Alberto Acosta*

Publicado en la REVISTA ECUADOR DEBATE 115

del Centro Andino de Acción popular – CAAP

 

 

“Es vergonzoso que las sociedades contemporáneas

 -tanto la ecuatoriana como muchas otras sociedades del mundo- no hayan sido capaces de (¿o no les ha interesado?) llegar a acuerdos mínimos que depongan los intereses de grandes grupos de poder (tanto

globales como locales) con el objetivo de salvar vidas”.

John Cajas-Guijarro (2021)

 

Ecuador, como muchísimos países en el mundo, vive momentos muy complejos. El coronavirus agudizó los problemas, no los provocó. Su economía se encuentra en medio de una  grave depresión. Su dependencia extrema del mercado mundial, en tanto economía primario exportadora, una vez más, le pasa factura. La pobreza y la inequidad han aumentado. La destrucción ambiental es inocultable. Las enormes debilidades de su institucionalidad política complican aún más el panorama. La desbocada corrupción, las diversas violencias y el autoritarismo, emergen como condiciones casi inherentes de esta sociedad patriarcal, colonial, extractivista. En este contexto, empieza un nuevo gobierno con una clara orientación neoliberal, pero que, tanto por la gravedad de la crisis, como por las posibles reacciones populares, no logra concretar el ritmo de su gestión. De todas maneras, varias definiciones se han perfilado hacia una profundización de los extractivismos, de la apertura comercial, de la flexibilización laboral, entre otras cuestiones que nos remiten a las discusiones de épocas anteriores. Parecería que el Ecuador quiere avanzar hacia el pasado, lo que, como es obvio, no permitirá resolver los graves problemas actuales y menos los estructurales. Así, este potencial futuro pasadista, puede abrir la puerta de nuevas y más complejas políticas, no solo socioeconómicas.

A este pequeño país andino le aqueja una recesión económica muy seria y de carácter estructural, que quedó develada en 2015 con la caída de los precios del petróleo, en tiempos previos a la pandemia del COVID-19; virus que encontró una sociedad desguarnecida y que -sin ser la causa de tantas crisis-, las ha agudizado brutalmente. Entender estas crisis -en plural- es fundamental, pues se trata de crisis múltiples en sus orígenes, en sus repercusiones y en su evolución.

En este entorno de una grave depresión económica, los problemas son cada vez más complejos. Su dependencia extrema del mercado mundial, en tanto economía primario exportadora, pasa factura con creciente regularidad. La pobreza y la inequidad han aumentado. La destrucción ambiental provocada por los extractivismos y la contaminación en las ciudades es inocultable, como lo es también, el creciente cambio del uso del suelo para ampliar la frontera agrícola, por ejemplo vía deforestación. Las enormes debilidades de su institucionalidad política, que no pudieron corregirse luego del proceso constitucional de Montecristi. La desbocada corrupción, las diversas violencias y el autoritarismo son condiciones casi inherentes de esta sociedad patriarcal, colonial, extractivista. En fin, son esos y muchos otros temas, los que están en la base de esta crisis multifacética.

Un punto que queremos resaltar en estas páginas, es el carácter económico y social de esta crisis, que -por efecto de la pandemia y las medidas adoptadas para enfrentarla-, combina una perversa mezcla de choques de demanda y de oferta, que difícilmente podrán ser resueltos con las medidas tradicionales. La evolución internacional se muestra cada vez más afectada por una incertidumbre que conjuga la complejidad del retorno a una normalidad -una anormalidad causante de muchos de los actuales problemas, incluyendo el coronavirus-, y la persistencia de variantes del virus que mantienen latente la inseguridad y la confusión reinantes.

Igual de preocupante, es la ausencia de lecturas sobre los cambios de comportamiento social a raíz de la pandemia. Los análisis al respecto son todavía incipientes. Y de no abordarse con oportunidad y claridad, esta cuestión podría ahondar aún más las preocupantes tendencias que registramos casi cotidianamente.

En este momento, por demás complejo,  se inauguró el gobierno de Guillermo Lasso, que más allá de algunos pasos inciales, todavía no logra (o no quiere), transparentar la totalidad de su propuesta de política económica.

La mayor crisis de la historia

Precisamos comprender el momento que atraviesa la Humanidad. No se trata de buscar consuelos en desgracias generalizadas pero; sería un grave error concentrarse exclusivamente en los problemas nacionales. Sobre todo, porque las soluciones hoy más que nunca, en todo sentido, tendrán que ser pensadas teniendo en cuenta los temas globales, sea para apoyarlas o sea para tomar medidas que permitan aminorar los impactos internacionales.

Empecemos por ubicar internacionalmente la magnitud de la crisis socioeconómica. Tomando cifras sintetizadas por John Cajas-Guijarro (2021),[1] de acuerdo al Banco Mundial la caída de la economía mundial al año 2020 fue del 3,5% del PIB, el FMI menciona una cifra de 3,3%; en cualquiera de los dos casos, la cifra supera a la del 2009 y, superan de largo todas las registradas desde la Segunda Guerra Mundial. La Organización Mundial de Comercio (OMC), afirma que en 2020 el comercio internacional se contrajo en 5,3%, con reducciones diferencias por productos. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), estima que las horas trabajadas se redujeron en 8,8%, lo que equivale a la pérdida de 255 millones de empleos a tiempo completo. En términos de pobreza, el Banco Mundial, estima que la pandemia y sus secuelas aumentarían entre 110 y 150 millones el número adicional de personas viviendo en extrema pobreza entre 2020 y 2021, a la vez que existiría un aumento generalizado de la desigualdad. El Programa Mundial de Alimentos, calcula que la crisis llevaría a que 272 millones de personas terminen sufriendo de inseguridad alimentaria.

Pero eso no es todo. Tenemos una crisis diferente a las anteriores. No se trata simplemente de inyectar recursos -en clave keynesiana-, para recuperar el ritmo de la economía. Tampoco es suficiente dar paso a crecientes flexibilizaciones laborales o ambientales para mejorar los niveles de competitividad. La cuestión es definitivamente más compleja, y para el caso de Ecuador, el hecho de que el dólar, en tanto divisa estadounidense, incremente su valor como moneda de refugio en medio de tanta incertidumbre, constituye una suerte de revaluación que impactará en los estrechos margenes de competitividad de sus exportaciones; la cambiante evolución del precio del petróleo es otro motivo de preocupación. Adicionalmente, habrá que poner atención a la evolución del endeudamiento externo a nivel mundial, que antes de la pandemia presentaba complejos nubarrones en el horizonte de una economía mundial que caminaba ya hacia una recesión.

Sin profundizar mucho en el tema -por razones de espacio-, tengamos presente que los orígenes profundos de la actual crisis, agravada por la pandemia sanitaria, son entre otros, los siguientes: a) consumismo y productivismo que arrasan con los recursos del planeta y que liquidan los equilibrios ambientales; b) tecnologías que, en lugar de alivianar la vida de los seres humanos, aceleran la acumulación del capital afectando cada vez más la psiquis de las sociedades, al tiempo que permiten consolidar un Estado cada vez más autoritario, como en China; c) ambición y egoísmo que conducen a la destrucción de tejidos comunitarios y a la profundización de un individualismo transformado en una enfermedad social; d) millones de personas hambrientas, no por falta de alimentos, que sobran, sino porque mucha gente no tiene capacidad para adquirirlos o simplemente porque se los desperdicia; se especula con ellos; se alimenta automóviles con los biocombustibles; se depreda la biodiversidad; mientras en otros segmentos golpea la obesidad; e) extractivismos desbocados que destrozan las bases de la vida y consolidan un sistema económico inequitativo y depredador; extractivismos que incluso comienzan a proyectarse fuera de la atmósfera, como es el caso de la pretendida minería espacial.[2] f) flexibilización laboral para ser cada vez más competitivos, aumentando la explotación del trabajo y la miseria de millones de personas; lo que viene acompañado normalmente -para apuntalar esa mejora en la competitividad-, de menores restricciones ambientales con el consiguiente deterioro ecológico; inclusive el coronavirus, por sus orígenes zoonóticos, es un resultado de la destrucción de la biodiversidad; g) predominio de las finanzas, sobre todo en su trajinar especulativo, sobre las actividades de producción de bienes y servicios, las que, a su vez, superan en mucho la capacidad de resiliencia de la Tierra; h) culto a la religión del crecimiento económico permanente que desborda los límites biofísicos del planeta. Todo lo anterior provocado por la codicia, la que -cual verdadero “virus mutante”-, impulsa una imparable mercantilización de la vida.

