Los movimientos sociales tratan de mantenerse bajo nuevas formas en Colombia, a pesar de la terrible represión sufrida en la primavera pasada. Investigación en Puerto Resistencia, donde los manifestantes se organizan en asambleas populares.

«Fuera, fuera, fuera»: gritaban los habitantes de Puerto Resistencia y los últimos jóvenes de la primera línea antes de ver su espacio invadido por la policía y otros cuerpos del aparato represivo colombiano. Fue el 26 de junio. A las cuatro de la mañana, un contingente de 1.000 hombres (500 policías, 250 soldados y también miembros del ESMAD, del Grupo de Operaciones Especiales -GOES- y policías vestidos de civil), apoyado por tanques y helicópteros, entró por sorpresa en el principal punto de resistencia de la revuelta colombiana. Ingrid, que estuvo allí desde el principio, sigue marcada por la extrema violencia de esa intervención:

«Atacaron con fusiles y ametralladoras. Lo sabemos porque el sonido es diferente. También utilizaron muchos gases lacrimógenos, que afectaron a los recién nacidos que allí había.»

A mediados de junio, la mayoría de los bloqueos en la ciudad de Cali habían sido levantados, pero los de Puerto Resistencia (PR) aún se mantenían. En los días previos a la intervención final, muchos jóvenes de la primera línea habían abandonado el lugar por miedo a ser detenidos y luego procesados por el Estado colombiano. El último punto de resistencia en la ciudad había caído, y los manifestantes lo vivieron como una limpieza.

Puerto Resistencia, abanderado de la revuelta popular colombiana

PR se encuentra en la Comuna 20, en el suroeste de la ciudad. No es sólo el barrio popular donde la revuelta fue más importante que en otros lugares. Puerto Resistencia nació del paro nacional del 21 de noviembre de 2019, remplazando el antiguo nombre de Puerto Rellena. Este último era un lugar popular conocido por sus embutidos y tripas de cerdo. PR se convirtió en el epicentro indiscutible de la lucha popular en Cali, un lugar de auto organización política que contó con el apoyo inquebrantable de los habitantes del barrio. Durante el paro nacional, la zona registró el mayor número de muertes y de violaciones de los derechos humanos.

En la plaza, el paisaje es revolucionario. Las fachadas de los negocios fueron pintadas con consignas militantes. Una comisaría de policía fue convertida en una biblioteca cultural. Son frecuentes las asambleas populares al aire libre. La zona cuenta con una policlínica y con una cocina comunitaria que proporciona comida y bebida a los manifestantes.

En PR, las salidas no son para divertirse ni para pasear. Los manifestantes de la mítica rotonda salen a protestar contra las fuerzas que, según ellos, están destruyendo sus vidas. Si la zona se convirtió en un símbolo de la revuelta colombiana durante el paro nacional, fue gracias al compromiso continuo de los jóvenes de primera línea, allí presentes las veinticuatro horas del día. Son unos doscientos. Decidieron abandonar sus casas y vivir ahí mismo para exigir al menos más justicia social y en el mejor de los casos, un cambio de paradigma.

Muchos de ellos están desempleados o perdieron su trabajo al incorporarse a la primera línea. Por miedo a ser identificados, llevan ropa deportiva, lentes grandes y capuchas. Duermen en casuchas rudimentarias alrededor de la mítica rotonda y tienen picaduras de mosquitos en las piernas y los brazos. En un clima de violencia generalizada, exacerbada por los medios de comunicación oligárquicos, hacen hincapié en su pacifismo. Uno de ellos argumenta: «Aquí no hay armas, hay corazones, humildad, fatiga».

Vienen en su mayoría de los barrios obreros de la ciudad. Antes de estar en la primera línea, fueron los primeros en ser excluidos de los sistemas de salud y de educación del país. Siguen estando excluidos. Cerca del conocido «monumento a la Resistencia», un joven muestra un «medicamento a base de paracetamol». Con ello, denuncia la inmensa dificultad para conseguir una cita con un especialista, la necesidad de tener que esperar varios meses para conseguirla y una medicina basada únicamente en analgésicos básicos.

Su discurso es claro y el enemigo está claramente designado: la oligarquía, la corrupción. Los delincuentes con corbata, como dicen ellos. Algunos no dudan en señalar a un «narco Estado» que debería enviar a la policía a proteger de los narcotraficantes a los campesinos del Cauca y del Putumayo y no a disparar contra los jóvenes desfavorecidos que luchan por sus derechos. Los colectivos feministas también están presentes en PR como en los otros puntos de resistencia. Se pueden ver grafitis como: «En Cali, las mujeres paramos»

En su voluntad revolucionaria, los jóvenes de la primera línea no están aislados. Tienen consejeros pedagógicos. Ingrid, maestra de escuela, es una de ellos:

«No estaba aquí las 24 horas del día. Pero ayudé a los que estaban a que se organizaran lo mejor posible, por ejemplo para crear una mesa de diálogo o comités de salud. Fuimos unos diez los que asumimos este papel educativo, principalmente profesores, profesionales de la salud y abogados».

