Sigue la guerra de los estados contra las comunidades, ahora tocó el turno de Guatemala declarando estado de sitio en región de resistencia contra el extractivismo minero
Agencias :: 25.10.21
Guatemala. Cientos de policías y militares se desplegaron ayer en El Estor, poblado indígena del noreste de Guatemala, donde el presidente Alejandro Giammattei declaró estado de sitio, un día después de enfrentamientos entre pobladores que defienden sus territorios de megaproyectos extractivos con elementos de la policía.
Ahora todos los países envalentonados por el mal ejemplo del gobierno progresista mexicano de militarizar los megaproyectos y atacar a las comunidades que resisten, están sacando a las tropas para defender el orden que requieren las empresas que destruyen la madre tierra. Para eso sirven los estados vendiendo el cuento de la democracia y de la falsa contradicción entre izquierda y derecha.
Estado de sitio en poblado indígena que rechaza a minera en Guatemala
Periódico La Jornada lunes 25 de octubre de 2021 , p. 26
Guatemala. Cientos de policías y militares se desplegaron ayer en El Estor, poblado indígena del noreste de Guatemala, donde el presidente Alejandro Giammattei declaró estado de sitio, un día después de enfrentamientos entre pobladores que defienden sus territorios de megaproyectos extractivos con elementos de la policía.
Las fuerzas de seguridad –unos 500 soldados y 350 policías– se abrieron paso en camiones, patrullas e incluso vehículos blindados por las calles del caluroso poblado maya q’eqchi’, ubicado 315 kilómetros al noreste de la capital por carretera –casi siete horas de camino–, indicaron periodistas de Afp.
Algunos vecinos de este municipio de 76 mil habitantes sólo observaban, tratando de mantener su vida normal. Algunos incluso nadaban en el lago de Izabal que colinda con el poblado.
La orden de Giammattei, vigente por 30 días, limitará el derecho de manifestación, permitirá a las fuerzas de seguridad realizar detenciones sin orden de juez, establece un toque de queda entre las seis de la tarde y las seis de la mañana, así como otras restricciones, detalló el decreto publicado en la gaceta oficial.
“En El Estor diversos habitantes y grupos armados han efectuado una serie de acciones que encuadran en indicios fundados de actos violentos y ataques contra las fuerzas de seguridad”, según el texto.
El estado de sitio debe ser ratificado en los próximos días por el Congreso para que no pierda vigencia, de acuerdo con la ley.
Miles de policías reprimieron a campesinos e indígenas entre viernes y sábado, entre lluvia de piedras que se lanzaban desde ambos lados con saldo de varios heridos.
Periodistas locales denunciaron que durante los enfrentamientos miembros de las fuerzas policiales los amenazaron para que no filmaran o tomaran fotos.
Los pueblos indígenas rechazan las operaciones de la mina Fenix, a cargo de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de Solway Investment Group de capital ruso y suizo, y exigen que las comunidades sean consultadas sobre estos megaproyectos.
El sábado, policías despejaron una carretera donde un grupo de indígenas se habían apostado desde el 4 de octubre “en resistencia” al denunciar que la CGN mantiene operaciones, pese a que la justicia ordenó que fueran suspendidas mientras el gobierno realiza una consulta comunitaria.
El grupo que se opone a la minera por los daños ambientales también denuncia que el Ministerio de Energía y Minas no los había tomado en cuenta en el proceso que llevará al referendo.
En el operativo cuatro uniformados resultaron heridos de bala, según un informe de la policía. Varios pobladores fueron afectados por el gas lacrimógeno que lanzó el escuadrón antimotín, indicó la prensa local.
“Este estado de sitio es para privilegiar y asegurar el trabajo de las mineras”, denunció Abelino Chub, uno de los líderes indígenas que se opone a la explotación en El Estor y quien adjudicó el ataque a los policías a “infiltrados” al movimiento.
