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Guatemala: Democracia Plurinacional y Gobiernos Autónomos de los Pueblos Indígenas

Consejo del Pueblo Maya CPO :: 15.08.21

Después de los fiascos electorales de Rigoberta Menchú, que se descubrió que era militante de un partido político y sólo utilizaba su condición indígena siendo que casi nadie en las comunidades la apoyaba, desde las propias comunidades se fue forjando el Consejo del Pueblo Maya.

CONSEJO DEL PUEBLO MAYA CPO

PROYECTO POLÍTICO: UN NUEVO ESTADO PARA GUATEMALA:

Democracia Plurinacional y Gobiernos Autónomos de los Pueblos Indígenas

Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional

Propuesta para debatir

https://drive.google.com/file/d/1kUYL6DQPryo0oLn3bd63U2ZWBPGP4J7b/view

https://cpo.org.gt

Introducción

 

El presente documento es una crítica al sistema político guatemalteco. Re-

coge nuestros aprendizajes y reflexiones más sentidas alrededor de dos

preguntas que nos hemos hecho como Consejo del Pueblo Maya: ¿Cuáles

asuntos son de importancia estructural para desmontar el colonialismo in-

terno? y ¿Cuáles estrategias son posibles y necesarias para democratizar al

Estado y a la sociedad?

Consideramos de urgencia histórica que la organización política de nuestra

convivencia refleje en leyes, instituciones, formas, símbolo y prácticas de

gobierno, el carácter plurinacional de la sociedad. Igualmente considera-

mos apremiante la producción de cambios radicales en el orden político

para que las diversas ciudadanías podamos ejercer un verdadero y efectivo

control del Estado, ahora capturado por mafias civiles y militares y fami-

lias oligarcas. Buscamos crear las condiciones para que existan y funcionen

espacios públicos democráticos e intercomunicados, a fin de decidir con

autonomía sobre aspectos imprescindibles para producir y reproducir con

bienestar nuestras vidas.

Estamos convencidos de que existe un vínculo estrecho entre la opresión

hacia los Pueblos Indígenas y el menosprecio del régimen político hacia

todas las ciudadanías en su conjunto. Los engranajes que invisibilizan, agre-

den y denigran a las mujeres indígenas, reproducen, a su vez, redes de

 

violencia contra todas las mujeres e incluso han instalado estereotipos y

relaciones de discriminación permanente entre mujeres ladinas/mestizas y

mujeres indígenas.

 

Las dinámicas que sostienen los más bajos salarios y las formas de explota-

ción más crueles contra la población indígena se extienden hasta la cínica

 

violación de los derechos laborales de la mayoría de habitantes ladinos/

mestizos. La militarización en los territorios indígenas otorga poder mayor al

 

ejército entre las cúpulas oligarcas y criminales que destruyen la Madre Tie-

rra y nos despojan de nuestras tierras ancestrales. El racismo es la expresión

 

máxima de este tejido de exclusiones y desigualdad.

En esta propuesta política intentamos precisar con brevedad cómo vemos

la articulación colonialista de dominio para luego ubicarnos en el tiempo

de la justicia, que es el tiempo de los pueblos, haciendo sugerencias para

la transformación del régimen de dominio. Aspiramos y convocamos a

 

2 Consejo del Pueblo Maya

Consejo del Pueblo Maya

 

construir un Estado con Democracia Plurinacional, lo que significa impulsar

todas las democracias, la comunitaria, participativa y representativa, para

 

poder decidir con plena libertad sobre nuestras vidas, ya sea como perso-

nas o como pueblos.

 

Imaginamos que es posible que, con la dirección estratégica de un nuevo

orden político plurinacional, podamos frenar y reparar los daños causados

a la Madre Tierra y transformar los espacios públicos y estatales en lugares

libres de violencias y opresiones, aptos para potenciarnos y hermanarnos,

dejando atrás las segregaciones y exclusiones que tanto y más han afectado

a los Pueblos Indígenas de Guatemala.

 

Nuestro llamado a construir un Estado Plurinacional es un llamado a demo-

cratizar a la sociedad. Aquí presentamos las primeras deliberaciones sobre

 

nuestro sueño hacia vivir ciudadanías emancipadas. Exhortamos a las auto-

ridades y liderazgos de los tres Pueblos Indígenas de Guatemala (Mayas,

 

Xincas y Garífunas), a conocer estas propuestas, a debatirlas, mejorarlas y

ampliarlas.

Convocamos a la intelectualidad y al periodismo democráticos de los cuatro

 

pueblos para conversar sobre estas ideas. También exhortamos a los mo-

vimientos sociales para que, en su calidad de ser espacios pluriculturales,

 

exploren la conveniencia y oportunidad de discutirlas, recrearlas y construir

estrategias conjuntas para caminar a una coyuntura que estimule puntos de

inflexión a la impunidad, las opresiones y la oprobiosa corrupción.

Estas ideas se publican con la intención de potenciar las fuerzas sociales

que caminamos hacia edificar un Estado que vea en la plurinacionalidad

 

una fuente estratégica para fortalecer la democracia en su sentido comuni-

tario, participativo y representativo. Dirigimos, asimismo, nuestro llamado a

 

la población ladina y a sus liderazgos para que abracemos un proyecto en

 

colectivo: reconstruir los cimientos del poder estatal para desplegar mejo-

res y dignas condiciones a nuestra convivencia como sociedad.

 

Hemos dividido nuestra propuesta política en tres capítulos. El primero se

titula “Nudos estructurales e históricos de un sistema político hecho para

 

despojar a los pueblos”. Aquí enfatizamos en las raíces de las desigualda-

des mantenidas durante siglos por el régimen jurídico político dominante.

 

Destacamos tres nudos: 1o. El colonialista, que nos ha racializado, dividién-

donos y creando escalas racistas de superioridad e inferioridad humana,

 

situando a los Pueblos Indígenas, especialmente a las mujeres indígenas,

en estados graves de sobrevivencia, servidumbre y segregación social; 2o.

 

El del funcionamiento orgánico y estratégico del Estado, forjado bajo lógi-

cas patrimoniales, reduciendo la democracia a un procedimiento disciplina-

rio, privatizando el ejercicio ciudadano de todos los pueblos y ahondando

 

Consejo del Pueblo Maya 3

Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional

 

brechas de inequidad severas en los Pueblos Indígenas; y el 3o. El de la

 

persistente negación y destrucción de nuestra comunalidad y nuestros te-

rritorios, en un contexto de impunidad absoluta con el constante incumpli-

miento por parte del Estado del derecho internacional indígena.

 

El segundo se titula “Nuestra propuesta: Un Estado que respete la diver-

sidad y resguarde la democracia comunitaria, participativa, representativa

 

y plurinacional”. Aquí expresamos nuestras sugerencias de transformación

política, las cuales se resumen en edificar un nuevo Estado capaz y abierto a

 

cultivar y potenciar la democracia comunitaria, democracia participativa, de-

mocracia representativa y Democracia Plurinacional. Argumentamos que la

 

Democracia Plurinacional debe contener las otras tres democracias. Hemos

considerado que existen cinco fundamentos principales que caracterizan

a la Democracia Plurinacional. Proponemos que estos cinco fundamentos

nutran las bases jurídicas para erigir una Constitución Política Plurinacional

de Guatemala.

 

El primer fundamento es aceptar y valorar la memoria histórica y dinámi-

ca de cada pueblo, y como sociedad y nuevo Estado, reconozcamos la

 

identidad y los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas. El segun-

do es instituir el pluralismo normativo en el Estado, acogiendo el derecho

 

internacional en materia de Pueblos Indígenas, especialmente en la libre

determinación de los pueblos y en el derecho a su autonomía política y

autogobierno.

El tercero es la articulación de los cuatro pueblos en una visión política que

 

permita un horizonte unificado para impulsar el bien común, reflejando uni-

dad de la diversidad social que existe en Guatemala. El cuarto se asienta en

 

establecer formas, espacios, instituciones y engranajes organizativos para

asegurar el cogobierno de los cuatro pueblos que coexisten en el país, el

Pueblo Maya, el Pueblo Xinca, el Pueblo Garífuna y el pueblo o población

Ladino/Mestiza.

Y el quinto fundamento lo vemos en la construcción sistemática de una

Cultura Plurinacional y en el fortalecimiento de las capacidades y el poder

 

político de todas las ciudadanías. Proponemos sembrar un paradigma nue-

vo de poder político y público como ruta para crear diversas dinámicas de

 

emancipación en la sociedad.

En este segundo capítulo también hacemos propuestas para transformar al

régimen municipal, al organismo ejecutivo desde el ámbito departamental

 

y al organismo legislativo. Invocamos la derogación de todo el sistema ac-

tual de consejos de desarrollo por considerarlo un conjunto de estructuras

 

maliciosas y útiles estrictamente para el control poblacional, la corrupción y

el clientelismo político.

 

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Consejo del Pueblo Maya

 

Aspiramos a que la Constitución Política Plurinacional regule una verda-

dera autonomía municipal y garantice que en el Congreso Plurinacional se

 

muestre el cogobierno de los cuatro pueblos. También apostamos el fin

del alcaldismo y el presidencialismo y a detener los abusos de poder de

los partidos políticos.

 

Finalizamos esta propuesta política con un tercer capítulo titulado “La ur-

gencia de revalorar la política”. Aquí compartimos argumentos sobre la ne-

cesidad de cambiar la lógica con la cual la ciudadanía se está relacionando

 

con la política, ya que vemos que esta nos vuelve más subordinados(as) y

dependientes e incluso más susceptibles de ser manipulados(as) en medio

de las pugnas que existen entre las cúpulas de poder.

La propuesta está escrita gracias a las voces, ideas y aportes encontrados

en numerosos estudios y textos de expertos nacionales e internacionales

con gran compromiso emancipador, gracias a las reflexiones de mujeres y

hombres de la intelectualidad indígena de Guatemala y América Latina y,

por supuesto, gracias a nuestras reflexiones y debates que hemos tenido

como Consejo del Pueblo Maya y con muchas personas especializadas y

colaboradoras(es) solidarias. Nos hemos esforzado porque estas páginas

 

recojan la indignación, los argumentos y el sentido que por siglos han le-

vantado las luchas ciudadanas, de los movimientos y de los pueblos. Entre-

gamos a los pueblos, por tanto, un documento político que no tiene afán

 

ni estructura académica, pero sí creemos que aporta una seria fundamen-

tación del por qué y hacia dónde debiéramos caminar en unidad para no

 

seguir tolerando tantos abusos. Cuando las ideas de los textos aquí escri-

tos son tomadas directamente de las autoras y los autores, se encontrarán

 

sus nombres en los párrafos o bien entre paréntesis. Agradecemos mucho

su lectura y debate, así como su utilización para alcanzar nuevas síntesis y

acuerdos en apoyo a nuestras luchas. El que aquí proponemos es un pacto

básico y necesario.

Llamamos a potenciar nuestras luchas históricas y proponernos ser sujetos

 

activos de la política para ejercer control eficaz sobre el Estado y sobre te-

mas públicos que nos conciernen. La idea de convocar a una Asamblea

 

Plurinacional Constituyente es una estrategia emancipadora para todos los

 

pueblos y todas las ciudadanías. No olvidemos que el cierre total de espa-

cios democráticos, al cual pretenden las elites que quieren seguir con su

 

tiranía, lo quieren legalizar con cambios constitucionales. Debemos prepa-

rarnos para no retroceder, para profundizar nuestras conquistas históricas y

 

para defender nuestras aspiraciones a vivir con libertad y dignidad.

 

Consejo del Pueblo Maya 5

  1. Nudos estructurales e históricos

de un sistema político hecho para

despojar a los pueblos

 

  1. El colonialismo interno naturaliza el racismo y

las opresiones

Los Pueblos Indígenas tenemos una historia viva, pero negada, que urge

debatir a luz pública, porque esa historia es la que fundamenta nuestra

crítica al Estado. Señalamos que desde la invasión española se instaló un

sistema jurídico, en tanto conjunto de estructuras y funcionamiento de los

órganos estatales que delimitan y aplican las reglas sociales, cuyo sentido

ha sido organizar en la sociedad la sobreexplotación del trabajo indígena,

el despojo de sus territorios y cuerpos, y el racismo. Guatemala se asienta

en tales pillajes.

Uno de los medios más poderosos para sostener la supremacía del poder

 

colonial fue cultivar la formación de castas o grupos racializados, en un flu-

jo de relaciones verticales que levantó en la cúspide el dominio total del

 

“gobierno de los criollos” y colocó en la base al que llamaron “gobierno de

 

los indios”. Esta perversa estrategia bipolar creó en todo el territorio gua-

temalteco fracturas y fragmentaciones poblacionales que muy poco se han

 

estudiado y reconocido hasta la fecha.

Por un lado, trastocó la geografía política indígena al deshacer nuestros

 

asentamientos y controlar la libre locomoción; recompuso nuestra comuna-

lidad en segmentos feudales como cárceles gigantescas; prohibió nuestra

 

articulación y comunicación; desintegró nuestros mercados; destruyó nues-

tros bienes y recursos epistemológicos; silenció nuestros idiomas y satanizó

 

nuestro arte; censuró nuestras tradiciones y nuestra religiosidad imponién-

donos la moral disciplinaria del pecado; despreció y castigó nuestra visión

 

del mundo, marginándonos sin voz ni decisión de los asuntos públicos de

ese nuevo Estado invasor.

Impuso a su vez una estructura de comunidad estrictamente funcional para

 

obligarnos a pagar tributos y succionar nuestro trabajo. El llamado “gobier-

no indio”, depositado especialmente con la conformación de las alcaldías

 

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Consejo del Pueblo Maya

 

indígenas, fue un ardid para trasladarnos el costo total de nuestra propia

producción y reproducción de vida servil, tarea que modificó radicalmente

 

nuestro espacio doméstico, lo privatizó y despolitizó, recluyendo y confi-

nando a las mujeres indígenas a una cruel servidumbre, despojándolas de

 

sus alianzas, de su auto representación y de su liderazgo en plenitud.

Debemos advertir que esta estructura de dominio cuya columna vertebral se

fincó en la servidumbre, el dominio religioso y el racismo contra las mujeres

indígenas, configura hasta hoy día el operativo más agresivo para envolver a

los Pueblos Indígenas en la subordinación laboral y en la virtual negación de

 

su ser colectivo y de sus derechos, pues el Estado de sobrevivencia, desnu-

trición, desatención, exceso de trabajo y de violencias recurrentes, sociales

 

y familiares, sobre las mujeres indígenas, ha significado un arma útil para

mantener las vidas indígenas en Estado de permanente tensión y opresión.

Desde su origen, el “gobierno de los indios” contuvo hacia adentro estas

 

tensiones, mientras deshizo nuestra antigua libertad de organización y mo-

vilidad familiar, desarticuló nuestras normas y leyes comunitarias; impuso

 

una estructura de mando invistiendo de falsa autonomía a nuestros abuelos

 

y líderes, controlando y manipulando a las autoridades indígenas para di-

suadir y reprimir nuestras rebeldías y tolerando nuestros nuevos espacios

 

públicos a condición de seguir en un estatuto de subordinación.

Por otro lado, esta estrategia bipolar entre criollos e indígenas estimuló una

 

abigarrada reproducción de poblaciones mestizas (incluyendo a negros li-

berados, españoles empobrecidos e indígenas enriquecidos), con engrana-

jes, flujos y dinámicas entrelazadas entre castas, clases y racializaciones, los

 

cuales crearon espacios y tiempos diversos para configurar a la población

ladina, nacida para alejarse de los Pueblos Indígenas, escapar del trabajo

 

forzado y de los tributos, acceder al poder local y regional, servir de inter-

mediaria, ocupar los estratos artesanales que ofrecían mayor libertad para

 

vender su trabajo y, ante todo, acceder impunemente a nuestras tierras para

abrir, bajo su control, nuevos mercados agrícolas internacionales.

Con una elite criolla voraz, autosacralizada y encerrada en la supremacía

abusiva de su poder, la población ladina encontró relativa protección y se

expandió empujando su libertad para tomar distancia de la servidumbre

indígena y, a su vez, entrando en tensiones con los pueblos indios y con los

criollos por la posesión de tierras. La zona oriental de Guatemala, ahora en

su mayoría ladinizada, es un testimonio objetivo de un largo proceso de

despojo de tierras al Pueblo Chortí, tal como son los enclaves finqueros

 

blancos en casi todo el territorio originario Q’eqchi’, Kaqchikel, Mam, Poqo-

mam, K’iche’ y Tz’utujil.

 

Consejo del Pueblo Maya 7

Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional

 

Con estos enclaves y polarizaciones incomunicadas, la república indepen-

diente de Guatemala marcó, como uno de sus rasgos constituyentes, la

 

supremacía de la escala del Estado-nación, negando el rol de las escalas

comunitarias para aportar al régimen jurídico-político establecido en todo

el territorio guatemalteco.

Al negar las escalas comunitarias, el gobierno indígena fue anulado como

 

experiencia válida de reproducción de la vida, fue invisibilizado como por-

tador de espacios públicos no estatales para cuidar la vida, fue segregado

 

como estructura de decisión política colectiva y constantemente amenaza-

do hacia su desintegración, mediante variadas y continuadas políticas que

 

dieron pauta a los sectores ladinos a usurpar nuestras tierras comunales y

a tomar el mando directo de las alcaldías convertidas en municipalidades.

El autogobierno indígena que construimos en el subsuelo del “gobierno de

los indios” que nos impusieron, se ha forjado a contrapelo para preservar la

integridad territorial de nuestras comunidades y siempre ha sido excluido

como sujeto activo constituyente de la política en la república nacional y

 

borrada la diversidad de Pueblos Indígenas de la geografía política nacio-

nal. Se impuso un único régimen de familia, de propiedad, de educación,

 

de salud, de decisión política, de valores, de comunicación e idiomas y de

historia. Se impuso una única cultura socio-política: la de la blancura. Desde

la primera Constitución del Estado de Guatemala en 1825, desde el Acta

 

Constitutiva de la República de Guatemala de 1851 y desde la Ley Cons-

titutiva de la República de Guatemala de 1879, se marcó nuestra historia

 

como historia negada cuyo sentido fue de tensión, restricción y control del

autogobierno indígena. La regla fue segregarnos.

Por eso, la organización del derecho público en la estructura del régimen

 

político se viene haciendo, ante todo, como un pacto de elites criollo-ladi-

nas, defensoras de un contrato social carente de reciprocidad con los Pue-

blos Indígenas y abierto a las tiranías, con efectos devastadores para toda

 

la población. El derecho público oficial de Guatemala nunca ha caminado

con la ideología teóricamente esgrimida por los estados modernos sobre el

bien común, lo cual también explica su carácter jurídico porque siempre y

 

hasta hoy día, la oligarquía ha bloqueado la validez de los sistemas norma-

tivos que los Pueblos Indígenas hemos cultivado y cuya matriz primordial

 

es la preeminencia del sentido de comunidad y la alta valoración de la vida

 

colectiva. La condición privativa, excluyente, monista y autoritaria del dere-

cho estatal, por tanto, solo beneficia en última instancia a la oligarquía y a

 

sus aliados transnacionales.

 

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Consejo del Pueblo Maya

 

Los tres componentes estructurales del derecho: la retórica, la burocracia y la

violencia, incorporaron así la intolerancia y la uniformización de la colonia en la

 

configuración del Estado-nación guatemalteco, sembrando en todos los es-

pacios de la vida social un colonialismo interno que existe hasta nuestros días.

 

El colonialismo interno vive del racismo, la sobreexplotación y el patriarca-

  1. La retórica racista en este país es una de las más agresivas del mundo.

 

El elogio a la blancura, el impulso dado a la colonización extranjera para

“mejorar la sangre guatemalteca” y el afán de blanqueamiento son parte de

 

una ideología dominante alimentada y manipulada desde el mando oligar-

ca en todos los espacios del sistema jurídico: el doméstico (“las sirvientas

 

indias son más dóciles y aguantadoras”), el de la producción (“los indios

aceptan la baja de salarios y obedecen más”), el del mercado (“mostrar el

origen Maya como estrategia de negocios de clúster turísticos”); el de la

 

ciudadanía (“comprar el voto indio” o “se lo merecían, los mataron por gue-

rrilleros”), el de la comunidad (“la escuela sirve para quitarse lo indio” o “los

 

indios son cerrados y atrasados”) y el relacionado con la postura oficial de

 

Guatemala frente al mundo (“quebrar la resistencia indígena frente a me-

gaproyectos extractivos” o “los migrantes que se vayan para controlar sus

 

territorios”). Sobre todos esos espacios se ha aplicado una política sexual

que jerarquiza a las mujeres y hombres ladino/mestizos sobre las mujeres

y hombres de los Pueblos Indígenas, siendo las mujeres indígenas las más

despojadas y maltratadas.

