Organizaciones de familiares de personas privadas de libertad por razones políticas y excarceladas convocaron a la población nicaragüense apta para votar a que el próximo 7 de noviembre de 2021, se sumen a un paro electoral. “Desde nuestras casas podemos denunciar que este proceso es fraudulento y su resultado es ilegítimo”, manifestaron en una conferencia de prensa virtual.

El comunicado señala que a menos de dos meses de los comicios, existen 154 personas presas políticas, “permanecen en las cárceles, víctimas de violaciones sistemáticas a sus derechos, mismas que consiste en procesos judiciales ilegales, aislamiento, privación de alimentos y medicinas, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes que se agudizan por la compleja crisis sanitaria que se impone por la pandemia de la COVID-19 y que en los sistemas penitenciarios por las malas condiciones carcelarias puede exponer más aún a las y los presos políticos”.

*“Denunciamos que en Nicaragua no existen condiciones para un proceso electoral justo, libre y transparente, el dictador lo anuló, no hay por quién votar. La presencia de la ciudadanía en las Juntas Receptoras de Voto (JRV) sólo va a legitimar ese proceso viciado plagados de delitos electorales”, denunciaron.

Entre las denuncias de los familiares, es que la dictadura de Daniel Ortega ha cercenado las libertades de movilización y la libertad de expresión ha sido callada con cárcel y torturas.

Algunos de los familiares de presos políticos en sus intervenciones, comentaron sentirse sin respuesta del régimen, “no creamos que en algún momento van a hacer algo por nuestros familiares, lo único que quieren es mantenerlos secuestrados para lograr sus objetivos”.

Las organizaciones manifestaron estar unidas por sus familiares, “están encerrados injustamente sólo por el hecho de levantar una bandera o manifestarse, derechos que están contemplados en nuestra Constitución Política, pero todos esos derechos no han sido arrebatados y robados, por lo tanto, el desgobierno de los ORMU es inconstitucional y al ser inconstitucional es ilegal, rechazamos el proceso electoral no podemos validarlo ni reconocerlo”.

En su manifiesto, las organizaciones señalan que, hasta la fecha existen 10 personas presas políticas desde hace más de siete años y junto a las personas secuestradas a partir de 2018, han sido condenados por crímenes que no cometieron.