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Sábado 4 de septiembre de 2021, p. 5
San Diego. Una juez federal dictaminó ayer que es inconstitucional la práctica del gobierno estadunidense de denegar a los inmigrantes la oportunidad de solicitar asilo en la frontera mexicana hasta que haya espacio para procesar las peticiones.
El fallo de la juez Cynthia Bashant no tiene un impacto inmediato, pero podría impedir al gobierno limitar el ingreso de solicitantes de asilo amparándose en el argumento de que carece de recursos. También podría dar alivio a algunas de las decenas de miles de personas que se anotan en listas de espera no oficiales en ciudades fronterizas mexicanas.
Bashant, quien fue elegida por el ex presidente Obama, ordenó al Departamento de Justicia y los demandantes, encabezados por el grupo activista de Los Ángeles Al Otro Lado, que recomendaran sus próximos pasos antes del primero de octubre.
La práctica de limitar el número de personas que pueden solicitar asilo en los cruces terrestres entre Estados Unidos y México, conocida como metering, empezó en 2016 durante la presidencia de Obama, cuando una gran cantidad de haitianos se presentó en el principal cruce a San Diego desde Tijuana. Se amplió a toda la frontera en 2018 con el gobierno de Trump, lo que generó listas de espera en ciudades fronterizas mexicanas.
Estados Unidos dejó de aceptar solicitudes de asilo en los cruces en marzo de 2020, con pocas excepciones, por una orden de Trump relacionada con la pandemia, conocida como Título 42, y que con Joe Biden se amplió. En su decisión, la juez pidió a ambas partes que expliquen el impacto de esa medida.
Las listas de espera crecen. En mayo pasado, en las ciudades fronterizas mexicanas tenían más de 18 mil 600 nombres, más de la mitad de ellos en Tijuana, según un reporte del Centro Robert Strauss de Seguridad Internacional y Derecho de la Universidad de Texas en Austin. Los registros llegaron a casi 27 mil en agosto de 2019.
En su fallo, la juez determinó que la práctica viola los derechos constitucionales al debido proceso conforme a la ley y a una ley federal que requiere que los funcionarios procesen a cualquier persona que se presente en busca de asilo.
La magistrada, quien respondió a una demanda de hace casi cuatro años, respaldó de forma inequívoca la crítica de que las autoridades estadunidenses no monitorean las listas de espera, que están sujetas a fraude y corrupción, y que los solicitantes de asilo estaban expuestos a graves peligros mientras esperaban en México. Aquellos que demandaron al gobierno estadunidense se sintieron reivindicados.
“El tribunal reconoció debidamente el elevado costo humano del metering, incluyendo el alto riesgo de agresión, desaparición y muerte cuando los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza incumplen su deber de inspeccionar y procesar a los solicitantes de asilo y los obligan a esperar en México”, afirmó Melissa Crow, abogada del Southern Poverty Law Center.
El Departamento de Justicia rechazó hacer comentarios.