El simbolismo racista del sistema jurídico funciona como una visión-fuerza

de sentimientos anti-indios, que empujan a la población ladina, por una

parte, a reciclar los prejuicios contra los Pueblos Indígenas y, por otra, a

negar y desvalorizar su propio mestizaje. Se trata de una retórica altamente

 

eficaz para reproducir la hegemonía oligarca porque acepta o tolera un pro-

yecto ladino para administrar el Estado, al mismo tiempo que coloca a to-

das las ciudadanías, incluyendo las ladinas, en batallas entre sí, divididas, en

 

discordias racistas y a la vez serviles, distanciándonos de nuestros orígenes

y a la vez buscando incluso por medios consumistas un mayor acercamiento

hacia los estereotipos extranjeros de la blancura, evitando caer al espacio

indio/negro o ignorando la gama de posibilidades existentes para articular

nuestras experiencias y diferencias.

 

La burocracia, como componente de este derecho público racista y autorita-

rio, ha sido el campo abierto por la oligarquía para la cooptación de la pobla-

ción ladina. Es una burocracia básicamente sostenida con favores políticos y,

 

por tanto, porosa a la corrupción. Está adoctrinada bajo perspectiva militar,

preparada para ver a la población como latente enemigo interno, instruida

 

Consejo del Pueblo Maya 9

Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional

 

para someter a la ciudadanía, dando a la población indígena los peores tratos

despectivos. Desde los mandos locales, la burocracia municipal solo admite a

 

las autoridades indígenas como mandaderas de sus instrucciones y las coac-

ciona a un tipo de relación de mando basado en el clientelismo.

 

La burocracia ha sido educada para ser etnocida: reprender a la persona

indígena por no saber castellano, prohibir a la persona indígena hablar su

idioma materno o usar su vestimenta originaria; decidir los nombres de la

 

persona indígena en el registro civil; asumir decisiones arbitrarias y discre-

cionales a favor de personas ladinas en la mayoría de litigios laborales, ci-

viles y mercantiles y aplicar políticas que destruyen la organización comu-

nitaria que tenemos para el cuidado y protección de la vida de los bienes

 

comunes naturales en nuestros territorios.

La burocracia ha reproducido una cultura política que mantiene en secreto

 

la información pública. Pero lo más perverso en este esquema de organiza-

ción del derecho público es que la mayoría de Pueblos Indígenas no solo

 

no tenemos derecho a la libertad y al fortalecimiento de nuestras propias

instituciones de gobierno, sino que hemos sido excluidos del acceso a esa

 

burocracia estatal; no tenemos escuelas, universidades, hospitales, juzga-

dos, interlocutores desde el Estado para discutir los asuntos públicos y de

 

comunidad o para deliberar sobre las discordias. No hay espacios públicos

 

que incluyan la realidad, la voz y la autoridad indígena. El Estado está au-

sente en el 80% del territorio indígena guatemalteco.

 

La presencia del Estado en territorio indígena ha sido a través de la violencia.

 

Ese es el componente del derecho público más activo para mantener la co-

hesión nacional. El control militar y paramilitar sobre los territorios indígenas,

 

tanto como las violaciones sexuales y las masacres indígenas sucesivas, son el

modo de operación predilecto por el derecho público para asegurar el orden

interno. Ese método es permitido hasta hoy día con los recurrentes estados

de excepción para proteger los despojos de las transnacionales y las grandes

fincas.

 

La violencia coercitiva nació adentro de las grandes haciendas latifundis-

tas para vigilar el trabajo indígena forzado, se expandió detrás de las leyes

 

que sirvieron para regular el trabajo gratuito indígena en el montaje de la

infraestructura terrateniente, se asentó en los territorios para enganchar el

trabajo indígena para las fincas de exportación; se institucionalizó en cada

departamento con bases militares ramificadas en los municipios y mostró

más recientemente su criminal carácter etnocida con las 545 masacres que

se ejecutaron contra nuestra gente durante el conflicto armado interno,

siendo siete comunidades lingüísticas del Pueblo Maya, las más dañadas:

 

10 Consejo del Pueblo Maya

Consejo del Pueblo Maya

 

K’iche’ (25%), Kaqchikel (14%), Ixil (13%), Q’eqchi’ (11%), Achi (8%), Mam (6%)

y Chuj (5%), según lo afirmó la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

Con este derecho público no queremos seguir viviendo más. Ha dado vida

a un sistema jurídico anti-indígena, que promueve una educación cívica

donde se falsea la historia y se cultiva un pathos racista y servilista; que

desprecia la gestión de comunidad, que no respeta los intereses colectivos,

que pondera lo ladino para manipularlo a favor de la visión verticalista de

la gran empresa y del Estado y hacia impedir nuestros encuentros y nuestra

unidad como sociedad, dañando a toda la ciudadanía.

Tenemos siglos de estar siendo sometidos a una estructura jurídica estatal

que nos mata, nos racializa, nos niega y excluye de los espacios estatales y

públicos, nos administra como población desechable. A esa organización

jurídica del Estado no le interesa una sociedad fuerte y unida, no le interesa

 

que la población ladina y los Pueblos Indígenas mantengamos activos re-

conocimientos mutuos, menos que nos nutramos de las incontables luchas

 

que hemos levantado unos y otros para disolver las tiranías, las dictaduras

militares y la persistente inseguridad y explotación laboral.

Aún hoy día, después de cinco siglos de ocurrida la invasión española, el

Estado sigue creando dispositivos para hacer de nuestras vidas indígenas,

 

nuestras comunidades y nuestros territorios, la fuente principal de la acumu-

lación capitalista que está en el sustrato del modelo político desde el cual

 

manda la oligarquía y el neoliberalismo global.

El contrato social de ese derecho público nació para apoderarse de la vida

indígena y para manipular la vida ladina, porque es un contrato cuyo núcleo

doctrinal no concibe fines colectivos y no tiene ningún interés en socializar

la economía, respetar la Madre Tierra y proteger la vida comunitaria. Está

 

firmado con sangre y con extrema voracidad corporativista y capitalista, ca-

rece de ética de reciprocidad y ese signo nos perjudica a todas y a todos

 

los guatemaltecos.

  1. La democracia permitida trata a las ciudadanías como

un enemigo interno

Vinculamos el racismo y el monismo del derecho público estatal dominante

con la persistente fragilidad de la democracia guatemalteca. La democracia

es restringida en Guatemala porque la sociedad en su conjunto es la que

menos ha decidido la política pública, y porque los Pueblos Indígenas, que

conformamos la mayoría de la población, no tenemos espacios públicos

 

Consejo del Pueblo Maya 11

Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional

 

libres, ni derecho para decidir con, frente e incluso contra el Estado sobre

los asuntos que nos incumben o nos afectan.

Hay democracia cuando la sociedad es capaz de controlar al Estado, cuando

la sociedad puede asegurar la existencia de un contrapeso crítico sobre el

 

poder estatal para una adecuada distribución de bienes y capacidades y, es-

pecialmente, cuando lo público no se reduce a lo estatal, sino a la valoración

 

del bien común, a la capacidad y libertad de gestionar la satisfacción de las

necesidades esenciales, y cuando la sociedad tiene la capacidad política para

autorregularse y puede tomar decisiones sobre sus proyectos de vida.

Tristemente, los Acuerdos de Paz nunca se arraigaron ni institucionalizaron

como un real proyecto democratizador, mientras ya en esta época posterior

 

a la guerra, vemos el colapso de la paz y de su discurso político democráti-

co, especialmente por dos razones:

 

1o. No ha habido libertad para deliberar, decidir y resolver sobre las cau-

sas estructurales que reproducen las exclusiones sociales; y

 

2o. El restrictivo y censurado debate existente, solo acepta la búsqueda de

mejoras procedimentales para abordar las ineficiencias del Estado.

 

La verdad por la cual solo se tolera una democracia instrumental es que es-

tán intactas las dinámicas que provocan, de hecho, o con aval legal, alianzas

 

arbitrarias e inconsultas entre elites/mafias políticas y elites/mafias econó-

micas para reforzarse mutuamente, ya sea para concentrar riquezas, para

 

acumular poder o para disponer de recursos públicos con fines privados.

La actual Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG) abunda

 

en ambigüedades y contradicciones que dan continuidad histórica y pau-

ta futura a estos contubernios, especialmente porque justifica el rol de las

 

empresas privadas, como el fundamento de los fines del Régimen Econó-

mico Constitucional, definiéndolas como complementarias para “(…) utilizar

 

los recursos naturales, (…) incrementar la riqueza y (…) lograr el pleno em-

pleo” (Art. 118), fines que, por otra parte, y en sentido estricto, están muy

 

lejos de relacionarse con la satisfacción de las necesidades esenciales de la

población.

En Guatemala siempre se ha escondido la gestión o usufructo privado de

los bienes públicos. Siempre se ha ocultado que la oligarquía es tal porque

toda su vida ha vivido enriqueciéndose con nuestros impuestos. La oligarquía

se cree la dueña del Estado. Bajo esa estructura de poder se ha permitido

alta discrecionalidad a las decisiones monopolizadas por funcionarios(as)

 

12 Consejo del Pueblo Maya

Consejo del Pueblo Maya

 

estatales, incluido el ejército, sobre el destino de tierras, ríos, suelo, subsuelo

y otros bienes comunes naturales, e incluso sobre las prioridades y destino del

presupuesto público nacional, haciendo más bien que el Estado se convierta

 

en subsidiario de la gran empresa privada. Por esta racionalidad patrimonia-

lista, la descentralización del Estado se ha abierto al clientelismo político, a la

 

corrupción y al negocio corporativo de los servicios públicos.

La descentralización debe ser, ante todo, un proceso de carácter político,

un producto de la democratización y un instrumento para la planificación

democrática de la economía social, que demanda la distribución territorial

 

del poder público bajo control ciudadano y entre entidades políticas dota-

das de autonomía y gobiernos elegidos libremente.

 

Pero aquí la descentralización es un mito. Así también se ha frenado la de-

mocracia porque no existen candados legales para impedir el poder de

 

influencia y veto empresarial sobre los asuntos públicos y porque no exis-

ten conceptos legales constituyentes para la planificación democrática del

 

desarrollo desde las comunidades. El presidencialismo refrendado por la

CPRG y la concentración de poder y de información por los ministerios a

favor de grandes negocios son fuente directa de los patrimonios y de la

naturalización de los despojos de los que se ha servido la oligarquía.

Los ministerios o el organismo ejecutivo del Estado, han generado una

burocracia servil a los ricos, indispuesta para abrirse profesionalmente a la

 

descentralización y desconcentración de competencias e incapaz de planifi-

car resultados de desarrollo con las ciudadanías. Los ministerios se instalan

 

definiendo los departamentos como el territorio central y desde allí rami-

fican su ejecución arbitrariamente hacia los municipios, teniendo como re-

ferencia los intereses de corporaciones empresariales, caudillos o partidos

 

políticos o bien el mando presidencialista depositado en los gobernadores.

Un problema central de la democracia en Guatemala es que la autonomía

municipal nunca ha sido tal. Las formas de organización municipal funcionan

bajo la centralización de decisiones corporativas, muchas tomadas desde el

Estado central. Después del conflicto armado se ha acentuado el impulso

de una democracia disciplinaria que se enfoca en meros procedimientos,

con argumentos de neutralidad política, a modo de dar estabilidad a las

lógicas neoliberales de acumulación de capital.

De tal suerte que, por un lado, se vuelve cerrada la decisión estratégica

sobre el desarrollo a través de las alianzas público-privadas y, por otro lado,

se ejerce un (des) control sobre todas las políticas municipales. En ambos

casos el signo común es el desprecio a la gente y la manipulación de las

ciudadanías comunitarias o de las ciudadanías de los barrios urbanos.

 

Consejo del Pueblo Maya 13

Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional

 

La democracia municipalista permitida persigue el control territorial. Esto

ocurre claramente con la concentración absoluta de decisión que ejercen

banqueros y azucareros sobre el Instituto Nacional de Electrificación (INDE),

 

sobre la dirección de la política de electrificación nacional y sobre la insti-

tucionalidad de la electrificación, mientras en los territorios la Secretaría de

 

Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), la Empresa de

Energía Eléctrica de Guatemala (ENERGUATE) y el Centro para la Acción

 

de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala (CENTRARSE), ela-

boran descaradamente los planes territoriales de los municipios, sin previa

 

deliberación y consulta con las comunidades.

La democracia corporativa se observa también en el mando que ejerce la

oligarquía sobre las prioridades del Banco de Guatemala, con la captura

del presupuesto público por la banca privada, con el control monopólico

sobre las frecuencias de radio y televisión y también ocurre con el papel que

desempeñan entidades públicas como el Instituto Nacional de Bosques (INAB)

 

y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), y entidades público-

privadas como la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) y

 

el Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM), todas expulsando

a las ciudadanías de espacios económicos estratégicos, privatizándolos,

y reduciendo la participación ciudadana al mero regateo de obra gris. Las

demandas ciudadanas relacionadas con alternativas productivas, culturales y

sociales autogobernadas, simplemente se vuelven imposibles. Sin democracia

comunitaria no solo se envilece la participación de todas las ciudadanías

guatemaltecas, sino se vacía de sentido la democracia representativa.

 

Consideramos que, desde la CPRG, la Ley Orgánica del Organismo Ejecu-

tivo, el Código Municipal, la Ley de Descentralización y la Ley de los Con-

sejos de Desarrollo Urbano y Rural, se crean condiciones para hacer del

 

territorio comunitario un espacio permanentemente abierto para el saqueo

de bienes y el despojo de la condición ciudadana. Los signos comunes que

configuran este conjunto operativo conceptual e institucional son:

  1. No dar poder (ni tiempo ni espacio) de decisión ciudadana sobre los

recursos, presupuestos, prioridades y asuntos públicos relacionados

con sus comunidades; y

 

  1. No crear capacidades y relaciones ciudadanas comunitarias para cul-

tivar y defender el autogobierno o la autonomía municipal. El funcio-

nariado departamental o municipal crea redes cautivas de clientela

 

política.

 

14 Consejo del Pueblo Maya

Consejo del Pueblo Maya

 

De ahí que, en ausencia de democracia comunitaria, la mal llamada de-

mocracia participativa, levantada discursivamente por los gobiernos esta-

blecidos después de la firma de la paz, se ha convertido en un peligroso

 

instrumento para controlar y manipular a la gente. Esa es la gran trampa

 

de los consejos de desarrollo. Son estructuras de falsa participación ciu-

dadana cuya organización ha sido impuesta forcivoluntariamente sobre las

 

comunidades, causando además los más dañinos golpes a las asambleas

comunitarias y al autogobierno indígena conservado por siglos, además de

 

reproducir la fragmentación, el machismo y el caudillismo local. Los conse-

jos de desarrollo han servido más para compensar las graves incapacidades

 

estructurales en la coordinación y descentralización del Estado en los terri-

torios municipales.

 

Según la ley, la participación en los consejos solo permite a la ciudadanía

 

“promover”, “proponer” y “propiciar”. La ciudadanía no decide. No se con-

cede el derecho de priorizar y decidir sobre los presupuestos de inversión

 

pública y, otra vez, siguiendo la lógica colonialista municipal, en este espa-

cio también es la obra gris la única agenda concedida para un debate car-

comido por el patrimonialismo. La tecnocracia define las prioridades presu-

puestarias sometidas a los partidos políticos y teniendo como interlocutor

 

activo al sector privado corporativo.

La planificación e inversión pública finalmente decidida y ejecutada corre

 

a cuenta de los partidos políticos, de la concentración de poder en los al-

caldes y, especialmente, en los gobernadores, estos últimos de gran poder

 

departamental (incluso por encima de los alcaldes), los cuales son desem-

peñados por designación presidencial. El núcleo doctrinal del organismo

 

ejecutivo, del municipalismo y de los consejos de desarrollo privilegia la

finalidad corporativa empresarial, y no así la finalidad colectiva comunitaria.

Ese núcleo doctrinal está protegido por la actual CPRG.

 

La privatización de la política pública acentúa la desigualdad social. No exis-

te el mismo estatuto de ciudadanía para toda la población guatemalteca.

 

La desigualdad social es otra causa directa de la democracia restringida e

implica un despojo criminal de los derechos de ciudadanía para todos los

pueblos que coexisten en el país. La redistribución ha sido borrada de la

narrativa política desde la contrarrevolución de 1954, por lo que afirmamos

que otra causa de la democracia restringida hegemónica es que ninguna

ley y práctica continuada en el ejercicio de gobierno han dado sentido a la

solidaridad fiscal como componente activo de la democracia.

 

Consejo del Pueblo Maya 15

Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional

 

La inequidad fiscal es un nudo que impide la democracia real. La carga tri-

butaria se sostiene con un 75% de impuestos indirectos y no supera al 10%

 

como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), mientras el promedio en

América Latina es de aproximadamente un 23%. Guatemala también lidera

 

el porcentaje más bajo de Centroamérica en inversión social. La CPRG ca-

rece de visión sobre que el fin primordial de la planificación presupuestaria

 

debe ser una democracia viva e interesada en las necesidades de la gente,

 

su salud y su dignidad. El presupuesto público carece de mandato consti-

tucional para ser fuente directa de dignidad y de distribución equitativa de

 

bienes públicos.

También advertimos que, aunque la desigualdad afecta a la mayoría de los

habitantes de todos los pueblos, las mayores brechas de inequidad están

depositadas sobre los Pueblos Indígenas. En promedio de la última década,

por cada quetzal invertido en población no indígena, el Estado solo invierte

45 centavos en los Pueblos Indígenas. Tal desigualdad entre pueblos marca

una geografía política de exclusión étnica, confirmando de nuevo el racismo

de Estado, a pesar de que como Pueblos Indígenas hacemos mayoría en

casi la mitad de los municipios de Guatemala.

 

¿Cómo se expresa así la democracia representativa en Guatemala? La de-

mocracia representativa está en crisis en todo el mundo. Según la Corpo-

ración Latinobarómetro, dos terceras partes de las y los latinoamericanos

 

confían poco o nada en instituciones como el Congreso o los partidos po-

líticos y tres de cada cuatro consideran que los gobiernos no representan

 

los intereses de la mayoría de habitantes, sino los de una minoría poderosa.

 

Nuestra crítica a la democracia representativa guatemalteca se orienta es-

pecialmente en cuatro direcciones:

 

  1. La que coincide con el malestar ciudadano en América Latina: el ré-

gimen político tolera la falta de democracia interna de los partidos

 

políticos; pondera, por tanto, el caudillismo, el machismo y el patrimo-

nialismo partidista; no da relevancia a la responsabilidad ideológica y

 

programática de los partidos ni a la educación cívica; y disimula que

el (contra) sentido de la mayoría de partidos sea el ser voceros y estar

dominados por mafias y poderes económicos. Los cambios empujados

al respecto son los más numerosos, pero todavía insuficientes.

  1. Que el régimen político sobrepone la democracia representativa por

sobre la comunitaria y la participativa, invalidando a estas últimas. Y,

 

por supuesto, no reconoce la Democracia Plurinacional, que es la equi-

dad entre los pueblos.

 

  1. La paridad entre mujeres y hombres para las candidaturas políticas ha

sido recurrentemente engavetada, a pesar de ser un criterio al cual se

 

están abriendo muchos países latinoamericanos. Estas brechas de re-

presentación entre mujeres y hombres cierran los espacios para situar

 

las demandas, necesidades y proyectos de las mujeres en las priorida-

des de Estado y de gobiernos.

 

  1. No existe ningún espacio permitido para la representación de los Pue-

blos Indígenas. La representación indígena se individualiza haciendo

 

imposible construir soluciones para la realidad colectiva de nuestros

pueblos. La democracia representativa está destruyendo los espacios

públicos propios de autogobierno indígena.

