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Las atrocidades de Sendero Luminoso en el país y entre los Ashaninka y Nomatsiguenga de la selva central

 

Por Mariella Villasante Cervello*

Servindi

El 11 de septiembre de 2021 falleció Abimael Guzmán, el sanguinario dirigente del grupo subversivo Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, luego de estar recluido durante 39 años por los crímenes contra la humanidad que perpetró su organización criminal. Guzmán nunca se arrepintió de haber organizado el alzamiento sedicioso más nefasto del Perú republicano contra el Estado y contra la sociedad. Nunca pidió perdón a los familiares de las miles de víctimas de su pretendida “revolución comunista-maoísta”. Murió a los 86 años convencido de haber intentado transformar el país en una “república popular comunista” y nunca le importó que miles de peruanos fallecieran en forma cruel. En la ideología comunista la muerte de los “enemigos de la revolución” no importa, es un tema minimizado pues el objetivo mayor es alcanzar el poder para instaurar el “paraíso terrenal” donde “todos son iguales y viven bajo el poder autoritario del partido”. En efecto, el comunismo se inspira del milenarismo cristiano, solo que en vez de soñar con un “paraíso celestial” se imagina que se puede crear un “paraíso terrenal”. El aspecto religioso, con mesías y mártires, y el extremismo fundamentalista del comunismo estuvieron siempre presentes en los discursos alucinados de Guzmán, en su narcisismo descabellado al autoproclamarse “cuarta espada” del comunismo, y en su extravío psicópata al empujar a miles de jóvenes rurales y citadinos a la lucha armada contra el Estado y la sociedad.

Se han escrito muchos textos sobre Guzmán y Sendero Luminoso, pero se han dejado de lado algunos elementos significativos. En primer lugar, Guzmán estuvo en China en la época de la “revolución cultural” (1966-1968), que lo inspiró directamente en la organización de su movimiento subversivo. Esa “revolución” fue organizada por Mao Zedong para recuperar el poder en el partido y oponerse a la capitalización de China; los Guardias Rojos, jóvenes radicalizados, perpetraron violencias extremas contra los “enemigos de la revolución”, incluyendo parientes y amigos. Durante ese periodo funesto murieron entre medio millón y un millón de chinos. A Guzmán le parecía normal creer que algo similar debía ocurrir en el Perú para alcanzar el poder y crear la “nueva sociedad”; por ello hablaba de “provocar ríos de sangre” y “un millón de muertos”. Nunca se enteró que Mao fue expulsado del poder en 1969 y que luego de su muerte, en 1976, Deng Xiaoping asumió las riendas del régimen chino liberalizando la economía y abriendo China al “capitalismo de Estado”. China es un país capitalista, pero conserva la dictadura y la represión de toda oposición bajo la dirección del omnipotente “Partido Comunista Chino”. En segundo lugar, a pesar del tiempo transcurrido, todavía no se ha realizado una crítica formal del comunismo internacional y de sus crímenes en el Perú, por ello la utopía anacrónica y absurda de la “sociedad comunista” por la vía de la violencia extrema es todavía de actualidad en el país en muchos sectores de “izquierda”, incluidos ciertos miembros del gobierno actual nostálgicos del senderismo. En tercer lugar, no se ha reconocido que se sufrió una guerra civil, con todo lo que ello implica en términos de brutalidad y de desaparición de referentes ordinarios de la vida social en un contexto de paz.

Importancia histórica del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y su versión resumida: el Hatun Willakuy o Gran Relato de la guerra interna

En nuestro país, las atrocidades de Sendero Luminoso fueron espantosas y la muerte de Guzmán debe servir para que la sociedad y el Estado tomen por fin conciencia de la importancia de difundir la historia de nuestra guerra interna 21 años después de retorno al estado de paz. Una historia bien documentada en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (2003), y en su versión resumida, el Hatun Willakuy o Gran Relato (2004), pero que es escasamente conocida inclusive por los universitarios.