Poniendo la atención en un punto, el ambiental, esta dura y compleja realidad se grafica mejor si ve que la fecha de la Sobrecapacidad de la Tierra, se acerca cada vez más al 1 de enero. La más reciente medición, nos advierte que el día 28 de julio, se agotaron los recursos disponibles para el 2021. El primer registro, en 1970, se ubicó el 29 de diciembre, en el 2019 fue el 29 de julio y en el 2020, el 22 de agosto. El retroceso del Día de la Sobrecapacidad de la Tierra en 2020, se debió a la pandemia del coronavirus. Se registró tres semanas más tarde que el año anterior, como resultado de la desaceleración económica, pero ya en el 2021 estamos nuevamente en la senda de la mencionada anormalidad. Por cierto, hay una enorme desigualdad entre los países. Por ejemplo, los EE.UU. ya cumplieron su “cuota” el 14 de marzo. En Europa, España lo hizo el 25 de mayo. Así, si toda la Humanidad adoptara un estilo de vida similar al estadounidense  promedio, necesitaría 5 planetas para mantenerse y en el caso del español promedio, 2,5 planetas. Ecuador, sin que sea motivo para bajar la guardia, recién empieza a estar sobregirado ambientalmente en diciembre, lo que no puede ocultar la enorme cantidad de destrozos ambientales que se producen en este país por la destrucción de las selvas, los páramos y los manglares, para citar unos cuantos casos.

Vistas así las cosas, es vital asumir la crisis ambiental como parte de una crisis multifacética, no solamente sistémica, sino que a todas luces configura una crisis civilizatoria, en la que las desigualdades se disparan.

En paralelo, debemos considerar las inequidades socioeconómicas en el planeta, propias del capitalismo, en tanto civilización de la desigualdad. Estas desigualdades, aceptémoslo, son insostenibles, incluyendo las provocadas por la destrucción de la Naturaleza derivadas de la búsqueda permanente del crecimiento económico. Basta ver algunas cifras de la inequitativa distribución de la riqueza a nivel mundial, para constatar como las brechas entre ricos y pobres crecen permanentemente. El sistema capitalista impulsa sin parar la desigualdad extrema, la pobreza y la injusticia. En el Informe Anual de OXFAM (2021)[3] se concluye que:

La crisis de la Covid-19 se ha propagado por un mundo que ya era extremadamente desigual. Un mundo en el que una pequeña élite de tan solo 2000 milmillonarios poseía más riqueza de la que podrían gastar aunque vivieran mil vidas. Un mundo en el que casi la mitad de la humanidad tiene que sobrevivir con menos de 5,50 dólares al día.Un mundo en el que, durante 40 años, el 1% más rico de la población ha duplicado los ingresos de la mitad más pobre de la población mundial. Un mundo en el que, en el último cuarto de siglo, el 1% más rico de la población ha generado el doble de emisiones de carbono que el 50% más pobre, agravando la destrucción provocada por el cambio climático. Un mundo en el que la creciente brecha entre ricos y pobres tiene su origen, pero también ha agravado, las viejas desigualdades por razones de género y origen racial. Estas desigualdades son consecuencia de un sistema económico fallido que hunde sus raíces en la economía neoliberal y el secuestro democrático por parte de las élites, y que explota y exacerba sistemas profundamente cimentados sobre la desigualdad y la opresión, como el patriarcado y el racismo estructural, impregnados de supremacismo blanco. Estos sistemas se encuentran en el origen de la injusticia y la pobreza; generan enormes beneficios que se acumulan únicamente en manos de la élite patriarcal blanca, a través de la explotación de las personas en situación de pobreza, así como de las mujeres y las comunidades racializadas e históricamente excluidas y oprimidas de todo el mundo. La desigualdad implica que haya más personas enfermas, y menos que puedan recibir una educación y llevar una vida feliz y digna. La desigualdad envenena nuestra vida política, alimentando el extremismo y el racismo, socava la lucha para poner fin a la pobreza, y hace que el miedo se imponga a la esperanza para una gran parte de la población (2003: 11).

La pandemia del coronavirus, por ejemplo, a través del inequitativo acceso a las vacunas, ha exacerbado esta lacerante realidad. Pongámoslo en términos claros: la desigualdad mata. En los EE.UU., para mencionar un asunto citado por el Washington Post (21.07.2021), la COVID-19 ocasiona una reducción de 1,2 años en la esperanza de vida de los estadounidenses. Es mayor en los “black americans” con 2,9 y aún mayor para los “latinos” con 3 años. Las desiguales condiciones de vida de estos grupos humanos explican estas diferencias. Y esto también se constata a diario en muchísimos países, sobre todo del Sur global,  donde miles de personas fallecen por no tener el dinero que les permita acceder a los hospitales y a las medicinas.

Por su origen, estos desequilibrios son múltiples y crecen aceleradamente, provocando procesos que superan las fronteras nacionales, por ejemplo, la creciente migración de los países de África a Europa. Estas realidades, por otro lado, explican el aumento de los niveles de represión y exclusión existentes en muchas latitudes. Y los avances tecnológicos, a pesar de los reiterados discursos, no serán la solución; basta tener en mente que los súper ricos incluso traman como abandonar el barco, su objetivo “es trascender la condición humana y protegerse del cambio climático, los grandes flujos migratorios, las pandemias globales” (Rushkoff, 2018).

A las múltiples dimensiones que la crisis civilizatoria del capital posee sobre la realidad humana y natural, se agrega una crisis del pensamiento: se ha menoscabado la construcción -o siquiera la discusión-, de las grandes soluciones que el mundo necesita, especialmente en el ámbito de la economía, en donde se sigue insistiendo en el mismo instrumentario que tantas veces ha fracasado. Esta crisis del pensamiento aflora por diversos lados en las mal llamadas “ciencias económicas” -tanto en sus versiones (neo) clásicas, keynesianas y hasta marxistas-, las cuales han sido incapaces de explicar -peor de resolver-, los problemas del capitalismo, la “civilización de la desigualdad” en palabras de Joseph Schumpeter.

