Desde junio de este año se han registrado enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional -ELN- y los paramilitares autodenominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-, quienes disputan el control territorial del Litoral de Bajo de San Juan en Chocó. Las comunidades han sido quienes se han visto más afectadas, pues esta situación ha sido motivo de confinamiento y del desplazamiento forzado de aproximadamente 965 familias.
13 sep, CI.- Organizaciones sociales del Pacífico denuncian fuertes enfrentamientos entre los grupos armados que disputan el territorio, los cuales han ocasionado el desplazamiento forzado de más de mil personas en los últimos tres meses y de diez familias en los últimos tres días.
Desde junio de este año se han registrado enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional -ELN- y los paramilitares autodenominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-, quienes disputan el control territorial del Litoral de Bajo de San Juan en Chocó. Las comunidades han sido quienes se han visto más afectadas, pues esta situación ha sido motivo de confinamiento y del desplazamiento forzado de aproximadamente 965 familias.
De hecho, hace pocos minutos el Consejo Comunitario del Río San Juan -Acadesan- y la Coordinadora Regional del Pacífico Colombiano denunciaron que la situación humanitaria en esta región se ha agravado durante los últimos tres días, generando el nuevo desplazamiento de al menos diez familias en las comunidades Isla de la Cruz y San Miguel.
Además, aseguran que no se ha evidenciado ningún resultado por parte de la fuerza pública para detener esta situación, a pesar de que la zona se encuentra militarizada. Por el contrario, les preocupa la posible incursión de otros actores armados entre los límites del departamento del Valle del Cauca y Chocó, lo cual implicaría que se tomen medidas de protección con todas las comunidades ubicadas en el litoral del San Juan y no solo las que se encuentran en el medio del actual fuego cruzado.
Las comunidades han expresado de manera recurrente que necesitan medidas de prevención y protección. Además, afirman que el accionar por parte del Estado ha sido tardío e insuficiente. Para las comunidades es indispensable implementar de forma integral el Acuerdo de Paz con las antiguas Farc-Ep, Avanzar en los diálogos de paz con el ELN, los cuales fueron suspendidos durante este gobierno; así como la firma de acuerdos humanitarios con todos los actores armados presentes en el territorio.
Asimismo, exigen ser reconocidas como un actor comunitario étnico no armado, con el objetivo de que la institucionalidad respete la integridad y la autonomía sobre sus territorios.