Nuestra convocatoria a construir un pacto político entre Mayas, Xincas,

Garífunas y Ladinos/Mestizos, para fortalecer la democracia en Guatemala

nace de la convicción de que la democracia representativa es insuficiente,

patriarcal y racista. También nace de la convicción de que la democracia

comunitaria es una demanda histórica de los Pueblos Indígenas y, a su vez,

es una condición indispensable para asegurar que todas las ciudadanías de

mujeres y hombres, sin distinción de pueblo alguno, tengan mayor control

y poder sobre el espacio público estatal, y más libertad para abrir espacios

públicos no estatales. La democracia restringida enfatiza el derecho a elegir

 

y ser electo como la máxima expresión de la democracia y sin alterar el con-

trol que la oligarquía tiene sobre el Estado. La democracia, por tanto, debe

 

profundizarse hacia adentro de las comunidades fortaleciendo la soberanía

los cuatro pueblos que aquí coexisten.

  1. Permanente usurpación y destrucción de nuestra

comunalidad

 

Desde todas las comunidades lingüísticas del Pueblo Maya y desde los Pue-

blos Xinca y Garífuna, han nacido muchísimas estrategias para la conservación

 

y guardianía de la Madre Tierra y para la preservación de nuestra identidad

y autogobierno, así como muchas luchas para enfrentar, resistir y detener los

abusos de poder de las empresas neoliberales y del Estado. Estas estrategias

 

y luchas son el resultado de una producción comunal de la política. Esa pro-

ducción comunal de la política es la que defendemos como parte de nuestra

 

historia y como componente clave de una Democracia Plurinacional.

Por ese motivo, nos sentimos obligados a reconocer esta lucha histórica

 

de cada mujer y hombre, niño, niña, joven, anciana y anciano, que han cul-

tivado por siglos nuestros conocimientos y experiencias de comunalidad,

 

Consejo del Pueblo Maya 17

Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional

 

quienes como integrantes de las comunidades llevan en su memoria las

deliberaciones y decisiones de nuestras asambleas, así como su disposición

a hacer trabajo comunal para beneficio de todas y todos.

 

Nuestros valores políticos nacen de nuestro aprendizaje y respeto hacia nues-

tra historia de autogobierno, así como de la convicción de que, desde el régi-

men político dominante, crece el acoso e interés por destruir nuestras asam-

bleas, nuestra organización y nuestras autoridades nombradas y delegadas

 

por decisión de nuestras asambleas. Afirmamos que la práctica asamblearia

 

no delega soberanía; la ejerce directamente. Nosotros ejercemos la sobe-

ranía desde nuestras asambleas y esta práctica no la queremos perder; al

 

contrario, la queremos potenciar, por lo que nuestra unidad es indispensable,

dado que la política asamblearia está amenazada en todos los territorios.

En estas luchas no queremos irrespetar ni perder la fuerza de nuestras

asambleas, que es la misma fuerza de nuestras autoridades, que forman un

 

amplio cuerpo de servidoras y servidores comunitarios, elegidos en asam-

bleas, que se turnan y rotan para ser responsables y dar servicio a la comu-

nidad. Valoramos la íntima relación que existe entre las decisiones de las

 

asambleas y los actos de las autoridades indígenas que fueron nombra-

das como tales, dado que nuestras autoridades están llamadas a obedecer

 

la voluntad comunal expresada soberanamente en las asambleas. Por eso

mismo, también condenamos la impostura de la democracia del régimen

político dominante porque, estimulando la precariedad, la sobrevivencia y

 

las amenazas contra nuestros bienes comunes naturales, empujan a autori-

dades indígenas a meterse en prácticas de servilismo y clientelismo político,

 

alrededor de la búsqueda de proyectos.

Las alcaldías indígenas han renacido después del conflicto armado interno

 

como una necesidad de organización propia, y se han creado alianzas nue-

vas entre autoridades de varios municipios, lo cual da fuerza a nuestro auto-

gobierno. Pero debemos advertir el gran acoso que crece contra nuestros

 

pueblos, al grado que el régimen está asesinando a nuestros dirigentes,

mujeres y hombres, y también está estimulando liderazgos y alcaldías que

no son elegidas en asambleas. No podemos seguir aceptando los términos

y nombramientos de “alcalde comunitario” y “alcalde auxiliar”, manipulados

por los alcaldes municipales. Ya no podemos permitir que las autoridades

comunitarias, nombradas en asamblea, sean llevadas a seguir dinámicas

clientelares bajo el perverso esquema de los consejos de desarrollo y el

municipalismo colonialista.

La CPRG solo concede al Estado las tareas de “reconocer”, “respetar” y

“promover” a las comunidades indígenas, mientras el Código Municipal nos

 

18 Consejo del Pueblo Maya

Consejo del Pueblo Maya

 

manda a inscribirnos al registro civil como si fuéramos simples asociaciones.

La autoridad indígena no es reconocida ni asumida por el Estado, porque a

 

la vez existe una guerra permanente del Estado, partidos y empresas con-

tra nuestras autoridades y asambleas de comunidad, desde donde siempre

 

han nacido nuestras estrategias de defensa de nuestras tierras.

Por eso también reconocemos los aportes de la intelectualidad indígena

 

guatemalteca al estudiar estos abusos, así como al sistematizar nuestras es-

trategias de resistencia y de organización de nuestras vidas colectivas, y al

 

hacer propuestas para reconocer el “nosotros comunitario”, y pensar nues-

tros gobiernos en libertad, gracias a lo cual tenemos conocimientos acu-

mulados para nuestro cuidado (producir agua, reforestar bosques, cuidar la

 

biodiversidad, construir caminos, delimitar nuestras tierras, cuidar nuestros

 

bienes, defender nuestros idiomas, producir nuestra medicina, nuestros ali-

mentos, nuestros tejidos, nuestro arte, crear alternativas productivas y de

 

mercado, etc.).

 

Sabemos por carne propia que a las autoridades indígenas no se les reco-

noce, no se les da espacio, no se les da la palabra, no se les da el diálogo.

 

A las autoridades indígenas tampoco se les respeta porque no se les da su

lugar. El Estado no mide sus límites en su trato con nuestras autoridades,

tal como lo viven a diario cientos de comadronas expuestas a menosprecio

 

y abusos en los hospitales y centros de salud o cientos de tejedoras a quie-

nes no se les reconocen sus artes y demandas. A las autoridades indígenas

 

tampoco se les promueve, más bien las están matando y metiendo en las

cárceles. Si hubiera promoción habría apoyo, fortalecimiento de nuestros

 

autogobiernos, que no dañan a nadie, y también habría la ruta para to-

marnos en cuenta para decisiones económicas y políticas que nos afecten,

 

incluso de índole nacional.

Pero advertimos que los Pueblos Indígenas de Guatemala no estamos solos

en esta lucha. Hay más de 370 millones de personas indígenas que residen

en 90 países en todo el mundo. Todos los Pueblos Indígenas tenemos en

 

común una historia de desarraigo territorial, de sometimiento, discrimina-

ción, muchas violaciones y abusos de poder. Desde los años setenta viene

 

creciendo nuestro grito en toda América Latina, con alto protagonismo de

los Pueblos Indígenas en Mesoamérica, para demostrar y liberar nuestra

existencia. Existimos y nuestras demandas son legítimas: queremos que

nuestras raíces milenarias se desplieguen sin opresión.

En respuesta a las graves violaciones en contra nuestra y como resultado de

las propias luchas y cabildeos del liderazgo indígena mundial, han surgido

 

Consejo del Pueblo Maya 19

Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional

 

en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU), los Derechos

Humanos de los Pueblos Indígenas. No se trata de un derecho de minorías,

sino de un derecho de pueblos que, como tales, pueden determinarse de

forma libre y autónoma.

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue el primer organismo in-

ternacional que desde 1920 abordó los asuntos indígenas y quien advirtió la

 

urgencia de que la comunidad internacional prestara atención a las injusti-

cias cometidas contra los Pueblos Indígenas y cooperara con ellos. En 1989

 

la OIT elaboró el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (No. 169),

el cual fue suscrito por el Estado de Guatemala hasta 1996. En 1969 cobró

 

vigencia la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las For-

mas de Discriminación Racial (CERD), la cual fue suscrita por el Estado de

 

Guatemala hasta 1983.

 

La ONU, con la creación del derecho internacional de los Pueblos Indíge-

nas, ha desarrollado numerosos mecanismos de protección. Guatemala ha

 

recibido la visita de cuatro relatores(as) de derechos indígenas de la ONU

y, hasta ahora, el Estado no ha atendido ninguna de sus recomendaciones.

 

La ONU, además, ha puesto énfasis crítico en la negativa del Estado a pro-

mover la democratización de los medios de comunicación, incluyendo la

 

resistencia del Congreso de la República para certificar la propuesta de Ley

de Medios de Comunicación Comunitaria, apoyada por 40 mil firmas.

La aprobación en 2007 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los

 

Derechos de los Pueblos Indígenas marcó la culminación de décadas de ne-

gociaciones entre estos pueblos y muchos Estados. Esta Declaración es el

 

instrumento internacional de más amplio espectro a favor de los derechos

de los Pueblos Indígenas. Otorga preeminencia a los derechos colectivos

en un grado sin precedentes en el derecho internacional; y establece un

marco universal de criterios mínimos para la dignidad y el bienestar de los

Pueblos Indígenas del mundo. El Estado de Guatemala dio voto a favor de

la Declaración, mientras que ya ha pasado una década donde, a pesar de

ser firmante, ha mostrado alianzas sucesivas con la industria extractiva para

 

criminalizar a los Pueblos Indígenas por defender sus asambleas, sus con-

sultas comunitarias, frente a las lógicas empresariales de despojo.

 

Por eso consideramos la unidad indígena como indispensable. Una unidad

política que eleve la voz para que se activen en nuestro país los Derechos

Humanos de los Pueblos Indígenas. Estos derechos no son una concesión

del Estado de Guatemala, sino una obligación que asumió al ratificar los

convenios y declaraciones internacionales en esa materia. Es urgente que

 

20 Consejo del Pueblo Maya

Consejo del Pueblo Maya

 

se reconozca que los titulares de los Derechos de los Pueblos Indígenas son

los Pueblos Indígenas; no es el Estado, sino los pueblos.

Si las mafias económicas y políticas siguen capturando y determinando las

prácticas del Estado, y si siguen sosteniendo un régimen jurídico-político

con una legalidad colonialista, que ni siquiera está dispuesta a respetar sus

mediocres leyes internas, y menos el derecho internacional de los Pueblos

Indígenas; entonces, amerita dotarnos de fuerza política a modo de crear

las oportunidades para destruir a esos poderes constituyentes colonialistas

y abrir una nueva fundamentación política para construir otro poder público

estatal.

El problema a encarar es el amarrado histórico de nudos entre racismo y

desigualdades. Las ciudadanías somos en razón directa de los derechos

 

que nos reconocemos entre sí y de los fundamentos que organizan e ins-

tituyen nuestra vida política. Hasta hoy, los fundamentos e instituciones

 

constituyentes del actual régimen político bloquean las ciudadanías; solo

toleran escalas de súbditos, donde los Pueblos Indígenas están soterrados.

El núcleo de la ciudadanización occidental ha sido controlarnos y someter

el comunalismo indígena para una criminal explotación, creando contextos

territoriales de despojo, concentración y destrucción de la vida. Esa lógica

no debe continuar.

 

Consejo del Pueblo Maya 21

  1. Nuestra propuesta: Un Estado que

respete la diversidad y resguarde

la democracia comunitaria,

participativa, representativa

y plurinacional

 

  1. Cinco fundamentos constituyentes

de la plurinacionalidad

 

Hasta ahora la nación ha sido forjada con los engaños de un Estado crimi-

nal. Todas las constituciones políticas de Guatemala han elogiado la unidad

 

nacional, pero siempre han decretado regímenes jurídico-políticos que no

 

garantizan nuestra comunidad y cohesión social, ni incluyen a toda la po-

blación como libre e igual en derechos. Frente a esa ignominia, queremos

 

potenciar todas las dinámicas y procesos que buscan articular el territorio

 

guatemalteco desde abajo, desde las periferias, desde las formas históri-

cas de acción y lucha por la dignidad, de invención de espacios de vida y

 

deliberación, de impulso a la diversidad de colectividades, comunidades y

pueblos existentes en los territorios e historias del país. Lo común tenemos

que inventarlo e institucionalizar sus formas de realización.

Para salir al paso al recurrente fracaso de las elites económicas en gobernar

con estabilidad, además de sus meros reajustes procedimentales, el poder

 

político dominante ha tratado de convencernos con estrategias que apues-

tan a la descentralización y al multiculturalismo. Afirmamos que el multicul-

turalismo siempre ha existido, desde antes de la invasión española, pero el

 

multiculturalismo como estrategia de unidad del Estado ha sido producido

como racismo, autoritarismo y desigualdad, abriendo islas microscópicas

en un océano de uniformidad, carente de democracia. La descentralización

 

siempre ha sido un recurso para reproducir el poder colonialista, y para sos-

tener un municipalismo farsante e incapaz de articular y dar poder de deci-

sión a las comunidades.

 

Mientras no se cambie la forma de producir el poder político y social;

 

mientras no transformemos las condiciones legales e institucionales de po-

der existentes, de las cuales somos responsables y sujetos políticos, será

 

22 Consejo del Pueblo Maya

Consejo del Pueblo Maya

 

imposible reconstruir una unidad social desde los intereses vitales de la

 

gente. Pensamos que la convocatoria y realización de una Asamblea Pluri-

nacional Constituyente es una oportunidad, entre varios momentos eman-

cipatorios, como horizonte político inmediato, que puede dinamizar mu-

chos procesos de largo aliento para imaginar y echar a andar una nueva

 

convivencia.

 

Esta apuesta por redefinir las bases constituyentes del Estado, de la so-

ciedad y de las ciudadanías no se reduce a un proyecto político, sino bus-

ca abrir brecha para darle plena continuidad a la historia de nuestras lu-

chas y procesos por la vida, el bienestar, la dignidad, el reconocimiento

 

de derechos y la libre reorganización social. Invocamos nuevos poderes

constituyentes como perspectiva de establecimiento general de nuevas

instituciones políticas y de propiedad, intercambio y socialización, porque

 

la magnitud del cambio que necesitamos, debe darnos un impulso sin pre-

cedentes para destruir las estructuras autoritarias, así como energía para

 

una sana, fraterna y libre búsqueda de nuevas formas de convivencia y de

gobierno.

El punto de partida radica en darle un significado poderoso a la Ciudadanía

Plurinacional. Necesitamos reorganizar al Estado y reorganizar lo público

 

en razón de los intereses comunes de las ciudadanías de los cuatro pue-

blos que cohabitan en el país, donde mujeres y hombres tengan los mismos

 

derechos y oportunidades. La ciudadanía es una trayectoria histórica de

construcción de derechos, nacida desde la mirada civilizatoria occidental,

que debemos reconducirla y mejorarla hacia un conjunto de prácticas que

valoren por igual a mujeres y hombres, a la producción y a la reproducción

 

de la vida, colocando el Buen Vivir en el centro, y también como una prác-

tica permanente de profundo respeto hacia la Madre Tierra. Aspiramos a

 

enterrar los patrones de estas sociedades machistas, xenofóbicas, racistas,

 

fascistas, ecocidas, consumistas y homocéntricas, apostando a liberar y dig-

nificar nuestras ciudadanías.

 

Nuestra propuesta de instituir en Guatemala una Democracia Plurinacional

consiste en unirnos como ciudadanas y ciudadanos de los cuatro pueblos

 

para construir formas, normas, instituciones, ideas, prácticas y actos de con-

vivencia que, por una parte, contengan y potencien espacios estatales y pú-

blicos no estatales con democracia comunitaria, participativa y representa-

tiva y, por otra parte, garanticen que los cuatro pueblos que aquí coexisten

 

(con la activa acción de las mujeres, los movimientos y las organizaciones

populares), sean los sujetos protagonistas de esas democracias y cuenten

 

Consejo del Pueblo Maya 23

Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional

 

con condiciones para hacer gobierno compartido, construyendo así Demo-

cracia Plurinacional.

 

Nuestra visión de Democracia Plurinacional se orienta en las siguientes

direcciones:

  1. Fortalecer la libre organización y la democracia comunitaria para la

 

producción y reproducción de la vida, desde los territorios. Aquí in-

cluimos el derecho de los barrios urbanos a pensar en su bienestar

 

geopolítico;

 

  1. Ejercer y potenciar la amplia participación, representación y libre de-

terminación de los Pueblos Indígenas, donde las mujeres indígenas

 

potencien sus vidas;

  1. Permitirnos los pueblos Maya, Xinca, Garífuna y Ladino/Mestizo, el

 

Buen Vivir, sin discriminación, sin represión, sin racismo, sin desigual-

dad; sin el capital contra el trabajo, sin la economía contra la Madre

 

Tierra y sin violencias entre hombres y mujeres;

  1. Abrir muchas oportunidades y crear condiciones y capacidades para

que las poblaciones más vulneradas por siglos, como las mujeres y las

juventudes, especialmente indígenas, pueden acceder a sus proyectos

de vida, sin agresiones y migraciones asesinas;

 

  1. Ejercer las ciudadanías de mujeres y hombres en libertad y digni-

dad y democratizar la sociedad, cambiando nuestros peores hábitos

 

heredados.

Esta es una lucha gigante que requiere nuestra unidad como pueblos

Maya, Xinca y Garífuna, sabiendo que, además, no podemos destruir

estos abusos sin abrirnos a la unidad con la población o pueblo Ladino/

Mestizo. Nuestra convocatoria, por tanto, tiene en su corazón el deseo

de construir un gran pacto político entre los cuatro pueblos, y que tenga

como el primer punto de partida la unidad de los Pueblos Indígenas.

 

Esta unidad es fundamental para impulsar nuestras luchas, especialmen-

te porque el éxito de la desigualdad y del racismo, deriva de mantener

 

a los Pueblos Indígenas incomunicados, fragmentados, sometidos en

la exclusión económica y supeditados a la competencia entre partidos

políticos.

No debemos conformarnos con la ampliación de espacios estatales con

representación partidaria, sino demandar más espacios públicos para las

 

24 Consejo del Pueblo Maya

Consejo del Pueblo Maya

 

ciudadanías, para la gente, desde la gente y con el control de la gente, in-

dependientemente del pueblo al que pertenezca. Llamamos a fortalecer la

 

capacidad colectiva y local de apropiación, gestión y usufructo del trabajo

y la riqueza pública y/o común. Llamamos a democratizar al Estado, pero

 

también a la sociedad, a modo de que la población construya más capaci-

dad y poder para garantizar la reproducción material de la vida.

 

Ese desafío implica que, desde el poder que una nueva Constitución Po-

lítica Plurinacional de Guatemala nos confiera para construir un Estado

 

asentado en la soberanía de los cuatro pueblos (Maya, Xinca, Garífuna y

Ladino/Mestizo), y visualizando las grandes transformaciones que de ese

cambio deban derivarse, se normen nuevas prácticas e instituciones para

 

eliminar los privilegios y el tráfico de influencias de los poderes corporati-

vos y se abran procesos de deliberación y libertad ciudadana, comunitaria

 

y de barrios, para decidir sobre el uso y cuidado de los bienes comunes

naturales y sociales disponibles, sean estos la tierra, el agua, los bosques,

los alimentos, la salud, la educación, la recreación, la seguridad social, el

mercado, el transporte, la energía eléctrica y otros bienes y servicios de

interés común.

Debemos unirnos para frenar de raíz la paralización y desorganización de

las formas comunitarias de vida. Llamamos a la unidad de las ciudadanías

de los cuatro pueblos para frenar de raíz la recurrente apropiación privada

 

de los asuntos públicos y de los bienes comunes naturales. Debemos rede-

finir la comprensión de lo público en razón de que, lo que nos es común es

 

nuestra vida, la vida de nuestros territorios, y esos aspectos no se reducen

a lo estatal y menos a lo partidario. Los bienes comunes naturales (el agua,

 

cuencas hídricas, bosques, aire, etc.) y los bienes comunes sociales (la sa-

lud, educación, saneamiento, electricidad, transporte y vivienda, etc.) son

 

un bien para nuestra vida y, por tanto, son los pueblos y las ciudadanías

los llamados a decidir sobre su gestión y cuidado. Debemos tener mayor

control político, más democracia, para vigilar al Estado en la guardianía de

estos bienes.

También necesitamos valorar la repolitización de nuestra ciudadanía, lo que

quiere decir que necesitamos volver a poner atención precisamente sobre

los bienes que requiere nuestra vida, sobre los problemas o asuntos frente

a los cuales el actual dominio jurídico-político se empeña en hacer que nos

 

resignemos, que nos volvamos indiferentes o que nos conformemos y de-

pendamos solo de los procedimientos electorales que ofrece la democracia

 

representativa.

