOS POLÍTICOS
Y PROCEDIMIENTO
ASAMBLEARIO DE
PUEBLOS INDÍGENAS
LISTADOS ABIERTOS POR
DISTRITOS. VOTO
NOMINAL DIRECTO
CONSEJO DE ELECTORES
Y MANDATOS
VOTO CIUDADANO DE ACUERDO A
CADA PROCEDIMIENTO
64 Consejo del Pueblo Maya
Consejo del Pueblo Maya
a todas las leyes constitucionales, incluyendo la electoral, para que, en lo
que corresponda a cada tema, se desplieguen la democracia comunitaria, la
democracia participativa y la democracia representativa, todas como com-
ponentes de la Democracia Plurinacional y de la convivencia política de la
sociedad.
Resumimos: La Democracia Plurinacional requiere de la profundización de
la democracia, llevarla a su máxima expresión en la vida social y ciudadana.
Contiene las tres democracias: La democracia comunitaria es directa, asam-
blearia, deliberativa y se basa en transformar el mandato colectivo en los
deberes de la autoridad. La democracia participativa también es directa y
un gran recurso para hacer real el control ciudadano sobre el Estado y para
asegurar el acceso libre a la información pública y al cuidado y defensa de
los bienes públicos. La democracia representativa es la delegación general
del poder ciudadano en la acción personal de la autoridad.
Nos interesa que la Ley Electoral y de Partidos Políticos profundice estas
democracias y las reglamente, sin contenerlas ni limitarlas. Es importante
incluir la libre determinación de los pueblos para hacer sus consultas sin re-
glamentarlas, el derecho de los movimientos sociales a presentar candida-
turas, el control social a los partidos y al Tribunal Supremo Electoral; y otras,
como las ya dichas: paridad entre mujeres y hombres como norma obligada
plurinacional; transparencia y rendición de cuentas; reelección consecutiva
por una sola vez y revocatoria de mandato. Necesitamos construir un engra-
naje de cambios y darnos el tiempo justo para desplegarlos y asentarlos en
la vida social.
Consejo del Pueblo Maya 65
III. La urgencia de
revalorar la política
Las dinámicas ciudadanas que han surgido y se han consolidado en el con-
texto de la lucha contra la corrupción son portadoras de trascendentales
cambios en la acción ciudadana: hay una extendida participación de las ju-
ventudes, una mayor capacidad de presión social frente a los abusos de
poder; existe mayor compromiso y responsabilidad frente a los hechos de
interés público; son mejores y profundos los análisis e investigaciones que
señalan los nudos del sistema jurídico-político y se ha generado una opi-
nión pública vigorosa contra la impunidad y la corrupción. Es indudable que
hemos construido una red de comunicación popular, abierta, interclasista,
que defiende los básicos logros democráticos alcanzados en los últimos
treinta años.
No obstante, la gravedad de las condiciones sociales exige un acerca-
miento diferente de la ciudadanía hacia la política. Si observamos con
detenimiento, el deterioro provocado por el régimen de dominio se ha
logrado denunciar y, en cierta, aunque muy débil medida, se ha logrado
detener, gracias al crecimiento de espacios públicos de acción política
ciudadana: debates, estudios, foros, protestas, presencia en las plazas, pa-
ros, manifestaciones, posicionamientos recurrentes, alianzas más abiertas,
etc. Tal realidad llama nuestra atención para valorar altamente la relación
directa que existe entre la política y el espacio público. Mientras más es-
pacios públicos existan para que la ciudadanía controle y decida sobre los
actos del Estado y sobre sus propias necesidades es mayor y más radical
la democracia.
Nuestra tesis consiste en que el eje de la corrupción y el eje del abuso de
poder, articulados con la estructura de privilegios, racismo y desigualdad
social, están arraigados en un ordenamiento político (leyes, instituciones
y lógicas de poder) hecho para limitar los espacios públicos. Estamos con-
vencidos de que la visión de la ciudadanía como enemigo interno y la visión
de los Pueblos Indígenas como los parias útiles para reciclar la acumulación
capitalista, se encuentran activos y funcionando en toda la estructura del
régimen jurídico-político, mientras cada gobierno de turno la cierra o la am-
plía según convenga a sus intereses.
66 Consejo del Pueblo Maya
Consejo del Pueblo Maya
Pensamos que debemos arraigar de otra manera el derecho al bien común
y al espacio público. Arraigarlo como constitutivo de nuestra convivencia
política y no como circunstancial y dependiente de las veleidades de cada
gobierno de turno. Queremos acceder a los espacios públicos no solo para
reaccionar en resistencia, sino para decidir y organizar con estabilidad nues-
tra vida cotidiana y nuestros planes de vida.
No queremos dedicarnos más solo a defender lo poco que tenemos, sino
a construir mejores condiciones de vida y a hacer otras críticas más efec-
tivas respecto a la sociedad misma, por ejemplo, desmontar la cultura ra-
cista y las relaciones sexistas y patriarcales, ampliar la educación en todos
los niveles, fortalecer nuestro sistema de salud y de trabajo, tener libertad
para crear autonomías productivas y trabajos dignos, destruir los miedos y
egoísmos creados por el fundamentalismo religioso y mucho más. Quere-
mos construir ciudadanías que puedan fortalecer las individualidades y las
comunidades.