Además de los jóvenes de primera línea y de sus consejeros pedagógicos, vienen también muchos manifestantes puntuales. Paula es enfermera y conoce las condiciones de trabajo difíciles de los profesionales de la salud en su país. Viene con frecuencia a PR para participar en las asambleas populares o para tomar prestados algunos libros de la biblioteca. Me dijo:

«Antes, yo iba a manifestar a la Loma de la Cruz. Luego, me enteré de que la dinámica había cambiado y que PR era más popular y más activo en términos de producción cultural. Además, vivo al lado».

Un movimiento social que continúa pese al fin de los bloqueos

El bloqueo de PR se levantó el 26 de junio, pero dejó tras de sí un monumento: el «Monumento a la Resistencia», en homenaje a las víctimas de la violencia policial y en apoyo al Paro nacional. Es una obra colectiva en la que participaron activistas de primera línea, artistas, ingenieros y ciudadanos de todo tipo, con la colaboración proactiva de los vecinos del barrio. Todos trabajaron de forma voluntaria. Una campaña permitió recaudar seis millones de pesos para comprar los distintos materiales. Algunas mujeres, cuya edad no les permitía contribuir físicamente a su construcción, participaron repartiendo diariamente comida a los jóvenes que trabajaban en la obra.

Construido en diecisiete días, el monumento tiene doce metros de altura. Se trata de una mano izquierda, un puño en alto que levanta un cartel que dice «Resiste», con los colores de la bandera colombiana y los rostros de las víctimas de la violencia policial. Más abajo, dice: «¿Por qué nos matan?» También hay un dibujo de una bruja indígena y de una olla que simboliza la cocina comunitaria. El monumento fue incluido inmediatamente en el patrimonio histórico de la ciudad de Cali y el alcalde Jorge Iván Ospina aseguró que, a pesar de las fuertes presiones, no va a ser destruido.

El bloqueo de PR también dejó muchos murales alrededor de la mítica rotonda. Entre ellos, el retrato del famoso cantante de Buenaventura, Junior Jein, asesinado porque las letras de sus canciones eran consideradas demasiado subversivas.

Los bloqueos de Puerto Resistencia fueron levantados, pero la zona sigue viviendo al ritmo de las reivindicaciones políticas del principio. Todavía se puede escuchar el grito «Que viva el Paro nacional». La zona dejó de ser un punto de bloqueo para convertirse en centinela. El bloqueo del tráfico ya no es un objetivo y los militantes aspiran a transformar el lugar en un espacio cultural reconocido a nivel nacional. Por eso, la biblioteca no sólo se conserva, sino que siguen trabajando para mejorarla.

¿Hacia una salida negociada del conflicto social?

Las asambleas populares se mantienen, más que nunca, en Puerto Resistencia, en los demás barrios de la ciudad y en todo Colombia. La capital, Bogotá, encabeza el movimiento. Desde el levantamiento de los bloqueos, estas asambleas populares permanentes surgieron como la principal expresión de la insurrección en Colombia.

Las manifestaciones y bloqueos de las primeras semanas dejaron paso al trabajo pedagógico, a la participación colectiva y a la formación política. El 15 de julio, la Unión Resistencias Cali -URC- (que reagrupa a las diferentes primeras líneas de la ciudad y que fue reconocida el 31 de mayo de 2021 por la alcaldía como movimiento autónomo) organizó la primera asamblea popular nacional para definir el horizonte político del movimiento. Con la ayuda de varias universidades, se reunieron once mesas de diálogo sobre diferentes temas, como la cultura, el deporte y los derechos humanos, y fueron creados varios comités especializados.

Ante las estrategias gubernamentales de estigmatización, represión y judicialización de la protesta social, el movimiento se muestra prudente y busca una salida negociada al conflicto social. Sin embargo, el progreso del diálogo con las autoridades dista mucho de ser evidente, con lo que los bloqueos intermitentes de las carreteras podrían aparecer nuevamente. Un miembro muy activo del frente de Puerto Resistencia (apodado «El soldado») lamenta la lentitud de las discusiones que se llevan a cabo desde el mes de mayo: «Los representantes de la administración pública siguen posponiendo las reuniones para ganar tiempo y así no llegamos a nada».

En sus iniciativas, los manifestantes necesitan apoyo legal. Los abogados los ayudan para poder darle existencia legal a las nuevas estructuras, para legalizar el proceso de negociación con las autoridades o para impugnar la legalidad de las prácticas policiales. Ya llevaron adelante varias acciones legales relacionadas con el derecho fundamental a la vida, a la manifestación, a la libertad de reunión o a la libertad de circulación. Algunas organizaciones sin fines de lucro también brindan asistencia gratuita, entre ellas la Asociación Americana de Juristas.

La anexión por la fuerza de Puerto Resistencia, el 26 de junio, es un ejemplo de la feroz represión policial y militar que tuvo lugar en Colombia desde el inicio de las históricas protestas. Una represión ampliamente denunciada, no sólo por los manifestantes, sino también por numerosas organizaciones de derechos humanos y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ante las críticas, el presidente Iván Duque se vio obligado a hacer público el 19 de julio un cuestionado proyecto de reforma de la Policía Nacional. En un país profundamente marcado por la delincuencia común y el crimen organizado, la policía es un tema de gran división.

A medida que se acercan las elecciones parlamentarias y presidenciales de marzo y mayo, es de esperar que la atención pública no se desvíe de lo que alimentó la lucha en primer lugar: las desigualdades, el nivel de vida de la mayoría de la gente, la cuestión social.