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Para los comuneros de Nahuatzen, la libre determinación es el mecanismo para que su cultura e identidad prevalezcan, la organización comunitaria para ejercer los recursos propios, y las Ronda Comunitaria la forma de tener seguridad en una región impactada por la violencia estructural y de grupos del crimen organizado.
La comunidad de Nahuatzen se mantiene en lucha permanente, a pesar de el hostigamiento, los encarcelamientos, la discriminación y la violencia por parte del actual gobierno de Michoacán y del crimen organizado.
En mayo del 2021, la comunidad celebró el cambio de sus autoridades comunitarias, entre cuyas tareas se encuentra promover la libre determinación del pueblo y exigir la libertad de los concejales José Luis Jiménez Mesa y de José Antonio Arreola Jiménez, así como del comunero José Gerardo Talavera, considerados actualmente como presos políticos.
La historia de la autonomía de Nahuatzen se remonta a septiembre de 2015, cuando los habitantes de la comunidad determinaron por medio de una asamblea expulsar al presidente municipal en turno, desconocer a los partidos políticos y conformar un Consejo Ciudadano Indígena.
Fue así como inició un proceso de organización de la autonomía, ante la crisis de violencia en las comunidades por la inseguridad estatal y la corrupción en la región, esta última herencia de las anteriores administraciones.
María Licel Talavera Pineda, comunera y esposa del preso político José Antonio Arreola Jiménez, recuerda el día en que nació el proyecto de autonomía en la comunidad. El 1 de septiembre de 2015, cuenta, el recién electo presidente municipal de Nahuatzen, Miguel Prado Morales, perteneciente al Partido de la Revolución Democrática -del mismo color partidista del gobernador Silvano Aureoles Conejo-, se presentó para tomar el cargo escoltado por más de 15 hombres armados y encapuchados.
“La comunidad, al mirar a esos hombres que no eran del pueblo, convocamos a reunirnos frente al palacio y exigir al ya presidente que retirara a esas personas que no sabíamos de dónde eran, pues nos sentíamos intimidados e inseguros”, dice María Licel, cuyo esposo, quien se encargaba de la seguridad de la comunidad, permanece como preso político en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de la Ciudad de Uruapan. La respuesta del electo presidente municipal a la organización de la comunidad “fue que no podía expulsar a los hombres, que había compromisos con ellos”, añade María.
Ese mismo año, el 7 de septiembre, se realizó una asamblea general en la que se desconoció al ayuntamiento y se nombró al Consejo Ciudadano Indígena como autoridad responsable para la atención de la seguridad y los servicios que requería el pueblo. Con ello, inició la construcción de su gobierno comunitario.
Dos años después del nombramiento, en el 2017, Nahuatzen logró que su Consejo Ciudadano Indígena fuera reconocido legalmente por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Y un año después, las amenazas y el hostigamiento por parte del gobierno municipal y estatal, partidos políticos y crimen organizado se acentuó, teniendo como resultado la intimidación policíaca en la región y el encarcelamiento de tres autoridades comunitarias y un comunero.
Hoy, sin embargo, “uno de los problemas que tiene la comunidad es la falta de atención de las autoridades cuando llegan a tener poder”, expone María Licel Talavera, comunera y luchadora por los presos políticos de Nahuatzen. La comunidad, dice, “se encuentra igual que hace 60 años, con un atraso en la vida cultural y en lo económico, pues existe mucho desempleo”.
La corrupción de servidores públicos con la anuencia de los partidos políticos han hecho del pueblo un botín para los intereses de personales. “No existe infraestructura pública y se da mal uso al dinero del erario público para intereses propios, acompañados de los intereses del crimen organizado”, señala María.
Pero el problema mayor, recalca la defensora comunitaria, “es la tala clandestina de los bosques. Aquí llegan personas ajenas a la comunidad para amenazar y obligar a los pequeños y grandes propietarios para vender sus parcelas y así obtener el cambio de usos de suelo, y esto se hace con la complicidad del ayuntamiento, con el gobierno del estado y crimen organizado”. Esto, añade, propicia la economía ilegal, contra la que los pueblos se han organizado para defender el territorio en el corazón de la meseta purépecha.
La comunidad de Nahuatzen es parte y homónimo de su municipio, en el que comparte el territorio con otras diez comunidades indígenas. Las comunidades de Arantepacua, Camachuén, Sevina y Turícuaro, esta última en este mes, se han sumado a este conjunto comunitario que asumen en los hechos la libre determinación de los pueblos.
Por levantar la cara, presos políticos
Cuando nace el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, relata la comunera, “en ese momento ya estamos representados y le exigimos al estado de Michoacán que respete nuestras decisiones, pero al gobierno no le gustó que levantáramos la cara para reclamar lo que por derecho nos corresponde, ni que no tuviéramos algún color que reivindicara algún partido político”.
El gobierno entonces empezó un proceso de hostigamiento y persecución contra los comuneros, dando como resultado el encarcelamiento de tres personas y la amenaza de detención contra dos más.
Uno de los presos políticos es José Antonio Arreola Jiménez, concejal de Nahuatzen y esposo de María, hoy detenido en el Cereso de Uruapan.
“Los gobiernos estatal y municipal me sentenciaron a siete años de prisión. Soy acusado de sabotaje. El 14 de noviembre del 2018 me detuvieron dentro de mi domicilio, donde fui golpeado y desnudado frente a mis hijos, mientras ellos eran encañonados. Me sacaron arrastrando y me subieron a una camioneta, me sacaron una fotografía semidesnudo y la subieron a las redes sociales”, recuerda Arreola Jiménez.