 

En efecto, este documento del Estado peruano nunca fue divulgado a nivel nacional porque a los gobiernos que se han sucedido desde que el dictador Alberto Fujimori huyera del país (en noviembre de 2000), y a la mayoría de lamentables congresistas nunca les ha importado dar a conocer los hechos de la guerra interna. Nunca quisieron que se sepan los horrores perpetrados por las Fuerzas Armadas y por Sendero Luminoso porque, repitiendo el absurdo discurso fujimorista, “era mejor olvidar el pasado y no reabrir heridas de la época del terrorismo”. Claro, había que ocultar los crímenes de las fuerzas del orden, era mejor hablar solo de “terrorismo” y no de conflicto armado interno, o de guerra interna; términos consagrados en el derecho humanitario internacional para designar las violencias políticas (porque lo que está en juego es el poder estatal) al interior de un país; y que en ciencias sociales se llama simplemente guerra civil. Hablar de “terrorismo” reduce la guerra a un alzamiento de “terroristas”, cuando en realidad las fuerzas del orden también perpetraron acciones de terror contra las poblaciones civiles. Las huestes senderistas perpetraron 215 masacres y los militares cometieron 122 masacres (Informe Final, Tomo VI). Por ello es urgente reconocer que sufrimos una guerra interna. El paso del estado de paz al estado de guerra explica las masacres, las mutilaciones, las ejecuciones, las violaciones y las torturas entre peruanos que se habían convertido en “enemigos”.

Hablar [solo] de “terrorismo” reduce la guerra a un alzamiento de “terroristas”, cuando en realidad las fuerzas del orden también perpetraron acciones de terror contra las poblaciones civiles.

La muerte del criminal Guzmán, culpable de crímenes de lesa humanidad, debe permitirnos conocer y aceptar nuestro pasado reciente, cuyas secuelas están bien presentes en nuestro presente de desorden institucional, político, económico y social. Tendremos el deber moral y ciudadano acceder a los datos reunidos por la CVR durante más de dos años de investigación organizada por nuestros mejores especialistas. Podremos comprender por fin que sufrimos una guerra interna entre peruanos donde se enfrentaron los subversivos de Sendero Luminoso que pretendían transformar nuestra sociedad en un “paraíso comunista-maoísta” contra las fuerzas del orden que, para enfrentarlos, atacaron a poblados andinos y amazónicos en forma indiscriminada, inmoral e ilegal. Los militares se apoyaron también en las milicias civiles, las rondas campesinas y nativas, y a menudo perpetraron ataques en forma conjunta. Las rondas fueron indispensables para lograr vencer militarmente a los senderistas, pero en un contexto de guerra cometieron también acciones de violencia inútil (como decía Primo Levi), destinadas a producir solamente dolor, contra los “enemigos” subversivos y contra enemigos personales o colectivos.

Sabemos que la guerra interna golpeó de manera brutal Ayacucho, donde surgió el movimiento senderista bajo la dirección de Guzmán y de sus secuaces, la CVR estima que 40% de los muertos y desaparecidos (estimados a por lo menos 70,000 peruanos) se encuentran en este departamento. Los otros departamentos que sufrieron duramente de la violencia fueron Huancavelica, Apurímac, Junín, Huánuco y San Martín. Además, 75% de las víctimas tenía una lengua materna originaria, sobre todo quechua y en segundo lugar ashaninka. La guerra tuvo dos fases de enfrentamientos significativos, la primera tuvo lugar entre 1983 y 1984 y la segunda fase entre 1989 y 1992.

La primera fase corresponde a la entrada de las Fuerzas Armadas en Ayacucho, en diciembre de 1982, y la segunda fase corresponde a una reactivación de los ataques senderistas que se acompañó de un cambio en la estrategia militar; a partir de 1989 los militares debían “proteger” a las poblaciones y “ganarlas a la causa del Estado” para vencer a los subversivos senderistas (Villasante, en preparación). Cuando la guerra empezó a bajar de intensidad en Ayacucho y en la sierra sur, entre 1985 y 1988 según las zonas, aumentó considerablemente en la selva central, donde se habían ido a refugiar las hordas senderistas.

