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La reciente caravana de migrantes en su paso por México ha sido atacada no sólo por la Guardia Nacional (GN) y el Instituto Nacional de Migración, sino también por sectores de una sociedad que en otros tiempos se indignaba por las violaciones a los derechos de las personas en tránsito por este territorio, y ahora, al igual que la derecha, consideran ilegal el recorrido de personas sin papeles que huyen de la violencia, la persecución y la pobreza. Hoy la falta de reconocimiento de la crisis la hace más grave.
El informe del colectivo de monitoreo del 2 de septiembre da cuenta de la intercepción y agresiones a personas migrantes y solicitantes de refugio por parte del gobierno mexicano, en un acto considerado por las organizaciones participantes como violento y desproporcionado en San Felipe, Escuintla, Carretera Costera Tapachula-Tuxtla Gutiérrez.
También se informa de las agresiones contra periodistas que se encontraban cubriendo a la caravana y defensores que la acompañaban, a quienes les fue cerrado el paso y fueron encapsulados por vehículos de la Guardia Nacional.
El miércoles 1º de septiembre, mientras el presidente ofrecía su tercer Informe de gobierno, el portal Chiapas Paralelo informó que agentes de Migración y de la GN desarticularon la caravana de migrantes, la cual fue sorprendida en Mapastepec, donde las personas fueron sorprendidas, dispersadas y capturadas
.
También se reportó la detención de niños y niñas que fueron arrancados de sus familias y deportados sin el debido proceso a la frontera con Talismán, como una forma de persuadir
a las familias para desmovilizarse y dispersar las caravanas.
Los reportes de organizaciones, las imágenes y videos de la represión no dejan lugar a la neutralidad. La indignación debe desencadenar la solidaridad urgente. Porque nadie es ilegal.