El Consejo Mayor de Nahuatzen cuenta que las personas que lo detuvieron alegaban ser de la fiscalía, pero que todos venían encapuchados y a ninguno se le veía el rostro. “Nadie se identificó, nadie presentó una orden de aprehensión, ni mucho menos un escrito donde se les permitía entrar a mi domicilio”, denuncia el preso político.
Las detenciones contra los comuneros sucedieron, asegura, “porque al gobierno del estado y al municipal no les gustó que nosotros no tengamos algún color de un partido, o que representemos algún ayuntamiento. Les molestó que nosotros representáramos a la comunidad. Somos de las comunidades más olvidadas y por ellos el crimen organizado entra y sale cuando quiere y hace lo que quiere”.
Para los comuneros, el crimen organizado ha intervenido de todas las formas posibles en el pueblo, y se ha disfrazado de funcionarios en el ayuntamiento. Han querido quemar su Casa Comunal, tienen encarcelados a pobladores y han sufrido heridas de bala producidas por armas disparadas por la policía del ayuntamiento y la policía estatal.
La búsqueda de justicia no es diferente a la de otras regiones del país. Han interpuesto denuncias en la Fiscalía Regional de Uruapan y en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en la comunidad de Paracho, “pero ninguna denuncia procede, no hay justicia para Nahuatzen, son órdenes del señor gobernador Silvano Aureoles. Así es la impunidad con la que trabaja su administración”, advierte Arreola.
En noviembre del 2018, ya organizado el Consejo Ciudadano Indígena, el crimen organizado se vio limitado y el gobierno perdió la posibilidad de controlar el territorio. El gobierno del de Silvano Aureoles, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al verse perdido invadió el territorio/comunidad con policías del estado. Y así comenzó el hostigamiento.
Ese día, recuerdan los comuneros, “las cuatro entradas de la comunidad estaban repletas de policías ministeriales. En nuestras calles se veían solamente uniformes azules. Fue en ese momento que se llevaron a dos compañeros. Poco después comenzó nuevamente la tala inmoderada, la intimidación a los dueños de las parcelas para obligarlos a venderlas o sembrar aguacate, se hacía en las noches y las madrugadas con la seguridad de la policía del gobernador. La intención era desgastar y desestabilizar al Consejo Ciudadano Indígena”.
A ninguno de los detenidos se les presentó orden de aprehensión, y a ambos se les condenó por el delito de sabotaje a siete años de prisión. “Su detención se efectuó con tortura y malos tratos. Las autoridades nunca realizaron las investigaciones que correspondían para esclarecer tales denuncias, además de que el delito que se les acusó ha sido utilizado anteriormente para acallar voces disidentes o incómodas”, explica Moisés Coca Sánchez, abogado e integrante de la Red Solidaria de Derechos Humanos, representante de los concejales José Luis Jiménez Mesa y José Antonio Arreola Jiménez, quienes se encargaban de la seguridad comunitaria
Además de Jiménez Meza y Arreola Jiménez, también fue acusado de sabotaje el comunero y defensor del territorio José Gerardo Talavera, propietario de la casa donde ejercen sus responsabilidades las autoridades comunitarias. Por otra parte, también se presume que dos comuneros tienen orden de aprensión.
Hoy el proceso se encuentra en etapa de revisión ante la Suprema Corte de Justicia, que debe verificar que no se hayan violentado los derechos humanos de los detenidos y que debe garantizar el debido proceso, una adecuada defensa y que sean juzgados desde una perspectiva intercultural. De acreditarse la responsabilidad del Estado mexicano, estaría obligado a una reparación integral.
La criminalización de la organización comunal
Los comuneros de Nahuatzen han expresado en reuniones con instancias de la actal administración que su lucha ha sido criminalizada por el gobierno de Michoacán, así como que se ha silenciado en la esfera pública la reivindicación de la libre determinación de los pueblos originarios.
Por ello, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llevó a cabo una misión al estado de Michoacán del 24 al 26 de agosto de 2021, en la que documentó la situación de derechos humanos en la región de la Meseta Purépecha. Con base en sus obsersaciones, la ONU-DH destacó que “una solución sostenible a los conflictos en la Meseta Purépecha debiera partir del reconocimiento de la legitimidad en los llamados a la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, así como de la exigencia de verdad, justicia y reparación de las personas cuyos derechos humanos han sido violentados”.
El documento de las Naciones Unidas puntualizó “que las autoridades deben abstenerse de estigmatizar y criminalizar a las personas y grupos que promueven la libre determinación de los pueblos indígenas de la región, así como su obligación de garantizar la vida e integridad de dichas personas. Resulta particularmente preocupante la situación de los comuneros de Nahuatzen que permanecen privados de la libertad desde 2018, así como los repetidos atentados a la integridad en contra de las personas que forman parte del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen”.
Por ello, la ONU-DH alentó “a la Fiscalía General de la República a evaluar el ejercer su facultad de atracción, que contribuiría a garantizar una investigación imparcial de los hechos”. Sin embargo, la búsqueda de justicia para la comunidad de Nahuatzen está lejos de terminar.
Para los comuneros de Nahuatzen, la libre determinación es el mecanismo para que su cultura e identidad prevalezcan, la organización comunitaria para ejercer los recursos propios, y las Ronda Comunitaria la forma de tener seguridad en una región impactada por la violencia estructural y de grupos del crimen organizado. “Nosotros pensamos que en un corto, mediano y largo plazo, la seguridad tiene que ser de la misma comunidad y tiene la tarea de evitar que entren cosas ilegales a nuestro pueblo, y cerrarle la puerta al crimen organizado”, concluyen.