 

Consejo del Pueblo Maya 25

Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional

 

Sin embargo, este ánimo para crear capacidad común con el fin de au-

torregularnos, también obliga a encarar un nudo político que está en el

 

proyecto ladino/criollo dominante en el Estado, porque en ese nudo,

curiosamente, nace la privación y privatización de derechos, que daña

el ejercicio ciudadano en su conjunto. Ese nudo consiste en que están

estructuradas las condiciones para destruir a los Pueblos Indígenas, la

mayoría de la gente que está en las comunidades, la mayoría de mujeres

de Guatemala, mientras se amarra con convertirnos a todos(as), ladino/

mestizos o indígenas, en meros objetos para el rendimiento laboral y el

consumismo.

 

Los Pueblos Indígenas somos comunidades políticas históricamente esta-

blecidas. Tenemos una larga historia de pertenencia colectiva hacia formas

 

políticas de asociación, de relaciones compartidas, de reconocimiento mu-

tuo y de construcción de instituciones y principios que ordenan nuestra vida

 

comunitaria, historia, idiomas, maneras propias de construir economía y ser-

vicios sociales de comunidad, justicia y formas de autogobierno, todas las

 

cuales configuran una pertenencia y visión del mundo distinta al proyecto

ladino/criollo dominante.

Nos hemos pensado en comunidad y tenemos lazos de comunidad que no

son estrictamente geográficos: son históricos, sociales y simbólicos. Nuestra

 

comunidad es también territorial en el sentido que todos los Pueblos Indí-

genas tenemos comunidad de asentamientos matriciales donde el cuidado

 

de nuestra vida implica el cuidado de los territorios. No idealizamos nuestra

organización, queremos potenciarla. Ahora bien, para lograrlo requerimos

de condiciones que siempre nos han sido negadas.

 

Queremos que se incorpore libremente la historia política de nuestras so-

ciedades en la cohesión del régimen jurídico-político de Guatemala. Esa

 

historia política da cuenta de la importancia que tiene la comunalidad no

 

solo para la vida indígena, sino también para la vida de las poblaciones la-

dinas que viven en el mismo territorio, desde donde nuestras autoridades

 

se han abierto para construir alianzas, valorando unos y otros, el beneficio

comunal para proteger los intereses individuales.

 

Ya hemos dicho que el colonialismo del régimen jurídico-político de Gua-

temala ha consentido, para su usufructo y beneficio, la coexistencia subor-

dinada de los diversos sistemas normativos de los Pueblos Indígenas. Esta

 

permisibilidad ha sido en condiciones de acoso, despojo, desigualdad y

desconocimiento permanente de lo que somos. Se ha reducido nuestro

bagaje normativo social a meras costumbres de resolución de conflictos.

 

26 Consejo del Pueblo Maya

Consejo del Pueblo Maya

 

No aspiramos, por tanto, a aceptar una igualdad a través del concepto clá-

sico burgués del derecho civil que está contenido en el núcleo ladino/criollo

 

dominante y que se reduce al derecho civil como una abstracta libertad

individual.

 

De lo que se trata es de establecer igualdad entre estos diferentes con-

juntos normativos. Estamos de acuerdo con que la democracia es un siste-

ma que propicia formas igualitarias de libre determinación de las personas.

 

Pero esto no implica que en la igualación desaparezcamos como pueblos y

como personas con una historia y modo de vida colectivo diferentes. Somos

personas con memoria de pueblos y constituimos la mitad o la mayoría de

la población de este país.

La igualdad no implica que se “mejore” formalmente lo que ya existe, tal

como se trató de hacer en la CPRG de 1985, cuando se redujo nuestra

 

existencia a una mera identidad folclórica cultural y se incorporó el capítu-

lo de “Comunidades Indígenas”. Tal idea de igualdad es el reconocimiento

 

de una ciudadanía etnocéntrica criollo-ladina. Fortalecer la democracia

implica que se instaure un principio de igualdad entre una pluralidad de

 

sujetos políticos colectivos, y garantizar que, como pueblos, podamos te-

ner libertad de pensar, debatir y construir una pluralidad de formas de

 

democracia.

Hasta el momento, el elemento civil y político estrictamente aceptado para

 

la ciudadanía guatemalteca (libertad de la persona, de expresión, de pensa-

miento y religión, derecho a la propiedad, a establecer contratos, derecho

 

a la justicia, derecho a elegir y ser electo, etc.) está declarado por ley desde

1945 y ha sido reiteradamente violado para las ciudadanías indígenas. Ese

es el agravante: no existen evidencias de que el sistema haya “cedido” a los

Pueblos Indígenas ni siquiera esos derechos civiles. Si no se reconoce el

componente colectivo de la ciudadanía indígena, que consiste en nuestra

condición de ser pueblos con estatutos propios, que reproducen nuestras

nociones comunes de vida, los retrocesos democráticos serán cada vez más

galopantes.

 

Advertimos que una persona indígena no puede tener libertad real y efec-

tiva como persona, si su propio ser, su gente y su pueblo, es objeto de

 

persecución, racismo, segregación y despojo. Si no se reconoce que los

interlocutores de la política son pueblos, es decir, sujetos con referentes

colectivos históricos, será imposible en Guatemala democratizar al Estado

y democratizar a la sociedad. Nosotros llamamos a valorar y reconocer la

 

Consejo del Pueblo Maya 27

Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional

 

coexistencia de todos los pueblos, sin discriminación. A ese desafío le lla-

mamos Democracia Plurinacional.

 

Para tal desafío, se requiere descentrar la concepción de derecho y de

derechos humanos en el mero individualismo porque con ello se contiene

desigualdad, ya que se desarticula la noción de colectividad y de referentes

colectivos que también existen como principios organizadores de la vida

y se niega la visión de derechos que los pueblos indígenas conceden a

la Madre Tierra. Los seres humanos somos historias, somos expresión de

diversas formas políticas, sociales y culturales y no debemos vernos como

los seres superiores respecto a la vida en general. No existe lo humano

en general ni lo humano universal. Llamamos a darnos la oportunidad de

repensarnos en nuestras diferencias, entrelazar nuestras deliberaciones

acerca de qué es lo humano, a distanciarnos de esa lógica que universaliza

a una cultura como mejor que la otra y que somete a la Madre Tierra.

Si no se establece una igualdad macro entre las diversas culturas y formas

 

de gobierno de los pueblos, las personas indígenas seguirán siendo discri-

minadas y situadas en las más hondas brechas de inequidad. Mientras pen-

semos en términos políticos de “individuos” para concebir los derechos y la

 

igualdad ante la ley, no podremos superar el colonialismo interno. Para que

las ciudadanías se potencien, los pueblos necesitan ser y ser en libertad,

tanto en lo personal como en lo colectivo. Y esta exigencia cobra la mayor

relevancia para romper las brechas de inequidad en que viven las mujeres

indígenas.

Bajo esta argumentación proponemos y desarrollamos lo que llamamos los

cinco fundamentos constituyentes de la Democracia Plurinacional:

1o. Reconocer la identidad y los derechos colectivos de los Pueblos

Indígenas;

 

2o. Reconocer el pluralismo normativo y la libre determinación de los Pue-

blos Indígenas;

 

3o. Unidad de visión de los cuatro pueblos para el bien común;

4o. El gobierno plurinacional del Estado es cogobierno de los pueblos; y

5o. Construir una Cultura Plurinacional.

 

28 Consejo del Pueblo Maya

Consejo del Pueblo Maya

 

1.1 Reconocer la identidad y los derechos colectivos de los

Pueblos Indígenas

 

El primer fundamento de la Democracia Plurinacional consiste en tras-

pasar el umbral de la ciudadanía como derecho de individuos, admi-

tir la identidad histórica y dinámica de cada pueblo, y como socie-

dad y nuevo Estado, reconozcamos los derechos colectivos de los

 

Pueblos Indígenas, definamos igualdad y libertad para los cuatro pueblos,

a nivel individual y colectivo: 1o. La población o Pueblo Ladino/Mestizo,

 

2o. El Pueblo Garífuna, 3o. El Pueblo Xinca y 4o. Las 22 comunidades lin-

güísticas del Pueblo Maya (Achi’, Akateco, Awakateco, Chalchiteco, Ch’orti’,

 

Chuj, Itza’, Ixil, Jacalteco, Kaqchikel, K’iche’, Mam, Mopán, Poqomam, Po-

qomchi’, Q’anjob’al, Q’eqchi’, Sakapulteco, Sipakapense, Tektiteko, Tz’utujil

 

y Uspanteko).

 

Entonces, admitir el ser, la libertad y la igualdad entre los cuatro pueblos im-

plica incorporar sus derechos individuales y colectivos en una Constitución

 

Política Plurinacional y en el ordenamiento jurídico-político del país. Ese es

el primer fundamento para profundizar las diversas formas de democracia,

así como para llevar la realidad plurinacional de la sociedad a que sea una

 

cualidad jurídica sustantiva del régimen político estatal y social en su con-

junto. La igualdad de derechos entre los pueblos hará posible no solo el

 

despliegue de la libertad individual para discutir los asuntos públicos, sino

 

también hará posible la libertad de opinión, acción y posición de los pue-

blos, en tanto colectividades, ya sea en ámbitos comunitarios, municipales,

 

regionales o nacional.

Este fundamento se resume en el derecho a ser y vivir como pueblos,

respetando y traduciendo nuestras diferencias. La Constitución Política

Plurinacional debe ser una ley global que resguarde el núcleo común de

nuestra diversa relación social. De hecho, proponemos, entre los primeros

 

artículos de una nueva Constitución, el señalar que la soberanía del Esta-

do reside en los pueblos, en plural, porque será de los cuatro pueblos de

 

donde emanen sus funciones y obligaciones. También proponemos oficia-

lizar todos los idiomas, asegurando que el Estado utilice como segundo

 

idioma oficial y obligatorio el idioma indígena que hable la mayoría de

habitantes de una aldea, municipio, departamento o región. Esto entraña

no solo definir los derechos y deberes de las personas y de los pueblos,

así como las garantías jurisdiccionales para su defensa y para controlar al

Estado.

 

Consejo del Pueblo Maya 29

Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional

 

1.2 Reconocer el pluralismo normativo y la libre

determinación de los Pueblos Indígenas

El pluralismo normativo entre los pueblos deviene de su igualdad y libertad

y es, por tanto, el segundo fundamento de la Democracia Plurinacional. El

pluralismo normativo debe ser potenciado en términos del reconocimiento

de la historia indígena guatemalteca. No pensamos el pluralismo normativo

 

tal como ha sido permitido por el régimen dominante, que pretende insti-

tucionalizarlo en condiciones de subordinación.

 

El pluralismo tolerado reduce la normatividad de los Pueblos Indígenas a

usos y costumbres y a partir de unas cuantas costumbres para unos pocos

 

ámbitos de la vida social, especialmente en asuntos de resolución de con-

flictos menores. El cambio que proponemos persigue establecer la igual-

dad y la libertad entre los diferentes conjuntos normativos y abrir los cami-

nos para que los pueblos recuperen, resignifiquen y potencien su propia

 

organización colectiva. El conjunto de regulaciones propias y el conjunto de

instituciones propias históricamente cultivadas y recreadas para garantizar

 

nuestra existencia como pueblos indígenas es un sistema normativo. Nues-

tras regulaciones son diversas y no se reducen a asuntos judiciales.

 

Entendemos el pluralismo como la pluralidad de normas, instituciones y ac-

ciones para producir y reproducir la vida cotidiana de los cuatro pueblos, de

 

modo que tal pluralidad se observe y reconozca adentro de cada pueblo y

entre pueblos, por lo que su potenciación será una fuente permanente de

 

participación ciudadana, de construcción de democracia, como florecimien-

to de las ciudadanías y la posibilidad de que estas tengan control sobre sus

 

asuntos públicos propios y sobre los asuntos de Estado. El pluralismo es una

ruta para la comunicación, interacción y traducción mutua entre pueblos y

entre sus culturas.

El pluralismo normativo al que aspira la Democracia Plurinacional se

fundamenta en el derecho internacional en materia de Pueblos Indígenas,

especialmente en la libre determinación de los pueblos. Por eso, este

segundo fundamento de Democracia Plurinacional, debe comenzar con

el reconocimiento y la posibilidad de la autonomía política de los Pueblos

Indígenas, inscrita articuladamente adentro de la autonomía política del

Estado Plurinacional frente al concierto mundial. La libre determinación es

el derecho colectivo de ser sujetos de la política de su pueblo. Es construir

y potenciar su gobierno propio en libertad e igualdad, adentro del Estado

Plurinacional.

 

30 Consejo del Pueblo Maya

Consejo del Pueblo Maya

 

Esto significa reconocer y abrir espacio para que cada pueblo edifique su

autogobierno y sea reconocido mediante un estatuto de autonomía por el

Estado. El derecho al autogobierno es la libertad de ejercer sus derechos

colectivos e individuales. Para ello, tanto la sociedad como el Estado deben

estar dispuestos a que todos los pueblos cuenten con condiciones políticas

y socioeconómicas materiales colectivas, territoriales, institucionales, desde

 

la propia organización comunitaria y tal como decida la organización comu-

nitaria y sus máximos órganos de gobierno. El pluralismo normativo garan-

tiza la libertad política como el derecho a hacer política desde su historia y

 

desde su organización propia.

 

Quiere decir que, desde adentro, desde su libertad de ser pueblos históri-

camente formados, podamos, entre muchos otros sucesos: salvaguardar la

 

identidad política y cultural (idiomas, arte, conocimientos, educación, salud,

 

tierras colectivas, bienes naturales, reglas de ordenamiento territorial, re-

presentación política y autogobierno, etc.); dar plena vida a los principios,

 

métodos y órganos internos de deliberación, decisión y autoridad; orga-

nizar libremente la producción y reproducción de la vida socioeconómica,

 

tomando las decisiones sobre políticas y programas administrativos o le-

gislativos relativos a nuestro propio concepto de convivencia, de acuerdo

 

con los requerimientos de servicios sociales, así como de mercado; y crear

cómo gozar de los recursos materiales y capacidades humanas necesarias

para fortalecer las instituciones e iniciativas socioeconómicas y culturales

que decidamos tener.

Un elemento estratégico del pluralismo normativo es la libre determinación

de los Pueblos Indígenas, la cual se expresa si y solo si existen en plena

libertad los Gobiernos Autónomos Indígenas. Implica la obligación del

Estado de asumir, resguardar y potenciar la pluralidad normativa, es decir,

la pluralidad de formas de gobierno. Esta obligación del Estado debe estar

regulada constitucionalmente y expresarse como orientación obligatoria e

inexcusable en el funcionamiento de todas las instituciones, leyes, políticas

y recursos del Estado.

 

Consideramos que el Estado debe obligarse al derecho a la libre deter-

minación de los Pueblos Indígenas, que es el derecho al autogobierno, a

 

través de, por lo menos, las siguientes funciones, las cuales debieran estar

escritas en una Constitución Política Plurinacional:

 

  1. Garantizar que los Pueblos Indígenas articulen su existencia en el de-

recho público nacional y se integren con igualdad al sistema nacional

 

de administración pública, y a los organismos ejecutivo, legislativo y

judicial del Estado;

 

Consejo del Pueblo Maya 31

Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional

 

  1. Garantizar la participación directa y libre de los Pueblos Indígenas en

los asuntos estatales y públicos desde el ámbito comunitario hasta el

de índole nacional para tomar decisiones relativas al mejoramiento y

potenciación de sus condiciones de vida;

 

  1. Garantizar canales de consulta a los Pueblos Indígenas antes de apli-

car medidas administrativas o legislativas que afecten la vida de las

 

comunidades miembras. La consulta debe ser previa y de buena fe

y realizarse libremente y ad hoc según decidan las asambleas de las

comunidades y pueblos consultados;

  1. Garantizar que los Pueblos Indígenas puedan autorrepresentarse en

los órganos estratégicos de gobierno, decisión y deliberación en los

organismos ejecutivo, legislativo y judicial del Estado;

  1. Garantizar que los Pueblos Indígenas gocen, en igualdad de asuntos,

 

cantidades y oportunidades, de los recursos, servicios, políticas y pre-

supuestos del Estado, expresándolo en toda la acción institucional y

 

de política.

  1. Garantizar que los Pueblos Indígenas puedan crear y gestionar

libremente sus propios sistemas políticos, idiomas, justicia, sistemas de

salud, educación, red vial, transporte, sistemas y tipos de propiedad; uso,

gestión y aprovechamiento exclusivo de los bienes comunes naturales

de su territorio; a la planificación económica propia y a la integrada al

Estado central; a la propiedad colectiva de sus conocimientos, ciencia

y arte, etc.

Para la coherente realización del pluralismo normativo y de los Gobiernos

Autónomos Indígenas es indispensable hacer cambios en la división política

administrativa del Estado. En la CPRG vigente se señala que “el territorio de

la República, se divide para su administración en departamentos y estos en

municipios” (Art. 224). La Democracia Plurinacional que proponemos aspira

a incorporar en la Constitución Política Plurinacional tres elementos más en

la división política administrativa de Guatemala. Estos elementos son:

1o. Aldeas;

2o. Jurisdicciones autónomas de los Pueblos Indígenas; y

3o. Jurisdicciones especiales de minorías.

 

La nueva Constitución Política Plurinacional debe, además, ser muy cla-

ra en orientar que el ordenamiento territorial de Guatemala debe aten-

der, proteger y cuidar todas las cuencas hidrográficas y demás bienes

 

32 Consejo del Pueblo Maya

Consejo del Pueblo Maya

 

comunes naturales para la división política administrativa. La incorpora-

ción de estos elementos será una garantía para legalizar y potenciar a la

 

democracia comunitaria como uno de los poderes constituyentes de la

ciudadanía y también como un poder para la preservación de la vida de

la Madre Tierra.

Al visualizar y dar a la aldea el rango de unidad básica administrativa del

territorio, el Estado se obligará a sí mismo a reconocer a las comunidades

 

como sujetas de la política, asegurando su participación en los asuntos pú-

blicos y, a su vez, se obligará a que la planificación del presupuesto y de la

 

economía tomen en cuenta a las aldeas de modo vinculante y las conviertan

 

en sus interlocutoras, ya sea por representación y/o por participación di-

recta. Como veremos más adelante, también contribuiría a destruir el mu-

nicipalismo colonialista y a hacer real y efectiva la autonomía de todas las

 

municipalidades.

 

Las jurisdicciones autónomas de los Pueblos Indígenas encarnan a los re-

gímenes de autonomías o gobiernos autónomos y, con ello, el pluralismo

 

normativo se realiza en los territorios y hace de los territorios la plataforma

 

desde la cual se cultiva y respeta la diversidad de pueblos. Tal transforma-

ción profundiza la Democracia Plurinacional en todas sus expresiones (co-

munitaria, participativa y representativa) y libera a los Pueblos Indígenas del

 

cautiverio y la segregación.

Los regímenes de autonomías o Gobiernos Autónomos Indígenas refuerzan

 

la democracia comunitaria porque estaremos reconociendo libertad y po-

der político a las asambleas de comunidad de los Pueblos Indígenas como

 

los máximos órganos de dirección y decisión política de estos gobiernos.

Refuerzan la democracia participativa porque estaremos depositando el

 

poder ciudadano en las personas indígenas para que, por sus propias de-

cisiones y métodos, decidan sobre sus asuntos y porque abriremos canales

 

directos para que las instituciones las reconozcan como sujetos de la políti-

ca nacional. Y refuerzan la democracia representativa porque será necesa-

rio establecer y regular los mecanismos de representación de los Pueblos

 

Indígenas en los órganos decisorios de gobierno de los tres organismos de

Estado para toda Guatemala.

Proponemos tres tipos de jurisdicciones o Gobiernos Autónomos de los

Pueblos Indígenas:

 

Consejo del Pueblo Maya 33

Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional

 

1o. Municipales. Cada municipio, según la legislación actual;

2o. Intermunicipales. Entre varios municipios de un mismo departamento

 

y que agrupen a más del 70% de habitantes de un mismo Pueblo Indí-

gena en el territorio involucrado; y

 

3o. Subregionales. Entre municipios de distintos departamentos y que

agrupen a más del 70% de habitantes de un mismo Pueblo Indígena

en el territorio involucrado.

La integración de estas jurisdicciones autónomas deberá ser aprobada por

el Estado, a solicitud directa de por lo menos el 25% de los habitantes del

Pueblo Indígena interesado, y confirmada mediante el otorgamiento de un

 

estatuto de autonomía, según se detalle en una ley constitucional y especí-

fica en la materia.

