Servindi,

1 de setiembre, 2021.-

El mensaje del primer ministro Guido Bellido contiene cinco referencias a los pueblos originarios, pero quedan en lo “retórico y simbólico” porque no concretan medidas a favor de sus derechos y aspiraciones históricas.

Así lo observa el sociólogo Roberto Espinoza en un artículo en el que reconoce que en el discurso de 46 páginas del premier hay medidas positivas para el país que “ojalá lleguen a los pueblos originarios”.

Lamentablemente, en lo que atañe a los pueblos indígenas amazónicos no llega a tocar “sus demandas fundamentales históricas” e incluso “figuran peligros que requieren aclaración y eventual rectificación”.

A continuación compartimos el análisis de Roberto Espinoza, miembro de la Red Descolonialdidad del Poder y Autogobierno Social, que detalla la página de las observaciones y desarrolla propuestas complementarias para fortalecer la coherencia entre prédica y práctica.

 

Pueblos originarios y el Plan Bellido: retórica, vacíos y peligros

Por Roberto Espinoza*

1 de setiembre, 2021.- Los pueblos originarios fueron mencionados cinco veces (págs.3,21,38,40, 46), en el mensaje del Premier Guido Bellido, pero lamentablemente, las referencias quedan en lo retórico y “simbólico”, porque en sus 46 páginas, en concreto, solo hay apenas cuatro líneas de una promesa de “formular un mecanismo de financiamiento directo de las medidas que tiendan a satisfacer las necesidades de las comunidades indígenas” (p.40).

Extraño vacío y minimización que nos lleva a enfocarnos entonces en las acciones que sí han sido detalladas y sus posibles impactos para los pueblos originarios, especialmente para los amazónicos. Se aprecia que no hay nada en el mensaje sobre sus derechos y aspiraciones, e incluso figuran peligros que requieren aclaración y eventual rectificación. Entramos en detalles, indicando la fuente de la página del mensaje del premier, y desarrollando propuestas complementarias para fortalecer la coherencia entre la prédica y la práctica.

1. La rentabilidad social (RS) (p.12) debe ser aclarada para despejar peligros.

Si los pueblos la entienden como preferir su vida plena, como algo superior a los proyectos extractivistas, entonces los rechazarán, y el gobierno debe respetar esa interpretación. Al contrario, entender dicha “RS” como obras, servicios, y en el extremo, “más dinero en el bolsillo”; provocará división comunitaria interna, y peor, si busca reemplazar la consulta y consentimiento y la seguridad territorial, ambos previos.

El resultado sería nefasto al repetir los conflictos y fracasos de intentos semejantes en otros países. Nunca el reparto de “obras y dinero” ha “compensado” destruir la base natural, autogobierno y “propio desarrollo” de los pueblos; y solo ha embalsado peores y posteriores conflictos sociales. Por lo demás, esa RS, no puede ni debe “parecerse” a ideas similares de sectores de derecha y empresariales, con los engaños del falso “extractivismo sustentable” ni tampoco el favoritismo a las empresas chinas con los manipuleos de “razones geopolíticas estatales”.

2. La titulación territorial originaria y otras demandas de derechos colectivos, no mereció mención alguna, ni siquiera la destinada a dichos pueblos (p.40).

A pesar del documento entregado al Presidente Pedro Castillo por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), donde se detalla la demanda territorial pendiente de los pueblos amazónicos por más de 20 millones de has, los responsables de la PCM, MINAGRI, MINCUL, MINAM y de los GORE tendrán que definirse al respecto entre cumplir las promesas electorales o ignorarlas, con lo que se avalaría el violento tráfico de tierras de colonización que despoja y destruye pueblos originarios amazónicos. Sin seguridad territorial originaria, andina, costera y especialmente amazónica, cualquier “segunda reforma agraria” quedaría trunca y desnaturalizada.

3. La eliminación de procedimientos “improductivos” en minería e hidrocarburos puede extenderse a otros extractivismos (p.12).