 Una economía al borde del naufragio

Teniendo en mente estas cuestiones globales volvamos a nuestro país. Según datos del Banco Central del Ecuador, el país vive su peor crisis económica, combinada con un estancamiento de varios años. La contracción del Producto Interno Bruto (PIB), para 2020, habría sido de -7,8 %: una caída más drástica que aquella vivida en 1999 y que llegó a -4,3 %. Además, al estancamiento anterior por el impacto de la COVID-19, se suman las políticas recesivas, de corte fondomonetarista, desplegadas por el gobierno de Lenin Moreno.[4]

Recurramos a la síntesis que hace John Cajas-Guijarro sobre la evolución de los diversos sectores de la economía en medio de la pandemia en su recomendable libro:

[…] a más de la caída del PIB y la destrucción del empleo y del ingreso laboral, el colapso económico vivido en 2020 en el Ecuador muestra un comportamiento que replica –hasta cierto punto– algunos de los patrones identificados en otras regiones del mundo. Por ejemplo, a la par con la caída económica existe una contracción simultánea del consumo de los hogares (-7,0%) y, sobre todo, de la inversión (-11,9%). A su vez, en términos sectoriales, si bien en 2020 existió una caída económica generalizada, se nota que las caídas más drásticas se asocian a aquellas actividades en donde existe mayor contacto social para su realización (sobre todo en servicios, comercio y similares). En concreto, entre 2019-2020 se identifican los siguientes casos de con-tracción de la producción: refinación de petróleo (-19,3%), transporte (-13,8%), alojamiento y servicios de comida (-11,6%), construcción (-11,1%), petróleos y minas    (-9,0%), actividades profesionales, técnicas y administrativas (-8,8%), comercio            (-8,2%), enseñanza y servicios sociales de salud (-7,3%), manufactura (-6,9%), administración pública (-4,6%), servicios financieros (-2,7%), suministro de electricidad y agua (-1,0%), agricultura (-0,6%). A su vez, enfocando la atención al período de marzo a diciembre de 2020, las estimaciones del Banco Central del Ecuador sugieren que el sector privado sufrió pérdidas por 12.791 millones de dólares (siendo el comercio, el turismo, la industria y los servicios varios los mayores afectados), mientras que el sector público afrontó pérdidas por 3.591 millones (siendo principalmente afectado el sector salud). A estas estimaciones de pérdidas millonarias puede agregarse la tendencia a una menor creación de nuevas empresas formales, que ya se ha ido registrando desde los inicios de la pandemia (2021: 61).

Si bien la pandemia del coronavirus no originó los problemas que atraviesa el Ecuador, sus múltiples impactos globales se han sentido duramente en el país. Un ejemplo es la abrupta caída del precio del petróleo y su efecto demoledor sobre las finanzas estatales, demostrando, una vez más, la fragilidad de una economía primario exportadora en extremo dependiente del mercado mundial. Además del choque del precio del petróleo, por efecto del frenazo económico mundial -choque de oferta y demanda-, también se han reducido las recaudaciones tributarias. En total, entre la caída petrolera, la reducción tributaria y el acelerado debilitamiento en otros componentes, entre 2019-2020 el sector público no financiero sufrió una contracción de 6.036 millones de dólares en sus ingresos totales. De hecho, para 2020 el déficit llegó a los 7 mil millones de dólares, mientras que las necesidades de financiamiento para 2021 alcanzarían los 8.700 millones.

El estrangulamiento fiscal explica la necesidad de mayor endeudamiento externo. Basta ver la expansión de la deuda pública, que representa otra dimensión de la crisis económica ecuatoriana; un tema recurrente, por lo demás. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, mientras que a diciembre de 2009 el Ecuador alcanzó una deuda externa pública de apenas 7.392 millones de dólares, para marzo de 2017 (meses antes de que Rafael Correa dejara la presidencia), la deuda se incrementó a 26.486 millones (Acosta y Cajas, 2017). Esa tendencia se aceleró con el gobierno de Moreno, con una deuda externa que creció hasta los 37.080 millones de dólares hasta marzo de 2019, antes de que se cambiaran las metodologías de cálculo. Posteriormente, de marzo de 2019 a diciembre de 2020 la deuda externa, medida con nueva metodología se incrementó de 38.914 millones de dólares a 45.367 millones, incluyendo 4 mil millones de dólares provenientes del acuerdo con el FMI alcanzado en octubre de 2020. Y, si incorporamos la deuda pública interna, el monto global supera los 63 mil millones de dólares, más del 65% del PIB; con un servicio estimado de 24 mil millones desde el 2021 al 2025. En el presente año el endeudamiento interno continúa, con anuncios de nuevos créditos externos.

Aquí, por cierto, no se puede olvidar que en 2014 el Ecuador -que ya desde 2009 recurrió al masivo financiamiento proveniente de China-, regresó a los mercados financieros con el beneplácito del FMI. En aquel momento se colocaron 2 mil millones de dólares en bonos en el mercado internacional, cuando los precios del crudo bordeaban los 100 dólares por barril. Desde ese momento el país iniciaba un nuevo proceso de endeudamiento agresivo, y de mayor dependencia económica y política de los capitales financieros y los organismos multilaterales.

El acelerado endeudamiento externo público desde el año 2014 (a un ritmo que no se ha visto antes en la historia del Ecuador), demostraría que la dolarización (transformada perversamente en el gran objetivo de la política económica), depende cada vez más de la deuda para sostenerse, sobre todo en épocas de estrangulamiento de las cuentas externas.

En plena pandemia, ante la incapacidad de obtener financiamiento externo en el mercado internacional, el gobierno ecuatoriano se lanzó abiertamente a solicitar el apoyo de los organismos multilaterales, sobre todo del FMI. Cabe recordar que, en marzo de 2019, el gobierno alcanzó un acuerdo con el FMI que terminó en tiempos del coronavirus, cuando el Fondo se negó a entregar los desembolsos que se habían pactado porque el país no habría cumplido los acuerdos impuestos. Urgido por el estrangulamiento financiero, fue necesario que el país alcance un nuevo acuerdo con el Fondo -el vigésimo desde 1963-, a inicios de septiembre de 2020, proceso que dio cierto alivio financiero, pero que no consiguió una solución estructural, que bien se pudo intentar en esos momentos de aguda crisis.

Ante una situación tan compleja y con perspectivas tan difíciles, el gobierno de Moreno no cambió de rumbo su política económica. Las urgencias fiscales primaron por sobre otras urgencias vitales, como las sanitarias (Cajas-Guijarro, 2020).

La dureza humana de las crisis

Como en toda gran crisis económica, los efectos son múltiples, la incertidumbre se generaliza y las desigualdades se exacerban e inclusive encuentran nuevas formas de expresión. Y en este caso, tal como lo define con precisión Cajas-Guijarro, esa tan dura situación se tradujo en “la tragedia de los pobres”. Veamos algunos puntos como referentes de una realidad en extremo dolorosa y muy difícil de sintetizar.

En efecto, el empleo en el Ecuador sufre una auténtica tragedia. Según el INEC, a diciembre de 2019, casi el 38% tenía un empleo pleno o adecuado, mientras que el 62 % de los trabajadores no lo tenía, es decir más de 5 millones de personas. En ese momento, solo 3’150.000 personas tenían empleo pleno. Luego, con la llegada de la pandemia y el cierre de las actividades económicas, a junio de 2020 el 16,7% de la población económicamente activa tenía un empleo pleno. Para junio del 2021 se obtuvo un dato de 31,3%, con 2’600.000 personas empleadas adecuadamente. En la actualidad, unos 5,7 millones de personas no tienen un empleo adecuado. Cabe aclarar que la “recuperación” se asocia -al menos en parte-, al relajamiento de las medidas de confinamiento frente a la pandemia, junto con una mayor precarización laboral.[5]

En paralelo al deterioro del empleo, se registra un repunte de la pobreza. De hecho, según el INEC, mientras que el 2017 la pobreza por ingresos bordeaba el 22%, para 2019 tuvo un ligero aumento a 25%, y terminó el año 2020 en 32,4%: más de 5,6 millones de compatriotas sobreviven con menos de 84 dólares al mes. La pobreza extrema subió en el primer año de la pandemia de 8,9% a 14,9% (45 dólares/mes por persona). En esta lamentable situación también se debe prestar atención al alarmante deterioro de las condiciones de vida rurales: para 2019, el 41,8% de la población rural ya vivía en pobreza, pero esta proporción aumentó gravemente a 47,9% en 2020. Y sin ampliar más esta información, por limitaciones de espacio, digamos que las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), superan el 60% en el promedio nacional, con una enorme desigualdad entre las ciudades y el campo. A modo de ejemplo, en las provincias petroleras más importantes, según el Censo de Población y Vivienda, en Orellana el NBI ascendía al 85%; en el caso de la provincia de Sucumbíos, el mismo se registra en un 87% y en la provincia de Napo este índice asciende a 94%.

