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Actualmente Nicaragua se encuentra en un momento de poca efectividad gubernamental en la gestión pública de los recursos naturales y el medio ambiente. Los organismos encargados de la gestión pública relacionadas con el manejo y protección del medio ambiente (como MARENA, INAFOR, ANA) están siendo poco beligerantes en el cumplimiento de sus mandatos, lo que acusa poco interés, conocimiento y capacidad técnica en la conservación y protección biológica. Prueba de ello es que el presupuesto asignado para estas organizaciones no supera el 1% del presupuesto del país. (MARENA 0.47%; INAFOR 0.13%; ANA 0.03%; INETER 0.21%). Asimismo, la coordinación interinstitucional ha desaparecido junto con la autonomía de cada institución, ya que todas responden a las orientaciones emanadas desde la vicepresidencia de la república, sin capacidad de cuestionamiento, razonamiento o replanteamiento, en el caso que choquen con el marco legal y normativo vigente de cada sector.
Situación actual del ambiente en Nicaragua
Poipol Na
https://popolna.org/popol-na-inicia-campana-para-divulgar-agenda-ambiental/
Actualmente Nicaragua se encuentra en un momento de poca efectividad gubernamental en la gestión
pública de los recursos naturales y el medio ambiente. Los organismos encargados de la gestión pública
relacionadas con el manejo y protección del medio ambiente (como MARENA, INAFOR, ANA) están siendo
poco beligerantes en el cumplimiento de sus mandatos, lo que acusa poco interés, conocimiento y capacidad
técnica en la conservación y protección biológica. Prueba de ello es que el presupuesto asignado para estas
organizaciones no supera el 1% del presupuesto del país. (MARENA 0.47%; INAFOR 0.13%; ANA 0.03%;
INETER 0.21%). Asimismo, la coordinación interinstitucional ha desaparecido junto con la autonomía de
cada institución, ya que todas responden a las orientaciones emanadas desde la vicepresidencia de la república,
sin capacidad de cuestionamiento, razonamiento o replanteamiento, en el caso que choquen con el marco legal
y normativo vigente de cada sector. Casos específicos MARENA – INAFOR, MARENA – MAGFOR,
MARENA – ANA, ANA – INAFOR.
En el caso particular del agua, su gestión ha estado desvinculada de todas las demás gestiones sectoriales, siendo
la ANA una especie de gobierno paralelo que opera sin control, fiscalización o auditoría de ningún otro ente
estatal, y sin coordinación con los sectores relevantes para la conservación del recurso hídrico en el país. En
términos de la gestión institucional de los recursos del mar, la situación no es muy diferente. Existe una
atomización, división y separación de la gestión por parte de las instituciones del Estado, de manera que cada
institución relevante vela únicamente por los intereses económicos relacionados con el recurso o ecosistema
correspondiente. En este sentido, se ha perdido la visión holística de la gestión ambiental, y se ha transformado
en micro gestores temáticos con poca (o casi nula) coordinación.
Asimismo, las características de la composición política del parlamento inhiben todas las posibilidades de
promover iniciativas de ley de carácter ambiental, en tanto todas las leyes que son aprobadas por la Asamblea
Nacional tienen que ser remitidas desde el poder ejecutivo, sin procesos de consulta. Como resultado, el país
carece de institucionalidad y de voluntad política para administrar adecuadamente la gestión pública, lo que no
corresponde a las garantías ambientales establecidas en el marco jurídico ambiental nacional. A pesar de todo
ello, se considera en términos generales que Nicaragua presenta un aceptable marco político de leyes y normas
orientadas hacia la sostenibilidad de los recursos naturales y la calidad ambiental. Como ejemplo tenemos el
sector forestal, que debido a la multiplicidad de intereses que se ciernen sobre el mismo, es uno de los bienes
naturales más regulados: a 2015 en relación con este sector se habían aprobado 1 Ley, 3 políticas, 3
Reglamentos, 21 Resoluciones Administrativas y acuerdos ministeriales y 12 circulares y acuerdos
administrativos. En este sentido, no se trata tanto de crear nuevos paquetes de leyes, sino de actualizar, afinar
y aplicar las que ya existen, ya que rara vez se aplican con rigurosidad. Actualmente, una debilidad del actual
marco legal e institucional se observa al imponer sanciones y combatir la corrupción administrativa. Prueba de
ello es que, durante el 2019 en todo el sistema judicial, no se tuvo conocimiento de la aplicación de alguna pena
por faltas o delitos ambientales (Centro Humboldt, 2019a). Además, esto también implica que se impongan
reglas firmes para que todos los productores (tanto de la pequeña, como de la gran producción agropecuaria
industrial) que dilapiden recursos forestales, suelo y agua sólo para aumentar sus finanzas, asuman
responsabilidades –de una vez– con la rehabilitación de la cobertura forestal del país.
