Me centraré sólo en dos puntos, que me gustaría llamar la atención de los miembros del parlamento que tendrán que votar sobre la conversión en ley del decreto.

El primero es la evidente —recalco la palabra evidente— contradictoriedad del decreto en cuestión. Ustedes saben que el gobierno, con un decreto ley especial —el núm. 44 de 2021, llamado «escudo penal» y ahora convertido en ley—, se ha eximido de cualquier responsabilidad por los daños causados por la vacuna. Lo grave que pueden ser estos daños lo demuestra el hecho de que el artículo 3 del decreto en cuestión menciona explícitamente los artículos 589 y 590 del Código Penal, que se refieren al homicidio culposo y a las lesiones culposas. Como han señalado juristas acreditados, esto significa que el Estado no se siente capaz de asumir la responsabilidad de una vacuna que no ha completado su fase de prueba y, sin embargo, al mismo tiempo, intenta obligar a los ciudadanos a vacunarse por cualquier medio, excluyéndolos de la vida social y ahora —con el nuevo decreto que están llamados a votar— incluso privándolos de la posibilidad de trabajar.

¿Es posible imaginar una situación jurídica y moralmente más anormal? ¿Cómo puede el Estado acusar de irresponsabilidad a quienes deciden no vacunarse cuando es el mismo Estado el que primero declina formalmente toda responsabilidad por las posibles consecuencias graves —recuerden los artículos 589 y 590 (muerte y lesiones)— de la vacuna? Me gustaría que los miembros del parlamento reflexionaran sobre esta contradicción, que en mi opinión representa una verdadera monstruosidad jurídica.

El segundo punto sobre el que me gustaría llamar su atención no tiene que ver con el problema médico de la vacuna, sino con el problema político del green pass, que no debe confundirse con el primero. Hemos tenido muchas vacunas sin que esto nos obligara a mostrar un certificado por cada movimiento que hacemos. Científicos y médicos han dicho que el green pass no tiene ningún significado médico en sí mismo, sino que sirve para obligar a la gente a vacunarse. Yo creo, por el contrario, que se puede y se debe decir lo contrario, es decir, que la vacuna es un medio para obligar a la gente a tener un green pass, es decir, un dispositivo que permite controlar y rastrear sus movimientos hasta un punto sin precedentes.

Los politólogos saben desde hace tiempo que nuestras sociedades han pasado del modelo que se denominaba sociedades de disciplina al modelo de las sociedades de control, sociedades fundadas en un control digital prácticamente ilimitado de los comportamientos individuales, que se convierten así cuantificables en un algoritmo. Nos estamos acostumbrando ahora a este tipo de control, pero yo les pregunto: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar que este control se amplíe? ¿Es posible que los ciudadanos de una sociedad supuestamente democrática estén en peor situación que ciudadanos de la Unión Soviética bajo Stalin? Quizá ustedes sepan que los ciudadanos soviéticos estaban obligados a mostrar una propiska, un pasaporte para viajar de una localidad a otra. Pero nosotros estamos obligados a mostrar un green pass incluso para ir a un restaurante, incluso para ir a un museo, incluso para ir al cine, y ahora —más grave aún con el decreto que se trata de convertir en ley— incluso cada vez que se va a trabajar.

Por otra parte, cómo es posible aceptar que por primera vez en la historia de Italia, después de las leyes fascistas de 1938 sobre los no-arios, se creen ciudadanos de segunda clase sometidos a restricciones que, desde el punto de vista estrictamente jurídico —obviamente ambos fenómenos no tienen nada que ver, sólo hablo de una analogía jurídica—, son idénticas a las que sufrían los no-arios, que se referían principalmente a la posibilidad de trabajar (pero los no-arios podían circular, podían ir a los restaurantes).

Todo indica que los decretos ley que se suceden, como si emanaran de una sola persona, deben enmarcarse en un proceso de transformación de las instituciones y los paradigmas de gobierno de la sociedad en la que nos encontramos. Esta transformación es tanto más insidiosa cuanto que, como en el caso del fascismo, se produce sin que haya un cambio en el texto de la Constitución, al contrario, se produce subrepticiamente. El modelo que queda así erosionado y cancelado es el de las democracias parlamentarias con sus derechos y garantías constitucionales, y en su lugar se sustituye por un paradigma de gobierno en el que, en nombre de la bioseguridad y el control, las libertades individuales están destinadas a sufrir crecientes limitaciones.

La concentración exclusiva de la atención en los contagios y la salud me parece que impide, de hecho, percibir el significado de esta Gran Transformación que se está produciendo en la esfera política, darse cuenta de que —como los propios gobiernos no se cansan de recordarnos— la seguridad y la emergencia no son fenómenos transitorios, sino que constituyen la nueva forma de gubernamentalidad. Desde esta perspectiva, creo que es más urgente que nunca que los miembros del parlamento examinen detenidamente la transformación política en curso, y que no se centren únicamente en la salud. Por lo demás, se trata de una transformación política en curso que a la larga está destinada a vaciar al parlamento de sus poderes reduciéndolo, como está ocurriendo actualmente, a la simple aprobación en nombre de la bioseguridad de decretos que emanan de organizaciones y personas que tienen muy poco que ver con el parlamento.

 

Gracias.