Un punto fundamental para el futuro, pero que poco preocupa al momento de elaborar las políticas económicas: la desnutrición, afecta en un 26% a la niñez de 0 a 5 años; en 38% en zonas rurales y en 40% a regiones con mayoría indígena. La realidad de la desnutrición crónica en una provincia como Chimborazo, con mayor presencia de pueblos ancestrales es dramática: Riobamba (51%), Guamote (55%), Alausí (57%), Colta (52%), Guano (62%) (Pérez, 2021). Esta situación se explica por la injusticia social y la ineficiencia en atender esta lacerante realidad y no simplemente por la falta de alimentos, pues estos se desperdician en un volumen anual estimado en 940 mil toneladas, que permitirían alimentar a 1.5 millones de personas. Este es un tema que merece respuestas estructurales profundas -las cuales no aparecen en el horizonte-, más aún por las afectaciones producidas en medio de la pandemia.[6]

En estos indicadores de desempleo y pobreza hay que destacar la situación de las mujeres, golpeadas históricamente por estructuras patriarcales y más aún en medio del confinamiento. Su tarea en los hogares se ha multiplicado por diversas razones, entre las que se pueden destacar el trabajo y la educación en línea, a más de los múltiples esfuerzos para asegurar el cuidado de la vida en medio de la pandemia. Y en estas duras circunstancias la violencia de género ha aumentado.

El asunto es aún más complejo. “Quédate en casa”, fue la orden desde el poder. Quizás sí, esa era y es la necesaria medida para frenar el virus. Pero la pregunta es: ¿quién puede quedarse en casa y sobrevivir? Vemos ya lo difícil que es permanecer en cuarentena en casa, incluso si hay ciertas comodidades y no hay presiones económicas. Mucho más complejo resulta, entonces, para aquellos grupos estructuralmente desprotegidos que no tienen una vivienda adecuada, ni ingresos estables, ni ahorros, y que viven en condiciones realmente infrahumanas, en los tugurios o los que duermen en los portales. Según el Programa Nacional de Vivienda Social, el 45% de los 3,8 millones de hogares ecuatorianos habitaban en viviendas precarias. Son millones de hogares que residen en viviendas construidas con materiales inadecuados, con carencia de servicios sanitarios básicos y/o con problemas de hacinamiento. Cómo exigir comportamientos sanitarios adecuados cuando no hay agua potable, cómo esperar que funcione la educación o trabajo a distancia si un 50% de la población del país no tiene acceso a internet e inclusive no cuenta con un ordenador, cómo demandar que permanezcan en casa personas de la tercera edad que viven solas y en una enorme precariedad. Tengamos presente esas realidades.

A lo anterior nos toca añadir la enorme complejidad sanitaria. A primera vista, la gravedad de la crisis sanitaria en Ecuador se explica por los altos recortes de inversiones en el ámbito de la salud pública por parte del gobierno del presidente Moreno (2017-2021). De los 353 millones presupuestados en el Plan de Salud de 2017, se pasó a 302 millones en 2018 y a 186 millones en 2019. Esta caída se agrava por la incapacidad de ejecutar el monto del presupuesto asignado -también por presiones derivadas de la austeridad fiscal-, lo que se reflejó con una inversión real de 241 millones en 2017, 175 millones en 2018 y 110 millones en 2019.

Esta reducción, en el marco de la austeridad fondomonetarista, afectó gravemente a la disponibilidad de los insumos de salud, a la construcción de infraestructura hospitalaria e inclusive a la existencia de personal médico, que fue despedido masivamente en el año 2019,^[7] se estima que se habría separado a unas 3 mil personas. Incluso a los internos rotativos de los hospitales públicos se les redujo el salario en casi un 30% (de 591 a 394 dólares), lo que impactó en contra de los sectores más pobres y vulnerables del país, que son los que más acuden a los servicios públicos de salud (Arteaga, et al., 2019). El saldo de estas decisiones fiscales recesivas se tradujo en una grave afectación de la capacidad de atención en la emergencia sanitaria.

Sin minimizar la inadecuada decisión de reducir la inversión en salud, el problema es más complejo. El presupuesto estatal destinado al sector salud, no solo para estas emergencias, sino para sostener un sistema de salud eminentemente curativo y que mantiene partes importantes mercantilizadas, cae, como señala con justa razón una experta en la materia, Erika Arteaga Cruz, en “un tonel sin fondo”.[8] Entonces, la tragedia sanitaria no es simplemente una cuestión de recursos o de capacidad de respuestas ante situaciones de emergencia, sino también el resultado de un sistema plagado de falencias.

Aunque es innegable que desde 2006 hasta 2017 se haya modernizado y ampliado la cobertura de servicios de salud, los problemas son muchos. Cabe anotar, como indica Arteaga Cruz, que también se propició la acumulación de capital en la industria de insumos, farmacéuticas y aseguradoras privadas; se impulsó un debilitamiento de la seguridad social con la transferencia de fondos públicos a clínicas privadas, y no se logró que los hogares ecuatorianos gastaran menos en salud.

La cobertura universal en salud, vista como un derecho -un objetivo loable-, resulta una quimera al mantener la visión curativa propia del paradigma clínico, asistencialista y mercantilista, con soluciones estándar. Otro déficit significativo fue obviar el enorme potencial de la salud preventiva, y los conocimientos ancestrales de culturas y pueblos indígenas, que pueden ser un pilar de un vigoroso sistema de salud sustentado en prácticas comunitarias y participativas. Esta situación se agudizó con el gobierno de Moreno.

Demos un paso más en esta senda de recuentos dolorosos y complejos. Los problemas en el ámbito de la educación son realmente graves. Nos remitimos al estudio de Cajas-Guijarro, quien destaca que:

Otro grave problema que existe a más del deterioro de la calidad educativa -y que incluso es agravado por ese mismo deterioro- es el hecho de que varias personas dejaron de estudiar desde el inicio de la crisis COVID-19, de modo que nunca llegaron a incorporarse a la educación virtual (2021: 126).

Y no solo eso, las condiciones son cada vez más difíciles, con impactos impredecibles, pues en:

[…] en varios hogares, se combinan las limitaciones económicas asociadas a la falta de empleo e ingresos (impidiendo incluso el acceso a los equipos necesarios para desenvolverse en la educación virtual), una inadecuada conectividad a Internet y el deterioro de la calidad de la educación que desincentivó a que muchas personas ingresen o se mantengan en esa modalidad (Cajas, 2021: 126).

Si todo eso lo ubicamos en la cruda realidad de la educación en el país, aún antes de la pandemia, las perspectivas son preocupantes. De hecho, no es un tema que se resolverá sólo con mayores inversiones en educación, es decir, más escuelas y colegios, más y mejores maestros y maestras, ni siquiera más tecnologías modernas con acceso universal. La esencia -a superar-, de la educación en el Ecuador -podríamos decir en casi todo el mundo-, es que consolida sistemas patriarcales, de servidumbre y colonialidad social, de competencia y acumulación, de codicia y dominación, de individualismo y egoismo. En fin, este es un tema que debería ser motivo de una profunda y franca reflexión.

En definitiva, la destrucción del empleo y el aumento de la pobreza, las deplorables condiciones de vida de millones de hogares, tanto como el miedo a la enfermedad y la creciente inseguridad, golpean de varias formas a la economía. En particular esta situación afectada por la contracción de la demanda agregada debida a una menor capacidad de consumo de la población, tendencia que ya se notaba antes de la pandemia, y por cierto también, por la parálisis de muchos segmentos de la economía debido también a los riesgos de contagio, por ejemplo en el sector de restaurantes y hotelería, en muchas industrias, en el comercio y en tantas otras actividades productivas.

