El presidente Luis Arce presentará, ante la Asamblea Legislativa, los resultados que lograron los 17 ministerios del Ejecutivo y destacará los indicadores de crecimiento económico, el área sobre la que más dominio tiene. Se prevé también que relieve la estrategia para enfrentar la pandemia y los retos de la vacunación.

Los ejes del informe del Jefe de Estado ya habían sido adelantados desde el Ministerio de la Presidencia, que centralizó los datos del informe, además de los cuadros que se proyectarán ante los diputados y senadores del país. Eso sí, sobre la rendición de cuentas de la gestión política no se adelantaron muchos detalles, aunque varios analistas consideran que Arce llega al primer año de su mandato con un discurso de alto voltaje político y alejado de la concertación que se había comprometido a buscar hace un año.

El politólogo Marcelo Arequipa considera que el gran error de la gestión de Arce tiene que ver con la ausencia de comunicación política y la reticencia a negociar. Además, anotó, existe “una grieta en su gobernabilidad” porque varios de los sectores sociales que eran sus aliados expresaron críticas por la promulgación de leyes sin la socialización, como es el caso de la 1386 que dio vida a la Estrategia de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. De hecho, esta normativa activó el paro multisectorial que comenzará a partir de este lunes en las capitales de departamento, pero especialmente en el departamento de Santa Cruz, donde la medida de presión cuenta con fuerte  respaldo .

“Hay falta de comunicación política, es algo demasiado evidente y  de interés por negociar y la negociación es política. Estas dos cosas han sido los ejemplos para evidenciar los problemas que hoy en día tiene el presidente Arce”, puntualizó Arequipa, quien cree que “mucho dependerá la señal que dará con el mensaje de este lunes en favor de una salida negociada ante la amenazante ola de conflictividad.

Los dos principales sectores que paralizarán a partir de este lunes son los  gremiales, aunque  un sector expresó su disidencia debido a su proximidad con el Ejecutivo. El otro sector  son los transportistas. El sábado, los sindicatos de Santa Cruz anunciaron su adhesión a la medida de presión, mientras que en La Paz, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, logró acuerdos con los que no saldrán a protestar. No obstante, la Confederación Nacional de Trasporte pide que se abrogue la Ley 1386, especialmente por los efectos que puede tener el artículo 7 de esa normativa que autoriza al Gobierno a realizar ajustes en la estrategia y prevé ajustes en el Código Penal, más atribuciones en la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y medidas contra la informalidad.

Aunque no dejarán de trabajar, el rechazo a esta ley también fue expresado por el Colegio Médico de Bolivia, la Confederación de Profesionales y la Cámara de Transporte Internacional, además de los sindicatos de transporte pesado que anunciaron el cierre de fronteras hasta que el Gobierno escuche la demanda contra la ley.

El presidente de los empresarios cochabambinos, Luis Laredo, afirmó que “los paros realmente perjudican a la economía”, pero remarcó que “tampoco se puede trabajar con leyes con las que realmente va a ser difícil poder invertir y generar empleo”.

“Vamos a ver cómo nos va este día, pues no podemos permitir que se apliquen leyes contra nuestros intereses y se penalice la informalidad”, aseguró el secretario ejecutivo de los gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa.

En La Paz hay división. El Alto no tiene sectores que impulsen el paro indefinido. La alcaldesa Eva Copa adelantó que no acatarán la medida debido a que en su ciudad un 80% de la población depende de la economía informal. Un bloque de los gremiales de El Alto, liderado por Antonio Siñani, acatará el paro, pero admiten que será difícil bloquear algunos puntos de esa ciudad. El transporte sindicalizado no se sumará.

Ante esta movilización, el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Eber Rojas, anunció que “habrá una gran concentración de festejo en La Paz y en las nueve capitales”. En el caso de la sede de Gobierno, los campesinos prevén marchar por el centro histórico hasta la plaza Murillo, donde protagonizará un desfile tras el informe que brindará Arce.

El comandante de la Policía de La Paz, Augusto Russo, dijo que se aplicará un plan disuasivo para evitar “eventuales contratiempos” que puedan generar violencia.

En medio de este escenario, el Ejército movilizó tropas y equipos a varias regiones del país. Ese desplazamiento fue más notorio en Santa Cruz de la Sierra. Arce dijo el sábado “que las Fuerzas Armadas no actuarán al margen de la Constitución” y precisó que ese movimiento tiene que ver con la celebración del aniversario del Ejército que tendrá lugar el 13 de noviembre en todo el país.

La especialista en seguridad, Ericka Rivera, opinó que el desplazamiento técnico de fuerzas militares “es normal en territorio nacional”, pero que en este caso puede tener “un efecto desmovilizador a la vista de la concentración vigorosa de unidades militares”, pero también un aliciente a las tropas “desanimando cualquier intento de posible fractura que pueda darse al interior de las Fuerzas Armadas”.