 

El estatuto de Gobiernos Autónomos de Pueblos Indígenas confiere, según

 

el caso y atendiendo respectivamente el orden anterior, la categoría juris-

diccional de:

 

1o. Municipio autónomo del pueblo involucrado;

 

2o. Mancomunidad de municipalidades autónomas del pueblo involu-

crado; y

 

3o. Subregión autónoma del pueblo involucrado.

Cada estatuto deberá contener la delimitación territorial; definir el sistema

 

político de gobierno (cargos, tiempos de gobierno, deberes de los funcio-

narios(as), procedimientos de orden interno y de administración pública), ad-

ministración de justicia, las formas de democracia implementadas y los dere-

chos ciudadanos, en apego a los fines del Estado y de la Constitución Política

 

Plurinacional. Cada jurisdicción autónoma indígena tendrá su propia norma-

tiva sectorial y su propia jurisprudencia, con excepción de aquellos asuntos

 

que deben seguir siendo administrados y regulados desde el Estado central.

 

Las jurisdicciones especiales es el derecho de las personas, sean de un mis-

mo Pueblo Indígena o conformen colectividades ladinas/mestizas, como

 

minorías en una jurisdicción autónoma indígena o en un municipio de ma-

yoría ladina/mestiza, para organizarse y garantizar que sus intereses y ne-

cesidades estén representados en cualquier estructura municipal, depar-

tamental y nacional. Estas jurisdicciones también deberán ser aprobadas

 

por el Estado, a solicitud directa de por lo menos el 25% de los habitantes

 

y pueblos interesados, y confirmada mediante el otorgamiento de un es-

tatuto especial de minoría y según se detalle en una ley constitucional y

 

específica en la materia.

 

34 Consejo del Pueblo Maya

Consejo del Pueblo Maya

 

Municipio autónomo

del pueblo involucrado

Mancomunidad de

municipalidades

autónomas del pueblo

involucrado en un

mismo departamento

 

Subregión autónoma

del pueblo involucrado.

En departamentos

diferentes

 

Jurisdicciones especiales

de minorías indígenas o

ladinas / mestizas

 

1.3 Unidad de visión de los cuatro pueblos para el

Buen Vivir

El pluralismo normativo es constituyente estratégico para transformar el

monismo de Estado y es sustento sine qua non de la plurinacionalidad.

Ahora bien, con la creación de gobiernos autónomos indígenas no se agota

la Democracia Plurinacional. Consideramos que el tercer fundamento de la

 

Democracia Plurinacional es la articulación de los cuatro pueblos en una so-

ciedad pluralista de derechos con fines y principios organizadores comunes

 

para el Estado, reflejando unidad de la diversidad social.

Aquí levantamos nuestra histórica demanda de crear para todo el país

una gran comunidad política que respete, represente, se comunique y

articule a los diversos pueblos existentes para la vida, para la dignidad,

para el Buen Vivir (Utz K ́aslemal, Utziläj K’aslemal, Raxnaquil K’aslemal,

 

Ral ch’och’, Tb’anil Chwinqlal). El tercer fundamento es un acuerdo po-

lítico que debe estar basado en un cálculo de intereses comunes y ser

 

un marco de cohesión y de visión de unidad para nuestra actuación en

 

todo el territorio guatemalteco. Una Asamblea Plurinacional Constituyen-

te sería el recinto que recoja el pensamiento de los cuatro pueblos sobre

 

nuestro sentido y finalidad de sociedad plural, mientras la Constitución

 

Formas de autogobierno indígena y

de jurisdicciones especiales

 

Consejo del Pueblo Maya 35

Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional

 

Política Plurinacional sería la depositaria de la sociedad plural que somos,

para inspirar, regir y regular en años o décadas siguientes las dinámicas de

cambio y transformación.

De modo que el pluralismo normativo de poco ayudaría si, a su vez, cada

quien mantiene y cultiva de modo separado sus sistemas normativos y sus

experiencias de ejercicio ciudadano y de gobierno, sin comunicación crítica,

sin síntesis política, sin perspectiva común, sin aprendizajes y correcciones

corresponsables. La Democracia Plurinacional debe construir una sociedad

que esté dispuesta a conocer a sus colectividades integrantes; a conocerse

a sí misma; que pueda hacer crítica a las matrices culturales de derechos

o de principios de unas y otras colectividades; que pueda seleccionar lo

mejor de unas y otras y desechar lo peor; que ofrezca un núcleo de vida

política común para prevenir y frenar la uniformidad, la monopolización y la

superioridad de la cultura occidental, tres rasgos nefastos que están en el

corazón racista y autoritario del actual régimen de Estado. A eso llamamos

resignificar nuestra política.

 

El tercer fundamento plurinacional orienta, además, a articular esos dere-

chos con las otras tres grandes formas de democracia que defendemos (co-

munitaria, participativa y representativa), con los principios, valores y fines

 

del Estado; y con las responsabilidades de todas las instituciones y de todos

los funcionarios(as) públicos. Implica definir como conceptos constituyentes

nuestros intereses de pueblos en comunidad, solidaridad y reciprocidad.

Y también implica un cuidado extraordinario para asegurarnos que lo que

esté escrito en la parte dogmática de la Constitución Política Plurinacional

 

tenga coherencia, continuidad y profundización con la parte orgánica y pro-

cesal de la carta magna.

 

La actual CPRG tiene muchos conjuntos temáticos separados, contradic-

torios y sin congruencia y coherencia entre sí. No refleja unidad de nuestra

 

diversidad social. Ni siquiera refleja nuestra diversidad, ya que no reconoce

 

la existencia de Pueblos Indígenas, sino que nos da el rango de comuni-

dades o grupos y, por tanto, no estamos integrados en el pacto social que

 

promulga. Como ya dijimos: el derecho público oficial siempre nos ha se-

gregado. El artículo 69 de la CPRG es, quizás, el mejor ejemplo del carácter

 

colonialista del régimen. Ese artículo titulado “Traslación de trabajadores

 

y su protección”, está incrustado a propósito en la sección de Comunida-

des Indígenas porque la visión dominante admite como natural que el ré-

gimen hacendario guatemalteco “traslade” a contingentes enteros de las

 

personas indígenas, y no a otras, para ir a trabajar afuera de sus territorios

y comunidades.

 

36 Consejo del Pueblo Maya

Consejo del Pueblo Maya

 

En todo caso, este tercer fundamento de la Democracia Plurinacional per-

sigue precisamente romper con la estructura colonialista, racista y sexis-

ta de poder. Así, queremos disponer en una nueva Constitución Política

 

Plurinacional, fines, estructuras y procesos que recojan un significado y

sentido colectivo para la sociedad en su conjunto, a modo que se haya

conceptualizado y normado a fondo el bien común y la justicia, logrando

reflejarlos en toda la carta magna, como las expresiones del Buen Vivir.

Por tanto, presentamos y proponemos como esenciales al Buen Vivir y,

entre otros, los siguientes fines colectivos de la sociedad y del Estado

Plurinacional:

libertad e integridad de las personas y de los pueblos, velando y

garantizando la igualdad de capacidades, condiciones y oportunidades

para el Buen Vivir de las mujeres, hombres, niñez, juventud y personas

de la tercera edad;

 

cesos, desde el nivel local hasta el nacional, como el espacio matriz de

 

las ciudadanías, y como la razón que cohesiona a los cuatro pueblos

que coexisten en el país;

espacios públicos de gobierno; de los bienes comunes naturales; del

equilibrio de los ecosistemas y de la vida en el territorio, como bienes

comunes interculturales resguardados por el poder público;

 

prohibiendo la importación, producción y comercialización de orga-

nismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la

 

salud y a la Madre Tierra;

 

determinación productiva y energética de las comunidades, sin detri-

mento de la Madre Tierra, en complementariedad con otras comuni-

dades, y garantizando el derecho ciudadano y comunitario a recibir

 

contribución financiera y tecnológica;

prohibiendo la concentración de la tierra y regulando la redistribución

justa de los productos del trabajo bajo cualquier forma de propiedad

de bienes y servicios;

 

Consejo del Pueblo Maya 37

Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional

 

y empresarial y en razón de la reciprocidad entre territorios rurales y

urbanos, con el fin de regular la distribución de la riqueza y erradicar

las brechas de inequidad;

 

orientando la economía hacia la satisfacción de las necesidades esen-

ciales de la población y la superación de las brechas de inequidad,

 

discriminación, sexismo y racismo;

 

piedad de los pueblos en su conjunto, respetando y garantizando la

 

propiedad individual y colectiva sobre la tierra, así como las formas

mixtas de propiedad.

las cuencas de agua. Declarar el territorio nacional como territorio libre

de minería a cielo abierto;

 

vicios de energía eléctrica bajo gestión de diversas formas de propie-

dad, así como la producción y distribución del agua y administración

 

de los servicios de saneamiento, bajo gestión de diversas formas de

propiedad.

Estos y otros fines que recogen el núcleo común de nuestra plurinacionalidad

deben estar reflejados en todas las áreas y sectores de la política estatal,

tales como: salud, educación, saneamiento, seguridad social, económico,

financiero, administrativo, así como en las políticas de género, vivienda,

juventud, niñez, etc.

 

Es de particular interés expresar nuestra propuesta acerca de que el ca-

pítulo sobre el régimen económico y social debe prohibir las colusiones

 

empresariales con el Estado que destruyan los ecosistemas y operen contra

los intereses colectivos de las comunidades; e indicar explícitamente que el

 

Estado debe conseguir primero el consentimiento previo de las comunida-

des, proteger las cuencas hídricas y la biodiversidad y asegurar la produc-

ción, distribución y redistribución justa de la riqueza y de los excedentes

 

económicos.

Así mismo, haremos lo imposible por invertir el orden de prioridades que

 

actualmente tiene el modelo económico, al concebir las alianzas públi-

co-privadas como meras alianzas del Estado con grandes empresas y trans-

nacionales, convirtiéndolas en el motor de la economía, mientras desprecia

 

38 Consejo del Pueblo Maya

Consejo del Pueblo Maya

 

a las empresas de la economía campesina y artesanal. De modo que pro-

ponemos que la carta magna plurinacional refleje un sentido de comunidad

 

política plural para remontar las inequidades y defina compromisos explíci-

tos de promoción económica, tecnológica, financiera y mercantil a favor de

 

las microempresas, las economías campesinas y de la libre determinación

productiva de los pueblos.

 

Proponemos, además, como otra de las garantías de este tercer fundamen-

to, que busca formar un núcleo de intereses comunes entre los cuatro pue-

blos, normar en la nueva Constitución Política Plurinacional la obligación del

 

Estado de contar con una planificación plurinacional de la economía social.

La planificación de la economía social, tanto como el presupuesto estatal,

 

deben tener rango constitucional y ser la síntesis de la Democracia Plurina-

cional. Dicha planificación debe dar la rectoría al Estado Plurinacional para

 

la política monetaria, cambiaria, económica y financiera, para regular y con-

tener el endeudamiento, dar vida a una política fiscal progresiva y someter

 

la contabilidad del Estado a sus fines constitucionales. Una ley general de

 

planificación plurinacional del desarrollo debe ser aprobada, como lo seña-

lamos más adelante.

 

1.4 El gobierno plurinacional del Estado es cogobierno

de los pueblos

Ahora bien, si el tercer fundamento es una garantía para democratizar la

visión colectiva de nuestra coexistencia, hace falta un cuarto fundamento

de la Democracia Plurinacional para echar a andar el gobierno general para

dar cohesión a esa coexistencia democrática. El cuarto fundamento es la

creación y establecimiento de formas, espacios, instituciones y engranajes

 

organizativos plurales, que sirvan para cumplir con el nuevo diseño consti-

tucional y garantizar sus flujos funcionales y operativos. Es el principio que

 

defiende el derecho personal y como pueblos a cogobernar y a contar con

 

un gobierno plurinacional del Estado y sus respectivos organismos en dife-

rentes niveles.

 

Necesitamos componer gobiernos plurales en diferentes niveles y funcio-

nes para compartir el ejercicio del poder público estatal. La idea es crear

 

espacios de deliberación y decisión que integren y representen mayorías y

minorías y a todas las colectividades, que estén sujetos a mandatos claros

 

y delimitados, al control ciudadano, libres del tráfico de influencias corpo-

rativas, sujetos a la rendición de cuentas y al voto ciudadano, obligados

 

a informar en idiomas pertinentes, y que tengan contrapesos ciudadanos

efectivos. Pensamos aquí en el derecho ciudadano a incidir directamente

 

Consejo del Pueblo Maya 39

Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional

 

en la conformación de: la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema

de Justicia, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de

la República, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General

 

de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, y el Consejo Nacional de Edu-

cación, entre otros.

 

Varios de estos espacios ya contemplan elección directa. Proponemos que,

para el cogobierno, las cortes tengan formas mixtas de integración. Debe

 

acudirse a diversas formas democráticas de control político, muchas conte-

nidas en reformas constitucionales de última generación en América Lati-

na, tales como: la carrera civil, la carrera judicial, combinadas con elección

 

directa, rotación de cargos, tiempos electorales diferenciados para hacer

 

contrapesos, la reelección consecutiva por una sola vez, la consulta, la de-

negación de inmunidad y la revocatoria de mandato.

 

De igual manera, es indispensable incorporar una sección en la Constitu-

ción Política Plurinacional que explicite los deberes de los funcionarios(as)

 

públicos en razón directa de someterse a los nuevos fines de Estado y al

control social ciudadano. Todo funcionario(a) de Estado debe garantizar, en

el ejercicio de su cargo y en el cumplimiento de sus respectivas funciones,

el acceso libre a la información, el respeto a los derechos ciudadanos, el

 

respeto a los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, así como garan-

tizar los fines y mandatos de la nueva Constitución.

 

Por tanto, deben ponerse candados explícitos para evitar el prevaricato,

 

fraudes patrimonialistas y/o clientelistas y otros delitos, definiendo prohibi-

ciones explícitas, así como modificando diferentes leyes, entre ellas la Ley

 

de Servicio Civil, la Ley de Contrataciones del Estado; la Ley Orgánica del

Congreso, la Ley Orgánica del Organismo Judicial, etc.; no solo para instalar

las respectivas carreras del empleado público, sino para obligar al Estado a

su formación profesional y al pleno respeto a la dignidad del empleado(a)

público y a sus derechos laborales y ciudadanos.

En el apartado No. 2 vamos a desarrollar nuestra propuesta técnica de

cogobierno general, así como transformaciones primordiales que debe

 

tener la democracia representativa en el funcionamiento del Estado, es-

pecialmente para las municipalidades y el Congreso. No obstante, seña-

lamos aquí, como elementos sustantivos del cuarto fundamento, que se

 

debe desterrar por siempre el presidencialismo en el sistema político, así

 

como el monopolio de la representación que ha tenido el sistema de par-

tidos políticos.

 

40 Consejo del Pueblo Maya

Consejo del Pueblo Maya

 

Del sistema presidencialista deriva la institucionalización de jerarquías de

 

mando antidemocráticas, expeditas para el patrimonialismo y abuso de po-

der, articuladas con intereses corporativos y también con la militarización

 

de los territorios. La lógica presidencialista es una dirección monolítica uni-

personal que estimula la dirección privativa y corporativa de la política de

 

Estado. El presidencialismo guatemalteco cede el mando a la dirección cor-

porativa de la política económica, monetaria, fiscal y financiera, la seguridad

 

social, la descentralización y desconcentración de los servicios públicos, el

Ministerio Público (MP), la Procuraduría General de la Nación (PGN) y las

gobernaciones departamentales. Esa lógica de dirección también se refleja

 

en la actual organización municipal. Proponemos destruir el presidencia-

lismo y el alcaldismo como rasgos constitutivos del modelo político clasis-

ta-verticalista y colonialista de Estado.

 

Del sistema de partidos políticos planteamos suprimir radicalmente su in-

jerencia sobre la administración pública, destacando solamente su obliga-

ción de controlar al Estado para el estricto cumplimiento de la ley. A no ser

 

por el partido del gobierno de turno (subordinado a la ley de servicio civil

que debe regular la carrera pública y a la ley plurinacional de planificación

económica que debe definir prioridades de desarrollo), ningún político o

 

partido político debe intervenir en decisiones estratégicas u operativas re-

feridas a la selección y/o asignación de bienes, servicios y recursos públicos

 

para la ejecución del presupuesto nacional, funciones que son exclusivas

del organismo ejecutivo.

 

Ningún funcionario(a) público(a) debe hacer colusión con grupos econó-

micos y partidos políticos para la selección y/o asignación de bienes, ser-

vicios y recursos públicos y para la ejecución del presupuesto nacional. La

 

democracia representativa otorga a los partidos políticos el privilegio de

la dirección estratégica de los bienes y recursos públicos por la vía de la

elección de los cargos a la presidencia y vicepresidencia de la República, el

nombramiento del cuerpo de gobierno del organismo ejecutivo; decisiones

estratégicas de política exterior y de seguridad interna en el gobierno de

turno; así como representar a la población en el Congreso de la República,

aprobando la normativa general, donde destaca el presupuesto nacional.

 

Ahora bien, el sistema de partidos políticos solo debe intervenir en la ges-

tión ejecutiva del Estado bajo un plan de gobierno que se someta y respete

 

los fines del Estado.

 

Los partidos deben vigilar la probidad pública y ser líderes de la delibera-

ción y el debate públicos. Ya los partidos tienen la prerrogativa de aprobar

 

y fiscalizar el presupuesto nacional a través del Congreso. Deben dejar de

 

Consejo del Pueblo Maya 41

Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional

 

decidir en la ejecución presupuestaria territorial y deben dejar de ser los

protagonistas en la elección de las cortes de justicia.

Por otra parte, nos sumamos a las propuestas existentes para controlar,

democratizar y transparentar el funcionamiento de los partidos políticos,

 

exhortando a que las ideas que profundicen la democracia logren sinteti-

zarse explícitamente en una nueva Constitución Política Plurinacional, ya

 

que en la actualidad no existe ningún mandato constitucional que carac-

terice, de modo general, el sentido, la significación, las obligaciones, los

 

derechos y el límite de estas instituciones de derecho público. Nos posi-

cionamos a favor de la paridad de género como práctica mandataria en

 

la presentación de candidaturas y en el despliegue de las diversas formas

de democracia.

 

Requerimientos Indispensables para

una Democracia Plurinacional

 

Erradicar el

presidencialismo y

el alcaldismo Reformas profundas a la

Ley Electoral y de Partidos Políticos:

Plurinacionalidad, elección de

gobernadores, cortes y otros argos

estratégicos, paridad de género,

tiempos electorales diferenciados

para hacer contrapesos

 

Reelección

consecutiva por una

sola vez, denegación

de inmunidad y

revocatoria de

mandato

 

Nueva legislación para reorganizar

al Estado: Ley de Planicación Nacional,

Ley de Contrataciones del Estado,

Ley de Servicio Civil, Ley Orgánica

del Congreso, Ley Orgánica del

Organismo Judicial, etc.

 

Transformaciones profundas

al Congreso y a los gobiernos

municipal y departamental

Nuevas reglas para la

descentralización y la

desconcentración

 

CONSTITUCIÓN

POLÍTICA

PLURINACIONAL

 

42 Consejo del Pueblo Maya

Consejo del Pueblo Maya

 

1.5 Construir una Cultura Plurinacional

 

Finalmente, la democratización del Estado no tendría sentido sin la demo-

cratización de la sociedad. Por lo cual, el quinto fundamento de la Demo-

cracia Plurinacional consiste en la construcción sistemática de una Cultura

 

Plurinacional y en el fortalecimiento de las capacidades y poder político de

todas las ciudadanías. Proponemos sembrar un paradigma nuevo de poder

político y público como ruta que cree diversas dinámicas de emancipación

desde las fuerzas y actorías que existen en la sociedad.

En América Latina, incluyendo a Guatemala, han sido el pensamiento y

las luchas de las mujeres, de las comunidades campesinas, de las y los

 

defensores de derechos y de los Pueblos Indígenas, las palancas más po-

derosas que empujan a nuevas visiones acerca de cambios en la concep-

ción de lo público, en el concepto de desarrollo y en la organización de la

 

convivencia humana. Desde estas luchas está surgiendo otra concepción

de los bienes jurídicos. Por ejemplo, la prioridad de la vida, exigencia de

 

los derechos del agua, aire, biodiversidad y de la Madre Tierra; los dere-

chos de las generaciones futuras, derecho al placer, libertad y salud del

 

cuerpo humanos.