Más de lo mismo, será más de lo peor

Como se acaba de analizar, en medio de un mundo en crisis por la COVID-19 y otros flagelos, el Ecuador se presenta como una sociedad en extremo frágil, cargada de múltiples problemas, incertidumbres e incluso de no futuros, en donde ni siquiera la supervivencia mínima de la población puede garantizarse. Sin embargo, es necesario mencionar un detalle clave: la coyuntura tan compleja que vive la economía ecuatoriana es también el resultado de una crisis económica estructural, profunda y de larga duración,[9] que terminó de exacerbarse con la pandemia del coronavirus.

En estas circunstancias difícilmente se puede anticipar un horizonte alentador. Los discursos bien intencionados no bastan, menos aún la confianza ciega en un nuevo gobierno. Nuevas incertidumbres nacen de la compleja interacción de varios factores: un estancamiento que se venía arrastrando desde hace años; los golpes sociales y económicos que deja la pandemia del coronavirus; un endeudamiento casi eterno que aumenta la dependencia económica del país; las estructuras oligopólicas que controlan casi todos los mercados, en especial el financiero; y no menos preocupante el ingreso cada vez más evidente de estructuras criminales como alternativa de vida.[10]

En este escenario hay que ubicar los intentos de caminar en la senda de la permanente búsqueda de esos ansiados objetivos de progreso y desarrollo, impulsando el crecimiento económico a como dé lugar, en especial a través de mayores exportaciones e inversiones extranjeras, en un marco de crecientes liberalizaciones y menos intervenciones estatales. En otras palabras, el futuro se encuentra en el pasado. Recordemos cuántas veces se ha recorrido ese camino y cuántas veces se ha fracasado; porque no se aplicó la totalidad de las recetas, dirán sus panegíricos. Y también podríamos recordar cuántas veces hemos discutido estas cuestiones: bastaría con recurrir a revisar los números anteriores de esta Revista.[11]  ¿Por qué tendría que ser ahora diferente?

Puntualicemos algunos de los elementos que configuran paulatinamente la acción del gobierno del presidente Guillermo Lasso, empeñado -con toda razón-, en dar una respuesta a la pandemia a través de una masiva campaña de vacunación. Sin entrar en la discusión sobre los detalles de esta campaña, debemos reconocer que se trata de una política que puede ser asumida como una medida orientada a la reactivación económica, así como para asegurar la capacidad de gestión del Gobierno, tanto que ya se comienza  a preparar el escenario con miras a una consulta popular apalancada en la vacunación.

A primera vista parecería que el Gobierno no ha logrado todavía poner en marcha una política económica mucho más clara y hasta agresiva, como se habría esperado. Lo cierto podría ser que espera el momento propicio para un ajuste más profundo o que entendió que no hay condiciones sociales, políticas e inclusive económicas para ese cometido extremo. Quizás entre bastidores se dilucidan las tensiones entre quienes plantean medidas tipo choque y otros proponentes del gradualismo. Y por cierto, es muy probable que haya calado hondo la respuesta popular, a las medidas económicas del gobierno de Moreno, en Octubre del 2019.[12] Con el tiempo lo sabremos.

El Gobierno, de conformidad con su ministro de Economía y Finanzas, centra sus expectativas para la recuperación económica en un par de factores externos: la confianza que genera el actual gobierno medida por la caída del Índice de Riesgo País y un mejor contexto internacional (?), tanto como el respaldo que se recibiría de los organismos multilaterales de crédito. De hecho dio la revisión anual de la situación económica del país por parte del FMI y se analizó el avance del Acuerdo de Financiamiento Extendido (SAF), por el que Ecuador accedió a 6.500 millones de dólares hasta 2022. De ese total, 4.000 millones de dólares ya fueron desembolsados. Y el resto se debería recibir desde septiembre de este año.[13]

En el ámbito económico extrictamente local -en sintonía con lo que esperan el FMI y los mercados internacionales-, la acción gubernamental para aprovechar y potenciar el entorno externo busca desplegar una política que atraiga inversiones, amplíe el comercio externo, simplifique trámites, genere alianzas público-privadas y abiertas privatizaciones. A lo anteriror se suman la propuesta de una mayor flexibilización laboral, la ampliación de la frontera petrolera y minera, así como las concesiones/privatizaciones de activos públicos y la generalización de los Tratados de Libre Comercio (El Universo, 2021).

En línea con la promoción de las exportaciones y la atracción de inversiones sobre todo foráneas aparece el fomento de la competitividad, algo que no es nuevo y que se mantiene como una de aquellas promocionadas panaceas para resolver muchos de los problemas del país. Para ello el régimen creó un Comité de Reactivación encargado de adoptar correctivos conforme lo demanden los sectores productivos. Se propone bajar los costos de producción vía una revisión arancelaria generalizada de insumos y bienes de capital; así, los aranceles para unos 600 productos ya fueron rebajados.

Fortalecer las alianzas del sector público con las empresas privadas asoma como otro elemento de una política aún no claramente definida, que, eso si, tratará de disminuir el protagonismo estatal en favor del mercado, como reza en la práctica la visión ideológica neoliberal. Y para conseguir esa tan ansiada meta: el incremento de la competitividad, el Gobierno recurre a las flexibilizaciones laborales y ambientales.

Entre los muchos temas en la carpeta de las discusiones y las expectativas está el sector energético -petrolero y eléctrico-, en donde aparecen los deseos de privatizaciones, concesiones, monetizaciones, transnacionalizaciones. Más allá de las pretensiones privatizadoras en el ámbito petrolero, que las analizaremos más adelante, en el ámbito eléctrico se discute el tema de sus tarifas, no simplemente para racionalizarlas sino -esto es lo que cuenta-, para crear las condiciones que permitan abrir la puerta a nuevos negocios, es decir las privatizaciones, que ya estuvieron en la mira del correismo y del mismo morenismo.

Por aquí rondan algunos puntos complejos. Tengamos en cuenta la cuestión de la eliminación de subsidios a los combustibles, que siendo una significativa fuente de ingresos fiscales, es también una cuestión explosiva en términos políticos. Y también cabría dejar constancia de una suerte de “espada de Damocles” que pende sobre la economía: los problemas derivados por la creciente erosión del río Coca que pone en riesgo el mayor proyecto hidroeléctrico del país, el Coca-Codo-Sinclair (Acosta, 2020a).

La controvertida Ley de Defensa de la Dolarización, ocupó la atención al inicio de la gestión lassista. Sin entrar en más detalles, se podría sintetizar que con esta Ley se busca consolidar la posición de la banca privada, pues, en realidad, la dolarización no se defiende con leyes, sino con la existencia de dólares. Simultáneamente, a cuenta del fortalecimiento técnico del sector cooperativo, la reforma, al buscar reducir la brecha entre las exigencias a la banca privada y las cooperativas, pone una suerte de camisa de fuerza a estas últimas en beneficio de la primera (Acosta y Cajas, 2021).

No faltan ciertas señales orientadas a surtir efecto en las tribunas. Por ejemplo, al proponer una duplicación de la tasa de extracción de petróleo (¡el petróleo no se produce, se extrae!), se ofrece destinar una parte de los ingresos adicionales a combatir la desnutrición infantil, que suena muy bien, pero es una suerte de bombón social mientras se da la oportunidad de enormes beneficios a las transnacionales.

Tampoco han faltado acciones tipo tik-tok, como fue el llamado del presidente Lasso -banquero de profesión-, a sus colegas banqueros de que bajen las tasas de interés. Llamado que, como era de esperar, no surtió efecto. Aunque cabe anotar cierta tendencia a la reducción de dichas tasas por efecto de la misma desaceleración económica. Y, según los analistas pro-mercado, todavía habría que confiar que surtan efecto las reformas estructurales que incrementen la disponibilidad de ahorro interno, reformas que aún no han sido impulsadas, ni explicadas al menos.

