En la boleta electoral del próximo 7 de noviembre, el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) estará en compañía de cinco partidos políticos, pero ninguno tiene intención de competir, ni capacidad para disputar el poder a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Su único papel —coinciden opositores y analistas— es contribuir con el FSLN a aparentar la “normalidad” de un proceso electoral multipartidista, pese a la falta de garantías y de competencia política, jugando el rol de “zancudos”, como se les conoce en la cultura política nicaragüense.

Los partidos “zancudos” suelen aparecer en periodos electorales, y nunca tienen la intención real de retar al poder de turno. Su papel en la política es cooperar con el partido de Gobierno para que continúe en el poder, y conformarse con reembolsos, cuotas mínimas y cargos sin relevancia a costa del erario público. De ahí que se les compare con un insecto “chupa-sangre”.

 

El 4 de mayo, el régimen aseguró el “premio” para los partidos “zancudos”, aprobando una reforma electoral que eliminó el requisito de obtener un mínimo del 4% de los votos para acceder al reembolso por gastos de campaña que el Poder Electoral autorizaba a posteriori. Así, con solo aparecer en la boleta, su cuota del erario está garantizada, sin importar cuántos votos reciban.

Con siete precandidatos presidenciales presos y una oposición encarcelada, perseguida, exiliada o silenciada ante el recrudecimiento del estado policial de facto, impuesto tras las protestas ciudadanas de 2018, Daniel Ortega va por su cuarto período presidencial consecutivo, nuevamente en fórmula con su esposa, vocera y vicepresidenta, Rosario Murillo.

En la boleta electoral no estará ninguno de los siete precandidatos que el régimen mantiene como presos políticos ni tampoco habrá algún partido de oposición. Junto al FSLN, los nicaragüenses solamente verán a los únicos cinco partidos políticos a quienes el orteguismo permitió inscribirse, tras la cancelación de las personerías jurídicas del Partido Conservador (PC), el Partido de Restauración Democrática (PRD), y Ciudadanos por la Libertad (CxL).

La boleta con seis casillas intentará aparentar que hay una diversidad de opciones políticas, pero la trayectoria de estos cinco partidos, su mínimo caudal electoral  —y sus candidatos prácticamente desconocidos— confirma que no habrá competencia política.

El PLC y su candidato Walter Espinoza

El Partido Liberal Constitucionalista (PLC), otrora controlado por el expresidente Arnoldo Alemán, con quien Ortega pactó a finales de la década de los noventa para repartirse el control de los poderes del Estado —ahora bajo control absoluto del FSLN— se inscribió para las votaciones del 7 de noviembre con un candidato presidencial desconocido.

Walter Espinoza, de 41 años, ha escalado en el PLC durante los últimos 26 años y ha recorrido discretamente las instituciones públicas en la última década. Comenzó en 1995 como miembro de la juventud liberal del PLC y fue chofer de una funcionaria del partido. Después, se convirtió en presidente del Distrito V de Managua y luego en concejal de la comuna capitalina. En las elecciones nacionales de 2016, quien hoy encabeza la lista de candidatos del PLC fue el segundo candidato a diputado departamental por Managua, obteniendo un escaño en la Asamblea Nacional, donde se ha destacado por ser uno de los más cercanos a la actual presidenta del PLC, María Haydée Osuna.

La designación de Espinoza como candidato del PLC fue parte de una telaraña política. Primero se inscribió en las elecciones primarias de su partido, pero en la víspera declinó su nominación. Dos semanas después, el 6 de agosto, acompañó a Osuna al Consejo Supremo Electoral (CSE) para solicitar la cancelación de la personería jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), considerado el último vehículo para la oposición nicaragüense.

El acto de Osuna y Espinoza permitió justificar la anulación de CxL en la competencia. Ese mismo día, el CSE canceló al partido político y su presidenta Carmella Rogers, conocida como Kitty Monterrey, fue despojada de su nacionalidad nicaragüense. La onda expansiva reventó dentro del PLC. Horas después, el candidato presidencial electo, Milton Arcia, renunció a su candidatura como una acción de protesta, y al día siguiente Osuna inscribió la candidatura de Espinoza ante el CSE.

Las pugnas y traiciones han marcado la historia del PLC, pero en 2020 un conflicto interno entre Osuna, y el diputado Miguel Rosales —considerado una ficha de Alemán— acabó con la intervención del CSE para ceder el control a Osuna. Semanas después, comenzó una purga que alcanzó a la esposa del exmandatario, María Fernanda Flores, quien fue destituida de su escaño en la Asamblea Nacional y actualmente es uno de los últimos 37 presos políticos, puesta bajo arresto domiciliario acusada por el delito de “conspiración”.

El PLC, según los cuestionados resultados del CSE en las votaciones de 2016, es el que cuenta con mayor caudal político, tras concederle el 15% de los votos en aquella votación en la que Ortega se reeligió por tercera vez con el 72.44%.

El CCN de Guillermo Osorno

El reverendo Guillermo Osorno, candidato presidencial del partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), es un reconocido camaleón político. La primera vez que su fotografía apareció en una boleta electoral fue en las elecciones generales de 1996, un año después de fundar su propio partido.