La guerra interna en la selva central: 1982-2000

He retomado mis investigaciones sobre los Ashaninka y los Nomatsiguenga de la provincia de Satipo en 2008, y he presentado los resultados en mi libro: La violencia política en la selva central del Peru. Los campos totalitarios senderistas y las secuelas de la guerra interna entre los Ashaninka y Nomatsiguenga. Estudio de antropología de la violencia, publicado en noviembre de 2019. Enseguida expongo algunos elementos significativos de este trabajo.

• En la selva central, el PCP-SL comenzó sus entradas en 1982, siguiendo el curso de los ríos de la selva de Ayacucho (provincia de Huanta): Apurímac y Mantaro, que forman el río Ene, el cual se une al río Perené para formar el río Tambo. En la zona de Huanta, viven campesinos pobres quechua, en el Gran Pajonal viven los Asheninka, en los ríos Ene, Tambo y Perené viven los Ashaninka y los Nomatsiguenga (Pangoa), así como colonos andinos instalados desde los años 1970, o recién llegados en 1980. Esas zonas pertenecen a la provincia de Satipo del departamento de Junín. Otras zonas estuvieron también convulsionadas por la llegada de senderistas y de militantes del MRTA: la provincia de Chanchamayo y su capital La Merced, y la provincia de Oxapampa en el departamento de Pasco, donde viven también Ashaninka y Yánesha, junto con muchos colonos andinos.
• La fase inicial de la guerra en la selva central cubre los años 1982 a 1988, durante la cual el PCP-SL realizó cooptaciones de nativos y de colonos, y reclutamientos forzados de niños y de niñas que servirían de niños soldados y de esclavas sexuales a los mandos senderistas. La fase de guerra abierta cubre los años 1989 a 1995, y se caracterizó por la violencia extrema de los asesinatos de autoridades y por el desplazamiento masivo de miles de Ashaninka y de Nomatsiguenga, así como cientos de colonos, a los campos totalitarios creados por el PCP-SL en Pangoa y en la cuenca del río Ene. El proceso ha sido bien descrito en el Informe Final de la CVR, aunque no se llegó a identificar los campos totalitarios que fueron llamados “comités de base” o “retiradas”. En una ocasión se comparó a los “comités de base” con los “campos de concentración”, pero no se aportó ninguna definición conceptual (Tomo V: 170) Además los crímenes contra los nativos fueron calificados de “genocidio” (Tomo VI: 508), cuando en realidad se trató de un proceso de “transformación” (Goldhagen 2009) de campesinos nativos y andinos (en Ayacucho) en “hombres nuevos comunistas”. El término genocidio se usa para designar las masacres totales o parciales de grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos (Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 1998); pero su uso es problemático, por lo cual Goldhagen ha propuesto que el genocidio es una de las variantes de la violencia de masa englobada en el ítem de formas de eliminacionismo. En fin, he planteado que los senderistas organizaron campos totalitarios (similares a los campos soviéticos y chinos, y a los campos de concentración de los nazis y de los Jemeres Rojos) con el objetivo de transformar a las poblaciones en “comunistas perfectos”. Los primeros campos fueron instalados en Ayacucho (Chungui y Oreja de Perro) y luego, de manera más compleja, en los ríos Ene y Tambo. Notemos también que Oscar Ramírez Durand, “Feliciano” fue el mando senderista que dirigió la selva central a partir de Huanta y del río Ene. Cometió innombrables crímenes contra los nativos que torturaba y ejecutaba, y contra las niñas y mujeres esclavas sexuales; además, organizó los campos totalitarios establecidos primero en las comunidades y luego en la selva virgen. Nunca fue juzgado por esos crímenes de lesa humanidad; fue condenado a 24 años de cárcel en 2006, y a cadena perpetua en 2018 por su participación en el atentado de la calle Tarata (1992).
• La resistencia civil se organizó en forma autónoma a partir de 1989 en Oxapampa (Pasco) y en Satipo. Las rondas nativas, llamadas también “ejércitos ashaninka”, lograron contener el avance de senderistas andinos y nativos, pero cometieron también excesos de violencia contra nativos y colonos acusados de ser “terroristas”. Esos excesos de violencia extrema son muy poco conocidos, cubiertos por un espeso velo de silencio y de reserva. Sin embargo, son parte de la verdad histórica que debe ser expuesta explícitamente.