Para cerrar esta apretada síntesis, de unas cuantas cuestiones económicas que han recibido la atención gubernamental en estos primeros meses de su gestión, cabría relievar el peso que tiene una suerte de campaña orquestada por una poderosa alianza mediática público-privada (refiréndonos a los grandes medios de comunicación privados y gubernamentales), que se empeñan en construir una escenografia cargada de expectativas positivas.[14] Así, los analistas funcionales a dicha alianza han entrado en un “optimismo desbordante” -según ellos-, como nunca antes se había registrado en la historia.  Inclusive las declaraciones de que se va a combatir la corrupción -que tantas veces las hemos escuchado al inicio de cada gobierno-, son presentadas como únicas, como la primera vez que se intenta. Para quienes ya cargamos décadas de historia en nuestra memoria, no es difícil recordar momentos de entusiasmo similares en épocas anteriores, como con Sixto Durán Ballén o Jamil Mahuad, para citar dos presidentes tan cercanos y queridos por las élites dominantes, al menos al inicio de su gestión.

A pesar de tanto entusiasmo, las previsiones de crecimiento para este año 2021 anticipan una lenta recuperación económica que fluctuaría entre un 2,5% según el FMI y un 2,8% según el Banco Central. Una tendencia que se queda bastante atrás de lo previsto en la mayoría de países de la región: según el Banco Mundial, la región crecería en este año en 4,4%, con países que alcanzarían cifras muy superiores como, Perú (8,1%), Argentina (6,4%), Chile  (5,5%), Colombia (5,0%) y México (4,5%). ¿Será que al Ecuador le pesa la dolarización?

Por lo pronto pongamos bajo la lupa, de forma somera, algunas acciones en marcha o propuestas, empezando por aquellas con las que el gobierno pretende solventar las penurias fiscales y reducir la presencia estatal:

 

– Una de las medidas que ha esgrimido el presidente Lasso, ya en campaña, es la duplicación del volumen de extracción de petróleo, de 500 mil a 1 millón de barriles. No se puede caer en análisis simples y comenzar a calcular cuánto sería el aumento de los ingresos petroleros necesarios para las tan alicaidas finanzas públicas. Lasso ha reconocido que tomará cuatro años cumplir con esta meta petrolera, ampliar la extracción de petróleo toma tiempo. Algo que no se toma en cuenta es la resistencia de las comunidades amazónicas que con sobradas razones defenderán con creciente firmeza sus territorios. Otro limitante, un aumento del volumen de extracción de crudo, sin un incremento de las reservas, acercará aún más la fecha en la que Ecuador dejará de exportar petróleo: sería una suerte de pan para hoy, hambre para mañana.

– Uno de los mecanismos para conseguir este ambicioso y a la par complejo objetivo, radica en concluir con los contratos petroleros de servicios y, volver a los contratos de participación. Los contratos de prestación de servicios adolecen de un problema, que radica en el costo de extracción mínimo, que bordea en promedio los 35 dólares por barril; así, cuando el precio cae, el rendimiento es menor. Con los contratos de participación la tajada estatal será menor, pero se espera contrapesar eso con mayores inversiones y mayores tasas de extracción de crudo. La entrega de los campos petroleros a empresas extranjeras -como ya lo hizo Correa en su gobierno-,[15] no será suficiente para conseguir ese esperado beneficio, puesto que para que las empresas privadas se interesen hay que ampliar el margen de sus utilidades.

 

– Se propone transformar la mayor empresa del país, Petroecuador, en una sociedad anónima, es decir abrir la puerta para su paulatina privatización. La decisión de privatizar las tres refinerías existentes no es tan fácil, ni de rápida cristalización. Además se tiene que considerar una serie de elementos estratégicos y, en el caso pe­trolero, no se puede olvidar la experien­cia de las décadas en que las transnacio­nales dominaban toda la industria hidro­carburífera, con escasos beneficios para el país. Y tampoco se puede menospre­ciar la selección del momento oportuno para proceder a la venta de las refinerias y otros activos petroleros, puesto que cuando existe una sobre­oferta de determinadas empresas o cuando el sector da clara muestras de debilitamiento estructural,[16] especialmente en medio de la grave crisis internacional que atravesamos, se otorgarían mayores beneficios al capital transnacional y no se conseguirían todos los resultados espera­dos.

 

– Reflexiones más o menos similares cabría hacerlas con la propuesta de privatizar la red de gasolineras de Petroecuador. Negocio rentable, que, adicionalmente, sirve para normar el mercado vía precios y cantidades. Opción que no se presenta como una fuente de recursos significativa, por lo demás.

– El espaldarazo a la megaminería, que recibe inclusive un abierto aliento de los grandes medios de comunicación -que seguramente lucran de la creciente publicidad de las empresas mineras-, no se reflejará en beneficios importantes para el país, pero con seguridad aumentará la conflictividad social en los territorios. Veamos un par de cifras tomadas de las mismas mineras y del Estado: el total de ingresos que se generaría por la megaminería en las próximas décadas podría ser de 132.432 millones de dólares. De ellos sólo unos 27.486 millones -un 20%- llegarían al Estado ecuatoriano en períodos que van desde once hasta más de cincuenta años, según la información económica disponible de siete megaproyectos. Solo para entender lo poco que representan los 27.486 millones que se recopilaría al terminar los principales megaproyectos actualmente en cartera: entre 2007 y 2018, el sector público no financiero ecuatoriano (gobierno central, gobiernos seccionales, empresas públicas y demás entes estatales), recibió casi 99 mil millones por ingresos petroleros; solo el gobierno central registró por ese rubro, en esos once años, 41.822 millones de dólares: 150% veces más en un período tres veces más corto que lo que ofrece la  megaminería. El costo de monitoreo -no necesariamente de remediación y menos aún de restauración-,de los sitios de las minas de los proyectos Mirador, Fruta del Norte, Loma Larga, Río Blanco, Panantza-San Carlos, Llurimagua, Cascabel, Cangrejos, y El Domo/Curipamba, calculado a míseros 3 dólares por tonelada para procesar las más de 5 mil millones de toneladas de material que hay que extraer del subsuelo, podría llegar al menos a 14.500 millones de dólares: casi el 53% de los 27.486 millones de dólares que, se supone, recibiría el Estado. Este costo no considera, por supuesto, la contaminación del agua, los subsidios ocultos (electricidad subsidiada, por ejemplo), los costos de eventuales accidentes (muy probables dados los contextos altamente riesgosos en los cuales se están desarrollando los proyectos), como la rotura de un dique de colas y la consecuente limpieza de la contaminación asociada. Y no podríamos marginar la enorme cantidad de beneficios tributarios y arancelarios que reciben estas empresas. Si todos los proyectos estratégicos entraran en funcionamiento, habría entre 32 y 40 mil puestos de trabajo directo, menos del 0,4% de la población económicamente activa.[17]

 

– Avancemos a la pretendida venta del Banco del Pacífico, que tiene una posición preponderante en el mercado y que obtiene importantes utilidades. No se trata solo de impulsar un proceso transparente y de obtener el mejor precio posible. Lo que interesa es averiguar las consecuencias que podría tener dicha venta y cuáles podrían ser aquellas opciones alternativas para conseguir un objetivo más trascendente que el obtener un ingreso monetario más o menos significativo. Difícilmente se puede aceptar el argumento de que un propietario privado posibilitaria mejorar los niveles de competencia en un mercado controlado por lógicas oligopólicas. Si ese es el objetivo -indispensable para propiciar una reducción sustantiva de las tasas de interés, urgente en una economía dolarizada-, por qué no impulsar un frente de bancos estatales (Banecuador, CFN, Banco del Pacífico), banca pública (BIESS), en estrecha alianza con las cooperativas de ahorro y crédito, así como con las cajas comunales.