Como resultado de la inoperancia del Estado y la promoción de políticas e inversiones extractivas sin
considerar el impacto en los bosques naturales; las áreas protegidas y la cobertura boscosa remanente en
Nicaragua están siendo invadidas, degradadas, deforestadas, e incendiadas. Esto representa incrementos en
sedimentación y contaminación, así como una pérdida de la disponibilidad de agua y alimentos, aumentando
la vulnerabilidad de los nicaragüenses, y reduciendo las probabilidades de revertir el proceso. Asimismo, a 2018
192 especies fueron declaradas en riesgo a nivel nacional (peligro de extinción o peligro crítico PE, en peligro
EP o vulnerable V), que equivale al 15.4% de la riqueza nacional (sin incluir peces). Al presente, la protección
y conservación de los últimos parches de bosque está a merced de las decisiones de propietarios privados y al
resguardo de los pueblos indígenas del Caribe, quienes ostentan la mayor parte de las tierras en áreas protegidas,
ya que los dominios estatales no tienen actualmente una responsabilidad institucional para garantizar su
conservación (aún en áreas protegidas). No obstante, debido a la sistemática y generalizada política de imposición de gobiernos paralelos y otras formas de violación a su autodeterminación de parte del gobierno
central, las poblaciones indígenas se encuentran desprotegidas, vulnerables a las constantes agresiones y
violaciones a su territorio, y dada la politización de las instituciones del Estado no hay justicia que hoy en día
pueda hacer valer los derechos territoriales de estas comunidades, tanto en Bosawás, Indio – Maíz, como en
otras áreas boscosas de la costa Caribe de Nicaragua.
Más aún, en 2015 los procesos de colonización y avance de la frontera agrícola sobre territorios indígenas se
han traducido en graves violaciones a sus derechos humanos. Hasta la fecha, “140 comunidades indígenas han
sido invadidas, 32 líderes indígenas han sido asesinados y miles de hectáreas de bosque han sido tumbadas por
bandas asociadas a poderosos empresas de extracción de madera” (DW, 2020). Según los datos de patrullajes
del grupo de guardabosques comunitarios en el territorio Rama-Kriol en la Reserva Biológica Indio – Maíz, las
invasiones han aumentado en 2018 y 2019, incluyendo las evidencias de cultivos, despale, carriles y hasta armas
en posesión de los colonos. Comunitarios indígenas han reportado y denunciado en muchos casos que los
colonos llegan con títulos de propiedad facilitados o validados por las autoridades locales, lo que está
claramente en contra de la Ley 445 del Régimen de Propiedad Comunal que declara que estos territorios son
inalienables, inembargables e imprescriptibles. Asimismo, en lo que va de este año, los ataques de los colonos
se han incrementado contra las comunidades indígenas Mayangna dejando un saldo de 10 hombres muertos;
10 desparecidos; 3 heridos, uno de ellos con paraplejía, una niña herida en el rostro y otra secuestrada, para un
total de 25 víctimas directas. Todo en la mayor impunidad (Tórrez, 2020, La Prensa). Ante el creciente proceso
de invasión y la falta de respuesta del estado e instituciones ambientales, los gobiernos comunales y territoriales
recurren a la denuncia y divulgación por medio de redes sociales, como una forma de comunicar más
ampliamente a nivel nacional su situación; mientras no cambie la política de desarrollo hacia un modelo más
responsable y consecuente con el medio ambiente, mientras no se cuente con mecanismos para facilitar el
establecimiento de plantaciones forestales y desincentivar la explotación insostenible de bosques naturales, la
tasa de deforestación del país seguirá creciendo y la vulnerabilidad de los nicaragüenses seguirá aumentando.