La eliminación de procedimientos llamados “improductivos” en minería e hidrocarburos, que puede extenderse a otros extractivismos como los de agronegocios, plantaciones, madera, es un peligro si es que en su aclaración y precisión, se reducen más de lo que ya están, los estándares estatales sobre consulta y consentimiento precio y de buena fe en todas las fases de los proyectos e inversiones, así como de sus impactos sociales, ambientales y culturales a los pueblos originarios.

4. La inversión estatal en “pequeña” infraestructura local para generar empleo (p.43) o los “S/1000 millones para trochas carrozables” (p.9), tampoco deben servir para respaldar trochas de penetración en la Amazonía para negociados madereros, mineros, cultivos ilícitos o de colonización.

Ello es peor aún, si en estos casos se extendiese la anunciada flexibilización para titulación de predios urbanos informales (p.25) que debe saber diferenciar (y no generalizar) sobre realidades de grandes ciudades, distintas de la complejidad de los “predios urbanos” en la amazonía, considerando los numerosos y antiguos conflictos de colonización sobre territorios de posesión indígena, y por tanto de propiedad originaria ancestral.

 

5. El apoyo acrítico en la continuidad del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (p.15), incluye el peligro de insistir en la Hidrovía Amazónica.

La Hidrovía Amazónica que impone la invasión de capitales chinos que resultará en el dragado permanente por años de no menos de 13 puntos, afectando profundamente la vida a lo largo de los grandes ríos del Ucayali, Huallaga, Marañón y el Amazonas. Este proyecto ha sido rechazado por los pueblos originarios en forma reiterada.

Otro peligro, es desatender el pedido de los pueblos de Purús para fortalecer y abaratar los vuelos cívicos para su conexión aérea a Pucallpa, y preferir la carretera a Puerto Esperanza, favoreciendo negociados de colonización, a costa de invasiones a pueblos indígenas, incluidos los pueblos en aislamiento y contacto inicial.

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Por ahora, no analizamos otras medidas que son positivas para el país, y cuyos beneficios, ojalá lleguen a los pueblos originarios, pero que lamentablemente no tocan sus demandas fundamentales históricas, sino aspectos importantes, pero complementarios. Solo las enumeramos, esperando evaluar posteriormente su aplicación en la práctica. Se trata de la cobranza rápida de las deudas tributarias y contribuciones en las sobreganancias extractivas (p.5), la producción biotecnológica de vacunas en el Perú (p.6), alianza con líderes comunales sobre las vacunaciones (p.8), centros de salud las 24 horas (p.7), promover destinos turísticos comunitarios (p.11), la emergencia educativa en pueblos indígenas (p.21), becas de nivelación para egresados de educación básica (p.24), capacitación en gestión pública con enfoque de género, intercultural y ética (p.28), sancionar la responsabilidad empresarial en la corrupción estatal (p.29), las rondas como expresión cultural sin intervención estatal (p.33) que implica su no imposición en la Amazonía; así como los programas sobre violencia contra la mujer (p.38).

Los pueblos originarios amazónicos, a través de AIDESEP, hicieron llegar al Presidente Pedro Castillo el Plan de Acción Indígena Amazónico, de 13 ejes, 30 objetivos y 250 acciones concretas, detalladas y sus responsables ministeriales, para detener la violación a sus derechos fundamentales, y avanzar en su Territorialidad Integral, Autogobierno por Pueblos, Vida Plena con Valor agregado del bosque en pie, freno y sanción al violento y corrupto tráfico de tierras pro colonización y extractivismos depredadores.

Ojalá que esas propuestas no queden archivadas y merezcan ser debatidas con las organizaciones indígenas amazónicas regionales y locales, por parte de los ministerios y gobiernos regionales involucrados. Las menciones simbólicas son y serán totalmente insuficientes para superar el bicentenario del largo racismo estructural e institucional aplicado especialmente sobre la Amazonía indígena.