 

– Otro de los activos del Estado que está en la mira privatizadora es la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). El patrimonio de esta empresa debe bordear fácilmente los 1.700 millones dólares. Su abierta privatización o concesión es muy probable que conlleve a la transnacionalización de la Corporación, pues es difícil creer que un empresa privada nacional podría asumir el reto de transformar la empresa. Sin ser una empresa que brille por su eficiencia, es una empresa rentable. Y bien podría transformarse en actor importante para ampliar sustantivamente el servicio en todo el Ecuador, al tiempo que serviría para romper el poder de la telefonía privada: dos empresas transnacionales controlan el grueso del mercado y que obtienen utilidades anuales superiores al 90% sobre su patrimonio neto.

 

– Con el fin de alentar las inversiones extranjeras en otros ámbitos, así como también en los diversos extractivismos, el Gobierno retornó al Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados – CIADI. Si se lee con detenimiento y buena fe, lo que dispone la Constitución, si se recupera el espíritu de la Constituyente y, si se revisa la Carta Magna en su integralidad, esa prohibición no deja espacio para la duda (Acosta, 2020b). En el artículo 419, se fija el marco de vigencia de los tratados internacionales que requieren una aprobación por parte de la función legislativa, entre los que no aparecen los mencionados arbitrajes internacionales. Los arbitrajes están expresamente prohibidos en el artículo 422. Eso si, dejamos claro, incluso como argumento adicional para aclarar el tema, que en dicho artículo 422 se preve la posibilidad de instancias arbitrales solo en el ámbito regional, es decir latinoamericano,[18] y también se contempla la posibilidad de un sistema de arbitraje para deuda externa soberana, que no existe todavía a nivel internacional.[19] Lo que debemos tener en mente, es que la experiencia en Ecuador y en el mundo, nos dice que las inversiones extranjeras no vienen motivadas solo por este tipo de tratados sino por otras razones que tienen que ver con las posibilidades de obtener beneficios. Es más, Ecuador, al 2017, tenía más tratados de arbitraje internacional que muchos países de la región, y sin embargo recibía solo 0,79% de la inversión que llegaba del mundo a América Latina y el Caribe. El  principal flujo de inversiones extranjeras directas hacia Ecuador provenía de Brasil, México y Panamá, países con los que Ecuador no había firmado un tratado bilateral de inversiones. Y como si lo anterior no fuese suficiente, téngase presente que -comparando dos países de la región de tamaño relativamente similar-, Brasil, sin tratados bilaterales de inversión, supera en inversiones extranjeras a México, uno de los países con más tratados de inversión.

 

– En otro campo, el gobierno busca mejorar la competitividad y generar empleo, creando condiciones para flexibilizar los nuevos contratos laborales. Para ponerlo en términos muy sencillos y precisos: se propone mantener el actual regimen legal laboral y crear uno nuevo para los contratos que se suscribirían con otras normas (podríamos afirmar que la explotación del trabajo estará normada en el código existente y la sobreexplotación en el nuevo). Los resultados de este tipo de flexibilizaciones, como se ha demostrado en muchas partes, no necesariamente aumentan los puestos de trabajo y si lo hacen, es a costa de una creciente precarización, y siempre provocando una mayor concentración de la riqueza.

 

– En ciernes estaría una reforma tributaria. Después de las primeras informaciones que difundió el ministro de Economía y Finanzas, hace un par de meses, no hay muchos detalles sobre esta iniciativa. Se habla de ampliar el grupo de contribuyentes, sin incrementar los impuestos a quienes más ganan, ni crear nuevos tributos. Por lo pronto hay algunas señales en dirección a una reducción de ciertos impuestos, como la eliminación del impuesto a la salida de divisas para el transporte aereo. Es evidente que un ajuste tributario con criterios de equidad -quien más gana y más tiene, más paga-; no está en carpeta, con lo que, en medio de esta grave pandemia y sus secuelas, se mantendrá el espíritu de insolidaridad impuesto con la mal llamada  Ley de Apoyo Humanitario, del morenismo.

 

Esta lista es preliminar. Y su tratamiento también. Faltan temas candentes. Como podría ser la pretendia privatización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), hacia donde se dirigen los discursos y declaraciones emitidas para ir abonando el terreno.

 

Hacía dónde caminamos…

 

Un par de ideas antes de cerrar, recordando que vivimos la peor crisis de la Humanidad; una crisis que rebasa al azote sanitario del coronavirus. Con ella se han descubierto las fracturas multifacéticas y sistémicas de la civilización dominante. Y en medio de esa crisis todavía estamos lejos de avizorar la evolución y los problemas que se nos vienen encima.

 

Este momento plantea una prueba mayor para la Humanidad, con una globalización que ha llevado a varias naciones a vivir una tragedia impensable hasta hace poco tiempo, con tantas muertes y dolor, con la consolidación de múltiples factores de control y vigilancia propios de gobiernos cada vez más autoritarios, y un sinfín de incertidumbres. A su vez, se perpetúan las desigualdades estructurales internas y entre sociedades ricas y empobrecidas a diferentes niveles, incluso en las capacidades para responder ante la propia pandemia.

 

A primera vista se avizora el retorno del Estado.[20] Y esto resulta hasta deseable. Que el Estado asuma una serie de responsabilidades abandonadas por la presión de la teología neoliberal, parece indispensable. Este reclamo es sobre todo obvio en el ámbito de las tareas sociales, pues en muchos países se las había dejado libradas a lógicas mercantiles, la salud inclusive. También asoma un Estado que, una vez más, luego de un largo interregno neoliberal, asume su papel como empresa de reparaciones del sistema, como es el caso de Europa y Estados Unidos, donde se destinan miles de millones de dólares o euros para sostener a las grandes empresas, para proteger el sistema.

 

Lo grave es que, simultáneamente se consolida un Estado autoritario: hay que disciplinar a la sociedad para controlar la pandemia, es la esencia del mensaje. La cuarentena, más allá de su utilidad para frenar el contagio, implica una restricción de derechos que garantizaría la vida de la colectividad. Este retorno del Estado, también implica la búsqueda de seguridad para mantener el statu quo, sobre todo cuando lo que se pretende es atravesar este complejo momento y retomar el ritmo de crecimiento económico: “no debemos matar la actividad económica por salvar vidas”, sintetizó sin rodeos el gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile, Carlos Soublette.[21] En palabras de Breno Bringel (2020):

 

[…] el Estado interventor es reivindicado ahora hasta por los neoliberales, pero con él también vienen los militares en las calles, los estados de emergencia y la instalación de una lógica bélica no sólo contra el virus, sino también contra algunos sectores de la sociedad.

 

Hay muchos elementos que habría que analizar a nivel global, regional y nacional. A nivel macro las implicaciones son múltiples. Sin tener total claridad de lo que sucede en esos niveles, un campo aún más complejo es el que se procesa a nivel comunitario e individual. Por un lado hay quienes anticipan un destape consumista, muy parecido al que se vivió en algunos países luego de la pandemia de la mal llamada “Gripe Española” hace 100 años. Otros ya ven avanzar las banderas desplegadas de la gran revolución. Sin caer en el tradicional y hasta cobarde punto medio, la realidad, una vez más, nos sorprenderá con evoluciones insospechadas.

 

El confinamiento puede haber acelerado el proceso de deshumanización de la Humanidad, con un cada vez más exacerbado individualismo. Las presiones extractivistas y la misma recuperación del crecimiento económico, sin duda, ahondarán la tendencia a desnaturalizar la Naturaleza, forzando más y más su mercantilización, a través de la economía verde y de acelerados extractivismos, como la imposible minería sostenible, por ejemplo. En vista de la fragilidad de la vida, quienes tienen los recursos económicos, no muchos, pueden dar paso a un creciente consumismo. Esa misma razón podría profundizar las tendencias de exclusión por parte de las élites más acomodadas, que, como sucedió en Ecuador y otros países, optaron por aislarse aún más del resto de la sociedad e inclusive vacunarse fuera del país.