El país se encuentra sumido en una crisis social, política, económica y sanitaria que podría representar una
oportunidad para poder enderezar el rumbo de la gestión ambiental, y por tanto encaminarse hacia un
desarrollo más sostenible en el que el desarrollo económico no esté divorciado de la conservación del
patrimonio natural.
ACERCA DE NOSOTROS:
La Fundación para la Promoción y el Desarrollo Municipal Popol Na, Fundación Popol Na, es un organismo no gubernamental que se constituye desde 1990 como una alternativa independiente y progresista para promover y defender la democracia, la autonomía del Municipio, la transformación de la conciencia colectiva e individual, el cambio social y la participación ciudadana en la vida municipal.
La Fundación Popol Na se identifica con las corrientes municipalista latinoamericanas y con las propuestas de la Declaración Mundial de Autonomía, Toronto, 1998, y realiza su trabajo amparada en la Constitución Política de la República y las leyes de Nicaragua.
A lo largo de sus años de trabajo, la Fundación Popol Naha ido definiendo sus objetivos estratégicos alrededor de su vocación original, sin embargo es importante mencionar que en los últimos años ha profundizado su reflexión y ha definido estrategias que plantean resultados con un enfoque de desarrollo a nivel local e institucional.
La Fundación Popol Na está comprometida con el desafío de crear una economía, una democracia y relaciones entre los seres humanos, justas y equitativas; luchando por la Paz, la justicia y promoviendo siempre la negociación ante conflictos. Por tanto Popol Na asume el reto de trabajar por una nueva democracia, que supere la disociación entre derecho y realidad; doctrina y práctica de la democracia; erradique la crisis de legalidad e institucionalidad, de representatividad y legitimidad; promueva la igualdad entre representantes y representados; disminuya la pérdida de vínculos, seguridad y valores; y contribuya a la búsqueda de la armonía entre ciudadano y sociedad.
La Fundación Popol Na promueve el cambio social, contribuyendo a la construcción de estrategias alternativas, trabajando con los gobiernos locales y con los movimientos populares y sociales, en el ámbito local, municipal y nacional. Su razón de ser es la transformación de la realidad, por medio de la construcción de nuevos ciudadanos a partir de una nueva conciencia, para la transformación de sí mismos y ser protagonistas en la transformación del medio, organizados con otros ciudadanos.
La Fundación Popol Na tiene entre sus objetivos, realizar investigaciones sobre temas ligados al poder local; formular y ejecutar proyectos de desarrollo municipal, financiados mediante cooperación interna y externa; así como captar ayuda material y humana; realizar actividades de capacitación; brindar asesoría y apoyo técnico a los gobiernos municipales; además de contribuir al establecimiento y desarrollo de hermanamientos entre municipios.
Objetivo Central: Contribuir al desarrollo de la comunidad y del Municipio, impulsando procesos que coadyuven al desarrollo humano, económico, tecnológico y social del territorio, del medio ambiente y de la comunidad, y a la transformación de la conciencia de los ciudadanos.
Objetivo Especifico 1: Contribuir al fortalecimiento de capacidades de los gobiernos municipales en función de un eficiente desempeño de sus funciones.
Objetivo Especifico 2: Promover el desarrollo de la ciudadanía activa como imperativos de la gobernabilidad democrática.
Objetivo Especifico 3: Desarrollar iniciativas que mejoren la calidad de vida de poblaciones vulnerables en los distintos territorios.