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Para quien tuvo ojos para ver, lo que ocurrió el 7 de noviembre en Nicaragua no fue un proceso electoral, sino una descarada ficción montada por Ortega y Murillo con el propósito de “reelegirse” sin tener que enfrentar a ningún oponente. Todo ello para seguir controlando y desangrando el estado, protegerse frente evidencias de sus crímenes y continuar engordando los negocios familiares y de sus soportes en todos los poderes: la emergente burguesía rojinegra.
Para quien tuvo ojos para ver, lo que ocurrió el 7 de noviembre en Nicaragua no fue un proceso electoral, sino una descarada ficción montada por Ortega y Murillo con el propósito de “reelegirse” sin tener que enfrentar a ningún oponente. Todo ello para seguir controlando y desangrando el estado, protegerse frente evidencias de sus crímenes y continuar engordando los negocios familiares y de sus soportes en todos los poderes: la emergente burguesía rojinegra.
La simulación perversa contó con leyes para criminalizar a la oposición, con la contra reforma a la Ley Electoral y con la complicidad de anónimos candidatos y organizaciones de papel, que estaban allí para fingir que se trataba de otras opciones electorales, en la opereta bufa con la que intentaron –sin éxito- burlarse del pueblo.
La simulación fue también macabra porque el tinglado para representar la inocentada requirió del cierre de más medios de comunicación como La Prensa; la criminalización de periodistas, y la captura de más de 30 líderes y personalidades políticas, entre ellos siete precandidatos y precandidatas a la presidencia. La consecuencia de esta persecución fueron nuevas oleadas de exiliados.
La dictadura negó totalmente la observación electoral independiente y por primera vez la prensa internacional fue impedida de entrar al país. Nunca, en la región, se conoció un nivel de arbitrariedad similar.
Todo el aparato electoral del otrora partido FSLN, fue convertido en simple maquinaria orteguista; volcado en los territorios, lista en mano, para garantizar que nadie que trabaja en las instituciones del Estado y sus familiares, dejaran de ir a las urnas. El dedo manchado con la tinta indeleble sería uno de los mecanismos de control, pero también se exigía que los empleados pasaran una foto de la boleta marcada en la casilla dictatorial.
El llamamiento al PARO ELECTORAL CIUDADANO iniciado por la Articulación de Movimientos Sociales desde mediados de septiembre, hizo consenso entre todas las fuerzas políticas y cívicas, el movimiento campesino, las organizaciones feministas y las nuevas expresiones estudiantiles y juveniles. La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), convocó al pueblo a no asistir a las urnas, a cerrar las puertas de los hogares y a no circular en las calles de Nicaragua, mientras en las ciudades del exterior se autoconvocaron los exiliados a manifestar su rechazo a la burla a la democracia
El llamamiento al Paro Electoral funcionó. Al amanecer del día 7 el país entero lució desolado. En las urnas desfilaron tempranamente los incondicionales del régimen, y Ortega tuvo que presentarse antes de lo acostumbrado para romper el silencio electoral, despotricando contra sus opositores.
El observatorio ciudadano electoral Urnas Abiertas, que monitoreó de forma independiente todo el proceso con un tendido de observadores que operaron en el anonimato, pudo constatar que el abstencionismo alcanzó poco más del 81%.i El régimen, por su parte, afirmó que el proceso contó con una participación del 60% y se apresuró a auto recetarse el 75% de los votos, proclamando vencedor a Daniel Ortega -eterno candidato del FSLN desde 1984.
La supuesta elección de Ortega contrasta con los resultados de la más reciente encuesta de CID GALLUP: el 69 % de los nicaragüenses desaprueban la labor de Ortega. A su vez, un 65% habrían estado dispuestos a votar por cualquiera de los precandidatos que Ortega mantiene prisioneros desde mayo, con tal de sacar del gobierno al dictador -quien sólo obtendría el 19% de los votos.
¿QUE SIGUE?
Ortega tratará de que no se pueda rearticular en el interior del país el movimiento Azul y Blanco, haciendo uso de una alta represión, mientras mantiene su retórico desprecio al mayoritario repudio de gobiernos y organizaciones internacionales.
Intentará también aflojar la presión internacional con otro remedo de diálogo. Los pasos que ha dado recientemente indican que se está construyendo a las “contrapartes” a su medida. Las capturas del presidente y vicepresidente del COSEP, Michael Healy y Álvaro Vargas, a pesar de que guardaron silencio en los últimos meses, han permitido que un segundo vicepresidente, César Zamora, asuma interinamente el liderazgo de esta organización empresarial. Zamora es presidente de la Cámara de Energía (CEN), uno de los sectores más beneficiados con las concesiones y las tarifas energéticas más caras de Centroamérica otorgadas por el orteguismo y, hasta ahora, ha sido uno de los empresarios que más abiertamente se ha pronunciado por un diálogo con el dictador.
En un discurso furibundo del 8 de noviembre, Ortega exclamó que los líderes prodemocracia encarcelados son “hijos de perra” del imperialismo, que no son nicaragüenses, y que los Estados Unidos se los deberían llevar. Con ello indicó una posible ruta de destierro de todos los encarcelados, como en su momento hizo Somoza con Carlos Fonseca, Pedro Joaquín Chamorro y otros patriotas.
