La movilización se da contra la impunidad de los avasallamientos, atropellos y atentados que se producen en los territorios indígenas.

 

 Hay tanto por y para hablar de la heroica marcha indígena que, la verdad, es difícil decidir por dónde empezar. Aunque, claro, la razón o axioma metodológico nos indicará empezar por el principio, es decir por la exposición de los motivos y razones que han generado la movilización indígena rumbo a Santa Cruz de la Sierra, después de haber partido de Trinidad (Beni).

Hay mucha gente, sobre todo citadina, escasamente informada, que se pregunta ¿por qué se realiza la marcha indígena? Y aquí hay que decirlo clara y contundentemente: por la impunidad de los avasallamientos que se producen en los territorios indígenas, en especial (por su extrema gravedad) por los atropellos y atentados perpetrados contra los territorios de los pueblos y comunidades indígenas que ancestralmente habitan la Chiquitania.

La marcha indígena también se realiza con el propósito de hacer visible las heroicas luchas por la defensa de las territorialidades ancestrales (de ahí la participación militante de los líderes históricos de la marcha del 90), por la inmediata cesación e intermisión de los avasallamientos, asentamientos ilegales e invasión de áreas protegidas y, por tanto, contra las salvajes deforestaciones (desmontes ilegales) que cada año provocan graves incendios (ecocidios) que atentan flagrantemente contra la vida de las comunidades indígenas.

Es, asimismo, por el respeto de las territorialidades ancestrales y áreas forestales (donde la ley no permite hacer desmontes), por la deferencia de los pueblos y culturas de la Amazonia y por la reivindicación de la unidad orgánica de los pueblos indígenas u originarios, hoy lamentablemente fragmentada por la violenta intrusión, injerencia y manipulación políticas del régimen masista.

¿Quiénes son los avasalladores?, fundamentalmente los colonizadores (mal llamados interculturales).

¿Quiénes son los avasalladores?, fundamentalmente los colonizadores (mal llamados interculturales). ¿Y quiénes son los colonizadores?, generalmente los campesinos provenientes de las zonas (pobres) del occidente del país y específicamente los cocaleros del Chapare, que son quienes hoy avasallan los territorios de los pueblos indígenas, las reservas forestales y las áreas protegidas.

¿Cómo se producen los avasallamientos?. Ordinariamente el proceso de avasallamiento y desmonte ilegal empieza con las inconsultas autorizaciones (tramitadas u obtenidas por los colonizadores) de asentamientos (prebendalmente) otorgadas por el INRA y que rápidamente (la celeridad depende de las coimas) se convierten en títulos de propiedad agraria. El INRA dota pues la tierra y el territorio de los pueblos indígenas a los colonizadores afines al MAS.

Así, los grupos afines al MAS avasallan las tierras indígenas y las áreas protegidas, como Bajo Paraguá, con la (cobarde) complicidad de las autoridades nacionales, tanto que en la Chiquitania “los invasores crean comunidades fantasmas para lograr titularizar esos terrenos en el Instituto Nacional de Reforma Agraria y luego esperan la ocasión propicia para venderlos, deforestados si es necesario, pues así el precio es mayor” (Los Tiempos, 05/07/2021).

Los líderes, los caciques y otros representantes de los pueblos indígenas del oriente boliviano denuncian así que, en los últimos 10 años, han aumentado los asentamientos humanos en las tierras chiquitanas y han disminuido los bosques. Sólo en San Ignacio de Velasco, en la última década, las comunidades campesinas han aumentado en al menos cuatro veces. Y los dirigentes indígenas de la zona se quejan porque sólo el 1% de los 1,7 millones de hectáreas de tierra se encuentra en sus manos, (El Deber, 9/7/2021).

La mayoría de las tierras chiquitanas es ocupada por los colonizadores y las comunidades campesinas se han cuadriplicado desde el 2009 a la fecha, tanto que de los 60 asentamientos que existían en la zona, se han disparado a más de 200 durante este periodo. Más aún, en la zona chiquitana, hoy existen más de 1.400 comunidades campesinas conformadas por colonizadores que, mayoritariamente, provienen del trópico de Cochabamba y de otras regiones del occidente del país (cfr. “Observatorio: comunidades en la Chiquitanía se multiplicaron en más del 300% desde 2004”, ANF, 02/09/2021).

A la par, el agronegocio también juega sus propias cartas, tales como defender a ultranza su posición privilegiada en los enclaves del poder regional y departamental. Más todavía, los agroempresarios tienen un pacto de sangre con el régimen masista (principalmente desde la Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia”, realizada en Santa Cruz, entre el 21 y 22 de abril de 2015), que les garantiza cuidar, es decir no poner en peligro (entre muchos otros privilegios) la ampliación de la frontera agrícola y el desmonte de los bosques cruceños para la producción de los agrocombustibles. Así, se multiplican los desmontes de enorme magnitud, a la par de los cultivos de la soya.

En este contexto, a modo de propuestas, planteamos, con suma urgencia:

1. La realización de una auditoría para investigar los avasallamientos, los asentamientos ilegales y el tráfico de tierras en el departamento Santa Cruz por parte del régimen MASista.

2. La paralización inmediata de la distribución ilegal de tierras fiscales y una auditoría a fondo del INRA.

3. La obligación de la ABT y el INRA de aplicar medidas cautelares en contra de los avasallamientos y la quema descontrolada de bosques.

4. La inmovilización urgente de asentamientos en las áreas de conservación e importancia ecológica, como Ñembi Guasu, además de la revisión de las resoluciones para su posterior anulación.

Para terminar, retomando las propuestas de Miguel Ángel Crespo, exigimos que los funcionarios del gobierno  “empiecen por derogar los decretos incendiarios de Evo Morales, frenen los avasallamientos en las reservas y áreas protegidas, reviertan las concesiones ilegales de tierras y minería y declaren pausa ecológica, detengan el contrabando de transgénicos y agroquímicos y hagan cumplir la ley 3525 de producción ecológica”.