 

En estos 26 años de oficio político —de los que se tiene registro— Osorno fue aliado del PLC, cuando era dirigido por el expresidente Arnoldo Alemán, y en 2011 se cruzó a la acera del FSLN con el que permaneció aliado durante la última década, tras la que ahora reaparece para presentarse como candidato independiente.

Osorno, quien en su candidatura presidencial de 1996 obtuvo el 4.09% de los votos, es el candidato presidencial más conocido entre los cinco partidos cómplices de la boleta.

En su carrera política, ha sido diputado en la Asamblea Nacional y actualmente es diputado ante el Parlamento Centroamericano. En 2009, Osorno estuvo involucrado en un escándalo de corrupción señalado de desviar un millón y medio de córdobas del Presupuesto General de la República a dos oenegés dirigidas por sus familiares: la iglesia “Centro de Adoración Familiar” y la Asociación Red Nacional para la Fundación de Iglesias (Renafunic).

Para 2019, el nombre del reverendo volvió a destacar, cuando su diputado suplente, Francisco Sarria García, fue acusado por narcotráfico y de estar involucrado en el grotesco asesinato de un hombre que fue descuartizado en una finca del municipio de Villa El Carmen, en Managua. En 2020, Sarria fue condenado a 40 años de prisión, pero su nombre continúa en la ficha técnica del CCN en la página web del Consejo Supremo Electoral. Osorno dice se trata de un error, porque su nuevo representante suplente es Abraham Osorno Larios, su hijo y quien también aspira a ser diputado, inscrito como candidato propietario en la primera posición de los diputados nacionales del CCN.

Osorno y su partido figuran poco en las noticias, pero el 2 de agosto, cuando inscribió su candidatura ante el tribunal electoral, el reverendo causó revuelo en los medios de comunicación y redes sociales, al admitir la candidatura de su hijo y también quejarse por la falta de financiamiento para su campaña electoral, aprovechando para solicitar públicamente un préstamo de un millón —no especificó si córdobas o dólares— porque “solamente el día de las elecciones se nos va un montón (de dinero) con el asunto de los fiscales”, dijo.

Aquellas lejanas elecciones de 1996, en las que Osorno obtuvo 4.09%, son las únicas en las que —hasta ahora—, el partido CCN participó solo, mostrando un mínimo de caudal electoral, basado en los seguidores de iglesias evangélicas. En 2001 y 2006, CCN se sumó al PLC, y en 2012 y 2016 se alió al FSLN.

La ALN y Marcelo Montiel

El candidato presidencial de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Marcelo Montiel, no solo es una figura desconocida, sino que tampoco le interesa dejar de serlo. El 2 de agosto, cuando llegó a inscribirse ante el CSE junto a su fórmula Jennifer Espinoza, una batería de medios de comunicación los esperaba para entrevistarlos, pero ambos huyeron de las cámaras. El presidente del partido, Alejandro Mejía Ferreti, justificó: “En su momento vamos a contestar muchas inquietudes, el partido se va a pronunciar después de esta situación”. Un mes después, eso no ha sucedido.

Aunque Montiel es un desconocido en la esfera política nicaragüense, su partido ALN tuvo sus días de gloria en las elecciones nacionales de 2006, cuando fue la casilla que escogió el excandidato presidencial Eduardo Montealegre para competir contra Ortega. Según los resultados del CSE, la ALN y Montealegre perdieron la elección, pero se convirtieron en la segunda fuerza política del país con el 29% de los votos. Sin embargo, dos años después el mismo tribunal electoral, entonces encabezado por Roberto Rivas, le arrebató la personería jurídica de la ALN a Montealegre y se la entregó a Eliseo Núñez Hernández.

En las dos elecciones nacionales siguientes, la ALN tuvo al reverendo Saturnino Cerrato (más tarde fundador y presidente del PRD) como candidato a presidente. En 2011, obtuvo el 0.40% y en 2016 el 4.3% de los votos. En ambas elecciones se denunció que el tendido electoral de la ALN fue ocupado por militantes sandinistas. Actualmente, el partido tiene dos diputados en la Asamblea Nacional: el presidente del partido, Alejandro Mejía Ferreti y Mauricio Orúe, quien ahora es el candidato presidencial del Partido Liberal Independiente (PLI), otro de los cinco partidos cómplices de la boleta.

El APRE y Gerson Gutiérrez Gasparín

Una plática amena fue suficiente para que el presidente del partido Alianza por la República (Apre), Carlos Canales, decidiera que su candidato presidencial sería Gerson Gutiérrez Gasparín, un joven de 29 años originario de una comunidad de Terrabona, en Matagalpa, sin experiencia política ni seguidores que respalden su nominación.