Por otro lado, falta constatar en la realidad cual será la posición de los Estados Unidos, quien como sabemos siempre pone en primer lugar sus intereses. Así como la retórica antiimperialista de Ortega no engaña a muchos de nosotros, la posición americana contra este régimen aún no ha pasado de sanciones personales. Hasta hoy el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, El BID y el BCIE siguen dando decisivos recursos financieros al gobierno dirigido por Ortega y su aparato represivo. El Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA) sigue permitiendo a los principales empresarios nicaragüenses gozar de beneficios, y al gobierno resolver parte del desempleo a través de las maquilas. Mientras, Ortega sigue garantizando a Estados Unidos un férreo control migratorio hacia el norte y buenas relaciones del Ejército orteguista con el Comando Sur americano.
También es un reto que la comunidad internacional, entre ellas la OEA y la UE, no se limite a declaraciones sobre la simulación del 7 N. A su vez, se debe conseguir afirmar la posición de Argentina en la última votación de la OEA (12.11.21), y que López Obrador entienda que su postura ambigua, similar a la de un gobierno militarista de derecha como Honduras, manda unas señales peligrosas para las democracias en la región. También está por verse si se modificará la postura de El Vaticano. El Papa Francisco ha guardado -hasta ahora- un silencio que favorece a Ortega, empujando a la jerarquía católica local a mantener una posición moderada al compás de la postura del cuestionado Nuncio del El Vaticano.
En lo que respecta a la izquierda, algunos sectores y personajes conocidos como Atilio Borón, no pueden seguir cerrando los ojos para no ver la realidad de lo que acontece en Nicaragua. Tal pareciera que lo que hace Ortega es el nuevo programa del socialismo y la nueva democracia: autoritarismo, régimen policial, negación de todos los derechos políticos de los ciudadanos, elecciones fraudulentas, crímenes de lesa humanidad contra un pueblo desarmado, y confiscación de libertad de expresión, opinión y organización. Estos sectores siguen expresando solidaridad con un régimen corrupto y más neoliberal, patriarcal y extractivista que las oligarquías capitalistas. Es necesario llamarles a un basta-ya-de-hacer-el-ridículo, como lo hizo recientemente el PT de Lula, que saludó la “gran fiesta democrática” de Ortega, para horas después retirar el saludo de su web.
Seguir organizando la resistencia
Por el momento, la capacidad de respuesta del pueblo aparece constreñida. El régimen mantiene un control sin precedentes sobre la población, usando para ello la suspensión de garantías constitucionales de facto, las fuerzas policiales, los grupos paramilitares, y la vigilancia territorial en barrios y comunidades. Todo ello acompañado de su disposición a matar, encarcelar, torturar y forzar al exilio a quienes se atreven a la más mínima protesta.
El rompecabezas de las fuerzas de la sublevación 2018 debe rearmarse. Es claro que la Alianza Cívica (AC) fue una marca rápidamente apropiada por el gran capital. En las dos fases del diálogo (mayo 2018 y marzo 2019), los empresarios fueron hegemónicos y vacilantes. Su postura contribuyó a la recuperación del control del país por parte Ortega, quien desde luego no cumplió ninguno de los acuerdos pactados.
La disposición de las fuerzas azul y blanco de participar en el proceso electoral 2021, por medio de la Coalición Nacional, permitió demostrar su talante democrático, pero la respuesta del régimen se encargó de desmontar cualquier posibilidad de salida del dictador.
La asociación de la AC con el Partido Ciudadanos por la Libertad (CXL) para reivindicarse como anti izquierdas, no contribuyó a la construcción de alianzas antidictatoriales. Y la brutal oleada represiva que inició en mayo con la judicialización de Cristiana Chamorro, arrasó con todos: derecha, izquierda, sandinistas, antisandinistas, liberales, socialcristianos, empresarios y líderes estudiantiles y campesinos.
En este momento las diversas fuerzas, sean del signo que sean, han sido víctimas de una gran represión. La posibilidad de construir estrategias de libertad y democracia pasan por perseverar en la construcción de una alianza nacional antidictatorial, bajo un programa mínimo que se centre en poner fin al régimen policial, la libertad de todos los presos políticos, recuperar las libertades básicas y sacar a Ortega a través de una insurrección cívica, está vez con mayor organización y contundencia. Necesitamos tejer y convertirnos en un amplio “movimiento por la democracia”, en lugar de pretender ser “oposición” bajo las reglas del juego electoral de una institucionalidad que hoy no existe en el país. No puede haber verdaderas elecciones libres con Ortega y Murillo en el poder. Se necesita un movimiento, amplio, horizontal, sin hegemonismos de ninguna fuerza, que trabaje estrategias de lucha a partir de la convicción de que Ortega es un paria, un usurpador del poder y de las instituciones. Solo su salida permitirá iniciar el camino a la democracia.
En 2021, una vez más la dictadura ha desarrollado y desplegado todo su nefasto potencial, a la vista de todos. Ahora nos corresponde a los nicaragüenses encontrar las vías para precipitar su caída.
*Exiliada política desde agosto 2021
i La Prensa. 2021, 10 de noviembre. Urnas Abiertas explica cómo calculó el nivel de abstención durante la jornada electoral.
Comandante guerrillera de la Revolución Popular Sandinista de 1979. Cientista social e historiadora. Participante de las luchas contra el poder opresor, el patriarcado y el capital.