 

Otras tendencias aparecen en clave de responsabilidad compartida con la vida. Producir alimentos, saber prepararlos y consumirlos. Intercambios directos entre productores y consumidores de esos alimentos. Un mayor aseo personal, familiar y comunitario, así como prácticas de vida más sanas. Consumo más responsable. Respeto genuino a la Madre Tierra. Recuperar las prácticas comunitarias existentes y fortalecerlas. Todo ello, a partir de reorganizar el orden de las prioridades, de revalorizar la política, las mancomunidades e interdependencias.

 

No cabe minimizar los cambios en otros patrones de comportamiento que inciden en la economía desde una perspectiva más macro, como el ahorro. Incluso el creciente y enredado endeudamiento de los hogares, desatado en medio de la pandemia puede provocar complicaciones y reacciones difíciles de anticipar. Los ajustes duraderos en el trabajo y la enseñanza a distancia no serán menores. En fin, la lista de estas vicisitudes es interminable, lo que nos conmina a abordar lo antes posible su estudio.

 

En este contexto, cuando todo indica que no se priorizará de forma estructural la atención de las enormes demandas sociales represadas, cuando hay visiones dogmáticas que asumen equivocadamente que los problemas radican en el tamaño del Estado o que el aperturismo a ultranza es la solución, por ejemplo. Además, siendo en extremo débil la posición del gobierno en la Asamblea Nacional, y las complicaciones sociales/ambientales que provocará el intento de reeditar los ajustes de tipo neoliberal, no es descabellado esperar graves problemas de gobernabilidad.

 

Dicho esto, si las condiciones de vida se deterioran aún más o no hubieran prontas y adecuadas respuestas, no nos debemos sorprender si se produjeran nuevas y mayores reacciones populares -como las que se vivieron en Octubre del 2019-, con la consiguiente inestabilidad que impactará en la vida económica y política.

 

6 de agosto del 2021

 

 

Bibliografía

 

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2020. “Si hay que volver a algo, que sea a la Tierra” (22 de abril). Recuperado de: https://n9.cl/iuj5z.

* Economista ecuatoriano. Profesor universitario. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008). Autor de varios libros.

[1] Recomendamos consultar este valioso aporte de Cajas-Guijarro, John (2021). COVID-19: la tragedia de los pobres. Entre crisis, sindemia y otros males.

[2] Ver el artículo de Bloom, Peter y Acosta, Alberto (2021): “Minería en el más allá. Fase superior de los extractivismos”.

[3] Consultar en OXFAM (2021): El virus de la desigualdad – Cómo recomponer un mundo devastado por el coronavirus a través de una economía equitativa, justa y sostenible.

 

[4] Para profundizar sobre la grave situación que atraviesa el Ecuador, se recomienda el análisis de: Acosta, Alberto; Cajas-Guijarro, John y Jácome, Hugo (2021): Ecuador: al borde del naufragio… Entre la pandemia sanitaria y el pandemonio neoliberal. Una actualización sintetizada de estas reflexiones, publicó el autor en la revista Portafolio y Economía, del Colegio de Economistas del Azuay, Cuenca, junio 2021.

[5] También hay que considerar ciertos cambios metodológicos que, a criterio del propio INEC, dificultan realizar comparaciones entre las cifras de empleo de 2021, con cifras de períodos anteriores.

[6] Recomendamos la lectura del artículo de Artacker, Tamara (2021): “De crecimientos y precarizaciones-El sector agroexportador durante la pandemia”.

^[7] Desde 2011, se aplica la figura de “renuncias obligatorias”, que se instrumentó mediante el Decreto 813. En ese año ya hubo un considerable número de despedidos del sector salud, que afectaron particularmente a prevención. A esto cabe sumar, la desaparición del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública Izquieta Pérez.

[8] Consultar en Arteaga, Cruz (2018). Un complejo médico industrial sano: el legado de la “revolución ciudadana en salud”. En Fraude ¿Del correísmo al morenismo?

 

[9] Conviene tener presente que en el gobierno de Rafael Correa, se perdió una gran oportunidad para impulsar transformaciones estructurales, existiendo una serie de condiciones casi únicas para al menos intentarlo. Sobre el particular se recomienda el libro de Acosta, Alberto y Cajas-Guijarro, John (2018): Una década desperdiciada: Las sombras del correísmo.

[10] La indetenible violencia en las cárceles, es apenas un botón de muestra.

[11] Sobre las privatizaciones, a modo de ejemplo, se puede revisar el artículo de Acosta, Alberto (1992); “Riesgos y alcances de una novelería”. En Ecuador Debate, Nº 25.

[12] Un análisis múltiple sobre este estallido social se puede leer en el libro Octubre, segunda edición ampliada, Martínez, Neptalí (Ed.).

[13] Cómo todos los países del mundo, Ecuador recibió un incremento en su cuota de Derechos Especiales de Giro (DEG), un activo, creado en el año 1969, que se utiliza para complementar las reservas internacionales. Al país le asignó el Fondo en DEG, el equivalente a 1.000 millones de dólares.

[14] Un desarrollo más amplio sobre esta temática ver: Vizcaíno, María & Kuffner, Stephan (2021): “Ecuador Defaulted Last Year. Now Its Bonds Are World’s Best”.

[15] Ver una sítesis del manejo petrolero de ese gobierno en  Acosta, Alberto y Cajas-Guijarro, John (2018). En especial el apartado ‘La maldición de la abundancia petrolera’.

[16] Hay que tener presente la tendencia -cada vez más presente-, de disminuir la dependencia de los combustibles fósiles.

[17] Sobre esta importante cuestión invitamos leer el libro de Acosta, Alberto et al., (2020): El festín minero del siglo XXI. ¿Del ocaso petrolero a una pandemia megaminera?

[18] El segundo inciso del artículo 422: “Se exceptúan los tratados e instrumentos internacionales que establezcan la solución de controversias entre Estados y ciudadanos en Latinoamérica por instancias arbitrales regionales o por órganos jurisdiccionales de designación de los países signatarios. No podrán intervenir jueces de los Estados que como tales o sus nacionales sean parte de la controversia”.

[19] El tercer inciso del artículo 422: “En el caso de controversias relacionadas con la deuda externa, el Estado ecuatoriano promoverá soluciones arbitrales en función del origen de la deuda y con sujeción a los principios de transparencia, equidad y justicia internacional”. Sobre el tema se puede consultar la propuesta formulada desde hace más de dos décadas por el autor de estas líneas y el economista peruano Ugarteche, Oscar, sintetizada entre otras varias publicaciones de los autores, en el siguiente artículo: “A favor de un tribunal internacional de arbitraje de deuda soberana” (2003).  Para completar esta información, es pertinente conocer que la esencia de este Tribunal, en lo que se refiere a las normas de justicia internacional, transparencia y equidad, fueron discutidas e incluso aprobadas en dos ocasiones en el seno de Naciones Unidas, sin tener ningún resultado favorable hasta la fecha, por la oposición de las grandes potencias, que son, a su vez, los mayores acreedoras de la deuda externa.

[20] Una detallada discusión sobre el papel que debe jugar el Estado -planteada antes de la pandemia, pero a nuestro juicio de vigente actualidad-, se encuentra en el artículo del autor (2018): “Repensando nuevamente el Estado, ¿Reconstruirlo u olvidarlo?”.

[21] Citado en OLCA (22 de abril del 2020): “Si hay que volver a algo, que sea a la Tierra”.