• Las Fuerzas Armadas llegaron a la selva central recién en 1991, perpetraron abusos de autoridad, violaciones, torturas, asesinatos y masacres; y, paralelamente, distribuyeron armas y alimentos, y aportaron formación militar a los ronderos nativos y andinos. Luego, entre 1993-1995, empezaron a liberar, con el apoyo de los ronderos, a miles de nativos y de andinos cautivos en los campos totalitarios senderistas. Los relatos de los sobrevivientes, mujeres, hombres y niños son aterradores pues demuestran fehacientemente que estuvieron en campos similares a los campos soviéticos, chinos, camboyanos y de Alemania nazi. Los cautivos fueron forzados a soportar el hambre, las enfermedades, las ejecuciones gratuitas, la violencia inútil, las torturas, las mutilaciones y los vejámenes de los mandos senderistas que pretendían transformalos en “masas” sumisas al “pensamiento Gonzalo”.

• En los últimos años de la guerra abierta en la selva central, entre 1989 y 1995, miles de sobrevivientes de los campos senderistas fueron instalados en comunidades llamadas “núcleos poblacionales” en los ríos Tambo y Ene, y en las cercanías de la ciudad de Satipo. Sin embargo, no recibieron una ayuda humanitaria de urgencia masiva, como lo necesitaban, pues el exdictador Fujimori se negó a solicitarla a nivel internacional. La ayuda nacional fue mínima y muy mal organizada, muchos nativos y colonos fallecieron después de haber sobrevivido a los campos totalitarios senderistas. Este hecho constituye una gran vergüenza nacional. Los Ashaninka, los Nomatsiguenga y todos los residentes de la selva central que sufrieron de la guerra, tienen razón de considerar que fueron abandonados por el Estado y por la sociedad peruana que los discrimina porque son “indios” y campesinos pobres.

En la fase final de la guerra, entre 1995 y 2000, los pobladores de la selva central retornaron a sus comunidades. Todos ellos han debido ser reconocidos como víctimas de la guerra, y ser atendidos en sus necesidades básicas con una ayuda nacional masiva. Pero el Estado peruano continuó a abandonar y a desamparar esas regiones lejanas del Perú profundo. Por ello, en colaboración con los narcotraficantes, los subversivos que quedaron en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), pudieron continuar sus acciones contra el Estado y la sociedad desde 2000, hasta la actualidad.

Teniendo en cuenta las fuentes disponibles, sobre todo el Informe Final de la cvr y también mis datos a nivel nacional sobre las masacres en el país (Villasante 2018, Anexo 1), he podido determinar que en la selva central se han registrado un total de 48 casos de violencia de varios tipos, incluyendo las masacres. No obstante, hay que precisar que solamente 21 casos están bien documentados, y 27 casos tienen poca información. Los hechos de violencia extrema conciernen los siguientes crímenes:

• cautiverio y servidumbre en los ríos Urubamba y Ucayali (1986-1994).
• asesinatos selectivos por el PCP-SL y el MRTA (1987-1995).
• reclutamientos forzados, secuestros el PCP-SL (1987-1995).
• cautiverio en los campos totalitarios senderistas (1987-1995).
• ejecuciones y mutilaciones por el PCP-SL (campos totalitarios).
• masacres, violaciones, pillajes, incendios (Fuerzas Armadas y PCP-SL).