 

Desde estos liderazgos se apela a la edificación de un sistema de educa-

ción y a uno de comunicación basados en el reconocimiento y reflexión de

 

nuestra historia, en el reconocimiento y reflexión de nuestra sexualidad,

en una cultura de no violencia que prevenga y erradique las prácticas de

 

racismo, intolerancia y violencia, especialmente contra las mujeres, la ju-

ventud y la niñez.

 

Este fundamento implica abolir el monopolio sobre los medios de comuni-

cación y la promoción de una política de Estado que estimule una cultura

 

estatal laica y donde los espacios públicos no sean objeto del tráfico de in-

fluencias de grupos corporativos ni de iglesias. La Democracia Plurinacional

 

busca nuevos valores, requiere atender las necesidades esenciales de las

personas y de los pueblos y articular los asuntos de la vida, sin separar la

vida de la casa de la vida pública, la economía de la política, la producción,

el mercado de la alimentación, cultura de la salud, y de educación.

 

Nuestra propuesta quiere levantar tiempos y espacios para que desaparez-

can las violencias y las imposiciones, especialmente graves contra las mu-

jeres indígenas, quienes están expuestas siempre al despojo, denigración,

 

exclusión y desigualdad. Quiere también destruir las brechas entre hombres

 

y mujeres indígenas respecto a los hombres y mujeres ladino/mestizos. Es-

peramos contribuir abriendo y compartiendo rutas para construir valores,

 

Consejo del Pueblo Maya 43

Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional

 

sueños y espacios públicos comunes. Creemos que es necesario promo-

ver espacios públicos para que conozcamos mejor nuestras historias como

 

pueblos.

En el Proyecto Político: Un Nuevo Estado para Guatemala, como Consejo

del Pueblo Maya afirmamos que nuestra experiencia de lo que es el Utziläj

 

K’aslemal, el Raxnaquil K’aslemal, Ral ch’och’, nos lleva a proponer un hori-

zonte cultural abierto y plural para cultivar un sentido de unidad de la diver-

sidad nacional, aspirando a la reproducción de armonía: “yo soy tú y tú eres

 

yo”, síntesis del Buen Vivir. Nuestro Proyecto Político llama a la construcción

 

de una Cultura Plurinacional desde la sociedad y desde el nuevo Estado, es-

timulando valores como: la consulta, la solidaridad, la complementariedad,

 

la igualdad, el consenso, el equilibrio, la honestidad, el respeto a la vida y la

unidad de la diversidad.

Queremos re-conocer y vivir el concepto del k’ojlem y el k’aslem. El

k’ojlem manifiesta el ser, la esencia, la naturaleza y la dignidad de la

persona humana. Allí encontramos que se integran el respeto, la estima

e importancia (nimq’ij) de cada ser humano en armonía con el universo y

en interacción social. El concepto k’aslem expresa la vida, la existencia, la

animidad y la espiritualidad de la persona humana. Con esta idea hemos

aprendido que la Madre tierra tiene su espíritu. Los seres, elementos y

fenómenos de la Madre Tierra tienen k’aslem. Uno de los valores más

sagrados que deben observar los miembros de la familia y la comunidad

es la protección, defensa y procuración del k’aslem de cada uno (Manuel

Salazar Tetzagüic).

Queremos re-conocer y potenciar el poqomam, el komonil y el ch’umilal. Los

valores mayas del poqomam (proteger todo lo que tiene vida) y el komonil

(la solidaridad comunitaria) contribuyen a asegurar la vida y la existencia.

Levantamos la idea de que el derecho de propiedad debe estar orientado

a la solidaridad y no al despojo, ni al lucro ni a la destrucción de la Madre

Tierra. La solidaridad debe estar orientada para respetar y proteger la red

de la vida porque los seres humanos no somos el centro del universo, ni

debemos adueñarnos de las fuentes de la vida. La familia y la comunidad

han de respetar el ch’umilal de cada uno porque contribuye a mejorar la

convivencia social. Esto significa respetar nuestro sentido de comunidad

(Manuel Salazar Tetzagüic).

 

Queremos libertad para la experiencia de asumir una fuerte responsabili-

dad sobre la propia vida y sobre la vida colectiva, lo cual significa una gran

 

valoración de la relación de equilibrio y armonía que debe existir entre los

actos individuales y los colectivos.

 

44 Consejo del Pueblo Maya

Consejo del Pueblo Maya

 

Defendemos una organización de la convivencia con un gobierno interno

basado en servir a la vida de cada persona, de la comunidad y de la Madre

Tierra. También ayuda a que la autoridad no sea vista como jefatura, sino

como servicio a las consignas que determinen las asambleas de comunidad.

 

Levantamos el valor del Ri K’emon K’aslemal. Es el reconocimiento del cui-

dado y del lugar de cada quien a lo largo de todos los tiempos. El Ruchoj-

milal Qana’oj es el pensamiento de que el agua tiene derecho, los bosques

 

tienen derechos, la Madre Tierra tiene derecho a vivir en equilibrio.

La Madre Tierra es un bien común con plenos derechos. Queremos que los

seres humanos, mujeres y hombres, podamos ser guardianes de la vida en

 

el planeta. Este cuidado lleva a pensar en la vida especialmente de las mu-

jeres, la niñez, ancianos, Madre Tierra y de todos(as), pensado en la fluidez

 

del tiempo y de las formas de vida, ya que nuestros actos repercuten sobre

nosotros, por lo que no debemos hacer daño a nuestros cuerpos y a nuestro

espíritu.

 

Buscamos respeto para los conocimientos y experiencias. El wachq’ij ex-

presa el significado del ordenamiento y registro del tiempo que correspon-

de a cada persona. No es justo destruir las energías y los conocimientos

 

que tiene cada quien. La Madre Tierra también guarda conocimientos que

 

debemos comprender. Y buscamos el equilibrio, la armonía, el Tiqapo-

qonaj Qi’, y el aprendizaje en la resolución de conflictos (Manuel Salazar

 

Tetzagüic).

 

El miedo, el servilismo, el sometimiento, tanto como el arribismo, el prota-

gonismo, el sectarismo, el machismo, etcétera, son prácticas colonialistas

 

que no solo nos dividen, provocan violencias insensatas entre los pueblos y

entre las ciudadanías.

 

Esas prácticas nos despolitizan, es decir, nos imposibilitan ser sujetos acti-

vos y autónomos de la política para volvernos objetos manipulados por los

 

pactos hechos desde el régimen dominante, y/o por las pugnas criminales

entre los grupos que ejercen el poder.

 

Como sociedad y como Estado tenemos que cambiar, especialmente por-

que el Estado está actuando obsesivamente para reducirnos a meros siervos

 

y consumidores. Una condición en ese cambio radica en cómo ejercemos

 

nuestros liderazgos, autoridad y poderes. Ya existe una masa crítica de gua-

temaltecas y guatemaltecos que empujan hacia el cambio de liderazgos,

 

incluyendo las formas con las cuales ejercemos nuestra autoridad adentro

de la familia y en los espacios de la política pública.

 

Consejo del Pueblo Maya 45

Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional

 

Algunos valores compartidos en nuestros idiomas

 

Ajowab’el: Significa amor, como una fuente que permite tejer humanidad y Buen

Vivir.

Ajsamaj: Es la vocación que tenemos para el trabajo o servicio comunitario.

Awas: Es el respeto que damos a la organización y espíritu de los elementos de la

Madre Tierra. Es una actitud respetuosa, amable y comprometida que tenemos con

la vida. Es el respeto a la integridad de los seres.

Eqale’n: Significa asumir responsabilidad, ser cargador, cuidador, orientador y

facilitador.

 

K’aslemal: Lo concebimos como la vida, la razón del poder-hacer (el poder políti-

co); nos permite preservar la vida en equilibrio y la armonía del todo.

 

K’nemaj: Es la aptitud que desarrollamos para respetar las formas de vida. Permite

comunicar en armonía nuestros pensamientos y opiniones.

K’uqb’ab’e K’u’x: Confianza para la legitimidad de nuestras acciones.

 

Kab’awil: Implica una múltiple mirada hacia adentro y afuera, arriba y abajo, ade-

lante y atrás, cercana y lejana. Es visión profunda, unión de energías, visiones y

 

saberes diferentes para la unidad de nuestros pensamientos y acciones dirigidos a

la creación y preservación de la vida.

Pa k’uch: La producción, reproducción, intercambio y uso de los bienes para el

cuidado de la vida; nos fundamentamos en sistemas.

 

Pixab’: Compartimos las enseñanzas y sabidurías de la Madre Tierra y nuestras ex-

periencias como parte de un sistema de aprendizaje, consejo, decisión y acción.

 

Es aprender haciendo que se vuelve un compromiso y responsabilidad personal y

colectiva.

Poqona’il: Nos referimos a la perseverancia con que realizamos una acción o un

trabajo con reciprocidad.

Q’atb’al Tzij: Significa que podemos medir y sopesar las palabras que se escuchan

desde las y los afectados.

Ruk’u’x K’aslemal: La espiritualidad o búsqueda de la esencia de la vida del todo

y en todo.

 

Tz’onoj: Lo asumimos como reciprocidad, sabemos dar y recibir. Es la coope-

ración, intercambio y corresponsabilidad en el cuidado de la vida. Nos lleva a

 

valorar la vida de cada uno de los seres en el cosmos. Es disponernos a acuerdos

renovables.

Tzij: Implica el respeto, la obediencia y el cumplimiento de lo que acordamos. Dar

la palabra. Significa también una forma de negociar sobre cualquier asunto, asegu-b

rando que debemos cumplir tal cual se acordó.

 

46 Consejo del Pueblo Maya

Consejo del Pueblo Maya

 

En la construcción de un nuevo liderazgo, acuerpamos y acompañamos

ideas como las siguientes, aportadas por intelectuales como Boaventura de

Sousa Santos, que están siendo discutidas por los movimientos sociales en

muchos países de América Latina:

 

saber científico y, por tanto, destruye los otros conocimientos (epis-

temicidio). Creer y buscar nuestra capacidad de diálogo, teniendo en

 

común nuestra crítica al régimen dominante; confrontar nuestras ideas

y, al mismo tiempo, crear una ecología de la diversidad de opiniones

que se puedan articular.

 

po del reloj y las prisas productivas; y valorar el tiempo justo, que es el

 

tiempo de las necesidades de las comunidades y los pueblos, y es el

tiempo del arte, la contemplación y la salud, para el Buen Vivir;

y hace de la diferencia una desigualdad; con el fin de re-conocernos,

 

potenciar nuestras rebeldías y aprender a valorar a los demás, inde-

pendientemente de su edad, género, etnia, opción sexual y cual-

quier otra identidad, haciendo iguales nuestras maneras diferentes

 

de ser;

atrevernos a inventar nuestras propias formas de convivencia, con las

mejores experiencias del mundo; y

priorizan la acumulación sobre la distribución, el desperdicio sobre la

 

austeridad, la explotación del trabajo sobre el descanso y la contem-

plación; y aprendamos a valorar nuestra capacidad de producir espa-

cios más dignos y libres para producir y reproducir nuestra vida.

 

  1. Tres condiciones indispensables para el nuevo gobierno

plurinacional

El cuarto fundamento de la Democracia Plurinacional, referido a construir

 

una estructura organizativa de Estado que sea compartida como cogobier-

no de los cuatro pueblos, tiene varias aristas que provocan su compleji-

dad. La complejidad radica especialmente, entre otros, en los siguientes

 

factores:

 

Consejo del Pueblo Maya 47

Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional

 

neración de autoridad a todos los pueblos, dado que sería incon-

gruente con la visión de pluralidad de formas de democracia y viola-

ría el derecho internacional en materia de libre determinación de los

 

pueblos.

 

porado a la totalidad del territorio de Guatemala y debe estar presente

 

en los mandos estratégicos de los tres organismos de Estado. Es decir,

el carácter plurinacional de la autoridad orgánica compartida, debe

ser englobante. Incluye la administración pública, la administración de

 

justicia, la producción legislativa, la fiscalización pública y la represen-

tación pública.

 

 

del Estado, es decir, en las aldeas, municipios, departamentos, subre-

giones y regiones. Esto implica crear órganos y sistemas de co-gobier-

no para todas esas categorías, sin desmedro de los gobiernos autóno-

mos indígenas e incluyéndolos.

 

Debido especialmente a esos factores, nuestra propuesta para construir un

gobierno compartido en el Estado Plurinacional desecha asentarse única

y exclusivamente en la democracia representativa del sistema de partidos

políticos, en el presidencialismo y en el alcaldismo. Por tanto, se plantea

configurar un sistema de designación mixta de los órganos de mando y, a

su vez, reestructurar órganos de mando, hacer cambios profundos en leyes

existentes y derogar leyes y normativas nefastas para las ciudadanías, la

democracia y el bien común.

Entonces, en la invención del sistema mixto plurinacional, articulamos las

 

otras tres democracias: la comunitaria o directa, la participativa y la repre-

sentativa. Muchas transformaciones deberán hacerse en los tres organismos

 

de Estado, pero proponemos construir un pacto necesario en por lo menos

estas tres direcciones:

  1. Para conformar el régimen de gobierno autónomo municipal;

 

  1. Para conformar el régimen de gobierno departamental y su articula-

ción con el régimen plurinacional del organismo ejecutivo; y

 

  1. Para conformar el organismo legislativo.

 

48 Consejo del Pueblo Maya

Consejo del Pueblo Maya

 

Asumimos la elección de los cargos a la Presidencia y Vicepresidencia de

 

la República como privilegio de los partidos políticos. Por otra parte, in-

formamos que una propuesta especial será diseñada en otro documento

 

para reflexionar sobre las cortes y la administración de justicia e integrará

nuestra convocatoria al Pacto No. 4, que integra nuestro proyecto político

y que se titula y concibe como: “Justicia Plurinacional. Que desaparezca la

militarización, que la administración de justicia no alimente redes paralelas

de poder ni fraudes de ley y que se respete y organice la pluralidad de

la justicia”. No obstante, convocamos y exhortamos a las organizaciones

defensoras de derechos humanos, especialmente a la Convergencia de

Derechos Humanos, para que compartan con la ciudadanía su experiencia

 

y reflexiones haciendo también una propuesta para cambios constituciona-

les y los que sean necesarios, especialmente en el ámbito de la justicia y la

 

seguridad nacional.

2.1 Conformación del régimen de gobierno autónomo

municipal plurinacional

2.1.1 Debe crearse una ley que regule el autogobierno

indígena

Primera propuesta para la transformación del Estado desde el régimen

municipal ya está dicha: es el segundo fundamento plurinacional referido

al autogobierno y la libre determinación de los Pueblos Indígenas, el cual

 

debe ser concretado en una ley específica para regular el poder de deci-

sión de los Pueblos Indígenas sobre la jurisdicción que se decida. La ley

 

que regule la libre determinación o autogobierno indígena, debe asegurar

cambios radicales en todo el sistema jurídico del país, tal como lo hemos

sugerido en el capítulo anterior, a modo de establecer el pleno derecho de

los Pueblos Indígenas a ser sujetos libres para tomar decisiones de política

pública.

Agregamos ahora, en este capítulo, que tal transformación también debe

conducir a eliminar la normativa y las instituciones que instalan relaciones

 

coloniales y que están contenidas en mandatos municipalistas de la mis-

ma CPRG y del Código Municipal. En estos mandatos, todo lo relativo al

 

reconocimiento, respeto y promoción de los Pueblos Indígenas se reduce

a una tutela colonialista como lógica que concentra poder criollo/ladino y

mantiene a los Pueblos Indígenas en cautiverio. Esos mandatos deben ser

eliminados del orden normativo nacional.

 

Consejo del Pueblo Maya 49

Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional

 

El sistema dominante pesrmite que las comunidades indígenas tengan un

mínimo control sobre su ordenamiento territorial, que establezcan relaciones

entre sí; que elijan a sus alcaldes comunitarios, que formen alcaldías indígenas;

dicta incluso que se formen consejos asesores indígenas; regula la libertad

de hacer consultas con base a sus “costumbres y tradiciones”. También

permite que se distribuyan algunos recursos en las alcaldías indígenas y que

incluso participe la Asociación Guatemalteca de Autoridades y Alcaldías

Indígenas (AGAAI) en la comisión de cálculo matemático para distribuir

el presupuesto del Estado hacia las municipalidades del país. Todas estas

declaraciones no se cumplen y carecen de un mandato clave que les daría

plena vigencia y realización: el vínculo hacia la decisión, la libertad para

su libre determinación. Ninguna de estas normas da poder de decisión.

Por tanto, los estatutos de gobiernos autónomos indígenas constituyen el

camino para salir del cautiverio y romper con el sistema que niega y veda

nuestra plena ciudadanía.

2.1.2 Potenciar el municipalismo para toda la población

 

Segunda propuesta para la conformación de un verdadero régimen autó-

nomo municipal plurinacional tiene como perspectiva potenciar el munici-

palismo para toda la población. De allí que comenzamos afirmando que el

 

municipio no puede actuar por delegación del Estado, sino que actúa por

 

delegación del pueblo o los pueblos que lo integran (crítica al Art. 134 cons-

titucional). Ese pequeño cambio es decisivo para democratizar la política

 

municipal en todo el país.

El artículo 134 de la CPRG equipara municipio con el régimen municipal y

a este con cualquier otra institución autónoma y descentralizada, a pesar

 

de ser el engranaje de dirección del Estado más cercano a la vida terri-

torial y colectiva de las personas y pueblos. Ese mismo artículo, en abso-

luta contradicción con toda la narrativa histórica del régimen dominante

 

alrededor del mito de la autonomía municipal, no concede al municipio,

 

es decir, a sus integrantes, ningún derecho autónomo a organizar y pla-

nificar la producción y reproducción de su vida material, y los mandata

 

estrictamente a coordinar con el organismo ejecutivo central y a informar

al Estado.

Confirmando esta grave exclusión, el artículo 257 de la CPRG, obliga a las

municipalidades a utilizar el 90% del presupuesto estatal que procede del

 

situado constitucional, estrictamente para gastarlo en obras de infraestruc-

tura y proyectos y programas de educación y salud preventiva. El Código

 

Municipal refrenda ese restrictivo sentido político y delimita en su artículo

 

50 Consejo del Pueblo Maya

Consejo del Pueblo Maya

 

130 que la inversión municipal debe ser para la creación, mantenimiento y

 

mejora de los servicios públicos municipales y la realización de obras sanita-

rias y de urbanización. La autonomía reconocida se reduce, por tanto, a ele-

gir a las autoridades municipales y a disponer de recursos para hacer obra

 

de infraestructura y servicios públicos, lo cual esconde que el destino del

territorio productivo del municipio lo decide el sistema finca y sus poderes

corporativos y transnacionales.

 

Tal lógica de repartimiento colonialista debe ser destruida. Por consiguien-

te, nuestra segunda propuesta de cambio a la visión dominante sobre el

 

municipalismo y la democracia comunitaria se profundiza si aseguramos

 

que todos los municipios, sin excepción, estén dotados plenamente de au-

tonomía. La autonomía municipal debe caracterizarse por:

 

  1. El derecho de las y los habitantes del municipio a contar con las condi-

ciones necesarias para planificar y decidir con libertad las prioridades

 

de desarrollo socioeconómico de su territorio;

  1. La obligación de las autoridades para gestionar con probidad, eficacia

 

e inclusión ciudadana el gobierno de los asuntos públicos, según man-

dato de los habitantes del territorio municipal; y

 

  1. La distribución de los recursos presupuestarios del Estado debe hacer-

se evitando privilegios a unos municipios sobre otros, dando prioridad

 

a los municipios con mayor inequidad social y otorgando plena auto-

nomía para el cobro de impuestos directos en los territorios, así como

 

para proceder al ordenamiento territorial según decisión vinculante

tomada por acuerdos con la población.

2.1.3 Eliminar el alcaldismo, feudos y el tráfico de influencias

municipales

 

Como no existe autonomía municipal, ni visión de desarrollo socioeconómi-

co municipal, ni conceptos democráticos de descentralización, las definicio-

nes constitucionales y textuales del Código Municipal acerca del carácter y

 

las funciones de la Corporación Municipal son contradictorias e incoheren-

tes. Afirmamos que no existe una clara delimitación y diferenciación entre el

 

poder y funciones del alcalde y el poder y funciones del Concejo Municipal,

 

lo cual impide configurar un gobierno con una carrera de servicio civil muni-

cipal, dotado de contrapesos y capacidades gerenciales, técnicas y políticas

 

propias fortalecidas.