Chub consideró que la limitación de derechos ciudadanos pretende atemorizar a la población que se opone a la empresa minera y alertó del recrudecimiento de la persecución y criminizalización contra los dirigentes de las organizaciones comunitarias contrarias a la empresa.
En junio de 2020 la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país, suspendió las operaciones de la CGN, que comenzaron en 2014, al acoger el reclamo de comunidades indígenas que denuncian no haber sido consultadas sobre la explotación de minerales en su territorio.
La Corte precisó que el gobierno obvió el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre consulta previa, libre e informada a los pueblos locales, además de incumplir con un estudio de impacto ambiental del área, por lo que ordenó realizar el referendo comunitario.
El gobierno aclaró que la suspensión sólo abarca una de las licencias otorgadas a CGN, pero que “la planta procesadora y otros derechos mineros no están relacionados con la resolución” por lo que, actualmente, “su operación está vigente y se considera apegada a la ley”.
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Guatemala: Allanamientos tras imposición de estado de sitio
El gobierno de Guatemala impuso un estado de sitio en el municipio de El Estor, luego de enfrentamientos registrados desde el pasado viernes entre pobladores que defienden sus territorios
El gobierno de Guatemala impuso un estado de sitio en el municipio de El Estor, en el departamento de Izabal, al norte de la capital guatemalteca, luego de enfrentamientos registrados desde el pasado viernes entre pobladores que defienden sus territorios de megaproyectos extractivos y policías enviados por el gobierno. Entre las primeras acciones están allanamientos a casas y oficinas de la población.
El estado de sitio fue publicado el domingo en el Diario Oficial y durará 30 días a partir de que entre en vigencia este domingo y deberá ratificarse por el Congreso de la República en los próximos tres días. La presidencia dispuso también que el Ejército participe de las acciones de seguridad mientras duré el estado de sitio.
Entre los derechos constitucionales limitados están la libertad de acción, detención legal, interrogatorio a detenidos, de reunión y manifestación, la tenencia de armas y de locomoción, implantando también un toque de queda desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana del día siguiente.
El domingo aún se podían observar residuos de llantas quemadas y piedras amontonadas en los lugares donde ocurrieron los enfrentamientos. El mismo domingo, el Ministerio Público, acompañado de policías y militares, realizaba allanamientos en una casa y por lo menos dos oficinas comunitarias, algo permitido por el decreto fuera del horario establecido por la ley y sin que medie orden de juez competente.
La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas denunció que se allanaban las instalaciones de la radio comunitaria Xyaab´ Tzuultaq´a y oficinas de la Defensoría Maya Q´eqchí, la organización local que defiende los territorios.
El decreto justifica la imposición del estado de sitio debido a “acciones que afectan el orden, la gobernabilidad y seguridad de los habitantes en virtud de que personas y grupos armados han realizado actos de violencia contra las fuerzas de seguridad y la libertad de locomoción de los habitantes”.
Durante dos días, miles de policías se enfrentaron con pobladores, campesinos e indígenas, lanzándoles gases lacrimógenos y reprimiéndoles violentamente, mientras se lanzaban piedras desde ambos lados, lo que dejó varios heridos.
Algunos periodistas locales denunciaron que, durante los enfrentamientos, recibieron amenazas de las fuerzas policiales para que no fueran grabados o fotografiados.
La Procuraduría de Derechos Humanos denunció el sábado que el conflicto es en torno a la consulta de pueblos indígenas sobre las operaciones de la mina Fénix, operada por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de Solway Investment Group de capital ruso y suizo, que extrae metales como níquel, y que estos pueblos no habían sido consultados para la implementación de estos megaproyectos.
La Corte de Constitucionalidad confirmó la suspensión de operaciones de la mina debido a que no se consultó a los pueblos originarios del lugar, por lo que ordenó que se realizara la consulta.
La procuraduría dijo que, desde principios de mes, pobladores realizan plantones y manifestaciones en el área para exigir que sean incluidos en el proceso de consulta ordenado por la Corte de Constitucionalidad.
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