Entre estos hechos de violencia extrema en la selva central, he incluido el cautiverio y la esclavitud que han sufrido cerca de 6,000 nativos Ashaninka, Yine y Matsigenka en las haciendas de los ríos Urubamba y Ucayali, entre 1986-1994. Por razones desconocidas, la existencia de esta situación de cautiverio ilegal e inmoral, donde los nativos estaban sometidos a trabajos forzados y a un control constante de sus vidas personales y familiares por hacendados explotadores, no ha sido evocada en el Informe Final de la CVR. Sin embargo, en adelante debemos incluir estos hechos en el análisis de la violencia política y social del país. Los asesinatos selectivos y los reclutamientos forzados empezaron en 1987, se extendieron hasta 1999, han concernido a los colonos andinos y a los nativos ashaninka y nomatsiguenga, sin distinción de sexo o de edad.

 

Como observamos en el Cuadro n° 2, el PCP-SL fue responsable de 21 hechos de extrema violencia (44%), es decir de asesinatos y de masacres. Los militares y los ronderos fueron responsables de 25% de los casos de violencia. Hay que recordar que en la selva central los militares y los policías actuaron con el apoyo de los ronderos de manera sistemática pues no conocían el terreno para realizar sus operaciones antisubversivas de manera autónoma. De otro lado, el periodo más fuerte de violencia corresponde a los años 1989-1991 (28 casos), que descendieron durante los dos últimos años de violencias extremas (20 casos). Tomando en cuenta el corpus de 48 hechos de violencia extrema, se puede considerar que hubo 876 muertos y desaparecidos en la selva central. La gran mayoría de las víctimas (85%) residía en la provincia de Satipo, y el periodo más cruento fue el de los años 1989-1991, durante el cual fallecieron 527 personas, más de la mitad del total. Sin embargo, la cifra global de 876 muertos no incluye los miles de personas fallecidas en los campos senderistas, estimadas a más de 6,000, ni las decenas de muertos durante el periodo de violencia en la región de Oxapampa, donde los ronderos Ashaninka agredieron a los colonos andinos de Puerto Bermúdez y de Ciudad Constitución. Por ello, podemos estimar que, en la selva central, hubo más de 7,000 Ashaninka y Nomatsiguenga muertos durante la guerra interna.

Reflexiones finales

• Debe quedar claro que el PCP-SL fue un movimiento comunista que, durante algunos años, tuvo éxito en provocar una guerra civil en la sociedad peruana, fundándose sobre la ideología maoísta de la “revolución del campo a la ciudad”, y sobre las prácticas sanguinarias de Mao Zedong en China. El PCP-SL fue un avatar del comunismo internacional en América Latina y el más sanguinario de todos los grupos “revolucionarios” del continente, que son fósiles de creencias absurdas e irracionales que deben desaparecer. La muerte del reo criminal Abimael Guzmán debe propiciar una campaña nacional de divulgación del Informe Final de la CVR en los colegios, universidades y en programas televisivos de alcance nacional, para que la sociedad peruana conozca por fin la historia verídica de la guerra interna que ha dejado secuelas graves en el país. Los institutos, las facultades universitarias de ciencias sociales y las ONG deben también contribuir con esa divulgación nacional que no era parte de sus prioridades. Solo de ese modo podremos empezar la construcción de la democracia republicana, fundada en los valores de igualdad social y de género, y de respeto de los derechos humanos de todos los peruanos.

• Los pueblos originarios de la selva central, en particular los Ashaninka y los Nomatsiguenga, han sufrido una terrible guerra entre prójimos que ha costado la vida a cerca de 7,000 personas, y que ha dejado huellas profundas de desolación y de dolor. La principal revelación de la investigación que he realizado en la selva central concierne la instalación inédita de campos totalitarios. Esta realidad concentracionaria se puede verificar leyendo los testimonios (conservados en la Defensoría del Pueblo) de los sobrevivientes de esos campos y de sus familiares; donde se aprecia que son similares a aquellos de los sobrevivientes de los campos totalitarios de la ex Unión Soviética, de la China maoísta, de Camboya, y también de los campos de concentración de la Alemania nazi. Los campos tenían como objetivo la “transformación” de los nativos y de los colonos en “masas sumisas al pensamiento Gonzalo”.