 

Consejo del Pueblo Maya 51

Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional

 

Las leyes actuales dictan que el Concejo Municipal se integra por el alcalde,

los síndicos y los concejales. También aducen que es el órgano colegiado

superior de deliberación y de decisión de los asuntos municipales, cuyos

miembros son solidaria y mancomunadamente responsables por la toma de

decisiones. Señalan que el Concejo Municipal es responsable de ejercer la

autonomía política y patrimonial del municipio y de autorizar sus políticas,

 

planes, programas y proyectos, mientras que el alcalde representa al muni-

cipio y dirige la administración municipal encargándose de ejecutar y dar

 

seguimiento a los asuntos autorizados por el Concejo Municipal.

Afirmamos que el concepto de mancomunidad que las actuales leyes

definen para el funcionamiento interno del Concejo Municipal, esconde

el desorden administrativo y el tráfico de influencias. Las normas actuales

vuelven difusa la separación de funciones ejecutivas y administrativas,

respecto de las funciones legislativas de las municipalidades. No existe

ninguna claridad acerca de componer o montar un sistema administrativo

municipal con una gerencia profesional y equipos técnicos que integren

acciones y presupuestos y hagan funcionar planes, comisiones y órganos

internos, y que estén explícitamente diferenciados de las funciones políticas,

deliberativas, legislativas y de control por el Concejo Municipal.

 

Tercera propuesta para la conformación de un verdadero régimen autóno-

mo municipal plurinacional consiste en que debe quedar clara la responsa-

bilidad gerencial y ejecutiva del cargo de alcaldía para garantizar y respon-

der por el funcionamiento ejecutivo y administrativo de la municipalidad.

 

Esto implica deslindar las competencias del órgano legislativo de las com-

petencias del engranaje administrativo liderado por la alcaldía.

 

Debe quedar claro que la oficina municipal de planificación, la tesorería,

 

la administración financiera integrada y la coordinación con el Estado cen-

tral para descentralizar y desconcentrar competencias son funciones de ge-

rencia administrativa bajo la responsabilidad técnica y política directa de

 

la alcaldía y un equipo de profesionales. Debe encadenarse la gerencia de

la administración municipal con un órgano de coordinación interministerial

 

para que la alcaldía traslade al Estado central las orientaciones de planifica-

ción pública emanadas desde la intervención ciudadana.

 

El grave y perverso vacío que existe hasta ahora, consiste en que la admi-

nistración municipal es mando de todo y de nada, lo cual permite que Se-

cretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) sea,

 

finalmente, un órgano decisorio en los municipios, o que también lo sean

las delegaciones ministeriales o que sean los tesoreros municipales los que

más dominen el funcionamiento administrativo de las municipalidades y,

 

52 Consejo del Pueblo Maya

Consejo del Pueblo Maya

 

por ello, ejerzan un poder personalista interno. Debe reglamentarse geren-

cialmente la administración municipal, especializar las funciones del cargo

 

de alcalde o de la alcaldía en la integración funcional de la administración

municipal, lo cual incluye funcionarios(as), órganos y comisiones sometidos

a una ley de servicio civil municipal y a una ley de compras y contrataciones.

 

Para la elección del cargo de alcalde o alcaldesa proponemos que un nue-

vo marco legal electoral defina, entre las condiciones para optar a la can-

didatura, la de tener experiencia y/o formación profesional en gerencia y

 

administración pública, así como la obligatoriedad del partido político de

presentar una propuesta sobre el fortalecimiento político administrativo y

sobre las prioridades de desarrollo para el municipio en su conjunto. Los

 

gobiernos autónomos indígenas, por su parte, tienen libertad para estruc-

turar su dirección municipal como quieran, pudiendo ser, por ejemplo, con

 

junta cargadora u otro órgano u órganos colectivos, de acuerdo con su res-

pectiva ley.

 

Por otra parte, afirmamos que el Concejo Municipal no ha podido ser un

 

órgano colegiado porque no es un órgano de iguales. Según la ley, los con-

cejales constituyen un cargo de servicio a la comunidad, por lo tanto, de

 

prestación gratuita, y trabajan por sesiones pagadas con dietas. Sus funcio-

nes actuales no solo son deliberativas, sino abarcan los asuntos administra-

tivos, con lo cual se producen enredos que impiden la transparencia de sus

 

actos. La desigualdad en el Concejo Municipal se da cuando: 1o. Lo convoca

el alcalde; 2o. Lo preside el alcalde, 3o. El alcalde recibe dietas además de su

salario y 4o. El alcalde tiene doble voto o voto decisorio. El caudillismo está

servido en la ley municipal actual y lo vamos a eliminar para bien de todas

las ciudadanías.

2.1.4 El Concejo Municipal debe controlar, legislar y

rendir cuentas

Proponemos que el Concejo Municipal se separe del alcalde, legisle y lo

vigile, y que sus miembros reciban un salario pertinente, asumiendo plena

 

responsabilidad como funcionarios(as) públicos y dejen de tener un con-

texto laboral que solo sirve para su clientela política. La alcaldía debiera

 

rendir cuentas al Concejo Municipal y a la ciudadanía, mientras el Concejo

debiera rendir cuentas, actuar política, operativa y legislativamente de cara

a los mandatos de la ciudadanía. Esa es la cuarta propuesta: fortalecer con

independencia al Concejo Municipal y reforzar su carácter de ser órgano

 

contralor de la administración municipal, integrarlo con funcionarios(as) pú-

blicos, eliminar las dietas y privilegios, y definir una lista de asuntos que lo

 

Consejo del Pueblo Maya 53

Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional

 

obliguen a deliberar sobre las necesidades de la población para que, a su

vez, se reflejen en la administración municipal y en la respectiva autonomía,

a fin de planificar y ejecutar el desarrollo integral del municipio.

2.1.5 Voto nominal directo para elegir a los concejales

Ahora bien, el Concejo Municipal actualmente se estructura en función de

procedimientos electorales que permiten la representación de los partidos

 

que obtengan votos minoritarios, pero está constituido radicalmente al mar-

gen de la representación y elección directa de las comunidades. Además,

 

un cuerpo “colegiado”, pero mandado por una persona (la alcaldía), que

trabaja por dietas, sin control laboral alguno, que tiene privilegios (como el

 

ser eximido de responsabilidades laborales o el de no prestar servicio mili-

tar y social), es fácil presa del clientelismo dominante y del patrimonialismo

 

histórico que no ha desaparecido.

Quinta propuesta es englobante y busca que los concejos municipales no

solo tengan nuevas funciones, sino, que reflejen el carácter plurinacional

de nuestra sociedad. Por tanto, hay que cambiar radicalmente la elección

 

del Concejo Municipal. Aceptamos que se aplique la democracia represen-

tativa con la intervención de los partidos políticos, a condición de que se

 

permitan listados abiertos y el voto nominal directo de la ciudadanía para

elegir a sus concejales y conformar el Concejo Municipal, de acuerdo al

número de concejales que indique la ley respectiva en razón del número de

habitantes. Este gran cambio también obligaría a los partidos a escuchar y

acercarse más a las aldeas.

 

El nuevo marco electoral del Concejo Municipal debe contemplar un pro-

cedimiento para que estén representadas las circunscripciones minoritarias

 

especiales. Si se tratare de gobiernos municipales autónomos indígenas

 

también se debe garantizar que, en la forma de gobierno decidida libre-

mente, se asegure la representación minoritaria, si existiera.

 

2.1.6 Constituir los Consejos Municipales Plurinacionales

para el Buen Vivir

 

Pero el mayor impulso que queremos dar para el fortalecimiento de la de-

mocracia comunitaria, la democracia participativa y la autonomía municipal

 

en Guatemala, radica en la sexta propuesta, que consiste en la creación del

Consejo Municipal Plurinacional para el Buen Vivir, como órgano vinculante

e integrante de la estructura del régimen municipal. El Consejo Municipal

Plurinacional para el Buen Vivir será el órgano ciudadano para definir las

 

54 Consejo del Pueblo Maya

Consejo del Pueblo Maya

 

prioridades de desarrollo del municipio y el depositario en primera instan-

cia de la rendición de cuentas e información pública de la alcaldía y el Con-

cejo Municipal.

 

El Consejo Municipal Plurinacional para el Buen Vivir será el órgano donde

se negocien las prioridades de programas y proyectos para ser convertidas

en actos de ley, de política y de presupuesto. Este Consejo demandará la

 

superación de las brechas de desigualdad y defenderá la equidad e igual-

dad de oportunidades y recursos para mujeres y hombres y la inclusión ciu-

dadana, orientará la planificación social, productiva y territorial del munici-

pio, vigilará el ordenamiento territorial, opinará sobre la desconcentración y

 

descentralización y garantizará el equilibrio de los ecosistemas y la salud de

las cuencas hídricas en leyes y políticas, entre otras funciones.

El Consejo Municipal Plurinacional para el Buen Vivir se integrará con un

número de representantes elegidos por asambleas comunitarias. Dado que

es disfuncional un Consejo Municipal Plurinacional compuesto por las o los

 

representantes de todas las aldeas o comunidades de un municipio, el nue-

vo Código Municipal deberá regular un procedimiento para que, creando

 

microrregiones, las aldeas o comunidades puedan coaligarse, hacer asam-

blea micro-regional por delegación, y nombrar así a sus representantes.

 

Las resoluciones de este Consejo serán vinculantes. Deberá conformarse

en todos los municipios, sean o no municipios autónomos indígenas, como

garantía nacional de la existencia de un espacio de delegación ciudadana

 

elegido desde las comunidades para proponer decisiones territoriales es-

tratégicas. En los municipios donde haya circunscripciones especiales mino-

ritarias deberá garantizarse la representación de las minorías en este Con-

sejo, como parte de la expresión del cogobierno municipal plurinacional.

 

Tal transformación nos obliga, finalmente, a señalar nuestra oposición a que

continúe la vigencia de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

Muchas ciudadanas y ciudadanos creímos que esta ley iba a provocar el

florecimiento de la democracia en Guatemala. Pero la palabra “decidir”, que

era lo que buscaba el movimiento ciudadano que la impulsó, no existe en

esa ley y nunca se ha permitido en las dinámicas sociales reales de ningún

nivel de los consejos de desarrollo durante sus 18 años de existencia.

Por eso proponemos crear el Consejo Municipal Plurinacional para el Buen

Vivir, para dar vida al control ciudadano, al libre acceso a la información para

la ciudadanía. Lo proponemos también para que la ciudadanía no reduzca

y limite su organización en inútiles y desgastantes consejos de desarrollo,

permitiéndola organizarse libremente si ya tiene asegurado que existe un

 

Consejo del Pueblo Maya 55

Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional

 

camino realmente vinculante para expresar sus necesidades. Con el Conse-

jo Municipal Plurinacional para el Buen Vivir, la libre organización permitirá

 

a la ciudadanía la posibilidad de expresarse como quiera para presionar,

 

exigir, comunicarse, controlar al Estado desde el ámbito municipal y partici-

par en la ejecución de los proyectos y procesos para producir y reproducir

 

su vida material.

 

Régimen Municipal actual

sin autonomía y colonialista

 

Régimen Municipal Plurinacional

 

ALCALDÍA

CONCEJO MUNICIPAL

MINISTERIOS

ALCALDÍA

CONSEJO DE DESARROLLO

MUNICIPAL

 

SEGEPLAN

 

ALCALDÍA CONCEJO

MUNICIPAL

Órgano de coordinación

interministerial

 

Asambleas Comunitarias

Microrregionales

Consejo Municipal Plurinacional

para el Buen Vivir

 

2.2 Conformación del régimen de gobierno autónomo

departamental plurinacional

2.2.1 El gobierno departamental como un espacio real de

articulación social

 

Lo mismo demandamos para los departamentos. El gobierno departamen-

tal debe abrirse para la efectiva y real política de coordinación interministe-

rial, a fin de que este acto sea fuente activa y permanente de formación de

 

competencias en las instituciones estatales y en el funcionariado público y

se pueda: 1o. Descentralizar; 2o. Desconcentrar; 3o. Recibir y dar en doble

 

vía los lineamientos de planificación y ejecución presupuestaria; y 4o. Desa-

rrollar, sobre criterios sólidos, los procesos de regionalización.

 

La primera propuesta para democratizar los departamentos es establecer

constitucionalmente que el gobierno departamental debe ser un recinto

 

56 Consejo del Pueblo Maya

Consejo del Pueblo Maya

 

para la coordinación de todas las instituciones públicas. El gobierno depar-

tamental debe ser un ámbito efectivo de doble vía para articular lo territo-

rial con lo nacional.

 

Aquí juega un papel decisivo el crear y poner en vigencia una Ley de Planifi-

cación Nacional del Desarrollo, en la cual nos detenemos en el Pacto No. 2.

 

Proponemos esta ley para definir procedimientos que aseguren el carácter

vinculante de las deliberaciones ciudadanas y para crear procedimientos

expeditos que obliguen a las instituciones y al funcionariado a coordinar las

dinámicas de descentralización, desconcentración y ejecución de políticas,

programas, proyectos y su correspondiente expresión en un presupuesto

nacional basado en la equidad fiscal.

Esta primera propuesta incluye conformar un Ministerio de Planificación del

Desarrollo, obligado a recoger, negociar y articular los planes de gobierno

 

con las leyes de planificación nacional y con las demandas ciudadanas vincu-

lantes, desde los municipios, departamentos, subregiones y regiones. Este

 

ministerio tendría la jerarquía política estratégica de la planificación presu-

puestaria (ahora medio encargada a SEGEPLAN), incluyendo las decisiones

 

referidas a la política fiscal, al endeudamiento público interno y externo,

todo lo cual hasta ahora está siendo concentrado arbitraria, corporativa e

incoherentemente en la Junta Monetaria y en el Ministerio de Finanzas.

 

El Ministerio de Finanzas deberá desenvolverse solo para los asuntos téc-

nico-operativos de las finanzas públicas. Deberá desaparecer SEGEPLAN

 

como tal y aprovechar, con esta reestructuración, la gran experiencia acu-

mulada por este organismo, que tristemente viene desperdiciándose, deca-

yendo y convirtiéndose en un agente del tráfico de influencias corporativas.

 

El acervo de SEGEPLAN sería la base del nuevo ministerio.

2.2.2 Constituir un Consejo de Coordinación Interministerial

en el gobierno departamental

 

El presidencialismo debe expulsarse del gobierno departamental. La se-

gunda propuesta es la elección directa del cargo de gobernación departa-

mental y la conformación a nivel departamental de un Consejo de Coordi-

nación Interministerial. Este Consejo debe funcionar y articularse a su vez

 

con las municipalidades para recoger sus decisiones autónomas y dar los

apoyos correspondientes a los municipios.

La elección por voto ciudadano de la gobernación departamental debe

ser la garantía de la descentralización y de la planificación democrática del

 

Consejo del Pueblo Maya 57

Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional

 

desarrollo. Serviría también como contrapeso político para asegurar que

 

sea el control ciudadano, y no las decisiones presidencialistas o de los par-

tidos políticos, las que marquen el curso y destino de los municipios que

 

integran un departamento.

 

La elección del cargo de Gobernador(a) deberá regularse constitucional-

mente, así como las respectivas funciones. Entre esas funciones destaca-

ríamos: presidir las sesiones del Consejo de Coordinación Interministerial

 

para asegurar la gerencia y coordinación de las dinámicas de planificación

y ejecución del presupuesto y la transversalización de las políticas. El o la

 

gobernadora deberá hacer propuestas a dicho consejo para la coordina-

ción, descentralización y desconcentración, así como para la formación de

 

capacidades del funcionariado público y el debido cumplimiento territorial

de una nueva Ley de Servicio Civil.

2.2.3 Constituir los Consejos Departamentales Plurinacionales

para el Buen Vivir

Finalmente, para democratizar al Estado en los departamentos hacemos

una tercera propuesta, que es la equivalente al nivel municipal, respecto a

crear un órgano ciudadano de control y con decisiones vinculantes sobre

 

el desarrollo para todo el departamento. Se creará así el Consejo Depar-

tamental Plurinacional para el Buen Vivir. Este Consejo será el órgano ciu-

dadano para garantizar el equilibrio y la equidad en el desarrollo entre los

 

municipios y para el cuidado y goce compartido de los bienes públicos, sin

desmedro de ningún municipio integrante.

 

El Consejo Departamental Plurinacional para el Buen Vivir será una plata-

forma para articular y escuchar la voz ciudadana de los municipios, a modo

 

de definir las prioridades de interconexión y complementación de servicios,

como la electrificación, saneamiento, carreteras, mercados, infraestructura

productiva, prioridades productivas o economías a escala entre municipios,

etc. También hará propuestas para crear subregiones en su interior y/o para

 

conformar regiones con otros departamentos. Opinará sobre la desconcen-

tración y descentralización y garantizará el equilibrio de los ecosistemas y

 

la salud de las cuencas hídricas en leyes y políticas departamentales, entre

otras funciones.

Las resoluciones del Consejo Departamental Plurinacional para el Buen Vivir

 

serán vinculantes. Este Consejo se integrará con un número de dos repre-

sentantes por municipio. Los representantes serán electos por un procedi-

miento en el cual las microrregiones mandaten a sus delegados municipales,

 

58 Consejo del Pueblo Maya

Consejo del Pueblo Maya

 

reunidos en sus primeras sesiones como Consejo Municipal Plurinacional

para el Buen Vivir, a presentarles una terna de candidatos para que dos de

 

ellos sean electos como sus delegados municipales ante el Consejo Depar-

tamental. El Consejo Departamental Plurinacional para el Buen Vivir deberá

 

conformarse en todos los departamentos y los representantes que lo in-

tegren, incluyen a los municipios autónomos indígenas, como garantía de

 

plurinacionalidad, de ese modo se garantiza el cogobierno departamental

plurinacional, hecho que deberá ser regulado en la ley respectiva.

 

Decimos, finalmente que, el Estado garantizará los recursos para las sesio-

nes y funcionamiento del Consejo Municipal Plurinacional para el Buen Vivir,

 

así como del Consejo Departamental Plurinacional para el Buen Vivir, y que

sus integrantes deberán ser compensados con viáticos por los gastos en

que incurran para cumplir con este servicio ciudadano o bien garantizarles

 

transporte, hospedaje y alimentación por su viaje y estadía a la cabecera de-

partamental, por lo que también deberá regularse la rendición de cuentas

 

de las y los ciudadanos que participen en estos dos espacios.