Dicho en sentido negativo, queremos amarrar el sistema político para obli-
garlo a no reproducir las condiciones que tienen en desnutrición a la ma-
yoría de mujeres guatemaltecas, que son indígenas y son niñas; a no re-
producir la servidumbre indígena, donde las mujeres son a su vez las más
agredidas; a no mantener una economía especulativa que solo beneficia a
las corporaciones financieras, mientras la mayoría de jefes y jefas de familia
se obligan a migrar o a aceptar trabajos denigrantes y sobreexplotados; a
no seguir aguantando una burocracia racista en todos los espacios públi-
cos; y así, hay muchas más exclusiones que no queremos.
Desafortunadamente, por los viejos operativos de la política, sean de iz-
quierda o de derecha, la idea de defender una visión de sociedad con
democracia profunda parece hoy trasnochada o es acusada de idealista,
ideologista, utopista o sobrepasa nuestra inercia de indiferencia o de aco-
modamiento ciudadano, especialmente porque la fuerza del imaginario
neoliberal global nos ha invadido de mensajes para que nuestros cerebros
solo se muevan rindiendo por dinero, acepten las privatizaciones de los
servicios sociales básicos, toleren la conversión del Estado en policía que
protege a las grandes corporaciones o nos lleven a aislarnos de los asuntos
públicos seducidos con el consumismo y el desperdicio de recursos.
La experiencia de las luchas de los Pueblos Indígenas en América Latina y
en el mundo, tanto como las luchas de las mujeres y de los movimientos
de indignados, nos han hecho aprender que nuestra propia lucha en Gua-
temala, como mujeres y hombres de Pueblos Indígenas, no es una lucha
Consejo del Pueblo Maya 67
Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional
por el Estado en sí misma, ni por tierras o por dinero. Es una lucha por dig-
nificar nuestra historia y nuestra vida. Una lucha para reorganizar las bases
constituyentes de nuestra convivencia, a modo de hacer florecer procesos y
dinámicas que nos lleven a hacer inventos mucho más profundos que el de
montar un Estado Plurinacional.
Consideramos que un Estado Plurinacional es necesario ahora porque aspi-
ramos a que no nos maten o segreguen por vivir, por mantener con vida a
nuestros amenazados autogobiernos, por hacer nuestras consultas y asam-
bleas comunitarias, por denunciar los abusos de las grandes hidroeléctricas
que se roban nuestros ríos o por criticar a las mineras que chupan los mine-
rales que dan vida a la Madre Tierra. Pero el Estado Plurinacional no es un
fin en sí mismo.
Por eso la visión de sociedad sí debe importarnos como ciudadanía. Para
volver relevante y útil una visión de sociedad debemos tener un acerca-
miento diferente con la política y asumir que decidir sobre nuestra vida so-
cial es el acto más ético y fuerte de la política. El solo hecho de imaginar
una nueva arquitectura del poder estatal es liberarnos de la tutela de los
poderes dominantes que, además, nos tienen del tingo al tango con sus
luchas intestinas.
Las ciudadanías guatemaltecas todavía no ejercemos la política con auto-
nomía. Debemos asumirnos sujetos de la política y dejar de ser objetos
reactivos a la política decidida por otros. Nuestra propuesta pretende que
se escuche la voz de los Pueblos Indígenas para reorganizar de raíz el Esta-
do y la sociedad; pero este cambio es imposible sin la población mestiza/
ladina, por lo que exhortamos a todas las fuerzas sociales a deliberar sobre
su contenido, a discutir, a llegar a mejores ideas e incluir otras.
El sitio fuerte de nuestra propuesta es que construyamos una fuerza so-
cial que cree nuevos poderes constituyentes en el régimen jurídico-político,
asumiendo que esta fuerza es una fuerza viva para construir los cambios
subsecuentes y para sostenerlos. Ese es el tiempo de justicia que aspiramos
y creemos que debemos prepararnos para ello. Se trata de tener una es-
trategia común de cambio radical para que el cambio se haga posible por
décadas.
Ahora tenemos poco, resistencia e ideas, necesitamos más. En el pasado
sostuvimos proyectos difusos de cambio social y muchos nos levantamos en
guerra armada contra los poderosos. Ahora no podemos hacer lo mismo.
Nuestra batalla es política y muy difícil, porque para lograr erigir nuevos
68 Consejo del Pueblo Maya
Consejo del Pueblo Maya
poderes constituyentes del Estado y la sociedad, necesitamos presionar de
tal manera para que se convoque a una Asamblea Plurinacional Constitu-
yente, es decir, una asamblea de los pueblos.
Necesitamos hacerlo desde afuera y desde adentro del actual Congreso,
advirtiendo que es desde adentro donde, según la ley, debe hacerse la
consulta y convocatoria a toda la población. Con pocos no logramos hacer
el cambio. Necesitamos presionar a los partidos políticos democráticos
y llevar una fuerza mayoritaria al Congreso, pero aún más, necesitamos
tener claridad y perspectiva de los aspectos clave del cambio como un
proceso.
Ese es el espíritu de esta propuesta: ofrecer un marco de temas fundamen-
tales para los Pueblos Indígenas, para que fuerzas Mayas, Xincas, Garífunas
y Mestizas/Ladinas, las discutamos, hagamos nuestras deliberaciones, me-
joremos y ampliemos las ideas de los cambios. El pacto que por siglos ha
sostenido la oligarquía con sangre, será cambiado cuando los cuatro pue-
blos levantemos un pacto para democratizar al Estado y a la sociedad y lo
lancemos a las calles y a los recintos donde se toman decisiones.