• Oscar Ramírez Durand, “Feliciano”, organizó todos los horrores de la violencia contra los nativos y colonos de la selva central, incluyendo los campos totalitarios y las violaciones de decenas de niñas y de mujeres. Fue entrevistado por comisionados de la CVR en 2002, pero no sabían nada de esos hechos, y no le hicieron ninguna pregunta sobre sus actividades concretas en la selva central.

• Las Fuerzas Armadas se han comportado como un ejército en territorio enemigo, considerando que todos los nativos que habían sido capturados por los senderistas y forzados a sobrevivir en cautiverio eran “terroristas”. Por ello, los campos, las comunidades y los poblados colonos de la cuenca del río Ene y del valle de Pangoa, que estuvieron en el epicentro de la violencia, fueron atacados y bombardeados, produciendo un número indeterminado de víctimas. Después de esta fase, a partir de 1993, las Fuerzas Armadas empezaron a liberar a miles de Ashaninka, Nomatsiguenga y colonos de los campos totalitarios con ayuda de los ronderos nativos. Sin embargo, en los núcleos poblacionales donde instalaron sus bases, los soldados y los Sinchis perpetraron violaciones sexuales y excesos de violencia contra los nativos y los colonos. Estos hechos, similares en todas las zonas de la guerra interna, no han sido reconocidos por las autoridades militares del país hasta el día de hoy.

• En el campo de la justicia, he planteado que la realidad de los campos de concentración totalitarios organizados por el PCP-SL y la utilización de niños soldados por todos los actores de la guerra interna meritan ser integrados en el Código Penal peruano en tanto crímenes contra la humanidad. En segundo lugar, he sugerido que es urgente crear un registro de niños soldados reclutados durante el periodo de la guerra interna y en el periodo actual de posguerra pues sabemos que las “escuelas populares” siguen existiendo en el Vraem. Además, en esta región, los subversivos siguen utilizando a las adolescentes y a las mujeres para procrear niños que crecen y que son aleccionados desde la cuna en la ideología de la violencia contra el Estado y contra la sociedad peruana. Por esta razón, las niñas, las adolescentes y las mujeres “recuperadas” de los campos neo senderistas deben ser reconocidas como víctimas de esclavitud sexual y merecen reparaciones del Estado. En fin, los nativos y los colonos andinos saben perfectamente donde se encuentran enterrados sus familiares, por lo cual parece urgente que la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia incorpore un plan de exploración de fosas comunes en las regiones donde estaban instalados los campos totalitarios senderistas (Pangoa, río Ene, Vizcatán de Huanta).

 

Referencias citadas

- Goldhagen Daniel, 2009, Worst than War. Genocide, Eliminationism, and the Ongoing Assault on Humanity, New York: PublicAffairs.

- Hatun Willakuy [Gran Relato], Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, 2004 y 2008, Lima: Navarrete.

- Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, 2003, 9 Tomos y 6 Anexos. (www.cverdad.org.pe)

- Villasante Mariella, en preparación [2022], La violencia política en el Perú. Sendero Luminoso contra el Estado y la sociedad, 1980-2000, traducción al castellano del libro publicado en Francia en 2016, Violence politique au Pérou, París: L’Harmattan.

- Villasante Mariella, 2019, La violencia política en la selva central del Peru. Los campos totalitarios senderistas y las secuelas de la guerra interna entre los Ashaninka y Nomatsiguenga. Estudio de antropología de la violencia, Prefacio de Salomón Lerner, COMISEDH, Unión europea y Pan para el Mundo, Lima: Tarea Gráfica.

- Villasante Mariella, 2018, Chronique de la guerre interne au Pérou, 1980-2000, Paris: L’Harmattan.

 

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*Mariella Villasante Cervello es doctora en Antropología e investigadora asociada al Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP).

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