 

Gobierno Departamental

Presidencialista y Colonialista

 

GOBERNACIÓN

 

ALCALDÍAS

CONSEJOS DE DESARROLLO

MUNICIPAL

MINISTERIOS

 

GOBERNACIÓN

 

Consejo de Coordinación

interministerial

 

Asambleas Comunitarias Microrregionales

Gobiernos Autónomos

Indígenas

 

PRESIDENCIA

 

Régimen Departamental Plurinacional

 

Consejo Departamental

Plurinacional para el Buen Vivir

 

Consejos Municipales

Plurinacionales para el

Buen Vivir

 

2.3 Conformación del organismo legislativo plurinacional

Este ámbito de cogobierno es aún más complejo porque aquí cobra

presencia estratégica el derecho a la libre determinación de los Pueblos

Indígenas. Se trata del derecho a participar como pueblos –y no como

 

Consejo del Pueblo Maya 59

Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional

 

individuos– en el Congreso de la República de Guatemala, sin ningún

 

desmedro para que la población ladina también se sienta plenamen-

te representada. Con las estadísticas del último XII censo de población

 

(2018), publicadas en 2020 por el Institución Nacional de Estadística (INE),

tal complejidad puede gestionarse, ya que se informa que la población

identificada como indígenas engloba un 42% y se cuenta con registros de

la identidad de pueblo de cada una de las y los habitantes censados. En

todo caso, hemos tomado la decisión de utilizar los siguientes criterios

para hacer nuestra propuesta:

 

  1. Asumir como una manifestación de cogobierno el hecho que el sis-

tema de partidos políticos lidere, para los cuatro pueblos, los pro-

cesos de elección para los cargos de: 1o. Alcaldía y Concejo Muni-

cipal; 2o. Gobernaciones y 3o. Presidencia y Vicepresidencia de la

 

República;

  1. Reiteramos la importancia de la elección directa ciudadana para los

 

otros cargos de dirección ya señalados con instituciones estratégi-

cas de rango nacional. Un cambio fundamental, entre otros, deberá

 

ocurrir en la nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos, no solo re-

gulando las elecciones directas sin partidos políticos, sino también

 

obligando a los partidos a presentar sus programas de gobierno

con base en el carácter plurinacional de la sociedad y del Estado y

tomando en consideración la Ley de Planificación Plurinacional del

Desarrollo;

 

  1. No aceptar única y exclusivamente la participación del sistema de par-

tidos políticos para elegir a las y los diputados al Congreso. Conside-

ramos que este organismo, al ser el último responsable del diseño del

 

régimen jurídico-político, debe estar compuesto por representantes

que lleven las consignas directas de los Pueblos Indígenas. El sistema

partidario, si bien permite la competencia democrática, no garantiza

 

plenamente que se levanten y defiendan los mandatos colectivos da-

dos desde los pueblos. Nos interesa respetar la forma de deliberación

 

asamblearia históricamente usada por los Pueblos Indígenas, por lo

que el desafío sería construir el procedimiento pertinente;

 

  1. No aceptar la representación de candidaturas de partido para el orga-

nismo legislativo, en razón directa de la proporción de habitantes indí-

genas o ladino/mestizos en cada distrito electoral porque ese método

 

no garantiza la representación colectiva de los habitantes indígenas

 

como miembros de un pueblo originario, sino más bien destaca la de-

legación dada a la candidatura, a nivel individual;

 

60 Consejo del Pueblo Maya

Consejo del Pueblo Maya

 

  1. Modificar constitucionalmente los actuales distritos electorales. La

CPRG se reduce a señalar que cada uno de los departamentos de la

 

República, constituye un distrito electoral; y que el municipio de Gua-

temala forma el distrito central, y los otros municipios del departamen-

to de Guatemala constituyen el distrito de Guatemala. Este reduccio-

nismo debe desaparecer;

 

  1. Construir lo nuevo, inventar posibilidades de cogobierno que sean

constitucionalmente propicias y respetuosas de cuatro aspectos:

  1. La libre determinación de los pueblos;
  2. La democratización general del régimen político, lo que significa

mayores poderes a las ciudadanías;

  1. La transformación de los partidos políticos para que pasen de ser

correas de transmisión del patrimonialismo a ser efectivas entidades

de derecho público con visión democrática y plurinacional del

país; y

  1. Tomar en cuenta el contexto de alta precariedad existente en el

ejercicio de la política para la misma ciudadanía, especialmente

para la ciudadanía indígena, donde se han depositado los mayores

controles y sometimientos para evitar su participación activa y

luchadora.

No vamos a irnos, por tanto, por lo más fácil, por lo más cómodo o por

lo que aparentemente convenga, según la inercia que inevitablemente se

 

registrará. Hemos pensado en la opción bicameral, pero –aunque no la des-

cartamos– no la presentamos ahora como proyecto pertinente porque se

 

requerirían muchos cambios previos para echarla a andar con seriedad.

De modo que la sugerencia de cogobierno plurinacional para configurar el

organismo legislativo o Congreso de Guatemala consiste en los siguientes

aspectos:

1o. Asumir en 158 a 160 el número de congresistas;

2o. Eliminar el sistema electoral por el listado nacional;

3o. Declarar constitucionalmente como nuevos distritos electorales:

la aldea; el municipio, la integración de tres o más municipios, los

gobiernos indígenas autónomos;

4o. Con base en el censo de población, definir el número total de diputados

que corresponda al Pueblo Garífuna;

 

Consejo del Pueblo Maya 61

Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional

 

5o. Con base en el censo de población, definir el número total de diputados

que corresponda al Pueblo Maya; desagregado por el número de

diputados que corresponda a cada una de sus 22 comunidades

lingüísticas;

6o. Con base en el censo de población, definir el número total de diputados

que corresponda al Pueblo Xinca;

7o. Con base en el censo de población, definir el número total de diputados

que corresponda a la población o Pueblo Ladino/Mestizo;

2.3.1 Proceso eleccionario de los Pueblos Indígenas

8o. Definir y regular un mecanismo asambleario para la dinámica de

elección de los Pueblos Indígenas con dos fines: a) Deliberar y decidir

cuáles serán las consignas o mandatos que llevarán sus representantes

al Congreso; y b) Deliberar y elegir a sus representantes;

9o. Definir y regular un mecanismo para conformar el cuerpo de electores/

aspirantes para cada pueblo, cuyo número sería el resultado final de

elecciones asamblearias sucesivas por: microrregión (varias aldeas);

municipios; departamento; y varios departamentos;

10o. El cuerpo de electores/aspirantes de cada pueblo abre convocatoria

general para la presentación de candidaturas, las cuales pueden o

no corresponder a los electores/aspirantes presentes. Enlista a los

candidatos, delibera y sintetiza los mandatos o deberes políticos

recogidos, delibera sobre los candidatos y procede a la elección final.

2.3.2 Proceso eleccionario de la población o Pueblo Ladino/

Mestizo

11o. Definir y regular el mecanismo de competencia de los partidos

políticos;

12o. Presentar planillas departamentales con base en los distritos que

integran a tres o más municipios;

13o. Elegir a los diputados por departamento mediante listados abiertos

con derecho a voto nominal.

El Congreso, como escenario de articulación de todo el país y, por tanto,

de la pluriculturalidad existente, tiene que ser representativo. Daríamos un

gran aporte a la democratización de Guatemala si garantizamos, regulando

 

62 Consejo del Pueblo Maya

Consejo del Pueblo Maya

 

en la ley respectiva, que los pueblos Indígenas pueden llegar al Congreso

respetando nuestra historia política de construcción de autoridad, esto es,

 

que hayan congresistas con autoridad delegada como producto de proce-

sos asambleístas de deliberación colectiva.

 

Un organismo legislativo compuesto de esa manera estaría propiciando

 

que los términos de la relación entre los representantes no sean estric-

tamente en razón de sus compromisos y responsabilidades individua-

les, sino también en razón de sus deberes y responsabilidades con sus

 

pueblos, es decir, en razón del bienestar general de los electores. Tra-

tamos de articular de mejor manera la atención a los fines colectivos.

 

Tratamos de que, en este ámbito legislativo, el Estado deje de pensar

bajo el control de elites empresariales, para tomar decisiones desde las

relaciones de carne y hueso con la gente, abordando soluciones para sus

problemas.

Buscamos mayor igualdad de resultados o de impacto de la acción política

del Congreso, el cual no solo legisla, sino también ejercer control sobre

el ejecutivo y las cortes. Queremos un órgano plurinacional de gobierno

que garantice que los bienes y espacios públicos y estatales sean cuidados

como bienes comunes y colectivos.

Guatemala necesita un Congreso que, con sus actos políticos, comience

 

a destruir las estructuras que han perpetuado la corrupción, la impuni-

dad, la desigualdad, las formas de discriminación, el racismo, la desnu-

trición, el subdesempleo, la represión sistemática y la militarización. Para

 

construir un Estado Plurinacional, que es un Estado abierto a todas las

democracias, se requiere un espacio de cogobierno común de todos

los pueblos desde donde se irradien nuevas relaciones de poder y de

convivencia.

La Ley Orgánica del Congreso de la República debe ser modificada en

profundidad. Comenzando con la integración de la Junta Directiva, puesto

 

que nos oponemos a que su integración se haga para representar a blo-

ques partidarios, tal como se norma actualmente. Por el contrario, la Junta

 

Directiva debe ser electa para representar y dar cumplimiento a los fines

del Estado Plurinacional y garantizar que se vote por una agenda temática

 

legislativa explícita. La composición del congreso no deberá basarse úni-

camente en bloques de partido, sino deberá contener también los bloques

 

de pueblos.

 

Toda la regulación sobre las comisiones de trabajo, ordinarias o extraor-

dinarias del organismo legislativo debe tener una perspectiva y un campo

 

Consejo del Pueblo Maya 63

Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional

 

de trabajo de índole plurinacional. Los congresistas deben ser obligados

 

a trabajar de modo permanente en comisiones y estas resolver por ma-

yoría absoluta. Debe quedar explícita una norma legislativa para obli-

gar a todas las personas asesoras del Congreso a ser nombradas por

 

examen de oposición, no tener parentesco con los congresistas contra-

tantes, rendir informe de su trabajo y hacerlo público en la página web

 

correspondiente.

Consideramos que los dictámenes de las comisiones deben ser firmados o

razonados y ser publicados en la página web correspondiente. Es nuestra

 

opinión que los congresistas solo deben tener como remuneración su sala-

rio, además de viáticos austeros por comisiones de trabajo y sujetos a fac-

turación y rendición de cuentas. Cualquier otro privilegio, como las dietas,

 

debe ser eliminado. Asimismo, debe acordarse por única vez en un artículo

transitorio de la Constitución Política Plurinacional, la derogación radical

del actual régimen laboral de todo el personal que trabaja en el legislativo,

procediendo así a erradicar los privilegios y prebendas perversas cultivadas

en su interior.

Finalmente, en diversas partes de este documento nos hemos referido a

la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y en este capítulo también vamos

a hacerlo. A nosotros nos interesa que los partidos políticos no tengan el

monopolio de la política. Por eso pensamos que esta ley mejorada será

 

una consecuencia de los cambios constitucionales. Consideramos estraté-

gico que la Constitución Política Plurinacional asuma, contenga y mandate

 

Congreso de la República

Patrimonialista y Monocultural

 

Congreso Plurinacional

 

LISTADOS POR DISTRITOS

LISTA NACIONAL

 

VOTO CIUDADANO

PARTIDOS POLÍTICOS PARTIDOS POLÍTICOS

Y PROCEDIMIENTO

ASAMBLEARIO DE

PUEBLOS INDÍGENAS

LISTADOS ABIERTOS POR

DISTRITOS. VOTO

NOMINAL DIRECTO

 

CONSEJO DE ELECTORES

Y MANDATOS

 

VOTO CIUDADANO DE ACUERDO A

CADA PROCEDIMIENTO

 

64 Consejo del Pueblo Maya

Consejo del Pueblo Maya

 

a todas las leyes constitucionales, incluyendo la electoral, para que, en lo

que corresponda a cada tema, se desplieguen la democracia comunitaria, la

 

democracia participativa y la democracia representativa, todas como com-

ponentes de la Democracia Plurinacional y de la convivencia política de la

 

sociedad.

Resumimos: La Democracia Plurinacional requiere de la profundización de

la democracia, llevarla a su máxima expresión en la vida social y ciudadana.

 

Contiene las tres democracias: La democracia comunitaria es directa, asam-

blearia, deliberativa y se basa en transformar el mandato colectivo en los

 

deberes de la autoridad. La democracia participativa también es directa y

un gran recurso para hacer real el control ciudadano sobre el Estado y para

asegurar el acceso libre a la información pública y al cuidado y defensa de

los bienes públicos. La democracia representativa es la delegación general

del poder ciudadano en la acción personal de la autoridad.

Nos interesa que la Ley Electoral y de Partidos Políticos profundice estas

democracias y las reglamente, sin contenerlas ni limitarlas. Es importante

 

incluir la libre determinación de los pueblos para hacer sus consultas sin re-

glamentarlas, el derecho de los movimientos sociales a presentar candida-

turas, el control social a los partidos y al Tribunal Supremo Electoral; y otras,

 

como las ya dichas: paridad entre mujeres y hombres como norma obligada

plurinacional; transparencia y rendición de cuentas; reelección consecutiva

 

por una sola vez y revocatoria de mandato. Necesitamos construir un engra-

naje de cambios y darnos el tiempo justo para desplegarlos y asentarlos en

 

la vida social.

 

Consejo del Pueblo Maya 65

III. La urgencia de

revalorar la política

 

Las dinámicas ciudadanas que han surgido y se han consolidado en el con-

texto de la lucha contra la corrupción son portadoras de trascendentales

 

cambios en la acción ciudadana: hay una extendida participación de las ju-

ventudes, una mayor capacidad de presión social frente a los abusos de

 

poder; existe mayor compromiso y responsabilidad frente a los hechos de

interés público; son mejores y profundos los análisis e investigaciones que

 

señalan los nudos del sistema jurídico-político y se ha generado una opi-

nión pública vigorosa contra la impunidad y la corrupción. Es indudable que

 

hemos construido una red de comunicación popular, abierta, interclasista,

que defiende los básicos logros democráticos alcanzados en los últimos

treinta años.

 

No obstante, la gravedad de las condiciones sociales exige un acerca-

miento diferente de la ciudadanía hacia la política. Si observamos con

 

detenimiento, el deterioro provocado por el régimen de dominio se ha

logrado denunciar y, en cierta, aunque muy débil medida, se ha logrado

detener, gracias al crecimiento de espacios públicos de acción política

 

ciudadana: debates, estudios, foros, protestas, presencia en las plazas, pa-

ros, manifestaciones, posicionamientos recurrentes, alianzas más abiertas,

 

etc. Tal realidad llama nuestra atención para valorar altamente la relación

 

directa que existe entre la política y el espacio público. Mientras más es-

pacios públicos existan para que la ciudadanía controle y decida sobre los

 

actos del Estado y sobre sus propias necesidades es mayor y más radical

la democracia.

Nuestra tesis consiste en que el eje de la corrupción y el eje del abuso de

poder, articulados con la estructura de privilegios, racismo y desigualdad

social, están arraigados en un ordenamiento político (leyes, instituciones

 

y lógicas de poder) hecho para limitar los espacios públicos. Estamos con-

vencidos de que la visión de la ciudadanía como enemigo interno y la visión

 

de los Pueblos Indígenas como los parias útiles para reciclar la acumulación

capitalista, se encuentran activos y funcionando en toda la estructura del

 

régimen jurídico-político, mientras cada gobierno de turno la cierra o la am-

plía según convenga a sus intereses.

 

66 Consejo del Pueblo Maya

Consejo del Pueblo Maya

 

Pensamos que debemos arraigar de otra manera el derecho al bien común

y al espacio público. Arraigarlo como constitutivo de nuestra convivencia

política y no como circunstancial y dependiente de las veleidades de cada

gobierno de turno. Queremos acceder a los espacios públicos no solo para

 

reaccionar en resistencia, sino para decidir y organizar con estabilidad nues-

tra vida cotidiana y nuestros planes de vida.

 

No queremos dedicarnos más solo a defender lo poco que tenemos, sino

 

a construir mejores condiciones de vida y a hacer otras críticas más efec-

tivas respecto a la sociedad misma, por ejemplo, desmontar la cultura ra-

cista y las relaciones sexistas y patriarcales, ampliar la educación en todos

 

los niveles, fortalecer nuestro sistema de salud y de trabajo, tener libertad

para crear autonomías productivas y trabajos dignos, destruir los miedos y

 

egoísmos creados por el fundamentalismo religioso y mucho más. Quere-

mos construir ciudadanías que puedan fortalecer las individualidades y las

 

comunidades.

 

Dicho en sentido negativo, queremos amarrar el sistema político para obli-

garlo a no reproducir las condiciones que tienen en desnutrición a la ma-

yoría de mujeres guatemaltecas, que son indígenas y son niñas; a no re-

producir la servidumbre indígena, donde las mujeres son a su vez las más

 

agredidas; a no mantener una economía especulativa que solo beneficia a

las corporaciones financieras, mientras la mayoría de jefes y jefas de familia

se obligan a migrar o a aceptar trabajos denigrantes y sobreexplotados; a

 

no seguir aguantando una burocracia racista en todos los espacios públi-

cos; y así, hay muchas más exclusiones que no queremos.

 

Desafortunadamente, por los viejos operativos de la política, sean de iz-

quierda o de derecha, la idea de defender una visión de sociedad con

 

democracia profunda parece hoy trasnochada o es acusada de idealista,

 

ideologista, utopista o sobrepasa nuestra inercia de indiferencia o de aco-

modamiento ciudadano, especialmente porque la fuerza del imaginario

 

neoliberal global nos ha invadido de mensajes para que nuestros cerebros

solo se muevan rindiendo por dinero, acepten las privatizaciones de los

servicios sociales básicos, toleren la conversión del Estado en policía que

protege a las grandes corporaciones o nos lleven a aislarnos de los asuntos

públicos seducidos con el consumismo y el desperdicio de recursos.

La experiencia de las luchas de los Pueblos Indígenas en América Latina y

en el mundo, tanto como las luchas de las mujeres y de los movimientos

 

de indignados, nos han hecho aprender que nuestra propia lucha en Gua-

temala, como mujeres y hombres de Pueblos Indígenas, no es una lucha

 

Consejo del Pueblo Maya 67

Democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional

 

por el Estado en sí misma, ni por tierras o por dinero. Es una lucha por dig-

nificar nuestra historia y nuestra vida. Una lucha para reorganizar las bases

 

constituyentes de nuestra convivencia, a modo de hacer florecer procesos y

dinámicas que nos lleven a hacer inventos mucho más profundos que el de

montar un Estado Plurinacional.

 

Consideramos que un Estado Plurinacional es necesario ahora porque aspi-

ramos a que no nos maten o segreguen por vivir, por mantener con vida a

 

nuestros amenazados autogobiernos, por hacer nuestras consultas y asam-

bleas comunitarias, por denunciar los abusos de las grandes hidroeléctricas

 

que se roban nuestros ríos o por criticar a las mineras que chupan los mine-

rales que dan vida a la Madre Tierra. Pero el Estado Plurinacional no es un

 

fin en sí mismo.

Por eso la visión de sociedad sí debe importarnos como ciudadanía. Para

 

volver relevante y útil una visión de sociedad debemos tener un acerca-

miento diferente con la política y asumir que decidir sobre nuestra vida so-

cial es el acto más ético y fuerte de la política. El solo hecho de imaginar

 

una nueva arquitectura del poder estatal es liberarnos de la tutela de los

poderes dominantes que, además, nos tienen del tingo al tango con sus

luchas intestinas.

 

Las ciudadanías guatemaltecas todavía no ejercemos la política con auto-

nomía. Debemos asumirnos sujetos de la política y dejar de ser objetos

 

reactivos a la política decidida por otros. Nuestra propuesta pretende que

 

se escuche la voz de los Pueblos Indígenas para reorganizar de raíz el Esta-

do y la sociedad; pero este cambio es imposible sin la población mestiza/

 

ladina, por lo que exhortamos a todas las fuerzas sociales a deliberar sobre

su contenido, a discutir, a llegar a mejores ideas e incluir otras.

 

El sitio fuerte de nuestra propuesta es que construyamos una fuerza so-

cial que cree nuevos poderes constituyentes en el régimen jurídico-político,

 

asumiendo que esta fuerza es una fuerza viva para construir los cambios

subsecuentes y para sostenerlos. Ese es el tiempo de justicia que aspiramos

 

y creemos que debemos prepararnos para ello. Se trata de tener una es-

trategia común de cambio radical para que el cambio se haga posible por

 

décadas.

Ahora tenemos poco, resistencia e ideas, necesitamos más. En el pasado

sostuvimos proyectos difusos de cambio social y muchos nos levantamos en

guerra armada contra los poderosos. Ahora no podemos hacer lo mismo.

Nuestra batalla es política y muy difícil, porque para lograr erigir nuevos

 

68 Consejo del Pueblo Maya

Consejo del Pueblo Maya

 

poderes constituyentes del Estado y la sociedad, necesitamos presionar de

 

tal manera para que se convoque a una Asamblea Plurinacional Constitu-

yente, es decir, una asamblea de los pueblos.

 

Necesitamos hacerlo desde afuera y desde adentro del actual Congreso,

advirtiendo que es desde adentro donde, según la ley, debe hacerse la

consulta y convocatoria a toda la población. Con pocos no logramos hacer

el cambio. Necesitamos presionar a los partidos políticos democráticos

y llevar una fuerza mayoritaria al Congreso, pero aún más, necesitamos

tener claridad y perspectiva de los aspectos clave del cambio como un

proceso.

 

Ese es el espíritu de esta propuesta: ofrecer un marco de temas fundamen-

tales para los Pueblos Indígenas, para que fuerzas Mayas, Xincas, Garífunas

y Mestizas/Ladinas, las discutamos, hagamos nuestras deliberaciones, me-

joremos y ampliemos las ideas de los cambios. El pacto que por siglos ha

sostenido la oligarquía con sangre, será cambiado cuando los cuatro pue-

blos levantemos un pacto para democratizar al Estado y a la sociedad y lo

lancemos a las calles y a los recintos donde se toman decisiones.

 


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