 

Sin embargo, a Gutiérrez Gasparín le gusta la atención mediática, aunque se pone nervioso frente a las cámaras y abusa de su lenguaje corporal. El 2 de agosto, en el desfile de inscripciones ante el CSE, fue objeto de burlas en redes sociales por su apellido Gasparín, que hizo recordar al “fantasma amigable” de una serie animada de la televisión estadounidense de los noventa. Al ser un desconocido, se ironizó su apellido con su condición de “fantasma”. Al día siguiente, circuló en las redes sociales una fotografía en la que se ve a una persona parecida a él usando una camiseta con propaganda del FSLN, y muchas personas lo confundieron. El tema fue aclarado horas después, pero el 9 de agosto, el partido de Canales publicó un comunicado amenazando por la vía legal a los medios de comunicación que, valora, “difaman y mancillan”  la reputación del partido.

En una entrevista con el medio Nicaragua Investiga, Gutiérrez Gasparín, advirtió que no es militante del Apre y que la primera vez que llegó a las oficinas del partido fue el 13 de julio pasado, ya que un conocido suyo quiso presentarle a Canales. “Estuvimos conversando con el ingeniero, después él me llamó y me dijo que era buen elemento, que participara con él”, expresó. Tres semanas después, ya era candidato a presidente.

En la misma entrevista, Canales definió aquel encuentro como “una iluminación del Espíritu Santo” y comentó que percibió algunas cualidades en el muchacho. “Cuando estaba hablando con vos por teléfono se me encendió una lucecita y te vi presidenciable”, confesó Canales a su candidato frente al entrevistador.

Apre fue fundado en 2004 por disidentes liberales y conservadores bajo el Gobierno de Enrique Bolaños, en rechazo al pacto entre Alemán y Ortega. Sin embargo, con más de un lustro bajo la representación de Canales, el partido acumula un lastre de colaboracionismo con caudillos y personajes de dudosa reputación. Tal es el caso de Byron Jerez, exdirector general de Ingresos en el Gobierno de Alemán, condenado por corrupción, que bajo la casilla de Apre consiguió una diputación nacional en 2016 —cuando el partido obtuvo el 1.4 % de los votos— y casi siempre vota a favor de las propuestas del FSLN.

Para las votaciones del 7 de noviembre próximo, el as bajo la manga de Canales es el joven Gutiérrez Gasparín, quien considera que su juventud es un elemento suficiente para obtener niveles de aceptación similares a los del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. “La medicina que da el presidente Bukele, es la misma medicina que voy a dar aquí a los políticos de Nicaragua”, apuntó.

El PLI y Mauricio Orúe

El candidato presidencial del Partido Liberal Independiente (PLI), Mauricio Orúe, de 53 años, es parte de los diputados a quienes el Gobierno de los Estados Unidos revocó su visa por considerarlos “cómplices de socavar la democracia” de Nicaragua. Orúe es legislador ante la Asamblea Nacional desde 2016, aunque su rostro y nombre pasan desapercibidos en cualquier espacio público.

 

El legislador incursionó en política usando como trampolín a un grupo de evangélicos que en 2015 se unieron con la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) para participar en las elecciones nacionales de 2016, en las que el reverendo Saturnino Cerrato fue candidato presidencial y Orúe ocupó el primer puesto en la lista de candidatos a diputados departamentales por Managua. Así llegó a la Asamblea Nacional y cinco años más tarde aparece en representación del PLI.

El acercamiento de Orúe con el PLI se dio en el parlamento, cuando se formó la bancada PLI-ALN. El legislador relató a periodistas, que acudieron a su inscripción ante el CSE, que su candidatura surgió como una broma con sus colegas de bancada, quienes le decían que era un buen candidato presidencial para las elecciones de 2021. “Con la crisis de abril (de 2018) y los últimos acontecimientos (dijo sin precisar los hechos a los que se refería) ya se fue hablando más en serio”, agregó.

Tanto Orúe como su nuevo partido político tienen un pasado de escándalos y traiciones. En 2017, el candidato de PLI fue acusado de fraude económico por la Universidad Evangélica Nicaragüense, la cual tenía un convenio con el Instituto Centroamericano de Estudios Superiores (ICES) —propiedad de Orúe—; para brindar maestrías a estudiantes. En esa ocasión, pidieron que fuera desaforado, pero no fue posible porque el oficio tenía “inconsistencias”. El caso fue llevado por el diputado sandinista, Wilfredo Navarro, quien defendió a Orúe alegando que era un caso civil y no penal, y que todo era para hacerle “daño”.

El PLI, por su parte, alcanzó la cúspide en las elecciones presidenciales de 2011, con el liderazgo de Eduardo Montealegre y el empresario radial, Fabio Gadea Mantilla, como candidato a presidente, obteniendo un 31% de los votos y posicionándose como la segunda fuerza política del país. Sin embargo, en los meses previos a las elecciones de 2016, la Corte Suprema de Justicia despojó de la personería jurídica a los miembros de este partido y se las entregó a un grupo de aliados del FSLN, al quienes el CSE dio un 4.51% de los votos para concederle dos diputados en la Asamblea Nacional.

Con el cambio de mando en el PLI, en 2016, el orteguismo sacó de su camino la competencia política de aquellas votaciones, y cinco años después la sepulta nuevamente.