Imprimir
Ante un “incremento significativo” de la delincuencia común y organizada, el gobierno del Presidente Pedro Castillo autorizó ayer la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de “asegurar el control y el mantenimiento del orden interno”. La medida, que comprende a Lima y el puerto de Callao, se extenderá durante 30 días.
Según la resolución publicada en el diario oficial El Peruano, la medida responde a una solicitud de la PNP debido al alza en los índices de la delincuencia común y organizada en las jurisdicciones mencionadas. En el documento se advierte un incremento significativo del índice delictivo en Lima y Callao, en las que operan organizaciones delictivas dedicadas, ente otros, al tráfico ilícito de drogas en sus distintas modalidades, tenencia ilegal de armas, robos, hurtos y demás ilícitos que “ponen en peligro la integridad física de la ciudadanía” y que “han logrado sobrepasar la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú”, afirma la Agencia Andina.
Al respecto, el diario limeño La República destaca que en Lima y Callao se experimenta un “boom” del sicariato. Según la División de Homicidios de la Policía, en 2019 se cometieron 109 asesinatos por encargo en Lima y 75 en Callao. En el 2020 hubo 146 crímenes a sueldo solo en la capital; mientras que en la provincia constitucional, de los 127 homicidios, 57 fueron por sicariato.
Este año, entre enero y mayo, fueron perpetrados en Lima 114 asesinatos bajo esta misma modalidad. Los investigadores afirman que este tipo de “contratos” se realizan en barrios populares. Pero la policía también maneja la información de que en la capital habría “oficinas” que tienen como fachada negocios de seguridad. En estos lugares estarían operando delincuentes extranjeros que matan “por un sencillo”, consigna el periódico.
Ante este escenario, la resolución precisa que la actuación de las Fuerzas Armadas “constituye una tarea de apoyo a la misión de la Policía Nacional y no releva la activa participación de esta” y que “el control del orden interno permanece en todo momento a cargo de la Policía Nacional del Perú”.
Indica, asimismo, que la actuación de las Fuerzas Armadas “está dirigida a contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el derecho a la paz, a la tranquilidad, al adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población afectada”.
En ese sentido, la resolución consigna que la intervención de las Fuerzas Armadas “no implica en modo alguno la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, las leyes y los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Perú es parte”.
No es la primera vez que los militares salen a las calles en apoyo de la policía. Ocurrió en 2020 en el inicio de la pandemia, precisa la agencia The Associated Press. Pese a ello, diferentes congresistas y personalidades políticas han expresado sus puntos de vista respecto de la medida adoptada por el Ejecutivo de Castillo. Así, el congresista Jorge Montoya, almirante en retiro, se mostró en contra de esta disposición al considerar que “las Fuerzas Armadas no están para cuidar el orden interno, salvo que haya situaciones que desborden la capacidad logística de la policía”, según comentó a la cadena RPP.
El vocero de Renovación Popular también cuestionó que esta medida se pretenda aplicar en Lima y Callao cuando en las provincias se está generando una gran cantidad de conflictos sociales, motivados por protestas al sector minero. “El gobierno está permitiendo que se incendie la pradera, están generando conflictos en todo el país para convertir esta situación en inmanejable y en algún momento dado dar la garantía y asumir el control completo como en una dictadura”, advirtió.
A juicio de Óscar Valdés, ministro del Interior en el gobierno de Ollanta Humala, está comprobado que este tipo de medidas no tienen resultados en la lucha contra la inseguridad ciudadana, porque “las Fuerzas Armadas tienen otra misión y están preparadas para hacer frente a otro tipo de amenazas”. “No se debe estar buscando sacar al Ejército, porque es una medida solamente efectista, para las tribunas, pero que a las finales no contribuye, porque los soldados no están preparados para perseguir a los delincuentes”, indicó
Para el también legislador de Renovación Popular y exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas José Cueto, el Poder Ejecutivo tendrá que explicar los alcances de esta medida para evitar resultados negativos. “Es preocupante que salga en estos momentos. Por lo menos legal es, la Constitución lo ampara, el tema está en si es oportuno. Sé que hay mucha inseguridad, sobre todo en el área del Callao, hay inseguridad en todo Lima, pero también creo que los grandes problemas están fuera del área de Lima y Callao, básicamente en el sur, con las mineras, donde ahí debería estarse trabajando la protección”, opinó.
Sobre ese tema, el presidente del Banco Central de Perú, Julio Velarde, dijo ayer que la ola de conflictos mineros está afectando la imagen del país. “Hay que poner orden, creo que se está acentuando un proceso de descomposición que está afectando la percepción de país en cuanto a las inversiones futuras”, afirmó Velarde luego de jurar para otro periodo de cinco años en el cargo.
La mina de cobre más grande de Perú, Antamina, controlada por Glencore y BHP, suspendió sus operaciones el domingo luego de varios días de bloqueo de una carretera usada por la empresa, y el mayor grupo de la industria minera denunció una creciente “espiral de protestas”.
A la protesta de Antamina se suman los recientes conflictos en la mina Constancia de Hudbay Minerals, en Las Bambas de MMG Ltd, y Antapaccay, de Glencore, que encaran bloqueos de carreteras de pobladores que exigen más beneficios. El viernes, el campamento de una pequeña productora de oro fue incendiado en otra protesta.
La minería es una fuente clave de ingresos fiscales para la nación andina, que tiene una cartera de proyectos en el sector que el gobierno estima en unos US$ 56.000 millones, consigna Reuters.